El regreso de Javier Etcheberry como director del Servicio de Impuestos Internos (SII) ha generado un remezón tanto en la operativa interna del organismo fiscalizador como en el manejo tributario de miles de contribuyentes del país.
Para muchos especialistas, el celo fiscalizador mostrado por el ingeniero busca cambiar lentamente la actitud de la población frente al correcto pago de los impuestos, una disposición cultural que ha sufrido un deterioro en los últimos años. No obstante, la misión de Etcheberry también es alimentada por la urgente necesidad del Estado por mejorar la recaudación tributaria que financie las crecientes demandas sociales de mediano plazo y evite un mayor deterioro de la caja fiscal.
Medidas Implementadas por Etcheberry
Desde su llegada, Etcheberry ha implementado una serie de medidas, lo que ha generado apoyos y también sutiles reparos desde el mundo de los especialistas tributarios.
En diciembre dictó una circular para reforzar el control en el uso indebido de facturas por compras personales en supermercados y restaurantes. Y reforzó también los controles en terreno de los fiscalizadores del SII, una práctica que había sido dejada de lado por antiguas administraciones, lo que involucra visitas a locales comerciales o controles carreteros móviles, entre otros.
De hecho, se habilitó un control carretero en el peaje Angostura, que funciona 24 horas del día, donde se fiscaliza a los camiones que ingresan a Santiago desde el sur para verificar que cuenten con la documentación tributaria correspondiente.
Impacto en la Recaudación
Pese a que el mundo tributario coincide en que es muy temprano para pedir resultados a Etcheberry en términos de ingresos tributarios y que la Operación Renta 2025, que corresponde el año comercial 2024, no necesariamente reflejará el esfuerzo fiscalizador, en el SII creen que hay señales prometedoras.
Un indicio del “efecto Etcheberry” estaría en la evolución de las declaraciones de IVA asociada a las ventas al consumidor final. El registro de ventas con boletas y voucher creció un 6,9% en el segundo semestre del 2024 en relación con el mismo lapso del 2023.
Este aumento del débito fue del 16% en el segmento de la micro y pequeña empresa, mientras que, en el caso de las empresas medianas y grandes, el crecimiento alcanzó a un 3,5%.
Según estadísticas del SII, durante 2024 se realizaron más de 214 mil operativos de fiscalización de cumplimiento tributario en terreno a lo largo del país, lo que supera los 85 mil registros de todo 2023. En lo que va de 2025 ya se han realizado 64.015 acciones de fiscalización en terreno en todo el país.
“Etcheberry sacó los fiscalizadores a la calle y ese control se está reflejando”, destacan cercanos al servicio. Un ejemplo de ello es el explosivo aumento de clausuras de locales en 2024: 3.115 cierres frente a los 867 practicados en 2023. En los dos primeros meses del año, las clausuras suman 899.
Cambios Internos en el SII
La nueva gestión también ha tocado la mecánica interna del SII. A la eliminación de la Subdirección de Asuntos Corporativos y el descabezamiento de la Subdirección de Estudios, el ingeniero sumó el fichaje reciente del exsubdirector de Fiscalización del SII y “hombre de confianza” durante su primer ciclo en el servicio (1990 y 2002), Benjamín Schütz, quien se desempeñará como asesor externo en un proyecto informático sobre fiscalización y atención al contribuyente.
De los 5.000 funcionarios que hoy tiene el SII, 1.700 son fiscalizadores. De ellos, unos 700 funcionarios en promedio participan al mes en acciones de cumplimiento tributario en terreno.
Lucha Contra el Crimen Organizado
Sin embargo, la arremetida de Etcheberry también ha apuntado a enfrentar de lleno el crimen organizado a través de la persecución penal del delito tributario.
Durante el año pasado el SII presentó un total de 209 querellas y denuncias ante la justicia penal, superando las 159 presentadas el ejercicio anterior. El perjuicio fiscal asociado a estos delitos acumuló, el 2024, un monto de más de $165.000 millones, más del doble de lo verificado en el 2023 ($76.869 millones). En lo que va del año 2025, ya se han presentado 37 acciones penales ante los tribunales, por un monto global estimado de $29.440 millones.
La mayor parte de estas causas se relacionan con delitos vinculados con uso y facilitación de facturas falsas, presentación de declaraciones de IVA y renta maliciosamente falsas o incompletas, obtención de devoluciones de impuestos improcedentes y el inicio de actividades con información falsa, revelan en el SII.
Pero el ingeniero también creó una oficina especial para enfrentar el fenómeno del crimen organizado, la que trabaja temas como robo o apropiación indebida en la industria del salmón, proveedores de comercio informal, y el robo de vehículos, partes y piezas para su posterior enajenación. De hecho, Etcheberry ha intensificado su relación con Carabineros, la PDI, el Ministerio Público y otros organismos del Estado para fortalecer esta área de gestión.
Bajo el paraguas que significan las nuevas facultades de Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, el ingeniero también ha fortalecido el foco del SII en el control de grandes contribuyentes. En el organismo destacan el aumento de los requerimientos por Norma General Antielusión.
Desde la entrada en vigencia de esta norma, en 2015, el SII ha presentado 46 requerimientos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), objetando operaciones o esquemas que tendrían como objetivo principal reducir indebidamente la carga tributaria de los contribuyentes.
Solo durante 2024, según datos del SII, el organismo presentó ante los TTA 22 requerimientos, solicitando que se declare la existencia de elusión por abuso o simulación. A la fecha, además, ha presentado 9 solicitudes que buscan perseguir la responsabilidad de los asesores tributarios en el diseño y aplicación de actos, contratos o negocios constitutivos de abuso o simulación con carácter elusivo.
