El pleno de la Corte Suprema acordó la remoción de Antonio Larraín Fernández, actual director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), quien será reemplazado por Ricardo Guzmán Sanza, hasta ahora contralor del organismo, haciendo uso de las facultades del artículo 513 del Código Orgánico de Tribunales (COT) y argumentando “pérdida de confianza”.
Aunque su salida se hará efectiva a partir del 8 de enero de 2015, el director suplente comenzó a asumir sus funciones hoy. Ello porque hasta el próximo 7 de enero Larraín hará uso de los 23 días de feriado legal que le corresponden.
Consultado por la resolución, y en su calidad de vocero, el ministro Milton Juica señaló que a la Corte le pareció que Larraín “no ha cumplido adecuadamente sus funciones, por lo que prefirió entonces decidir su remoción, se conversó previamente con él para que presentara su renuncia, se le hicieron presentes todos los reproches que existían, él manifestó que no estaba para presentar renuncias y, por lo tanto, se cursó la remoción que establece la ley”.
La decisión se adoptó con los votos en contra del propio ministro Juica, además de sus pares Carlos Künsemüller y Carlos Cerda, quienes estuvieron a favor de hacer uso de la facultad, previo sumario interno, “tramitado con las debidas garantías, entre las cuales se encuentra la de la audiencia del investigado, que determine y compruebe comportamientos de su parte, que naturalmente impliquen pérdida de confianza”.
De igual forma, en la resolución hubo prevenciones de los ministros Haroldo Brito, Guillermo Silva, Lamberto Cisternas y Gloria Ana Chevesich, quienes consideraron que durante su gestión, Larraín “demostró falta de conocimientos, habilidades y competencias en las materias a su cargo, observándose una total ausencia de manejo de los proyectos de los departamentos que se presentaban al Consejo Superior, siendo inútiles los esfuerzos realizados por éste para que diera cuenta directa de los mismos; evidenciando desconocimiento de su estado de avance, falta de manejo técnico y de detalle de sus particularidades, permaneciendo algunos de ellos con más de dos años de retraso, sin la adopción oportuna de medidas correctivas”.
Además señalaron que junto con “no revisar en forma previa y cabal los temas a ser tratados en cada sesión del Consejo Superior, el señor Larraín no cumplió con hacer llegar a sus integrantes, con la debida anticipación, la información referente a aquellos, no obstante haberle sido requerida insistentemente”, así como que su gestión “ha dejado en evidencia la ausencia de una política y planificación en materia de ejecución presupuestaria”.
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