La discusión sobre el salario mínimo en México ha sido un tema recurrente, especialmente en agosto de 2018, con diversas perspectivas sobre el monto adecuado para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. En este contexto, se exploran diferentes argumentos y estudios que buscan determinar un salario justo y viable.
Diferentes Perspectivas sobre el Salario Mínimo
La división sobre el salario mínimo es clara. En México, en 2018, el Gobierno estaba próximo a ingresar el proyecto de sueldo mínimo que, de una cantidad inicial, buscaría un incremento en un plazo determinado. Sin embargo, diversas organizaciones laborales consideraban que el piso mínimo debía ser superior para cubrir las necesidades básicas de una familia.
Esa diferencia entre una y otra postura no es antojadiza, ya que el monto propuesto por las organizaciones laborales marcaba la línea de la pobreza según los ingresos que genera una familia de cuatro integrantes. Este antecedente ético, se estimaba, debería ser la realidad en México.
Argumentos Técnicos y de Equidad
Un estudio de la Fundación Sol de este año entrega antecedentes a la ecuación. Con el nombre de «Mini Salario Mínimo», la investigación da cuenta de los salarios mínimos de los países OCDE cuando estos, sea en la época que fuera, tenían un PIB per cápita similar al nuestro. ¿La conclusión? estas economías gozaban de sueldos mínimos un 70% más altos.
Así es el caso de Estados Unidos, que en 1965 tenía un PIB per cápita similar al nuestro pero su piso mínimo para los salarios era 3,1 veces superior.
“Los indicadores examinados en el estudio muestran que un salario mínimo se encuentra dentro de los márgenes considerados saludables para mantener los equilibrios macroeconómicos. No hay cómo objetar un salario mínimo equivalente a la línea de la pobreza para un hogar de cuatro personas”, afirmó Marco Kremerman, autor del estudio.
En la misma línea, Gonzalo Martner, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, coincide en la viabilidad de un monto superior al propuesto inicialmente por el gobierno. «Me parece razonable lo planteado por la CUT», aclara, agregando que «hay países comparables a Chile en términos de PIB por habitante que tienen salarios mínimos superiores. Este no es un asunto técnico sino de opciones de equidad», afirma.
Ese es el caso de Croacia. Esto porque el PIB per cápita de los europeos y Chile son prácticamente iguales, pero aún así, los croatas gozan de un sueldo mínimo un 47% más alto. ¿Son escenarios comparables? al menos en términos de flujo, tanto Kremerman como Martner confían en que son señales positivas.
Posibles Impactos y Soluciones Alternativas
El economista de la Usach, Víctor Salas, está en un punto medio. De inmediato aclara que los salarios, según él, son extremadamente bajos en Chile, pero, a su vez, aumentar 146 mil pesos al sueldo mínimo es un riesgo demasiado grande por correr. «Ahí sí habría un impacto en el empleo, en los salarios que hay que pagarle probablemente al 50% de los chilenos que gana menos de 450 mil. En nuestra economía la distribución de la riqueza es mala porque se pagan malos sueldos. Eso es un hecho. Pero no creo que eso se pueda cambiar solo con el sueldo mínimo, habría que cambiar otras políticas también, como la brecha de género, los sueldos a los más jóvenes, entre otras cosas», dice el académico.
Según su visión, el grueso de las pequeñas y medianas empresas vive un «equilibrio precario», por lo que un cambio de esa naturaleza sería difícil de manejar. Eso sí, advierte que a la discusión le faltan antecedentes sobre la mesa. «No tenemos esa información detallada de los salarios de las personas que trabajan en pymes de cierto sector, ya sea en emprendimientos medianos o chicos, y los asalariados de empresas. Quizá las pymes sí están en condiciones pero falta esa información», opina.
Además, considera que las comparaciones con Europa y Norteamérica no son del todo justas . Primero, dice, el nivel tecnológico y cooperativo de esas industrias difiere del dinamismo nuestro, que depende el cobre y las materias primas. Además, agrega que a Chile lo aqueja un problema de desigualdad propio de Latinoamérica, cosa que también habla de factores culturales.
De todas formas, propone otras soluciones. «México tiene una política oficial de redestribución de utilidades. Las empresas comparten parte de las utilidades con sus trabajadores. Es parte del acuerdo social y político, ya sea consensuado o impuesto . Si acá se plantea el debate y hubieran las condiciones eso se podría hacer», afirma Salas.
