Muchos consideran postular al Ejército, y uno de los elementos más importantes a la hora de tomar la decisión es el sueldo. Entre aquellas personas que se encuentran considerando la opción de postular, los jóvenes quienes están terminando la enseñanza media, son quienes generalmente se encuentran ante la interrogante respecto a qué profesión ejercer durante el resto de su vida. En ese sentido, muchas personas consideran como una posibilidad entrar al Ejército.
¿Cuánto ganan los oficiales del Ejército?
De acuerdo a los datos disponibles por la Ley de Transparencia, los sueldos varían una vez que los cadetes se gradúan como Oficiales del Ejército y alcanzan el grado de alférez como mínimo:
- General de ejército: $5.646.541
- General de división: $5.416.110
Ante el panorama previsional que se enfrenta un servidor de las fuerzas armadas al momento de pasar a retiro, se propone la adopción de un sistema de capitalización individual, dejando atrás el actual mecanismo, que otorga pensiones que no se condicen con el esfuerzo y dedicación en el servicio. Para ello, las remuneraciones deberían equipararse a las que perciben oficiales de instituciones castrenses de países OCDE.
El Retiro y la Vida Civil
En algunos casos el término de la carrera naval se produce antes de haberse completado los 20 años de servicios, para aquellos que migran en busca de atractivas oportunidades del mercado; otros esperan cumplir dicho período para iniciar un emprendimiento o emplearse; y muchos se ven enfrentados a ese cambio de vida, en la medida que la pirámide se angosta y los cupos del escalafón van disminuyendo. En la Armada una parte importante de los oficiales jefes y superiores se incorpora a las actividades del pilotaje de canales o el practicaje de puertos, y algunos se recontratan en la misma institución.
Sea como fuere cada caso particular, mucho antes de los 65 años de edad el oficial de marina en retiro debe asumir actividades profesionales que no estaban en el prospecto de admisión a la Escuela Naval. Pero la vida no se acaba con el inevitable término de esa etapa, cuando muchas veces los hijos todavía no han salido del colegio.
El horizonte laboral se proyecta 20 o 30 años después del último día en que dejamos de vestir el uniforme, momento en el cual ocurre un abrupto final de las compensaciones que permiten un digno nivel de vida a quienes se encuentran en servicio. En otras palabras, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se ven forzadas a compensar sueldos comparativamente bajos, en relación a profesionales y técnicos equivalentes del mundo civil, con asignaciones que no forman parte del sueldo imponible pero que incrementan significativamente el total haberes mensuales, amén de las mencionadas retribuciones.
Sistema de Pensiones y Retribuciones
Cuando el servidor pasa a retiro la institución envía el expediente y cese de sueldo a la Subsecretaría para las FF.AA., que calcula y concede beneficios. Una vez revisado por la Contraloría General de la República (CGR), Capredena otorga al retirado una pensión fiscal de por vida, con un monto fijo, que se calcula respecto de los años de servicio en un porcentaje que varía entre 20/30 y 100% del último sueldo imponible.
Esto es factible porque el monto de la pensión en un sistema de reparto, como el que todavía rige para las FF.AA., no dice relación con las cotizaciones acumuladas durante la vida laboral que exige sistema de capitalización individual. En este último la cotización previsional, efectiva y continua, del 10%, del sueldo de cualquier trabajador condiciona el monto de la pensión, anticipada o de vejez diferenciada para hombres y mujeres. En cambio, las cotizaciones de los servidores de las fuerzas armadas alcanzan al 6,5%, un 6% corresponde a la cotización previsional y un 0,5% al fondo revalorizador de pensiones.
Cabe mencionar que los militares en servicio aportan un 5% al fondo de desahucio, mientras que en las ocupaciones civiles lo asume el respectivo empleador. La cuestión de fondo es que la mantención de un sistema de reparto no se sustenta financieramente, aun cuando sea una legítima retribución para la abnegada carrera militar, y que se arguye mantener, porque la idoneidad militar no sería aplicable en las actividades civiles o porque los militares estarían impedidos de ofrecerla a otros países.
Tomando como referencia los datos expuestos por el vicepresidente ejecutivo de Capredena en la Cámara de Diputados el monto total de las pensiones que pagó ese organismo el año 2015 fue de MM$911.270 (0,54% del PIB), un 66% fueron pensiones de retiro e inutilidad y un 34% pensiones de montepío. Estas pensiones son financiadas en un 89,33% con aportes del Estado y sólo un porcentaje muy menor con las cotizaciones de quienes se encuentran en servicio activo. El aporte fiscal creció también como promedio un 6% anual entre los años 2011 al 2015.
Aunque esta cifra impresiona por su magnitud es más preocupante que, aun así, más del 16% de los militares en retiro recibe mensualmente una cantidad inferior al sueldo mínimo. El gasto fiscal que trae consigo mantener este sistema de reparto, debe considerar que la suma de las pensiones de Capredena y la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), ya en el año 2011, alcanzaron el 1% del PIB.
Modernización de la Carrera Militar
El 14 de enero se realizó una ceremonia para dar a conocer un proyecto de ley destinado a modernizar la carrera militar, en el contexto de un conjunto de iniciativas relacionadas con las FF.AA., como el financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. Según lo expresara el presidente de la República, “…no sacamos nada con tener los mejores equipos técnicos, el mejor equipamiento bélico, la mejor tecnología si no contamos también con los mejores equipos humanos para poder hacer buen uso de ese equipamiento y de esas tecnologías”, agregando a continuación que dicha ley “…busca adecuar la carrera militar a esta nueva realidad que vivimos, que tenemos una de las expectativas de vida más altas del mundo…” (Noticias Destacadas, 2019).
