Entre 2016 y 2019, al menos 29 venezolanos y haitianos fueron víctimas de abusos laborales que podrían constituir trabajo forzado. Los nombres de los trabajadores fueron cambiados en este reportaje para proteger su identidad.
La promesa de un buen trabajo
A mediados de 2018, Paola González llegó hasta el Hotel Raíces, en Curicó, invitada a una reunión para conseguir trabajo. Frente a Paola y otras cien personas, la mayoría venezolanos, Manuel Castillo Maldonado expuso la oferta: cosecharían arándanos en diferentes regiones a partir de septiembre. Ganarían $600 mil en promedio y hasta $1 millón. La propuesta parecía seria, sobre todo porque en la reunión estaba también Antonio Paz Escalona, entonces coordinador del Plan Migrante, del Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial de Curicó.
“A nosotros nos dio una seguridad, pero máxima, imagínese. Dijimos: la pegamos con este trabajo. Vamos a trabajar en un proyecto entre la gobernación y la empresa privada, espectacular". Dicha modalidad tenía que ver con un proceso masivo de ocupación de inmigrantes para la cosecha de arándanos por parte de una empresa contratista: Soluciones Agrícolas SpA.
Entre septiembre y octubre, Paola y otros 21 venezolanos firmaron sus contratos en la oficina de Soluciones Agrícolas, entonces ubicada en Arturo Prat 330, Curicó. Pero, las cosas empezaron a ser distintas a lo que se había expuesto en el Hotel Raíces.
Condiciones laborales engañosas
Los contratos eran todos similares, pero los empleadores variaban. Se leían empresas como Agrícola El Recodo Spa, Servicios De Cosecha Geraldine Alejandra Nilo Cáceres E.I.R.L., Agrícola Paola Molinet Troncoso E.I.R.L. Además, en los contratos el sueldo era solo de $288 mil, el mínimo legal a esa fecha, y no de $600 mil como les habían dicho. Cuentan los trabajadores entrevistados que en la empresa les aseguraron que así pagarían menos impuestos. Convencidos, firmaron.
En octubre de 2018 empezaron las labores, pero al cabo de seis meses todo acabó abruptamente. La oficina de Arturo Prat fue vaciada y abandonada en una noche y Francisco Mendoza Berríos nunca más fue visto por los trabajadores ni por las autoridades. La fiscal a cargo, Marcela Rocha Mella, no se refirió al caso debido a que aún es una investigación reservada.
La definición de trabajo forzado
Sin embargo, la fiscal especializada contra la trata de personas, Carolina Suazo, advierte que para que exista restricción de movimiento “no es necesario que la persona esté encadenada o encerrada”, sino que la víctima “no tiene una posibilidad real de salir de la situación”, ya que está sometida a amenazas que pueden ser variadas, asegura, entre ellas el despido y quedar en una situación migratoria irregular.
Tampoco es requisito que una persona no reciba dinero para que se considere trabajo forzado, dice la fiscal. “En algunos casos puede haber pago”, dice Suazo, puesto que el delito “no dice relación con eso, sino con la forma, calidad, características del trabajo que se le ha exigido (a una persona) en condiciones que no fueron las comprometidas”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define 11 indicadores para identificar el trabajo forzado, entre los que se cuenta la retención de salarios (parcial o total), el engaño, el abuso de vulnerabilidad, condiciones de vida y de trabajo abusivas, además de amenazas y restricción de movimiento.
La experiencia de los trabajadores
Así es justamente como se sentía Claudia Rodríguez, una de las compañeras de trabajo de Paola: “Atrapada”. Y “desde la primera semana, al descubrir que las cosas que me prometieron no eran ciertas”, dice.
Cosechar no fue exactamente el trabajo para el que Paola y el resto de los trabajadores venezolanos fueron llevados a Tilama. La función, en realidad, era “limpiar” los arbustos que ya habían sido cosechados por temporeros haitianos. Limpiar quiere decir revisar las plantas una por una y sacar los pocos frutos rezagados.
En al menos ocho casos identificados, los anexos de contrato establecían que, además del salario mínimo, los trabajadores ganarían un bono de $430 por kilo una vez que alcanzaran la meta mensual de 2.090 kilos. En otras palabras, el bono comenzaría a hacerse efectivo a partir del kilo 2.091. Pero cosechar más de dos toneladas de fruta mensuales es, según productores agrícolas entrevistados para este reportaje, prácticamente imposible.
Para lograrlo, sería necesario cosechar 85 kilos diarios aproximadamente, trabajando de lunes a sábado. Pero, un cosechero con experiencia logra sólo 50 kilos diarios, explica una productora de arándanos que ha preferido resguardar su identidad. Así, los contratos estaban redactados de tal manera que nunca un trabajador accedería al bono de producción.
Condiciones de vida precarias
En muchos casos, el poco dinero sólo les permitió comprar comida. Las condiciones de vida tampoco eran las acordadas. Alojaron en Quilimarí, a una hora del fundo Tilama. “Una casa de tres habitaciones era para 14 personas”, cuenta Paola. Se acomodaron apretados en literas de tres, pero quien dormía en la parte superior sentía el cielo encima. Los que no cupieron en los dormitorios, se instalaron en el living.
Desde 2016, el aumento de la migración abrió un lucrativo negocio para los intermediadores de mano de obra agrícola que fue explotado por Francisco Mendoza Berríos y sus socios, llegando a constituir una red de 23 empresas contratistas.
Aunque no entendían las leyes laborales chilenas y tampoco conocían sus derechos, según cuentan, sabían que “lo más importante” era tener un contrato para poder solicitar visa. Al igual que los venezolanos, pensaron que la oferta era perfecta: el trabajo les proporcionaba vivienda, comida, transporte, salarios superiores al mínimo y, sobre todo, acceso a un estatus migratorio regular.