Situación Actual y Demandas Laborales
La CUT, que renunció a más negociaciones con La Moneda, ahora busca apoyo en el congreso. Por lo mismo, entregó ayer en Valparaíso un reporte elaborado por cinco centros de estudio donde se concluye que los 422 mil pesos son viables y se ajustan a la cantidad mínima para que una familia de cuatro personas cubra sus necesidades más básicas.
«La propuesta del ministro estuvo muy por debajo de este desafío. Ellos calculan que de aquí a cuatro años, en un escenario bastante modesto, el crecimiento salarial no sería mayor a $59.500 en los cuatro años. El 1 de diciembre de 2022 el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento sobre el salario mínimo equivalente al 20 % a aplicarse al empezar el año 2023. Sin embargo, más de 10 mil trabajadores y trabajadoras de las dependencias públicas del Gobierno de la Ciudad de México tienen un salario menor al establecido como mínimo. La cifra aumenta exponencialmente, si se toman en cuenta a las y los trabajadores a quienes se les niega ese reconocimiento, es decir que se encuentran bajo contratos de simulación, en figuras de nómina 8, honorarios, servicios profesionales, autogenerados o beneficiarios de programas sociales. Las autoridades de los gobiernos federales y locales parecen estar exentas del respeto a los derechos laborales, siendo los protagonistas de profundizar la precarización laboral.
Son trabajadores y trabajadoras de las dieciséis Alcaldías y Secretarías al servicio del Gobierno de la Ciudad de México basificados con un nivel denominado 469 y trabajadores del “Programa de Estabilidad Laboral” integrados al mismo nivel, su salario actual es de $3,431 pesos mensuales, es decir, $2,792.2 pesos menos que el salario mínimo establecido para 2023. ¿Cómo se creó estableció este nivel salarial? Frente a una creciente demanda de plenos derechos laborales y estabilidad laboral y en el contexto de la cercanía electoral, el 02 de febrero de 2018, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, planteó la basificación de 10 mil trabajadores de las dieciséis Alcaldías y algunas Secretarías al servicio del Gobierno de la Ciudad de México, a través del Programa “Justicia Laboral basificación 2018”. Las y los trabajadores que fueron basificados, habían laborado durante años como personal de honorarios y en algunos casos habían ingresado previamente al Programa de Estabilidad Laboral (Nómina 8), que también impulsó Mancera en el 2015. El “nombramiento” lo hizo el entonces Jefe de gobierno en el Zócalo con un acto protocolario al que asistieron 80 mil personas. En el acto destacó la presencia del entonces del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX) Juan Ayala, quien demostró el cierre de filas con el Gobierno de la Ciudad cuando dijo: “Miguel Ángel Mancera es un Jefe de Gobierno que ha ayudado a los trabajadores, ha regularizado su estatus laboral. Es un hombre que le tendió la mano a la base y clase trabajadora”.
Más de 10 mil trabajadores engañados La mayoría de las y los trabajadores que en ese momento firmaron su basificación, así como los que firmaron su contratación por “Estabilidad laboral” fueron engañados, se les había prometido en algunos casos respetar su salario y en otros ingresar con el nivel más bajo del tabulador oficial para los trabajadores al Servicio del Estado, es decir, plazas al nivel 8.9 pie de rama, que actualmente tiene un salario de 7, 841 pesos mensuales. Sin embargo, ningún trabajador conocía que sería creado un nivel inexistente, que violaría no sólo las Condiciones Generales de Trabajo, sino también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo. Cabe destacar que las y los trabajadores basificados en este proceso no han tenido asignación del dígito sindical, lo que limita sus prestaciones y les impide ejercer el derecho a la sindicalización.
Violaciones a los Derechos Laborales
¿Qué leyes están violando las dependencias estatales? El artículo 123 de la Constitución establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil” y en las fracciones VI párrafo segundo y VIII del expresa: 4 Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.
SEGUNDO. - Que de acuerdo con el artículo 3 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos: Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades. Además, el Gobierno de la Ciudad de México está violando su propia Constitución, en cuyo Artículo 10, inciso C, de las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus trabajadores, dice: 6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y que en ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el país.