Reacciones y Críticas
El peso del “huracán” Etcheberry no ha dejado indiferente al mundo tributario y las empresas. La socia de Tax & Legal de PwC Chile, Loreto Pelegrí, destaca la labor del nuevo director del SII en materia de fiscalizaciones en terreno, en los negocios y el control carretero, entre otros.
“Si bien a las grandes empresas se le puede fiscalizar vía remota a través de la carpeta tributaria y requerimiento de antecedentes, a los contribuyentes pequeños y sobre todo a los informales se les debe fiscalizar en terreno. Aún falta ahí sobre todo con el comercio ambulante. Por otra parte, dado el déficit fiscal en que se encuentra el Estado y el nivel de deuda, entiendo que el SII debe haber recibido instrucciones de Hacienda de aumentar la recaudación”, afirma la abogada, quien también desliza una crítica al celo fiscalizador del SII.
“Nos preocupa que eso (acción del SII) se haga con pleno respeto a la legalidad vigente y con respeto a los derechos de los contribuyentes, ya que hemos observado una preponderancia de fiscalización frente a otras subdirecciones de impuestos internos y ciertos casos muy extremos de posiciones pro Fisco”, concluye. Alberto Cuevas también muestra reparos.
“Hay que tener cuidado cuando uno intensifica la actividad de fiscalización, especialmente cuando tiene poco tiempo y poco recurso... y que eso no vaya a desencadenar procesos que afecten los derechos de los contribuyentes de manera innecesaria”, alerta Cuevas.
Juan Alberto Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, si bien valora el accionar de la nueva administración del SII, repara en la falta de un informe sobre brechas de cumplimiento. “Un diagnóstico claro de dónde se genera la evasión debiera dar paso a una estrategia más potente contra este fenómeno.
Anulación de Cobros de Tributos
Entre 2014 y 2023, el Servicio de Impuestos Internos (SII) anuló el cobro de tributos por un total de $1.426.000 millones. Estos desistimientos se deben a decisiones administrativas del SII o a órdenes judiciales.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) anuló el cobro de tributos por al menos $1,4 billón (esto es $1.426.000 millones) entre 2014 y 2023, según estadísticas a las que CIPER accedió a través de la Ley de Transparencia.
Las Reposiciones Administrativas Voluntarias (RAV) se presentan previo a una reclamación judicial. Las debe resolver el director regional, el director de Grandes Contribuyentes o el subdirector de Fiscalización. Según las estadísticas oficiales, el monto total de liquidaciones anuladas ascendió a $722 mil millones entre 2014 y 2023. Asimismo, y como se observa en el cuadro proveído por el SII, el número de liquidaciones anuladas por año aumentó varias veces entre 2014 y 2023.
La cifra de los últimos años, además, puede incrementarse en el futuro, debido a que aún hay recursos en proceso en tribunales o ante el SII (ver documento). Una segunda anulación masiva de cobros de tributos se produce cuando se emite el giro o cobro del impuesto. Las cifras indican que estas anulaciones por giros de liquidaciones descargados experimentaron un alza significativa en el período 2014-2013.
Por ejemplo, en el bienio 2014-2015 el servicio anuló recaudaciones por $74,9 mil millones bajo esta fórmula, mientras que entre 2022 y 2023 esa cifra ascendió a $163,2 mil millones.
Para comprender a cabalidad el tema, CIPER pidió varias aclaraciones y realizó una nueva solicitud de acceso a la información pública al SII. El SII accedió parcialmente a la entrega de información debido a que “generarla requeriría de un estudio puntual, lo que claramente configuraría una distracción indebida de funciones de este organismo fiscalizador”.
El SII sí informó a CIPER que entre 2014 y 2023 se triplicó el número y monto de recursos de Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) aprobados total o parcialmente entre los años 2014 y 2023, desglosados por años. Cuando estas acciones no prosperan, los contribuyentes pueden presentar un Recurso Jerárquico (RJ), el que es resuelto directamente por el director del servicio.
En diciembre de 2023 el SII publicó un informe sobre las brechas de cumplimiento tributario sólo para los años comprendidos entre 2018 y 2020. Es decir, la diferencia entre lo que el Estado debió recaudar y lo que ingresó de manera efectiva.
“La evasión tributaria corresponde a una subdeclaración ilegal y voluntaria de los impuestos. Sin embargo, hay diferencias importantes, según el tipo de impuestos. En el caso del IVA, por ejemplo, se dejó de recaudar un 18,4% de este impuesto, lo que equivale a un 1,8 por ciento del PIB del período estudiado.
Por su parte, la brecha de cumplimiento tributario para el caso del impuesto corporativo corresponde a un 4,7% del PIB en los años analizados. “Lo anterior equivale a una tasa de incumplimiento tributario de 51,4% en promedio”, subrayó el SII.
El abogado Cristián Vargas, exsubdirector Jurídico del SII, dijo a CIPER que “la situación debe ser investigada, ya que puede implicar varias causas (…). En el marco de estas preocupaciones, la aprobación de la Ley de Cumplimiento Tributario 2024 mandató al SII para crear un Comité Ejecutivo, integrado por el propio director de la institución, el que debe revisar operaciones o aspectos que puedan ser de interés para la institución por su “alto impacto fiscal”.
El académico de la Universidad de Chile, Sergio Endress, planteó a CIPER que la interpretación del SII es debatible.
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