Desde 2016, la crisis económica que atraviesa el país trasandino llegó a los medios, los cuales han cerrado o eliminado algunas de sus áreas, cuestión que actualmente tiene a miles de periodistas cesantes. 2018 partió negro para los trabajadores argentinos de las comunicaciones. Y es que el pasado 2 de enero continuaron los despidos en medios públicos.
Al día siguiente, en tanto, más de 34 desvinculaciones sumadas a 90 retiros voluntarios se dieron en los canales estatales Encuentro (medio de cultura, ciencia y DDHH), Paka Paka (el primer canal infantil público y educativo del Ministerio de Educación) y DeporTV (un canal público deportivo). Con dichas destituciones los tres canales quedaron con un mínimo de personal y algunas áreas esenciales vacías. Más tarde, 15 periodistas que trabajaban en la emblemática Revista El Gráfico, un ícono del periodismo deportivo argentino que estaba por cumplir 100 años de vida, fueron desvinculados debido al cierre de la misma.
Entre 2016 y 2017 se registraron más de 2 mil 500 despidos en distintos medios de comunicación del país, esto según la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa. Asimismo, en 2017, tres grandes cerraron sus puertas; Buenos Aires Herald (cuya editorial promovía el pluralismo informativo y los DDHH), La Razón (uno de los pocos medios gratuitos del país), DyN (una agencia de más de 35 años) y La Mañana (diario cordobés que nació en 1997).
Pero los despidos no son la única política gubernamental que afecta a las comunicaciones. Desde el Sipreba denunciaron vaciamiento y ajuste de medios públicos, disminución de libertades y diversidad de voces en la prensa, despidos injustificados, precarización y flexibilización laboral. La última manifestación fue contra el apagón informativo de la TV Pública.
Medidas del Gobierno de Javier Milei
De vuelta de Navidad, el gobierno argentino liderado por el Presidente Javier Milei retomó su agenda para reducir lo más posible el Estado. Siendo su tercera semana en el poder, el mandatario firmó un decreto que termina con los contratos de todos aquellos trabajadores públicos que hubieran entrado en el último año, y que el gobierno calcula en “más de 5 mil”. Según la Asociación de Trabajadores del Estado, en tanto, la cifra de despedidos llegaría a 7 mil.
No contento con tal corte, durante los próximos días habría un periodo de tres meses de “revisión”, en la que se verá cuáles empleados contratados previamente se mantienen y cuáles no. Todo esto viene en el contexto de los “DNU”, Decretos de Necesidad y Urgencia, que formarían parte de su política de “shock” durante los primeros meses de la era Milei.
Publicado hoy martes en el Boletín Oficial, el decreto establece que no se renovarán contratos de trabajadores del Estado firmados a partir del 1 de enero de 2023. Hay pocas excepciones: están exceptuados los trabajadores que son parte de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como las personas con discapacidad, o el personal que es considerado “indispensable” para una jurisdicción.
La medida toca a cerca de siete mil trabajadores, porque se extiende a distintas áreas del gobierno, pero no a las empresas o sociedades estatales. Sin embargo, toca a todos los “empleados transitorios y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había advertido que como parte de las primeras medidas de su cartera, habría una gran reducción de la plantilla estatal. El decreto de este martes es uno entre todos los que hará el gobierno argentino, cuyo fin sería “lograr un mejor funcionamiento de la Administración pública”.
Todo el sector público argentino cuenta en total con casi tres millones y medio de empleados asalariados: un gran número, considerando los 45 millones de habitantes del país. De ese, según datos del Ministerio del Trabajo, una décima parte está en la Administración nacional, y el resto, en empresas estatales. Así, el gasto del gobierno representaría el 2,2% del PIB.
Para continuar con recortes en esa dirección, el gobierno además oficializó esta madrugada un llamado a “sesiones extraordinarias” en el Congreso, que ocurran a partir de este martes, y hasta el 31 de enero. Entre las cosas a discutir hay 11 proyectos de ley, siendo uno de ellos “el megaDNU” de ajuste. Además, están la ley de reforma del Estado, las modificaciones al impuesto a las Ganancias y el establecimiento de la boleta única de papel en las elecciones.
La ley de reforma del Estado, señalaron funcionarios del gobierno, será amplia. “Va a venir un paquete que vamos a llevar al Congreso, que es todavía más sustancioso y más grande (en comparación con el DNU). La Presidencia arranca con contundencia, con cosas concretas que no habíamos visto antes”, aseguró el asesor presidencial Federico Sturzenegger, uno de los principales autores del DNU.
Otra de las cosas que se espera discutir esta semana sería el congelamiento de los sueldos de empleados públicos, e incluso, la posibilidad de reducir salarios de algunos de los funcionarios de alta jerarquía.
Reacción de los Sindicatos
Los que sí aparecieron de inmediato fueron los sindicatos, que se mostraron alertas con los nuevos anuncios. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado calificaron el decreto de “agresión”, y en un comunicado señalaron que los empleados públicos “en todos los casos desempeñan tareas que son indispensables”. “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, aseguró Rodolfo Aguiar, secretario general de la organización.
Por esto mismo, este miércoles hay una convocatoria hecha por las centrales sindicales para exigir el freno al decreto de Milei de hace una semana, que incluía 300 reformas para “desguazar” el Estado. El pasado miércoles, Milei ya había firmado otro DNU para derogar leyes, eliminar regulaciones, habilitar privatizaciones de empresas públicas y abrir las puertas a las operaciones en dólares.
