La designación de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU generó un amplio debate en Chile, especialmente en lo que respecta a los pagos que recibe como ex Presidenta de la República.
Asignaciones a ex Presidentes y la controversia
El 14 de agosto, el diario La Tercera publicó una nota sobre una denuncia por malversación contra los ex Presidentes Frei, Bachelet y Lagos, basada en un ítem de traslación dentro de la dieta vitalicia por el cargo que ejercieron.
Desde la fiscalía regional de Valparaíso explicaron: “Recibimos una denuncia por malversación en contra de los ex presidentes Frei, Bachelet y Lagos fundada en que dentro de la dieta vitalicia por el cargo que ejercieron se considera un ítem de traslación, que según el denunciante no correspondería pagar por pandemia debido a que existen restricciones en el desplazamiento”.
El Ministerio Público solicitó información al Senado para establecer las características y condiciones de pago de dicha asignación.
El Senado informó que Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz-Tagle restituyeron a la Tesorería de la Corporación la suma de $ 6.933.184, correspondientes a los gastos de traslación de los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año.
Respecto de Michelle Bachelet, el documento del Senado afirmaba que "solicitó suspender el pago de los recursos destinados a traslación mientras se encuentre fuera de Chile, razón por la que no los percibe”.
Pagos anteriores y posibles delitos
Entre septiembre de 2010 y marzo de 2013, la ex Presidenta recibió -mes a mes- las tres asignaciones para ex mandatarios: una dieta personal (remuneración), un aporte a la fundación presidencial y un monto fijo por traslados.
Precisamente en ese período en que Bachelet -quien actualmente tiene un sueldo cercano a los 135 mil dólares netos anuales como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU- recibía la tercera asignación, bono por traslados, estaba residiendo en Nueva York y contaba con un contrato como directora ejecutiva de ONU Mujeres.
Al revisar los datos de transparencia que publica el Senado, queda claro que Michelle Bachelet recibió de manera constante ese bono durante los cuatro años en que fue ex mandataria durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).
Para el período en que fue la jefa de ONU Mujer percibió casi 50 millones de pesos del fisco chileno por conceptos de traslados, pese a tener un contrato como funcionaria internacional, el que también incluía pagos por estos conceptos.
INTERFERENCIA consultó con varios abogados expertos en temas constitucionales, administrativos y penales respecto de esta situación. ¿Se configura un posible delito por parte de la ex Presidenta?
Las abogadas y abogados consultados opinaron en base a la información entregada por nuestro medio. Todos insistieron en que sus apreciaciones son sólo preliminares, por lo que prefirieron no entregar sus identidades. Sin embargo, hay varios puntos en los que todos concuerdan: no se trata de una mera falta, sino que estos cobros podrían -potencialmente- constituir un delito.
“Lo primero que se me viene a la cabeza es la figura de enriquecimiento sin causa”, afirma un jurista. “Este se da cuando una persona recibe dinero para cierto fin, pero lo destina a otros fines”.
Otro abogado consultado por INTERFERENCIA analizó en mayor detalle el caso, y afirma que es poco probable que se configure el delito de malversación o de fraude al fisco, por cuanto Bachelet no era funcionaria pública chilena en esos momentos. Sin embargo, el experto afirma que, potencialmente, se podría configurar un delito de “obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes”, una figura legal que contempla el Código Penal.
Reacción de la ONU y debate político
La Oficina de Ética de la ONU respondió a las críticas sobre los pagos recibidos por Bachelet, indicando que no consideran la pensión como una remuneración, sino como un derecho que no violaría las normas del personal.
La vocera de la entidad, Florencia Soto Nino-Martínez, aseguró a La Tercera: "La Oficina de Ética no considera que la pensión que recibe la Presidenta Bachelet sea una remuneración, sino un derecho que no violaría las normas del personal".
En Chile, la respuesta de la ONU generó diversas reacciones. Desde el oficialismo, se instó a Bachelet a ser crítica con las dictaduras de izquierda. Desde la oposición, se defendió la legalidad de los pagos, acusando al gobierno de una persecución contra la ex Presidenta.
El diputado del Partido Socialista Manuel Monsalve señaló: "Si la ONU establece que no hay compatibilidad, y que puede seguir percibiendo la asignación que perciben los ex Presidentes de la República en Chile, no veo cuál es el problema, me parece completamente razonable".
Influencia de Bachelet en el gobierno actual
A pesar de su lejanía geográfica con Chile, Bachelet tiene presencia en La Moneda a través de sus cercanos, la cual se ha expandido a propósito de las turbulencias que la administración Boric ha sufrido desde entonces.
Una de las principales redes de Michelle Bachelet se desprende de su fundación Horizonte Ciudadano, creada en 2018, la que, según sus principios, promueve la intervención ciudadana en políticas públicas y las decisiones colectivas.
Desde aquella vereda, Bachelet ha ubicado en el Gobierno de Gabriel Boric a personas cercanas a ella. Tal es el caso de Ana Lya Uriarte (PS), quien era directora de Horizonte Ciudadano hasta hace algunas semanas, y quien es hoy jefa de gabinete de la ministra del Interior, Izkia Siches.
Asimismo, Carmen Domínguez es la actual directora de la Academia Diplomática nombrada por el presidente Boric. Particularmente, antes de asumir en el cargo se desempeñó como jefa de gabinete de la alta comisionada en Ginebra, Domínguez acompañó a Bachelet en Suiza por más de tres años como su colaboradora más cercana.
Desafíos y evaluaciones de su gestión en la ONU
Representantes y especialistas en DD.HH. de distintos países de América Latina y Europa evalúan el desempeño de Bachelet en uno de los cargos más importantes de la ONU. Coinciden en que las dudas iniciales con respecto a esas naciones fueron superadas.
Para Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, “la Alta Comisionada en lo concerniente a Venezuela tuvo una gran repercusión. No solo por el informe, sino por su presencia.
Jessica Corredor, directora del área internacional del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad-Dejusticia, expresa que los cuestionamientos fueron superados “parcialmente”.
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