En síntesis, la iniciativa legal eleva el límite máximo de años de servicio de los oficiales de 38 a 41 años y de los suboficiales de 35 a 40 años. También posterga el derecho a recibir pensión completa de 30 a 35 años de servicio. Por otro lado, dicho proyecto contempla un cambio radical ya que no solo alarga la carrera en los grados superiores de la carrera, sino que también establece el mérito y no exclusivamente la antigüedad como mecanismo de promoción.
Desde la perspectiva del personal que tiene la determinación, las condiciones y las posibilidades de completar su carrera, podrán jubilar de las FF.AA. con pensión completa, en el caso de los oficiales a contar de los 63 años de edad y para la gente de mar desde los 55 años de edad. Como efectivamente las expectativas de vida han aumentado, en ambos casos esas edades no son indicativas de un retiro de la vida laboral, especialmente por la continuidad de trabajo remunerado de militares en retiro a una edad tardía, más en los emprendimientos privados que en empleos formales.
El tema de la carrera militar había venido estudiándose entre los años 2003-2007 por el comité de directores del personal de las FF.AA., cuyos integrantes arribaron a nueve proposiciones para cambiar la normativa vigente con el fin de: crear carreras temporales o específicas, alargue de la carrera, ascenso por méritos, escalafón de complemento, nuevo sistema de remuneraciones, retiro por edad cumplida, desahucio a los 25 años, eliminación de beneficios y medidas de transición (González, 2018). Siendo todas las propuestas interesantes, el actual proyecto de ley las recoge sólo en forma parcial.
Al respecto, un reciente artículo precisa las principales finalidades del proyecto sobre modernización de la carrera profesional, el cual aún se encuentra en la Cámara de Diputados siguiendo el primer trámite constitucional, y que esencialmente son: la “…necesidad de retener por más tiempo en servicio al personal de las FF.AA.” y la “…conveniencia de contener el gasto previsional de Capredena” (Novion, 2019). Asimismo, el proyecto de ley contempla la creación del escalafón de servicios generales y el aumento de la permanencia en la base de selección para el ascenso, ambas en el sentido retener a oficiales y a suboficiales calificados dentro de la institución.
Sistema de Pensiones en Chile
El sistema de pensiones es uno de los temas que se ha posicionado en la agenda pública. Frente a este debate, que a fines de mayo alcanzaba a 5.762.869 cotizantes de la fuerza laboral, es preciso reconocer los méritos de quienes hicieron realidad la modernización de la seguridad social en Chile durante la década de los 80. No obstante, existe evidencia de que las pensiones del sistema de capitalización individual no lograron satisfacer todas las expectativas de muchos actuales pensionados de las AFP. Una primera explicación tiene que ver con la precariedad del empleo, la rotación laboral y el trabajo por cuenta propia, fenómenos que tendrían como efecto que algunas personas no ingresan a una AFP o si lo hacen, sus ahorros presentan lagunas de varios años sin cotizar.
Una tercera explicación es el aumento de la esperanza de vida al nacer en Chile, la cual según datos de la OMS del año 2016 alcanza a los 76,5 años para los hombres y 82,4 para las mujeres. Esto trae consigo que los pensionados, al tener una mayor longevidad, ven que el fondo acumulado en una AFP debe repartirse entre más años y por ende disminuye el monto mensual del retiro programado o renta vitalicia de esos haberes.
Sin profundizar en la discusión técnica sobre las ventajas y desventajas del actual sistema previsional, está claro que el proyecto de ley para el mejoramiento de las pensiones que se discute hoy en el parlamento procura hacerse cargo de sus deficiencias con un importante consenso de no volver al sistema de reparto. El acuerdo político coincide hasta hoy en aumentar la tasa de cotización en un 4% con cargo al empleador.
Uno de los grandes aportes económicos de la capitalización individual en los diversos fondos de pensiones es el haber incrementado el ahorro interno y la inversión para la productividad. Un total de USD$ 219 mil millones son los ahorros que tienen los trabajadores para financiar sus pensiones. Al cierre de enero, este número ya representa el 83,4% del Producto Interno Bruto (PIB), nivel histórico desde que se tienen registros. Resulta interesante contrastar que este activo del país es 83,4 veces el pasivo que representa para el erario nacional el gasto anual en el pago de pensiones de las FF.AA. por parte de Capredena.
Desde el punto de vista productivo dicha billonaria capitalización ha permitido una inversión directa de MMUS$1.067 y una indirecta de MMUS$155 en proyectos de infraestructura, con sólo el aporte de 0,73% de esos fondos. ¿Cuánto más se podría hacer para el desarrollo nacional si se incrementaran los aportes a concesiones viales en proyectos productivos de otras áreas económicas nacionales?
Chile es uno de los países de la OCDE en el que menor peso tiene, en términos de riqueza, el gasto social público y representa apenas la tercera parte del que dedica Francia, que aparece como número uno. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) explicó en un informe publicado que el gasto social del Estado representó el pasado año un 10,9% en Chile, frente al 20,1% de media en los 36 estados miembros. Solo México registró un menor gasto con un 7,5% del producto interior bruto (PIB).
Tabla Resumen de Sueldos (Estimación)
| Rango | Sueldo Estimado |
|---|---|
| General de Ejército | $5.646.541 |
| General de División | $5.416.110 |
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