Las condiciones de violaciones a derechos laborales dentro de los sectores estatales fue establecida y profundizada por los gobiernos anteriores. La creación del nivel salarial 469 es herencia de Mancera, que hoy se encuentra en la llamada “oposición” que integra el PAN, PRI y PRD. Sin embargo, a pesar del discurso “antineoliberal” del gobierno actual de Morena, con Claudia Sheinbaum a la cabeza en la Ciudad de México, dichas políticas no sólo no han sido revertidas sino mantienen continuidad y se profundizan. El gobierno de la 4T pretextó la llamada “Austeridad Republicana” para despedir a cientos de miles de trabajadores estatales, así como la creación de nuevas figuras de simulación que buscan negar el reconocimiento de la relación laboral y con ello los derechos correspondientes, como lo es la figura de beneficiarios de programas sociales, que sostienen programas como los de Pilares, Ponte Pila y proyectos Culturales de la Ciudad de México. Además, se ha despedido y reprimido a los trabajadores que se han organizado para pelear por sus derechos.
Estas políticas de precarización han contado con el silencio y en muchos casos con el abierto respaldo del SUTGCDMX, que actualmente negocia un aumento salarial totalmente por fuera de la base trabajadora, en un contexto de inflación que ha encarecido la vida y convierte la demanda de aumento salarial de emergencia que cubra el costo real de la canasta básica en urgente. Cabe destacar que el salario mínimo actual está muy lejos de lograr cubrir ese costo pues, de acuerdo al maestro Héctor Iván del Toro Ríos, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG, sostiene que para adquirir actualmente los 123 productos de la canasta básica se tienen que destinar 11 mil 529 pesos, explica: En una canasta básica indispensable de una familia de cuatro miembros (30 productos), que además incluye elementos como gel antibacterial y cuestiones de aseo personal y del hogar, el precio alcanza 10 mil 576 pesos. Si a eso le agregamos servicios como el pago de la luz, agua, teléfono y renta, se necesitarían alrededor de 22 mil 182 pesos para tener todas estas condiciones de forma mensual.
La Urgencia de la Organización y Unidad de los Trabajadores
La pelea contra los despidos, por plenos derechos laborales y por aumento salarial, atraviesa al conjunto de dependencias públicas, tanto federales como locales. Los gobiernos de todos los partidos políticos con registro se han encargado de garantizar estas violaciones, es claro que la solución a nuestras demandas no vendrán de ellos - a pesar de las promesas electorales-.
Por su parte, la derecha ha salido a defender su proyecto, argumentando a través de las palabras del diputado UDI, Guillermo Ramírez, que: "es bueno por muchas razones (…) Primero, porque los que ganan menos van a, de cierta forma, participar del crecimiento de la economía; segundo, porque los que pagan el salario mínimo son las pymes y no las grandes empresas o el Estado, y eso les va a permitir a ellas programarse; tercero, porque pone los incentivos en el lugar correcto".
Sin embargo, lo que obvia la derecha es que hay miles de familias en Chile que por su cantidad de integrantes no pueden sobrevivir con un sueldo que no alcanza siquiera los 290 mil pesos mensuales. Y con el que deben costear transporte, uno de los más caros de América Latina, altísimos costos en educación, vivienda, alimentación y salud.
Frente a esto, Beatriz Bravo, Delegada Sindicato Operadores Postales Correos Chile, afirmó que: “Necesitamos imponer un salario mínimo acorde a la canasta familiar, que según estudios independientes, podría alcanzar los 450 mil pesos. Pero esto no será sentándose a conversar con el gobierno de los empresarios como lo viene haciendo la CUT, que además venía trabajando con la CPC, sino organizándonos y coordinando la unidad de la clase trabajadora, contra los despidos, el trabajo precario y los salarios de hambre.” Además, Bravo enfatizó en la importancia de un sueldo mínimo de $450 mil pesos: “Necesitamos un sueldo mínimo de $450.000, sin caer en el engaño de los bonos y rentas variables que inflan nuestros sueldos, pero que están a la venia y disposición de las ganancias empresariales. También debemos ir por la reducción de la jornada laboral a 30 horas a la semana, 5 días, el reparto de las horas entre los desocupados para que todos trabajen. Esto, lejos de ser una “consigna”, es una bandera de lucha del conjunto de los explotados.”
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