En Canadá, como en muchos países occidentales, la mayoría de quienes trabajan para empleadores privados ganan sueldos bajos, alrededor del salario mínimo o muy poco por encima de este.
La propaganda diaria muestra a las empresas privadas como vitales para la economía. Sin embargo, es el sector público el que en Canadá es fundamental para la economía, involucrando áreas como la salud, la asistencia social y la educación en todos sus niveles.
No debemos olvidar que más del 70 por ciento del sector público está aún sindicalizado y tiene sueldos decentes. En el sector privado sólo en algunas áreas productivas encontramos sueldos competentes, teniendo en cuenta que en el sector privado hay sólo un 16 por ciento de sindicalización.
Las primeras legislaciones del salario mínimo se introdujeron en Canadá a partir de la segunda década del siglo 20, con el objeto de proteger a mujeres y niños de la sobre explotación que sufrían.
No fue sino hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial que Canadá adoptó o amplió su Estado de Bienestar Social, por temor a la expansión del comunismo y socialismo fortalecidos posterior a la guerra.
El contrato social en Canadá se basó en un Estado de Bienestar Keynesiano en el que el estado juega un papel protector social y a la vez garantiza una gran parte de las inversiones privadas.
Desde 1979 la industria manufacturera en Canadá ha perdido 2 millones de trabajos, lo que ha sido muy destructivo para la clase trabajadora pues estos eran trabajos mejor pagados y fueron remplazados por trabajos en servicios pagados al salario mínimo, lo que ha disminuido además el valor del empleo.
La vida en las ciudades canadienses se ha encarecido, especialmente en Toronto y Vancouver, y debido principalmente a la especulación inmobiliaria, actividad que se ha hecho vital para la economía canadiense, y debido a una inflación oficial que está por debajo de la real, que ha tenido como consecuencia altísimos costos de vivienda y rentas, lo que a su vez ha incrementado el nivel de dificultad de subsistencia de un creciente número de habitantes particularmente en ambas ciudades.
No sólo los retirados sufren esta situación, también la sufren quienes trabajan y ganan sueldos bajos, por esta razón el gobierno provincial de Ontario, donde se encuentra la ciudad de Toronto, impuso un aumento del salario mínimo de $ 11,40 a 14 dólares por hora a partir de enero del 2018, salario que volverá a subir a $ 15 por hora a partir de enero del 2019.
Hay que aclarar que el salario mínimo lo establecen los gobiernos provinciales en Canadá, por lo que varía de provincia en provincia.
Esta determinación del gobierno de Ontario, que parece muy razonable, ha desatado una verdadera histeria en el sector empresarial privado.
El reporte del TD Bank, uno de los grandes bancos canadienses, respecto del aumento del salario mínimo en la provincia de Ontario fue que podría costarle a la provincia 90.000 puestos de trabajo, no tanto por despidos sino porque enlentecería el crecimiento económico.
El reporte del Bank of Canada (Banco Central de Canadá) aunque un poquito menos insidioso estableció que para el próximo año este aumento le costaría a Canadá 60.000 trabajos.
Una de las corporaciones que causó escándalo por el aumento del salario mínimo fue Tim Hortons, la más importante cadena de comida ligera canadiense, y que incluye restaurantes que operan con la franquicias de Tim Hortons, quienes amenazaron eliminar no sólo los descansos pagados a sus trabajadores y trabajadoras sino también cualquier pequeño beneficios.
Tim Hortons subsiste gracias al trabajo mayoritariamente de mujeres de todas las edades.
Empresarios y comerciantes privados, y sus representantes políticos, están acostumbrados a que se gobierne para ellos, para sus intereses, han atacado cualquier intento de aumentar el salario mínimo y esperaban amplio respaldo del público pero esta vez no les resultó.
En general los y las canadienses han solidarizado con sus trabajadoras y han apoyado el aumento decretado por el gobierno provincial de Ontario.
Como en casi todo el mundo occidental, en Canadá se alardea mucho de que vivimos en sociedades placenteras, felices y democráticas, es que las agencias de los ricos y sus instituciones nos bombardean con su propaganda a diario.
Según ellos hemos cruzado la modernidad y estamos más allá del bien y del mal de la lucha de clases, pero tan pronto como se plantea una reivindicación básica al salario como el aumento del salario mínimo todos a escandalizar, demostrando que a pesar de que ha pasado el tiempo y del supuesto avance civilizatorio, los ricos y sus aspirantes continúan manteniendo la misma actitud antisocial respecto a quienes les trabajan que tenían en el siglo 18 y 19, pagar lo mínimo o pagar nada es su meta y su ambición no tiene límites.
Los dueños de la riqueza y del poder en Canadá cuentan, como lo han hecho por más de un siglo, con que el gobierno federal continúe trayendo inmigrantes y trabajadores temporales para asegurarse mano de obra en abundancia y obediencia social.
La inmigración continúa por otras razones, incluso para asegurar mano de obra barata a empresarios privados que gracias a la llegada de miles de inmigrantes permanentes o temporales logran mantener ambos bajo salario y sindicalización en el sector privado.