Precisamente ese decreto, el 70/23, fue apoyado fervorosamente por uno de los referentes del PRO, María Eugenia Vidal, en una publicación en la plataforma X. “El DNU 70/23 debe ser aprobado porque la Argentina en la que vivimos necesita medidas urgentes. La creación de empleo se ha venido desacelerando. Si hace un año se creaban más de 300 mil puestos de trabajo, en el trimestre enero-marzo fueron 80 mil, y ahora en el trimestre febrero-abril se generaron solo 20 mil nuevos puestos de trabajo, siendo la cifra más baja desde febrero-abril del 2021, en plena pandemia.
Análisis del Mercado Laboral
Un indicador que va en esa misma dirección y que permite monitorear también la evolución del mercado laboral formal es el informe de causales de despidos que publica la Dirección del Trabajo. De todas las causales de desvinculación, el motivo de despido por necesidad de la empresa es la que mejor refleja la situación económica que tienen las firmas, por eso es la más observada por los expertos, y en general sigue la tendencia del empleo formal.
Para los economistas, la evolución de los despidos por necesidad de la empresa es un antecedente relevante de monitorear al analizar la situación del mercado laboral, en conjunto con otros indicadores, sobre todo cuando se estudia el empleo privado asalariado.
De acuerdo a este reporte, en abril del 2025 se totalizaron 45.415, un 4,6% más alto que el mismo mes del año pasado, y es, además, la mayor alza en seis meses. Si se analiza el acumulado del año, es decir, entre enero y abril, suman n 172.751, un 0,3% más que lo acumulado en el mismo período del año pasado cuando fueron 172.200.
“Es otro indicador que refleja lo debilitada que se encuentra la demanda laboral por parte de las empresas. No solo se están creando pocos empleos formales en el sector privado, sino que también se están destruyendo puestos de trabajo, lo que dificulta aún más la recuperación del mercado laboral”, señala la economista de Clapes-UC, Carmen Cifuentes. Ingrid Jones, economista de Libertad y Desarrollo, dice que este indicador “refleja el bajo dinamismo del mercado del trabajo y los ajustes que tienen que hacer las empresas, en un contexto de bajo crecimiento económico, para enfrentar las alzas importantes de costos que han tenido que financiar en los años más recientes, lo que se traduce en desvinculaciones y menores contrataciones”.
Mientras que para Rodrigo Gorostiza, gerente de marketing de Trabajando.com, “es el reflejo de que el crecimiento está estancado en Chile, las empresas no logran alcanzar los resultados planificados desde la generación de ingresos, así que buscan de alguna forma ajustar sus plantillas, disminuyendo así sus costos fijos”.
Otro dato que los economistas dicen que va en línea con este resultado es el hecho que la tasa de desempleo se ha mantenido en 8% o más por 28 meses, la tasa de ocupación bajó a 56,6% desde 57,1% de hace un año y la tasa de participación se ha mantenido estancada en 62,2%.
Perspectivas Futuras
Para los próximos meses y cierre de año, las perspectivas que tienen los economistas es que será una cifra bastante similar a la registrada el 2024. El año pasado hubo 466.201 “Todavía falta conocer los datos correspondientes a dos tercios del año. Sin embargo, si bien es difícil contar con una estimación exacta de la cifra de despidos para 2025, varios indicadores apuntan a que estaremos bordeando el número registrado en 2024, que, en comparación a los últimos cinco años, ya fue elevado”, sostiene Cifuentes.
Para Jones, de mantener “la misma tendencia podríamos llegar a cerca de 466.000 personas desvinculadas, que es el número total del año recién pasado”. No obstante, menciona que “este número podría ser mayor, considerando nuevas presiones de costo que podrían enfrentar las empresas como el proyecto de sala cuna y salario mínimo. A ello se suma la falta de una agenda que potencie la creación de empleo formal”.
Mientras que Gorostiza plantea que “en el mejor de los casos, podríamos ver un efecto de reactivación después de las elecciones, en la medida que el nuevo gobierno sea percibido como pro crecimiento”.
Confianza en los Medios y Concentración
Los medios de comunicación a nivel nacional -y de paso sus periodistas- son considerados parte de una suerte de “engranaje maligno” que tiende al status quo y la preservación de la herencia de una dictadura que se encuentra más viva que nunca, desde un punto de vista político y socioeconómico. Y esto no está del todo errado.
Un reciente estudio entregado por la plataforma web “Tres párrafos” abordó estos tópicos que hacen el marco en el que hoy día las y los periodistas de distintos medios de comunicación se desenvuelven a diario. Primero que todo debemos entender que la confianza juvenil en los medios cayó drásticamente de un 60% en el 2009, a un 7% en el 2019, siendo la juventud la que ha sido el principal protagonista de los movimientos y luchas acontecidos hasta la fecha.
La pluralidad de medios, de ideas y debates es una ilusión en el país con la mayor concentración de medios de Latinoamérica. Los medios llamados regionales hoy no inciden en la agenda nacional y eso es un hecho claro de este crudo escenario.
Y mientras esto pasa, se debate una posible ley de medios que pueda darle más “pluralidad” al contenido de los medios de comunicación, buscando proponer nuevos medios, pero sin sustento basal. Medios destinados a perecer. Porque lo central pasa por estatizar los medios de comunicación, y que al igual que TVN deberían pasar a manos de la comunidad y aquellos funcionarios del Estado que aporten al pluralismo. Deben nacer medios con aporte basal y que la comunicación de los hechos efectivamente pueda tener una mirada realmente democrática. Esto en miras de poner los grandes medios de comunicación al servicio de los trabajadores y otorgar una mirada desde las grandes mayoría.
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