La lucha por un salario decente y beneficios en el sector privado se entiende en el contexto de la lucha de clases, donde el 10 por ciento de los más acomodados son dueños del 50 por ciento de la riqueza del país y donde existe un 30 por ciento que seguramente están muchos de los que ganan alrededor del salario mínimo y al que sólo le corresponde el 1 por ciento de la riqueza.
Impacto del Sueldo Mínimo en Chile
Según el especialista en transporte y urbanista, Daniel Arancibia, el sueldo mínimo de los chilenos subió 2,1.
Sin embargo, al comparar la situación de Chile con la de otros países y ciudades del mundo, esta métrica no es nada favorable.
Proyecciones Económicas y el Gobierno de Boric
En la Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric enumeró una serie de proyecciones económicas para cuando termine su administración.
El Presidente Gabriel Boric enumeró ayer, en la Cuenta Pública, una serie de proyecciones económicas para cuando termine su administración. ‘2024 es el año en que la economía chilena se reactivó’, afirmó.
Sin dar cifras, mencionó que se reducirá la pobreza, bajará la informalidad (no especificó cuál) y se frenará el avance de la deuda pública. Sí expresó que el número de nuevos puestos de trabajo será de 700 mil.
Y agregó una expectativa controvertida: ‘Al finalizar nuestro mandato, la economía chilena habrá crecido anualmente por encima del promedio de los ocho años anteriores’.
En 2022, el crecimiento fue de 2,1%, y en 2023, de 0,2%.
Siguiendo las proyecciones oficiales del Ministerio de Hacienda, reflejadas en el reciente Informe de Finanzas Públicas de la Dipres, el PIB en 2024 subiría 2,7%, y en 2025, 2,5%.
Así, durante el gobierno de Boric la economía avanzará en 1,9%.
De materializarse el pronóstico presidencial, superará el 1,8% de crecimiento económico del segundo ejercicio de Michelle Bachelet.
Ambos -Bachelet II y Boric- anotarían la menor expansión en democracia.
La segunda administración de Sebastián Piñera cerró con una expansión de 2,5%.
Si se promedian Bachelet II y Piñera II, que coinciden con los ocho años previos a Boric, el crecimiento anual fue de 2,1%.
Durante el Chile Day en Toronto y Nueva York, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, proyectó que el PIB por habitante durante la actual gestión crecería a un mayor ritmo que en los dos gobiernos previos.
Basado en supuestos sí públicos, aquella proyección sería correcta: 0,6% sería el alza en Bachelet II, 0,8% en Piñera II, y 1% con Boric.
Pero solo sería por razones demográficas.
‘Esta comparación se beneficia del menor crecimiento de la población que hay ahora respecto de los gobiernos previos’, dice Hermann González, economista de Clapes UC.
Además, se trata de un indicador inusual en el debate económico en Chile.
Optimismo Económico y Reacciones del Sector Privado
El principio subyacente de las cifras expuestas al estilo presidencial es que existe evidencia de que en Chile la inversión extranjera directa (IED) por US$ 21.700 millones es récord desde 2015, o que el riesgo país está en su nivel más bajo desde febrero de 2018.
En ese escenario, el mandatario sostuvo que son ‘buenos signos que, independientemente de nuestra posición en el tablero político, no podemos dejar pasar’.
Ante ello, emplazó al empresariado nacional: ‘Quisiéramos contagiar este optimismo empresarial extranjero a la inversión nacional, donde sabemos que estamos muy por debajo de nuestras posibilidades’.
En el sector privado observan el asunto en forma diferente.
‘El Presidente habló de crecimiento en inversiones, pero aquí el mismo Banco Central ha dicho que hay que poner atención en aquellos proyectos nuevos de inversión, que esos son los que a nosotros nos faltan, porque esos son los que van a generar mejores puestos de trabajo y mejores condiciones también laborales para los trabajadores’, comentó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes.
El líder gremial agregó que en los últimos tres meses hay mejoras en indicadores de comercio y la industria, pero nada relevante.
Desde la Sofofa, valoraron que se prioricen temas como el crecimiento económico, o la seguridad, pero hay otros temas que preocupan.
El presidente de la Sonami, Jorge Riesco, comentó que en la industria están a la espera de certezas para poder impulsar nuevas iniciativas, en medio del importante, pero insuficiente, aliciente que significa el precio del cobre.
Un tópico similar destacaron desde Asimet, donde esperaban mayores incentivos para aumentar los índices de productividad del país.
Proyecto de Equidad Salarial en Chile
Otro de los elementos que destacó Boric en su discurso fue el que en julio se llegará a un sueldo mínimo de $500 mil, además de la ya iniciada implementación gradual de la Ley de 40 horas y novedades respecto al empleo femenino.
En ‘junio indicaremos el proyecto de ley de equidad salarial para que las mujeres sean remuneradas en función de sus méritos y no en función de una discriminación de género. A igual trabajo, igual paga’, dijo Boric.
Desde la CCS alertaron respecto de la agenda laboral, preocupaciones por cambios significativos que acumulan ‘de forma desproporcionada aumentos de costos en la contratación.
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