Los primeros fundos en los que trabajaron fueron Huanilla, de Agrícola San Clemente Limitada; y Tamaya, de Agrícola Cerrillos de Tamaya S.A., ubicados en Montepatria y Ovalle, respectivamente. Jean Baptiste recuerda el mes en que recibió más dinero: junio de 2018. Ganó $380 mil, pero eso fue excepcional, asegura, ya que muchas veces ni siquiera recibió los $270 mil que estipulaba su contrato.
Por cada balde con mandarinas recibían $300 por parejo, sin importar la cantidad de fruta: “Los baldes no se pesaban”, dice Jean Baptiste, aunque debían llenarlos lo máximo posible. Agrega que los días en que no se trabajaba, porque llovía o porque las faenas aún no comenzaban, simplemente no se pagaban: “Hubo veces en que por 22 días o 24 días seguidos no hubo trabajo y no nos pagó”.
“Si no hay trabajo no es culpa nuestra (…). Dormían en contenedores y algunos en casas de Ovalle que no siempre tenían agua caliente o electricidad. La comida, preparada en cocinas insalubres improvisadas en los campamentos junto a los baños y con poca agua, era para haitianos y venezolanos la misma todos los días: café o té y un trozo de pan para el desayuno; pasta y arroz de almuerzo y cena.
Claudia pensó que al recibir su primer pago podría tomar una decisión, “pero no fue así, porque también me habían mentido (respecto a las condiciones del contrato)”, cuenta. Además, no les dejaban firmar el libro de asistencia y las horas extras, que eran diarias, no las pagaban. Durante esos meses en Tilama, Claudia no podía dormir por las noches y lloraba constantemente. “Las limitaciones económicas derrumbaron las esperanzas de traer a mi hijo y mi madre que estaban en Venezuela”, cuenta.
Amenazas y peligros
“Todos vimos cuando una haitiana que pasaba se cayó y se rompió las piernas”, recuerda Paola. El accidente ocurrió en un sector del fundo Tilama donde la pendiente del cerro era particularmente empinada. “Tuvimos que bajar gateando”, cuenta. Al presenciar el accidente, Paola y otros trabajadores ya no quisieron subir.
“Bajamos al bus”, cuenta Oscar Díaz, pero “el supervisor fue a buscarnos y nos amenazó. Nos dijo que si no volvíamos a subir nos iba a echar”, dice. Más de 30 personas entrevistadas dicen haber experimentado amenazas mientras trabajaron para Mendoza. Fabiola Altidor, quien llegó de Haití en enero de 2018 para trabajar directamente con Mendoza, sufrió al menos dos amenazas de despido debido a condiciones de salud. Una de ellas ocurrió en el fundo Tamaya.
Con fuertes dolores de estómago, abandonó el predio para dirigirse al hospital de Ovalle, a unos 30 kilómetros. Ser despedido implicaba, en primer lugar, detener el proceso de obtención de visa sujeta a contrato (la que todavía estaba siendo tramitada) y frustrar la obtención de la denominada “Permanencia Definitiva”, con la cual se puede residir indefinidamente en el país.
Ese estatus migratorio es, en la mayoría de los casos, el anhelo de los trabajadores extranjeros, pero deben cumplir dos años seguidos de visa sujeta a contrato con el mismo empleador. Para todos los trabajadores entrevistados, irse no era una opción.
“Él siempre decía que si cambiábamos de trabajo nadie iba a tener su residencia permanente”, cuenta Bernard Sanon, uno de los haitianos. Las amenazas llegaron incluso a la violencia física.
Herold Guillaume, haitiano, quien trabajaba para Francisco Mendoza desde 2016, recibió un día, mientras cosechaba en Tilama, un llamado de emergencia de su mujer, Judith. Ella estaba embarazada y se alojaba, junto con otras tres ex temporeras en la misma condición, en una casa en Ovalle. La dueña de la casa había cortado el agua, el gas y la electricidad. Según Herold, Francisco Mendoza no había pagado el arriendo hacía varios meses, a pesar de que mensualmente descontaba para ese fin $100 mil del sueldo de cada uno de los futuros padres.
Ante la situación, Herold decidió partir de inmediato a Ovalle, pero el supervisor Roberson consideró que no tenía derecho a abandonar el fundo. -Les dicen “mira, tú no tienes donde vivir, no hablas el idioma, así que sigue conmigo y yo me voy a encargar de hacer que te den una visa y ahí te puedes ir (…), si te vas no podrás efectuar los trámites migratorios para regularizarte”.
Valles del Sur, propietaria del fundo Tilama, aseguró mediante un correo electrónico que no estaban al tanto de lo descrito debido a que “la relación de nuestra empresa es con el supervisor del prestador de servicios y no con sus trabajadores directamente”. En su respuesta, la empresa agregó que “siempre estamos pendientes de que se mantenga un ambiente normal y adecuado de trabajo” e informó que “en 2019 terminamos nuestra relación con el Sr. Mendoza, ya que nuestros protocolos internos detectaron incumplimientos de su parte en algunos pagos de remuneraciones (…). Esta situación, además de dar término a esta relación, nos llevó a asumir y efectuar nosotros el pago de remuneraciones adeudadas”.
Agrícola San Clemente Limitada y Agrícola Cerrillos de Tamaya S.A. no respondieron nuestras preguntas. Tampoco lo hizo Manuel Castillo Maldonado y fue imposible contactar a Francisco Mendoza Berríos. Lo llamamos a distintos números de teléfono de diferentes empresas, pero ninguno contestó y algunos ya ni siquiera existen.
El sur: un déjà vu del norte
Si la experiencia de Tilama fue frustrante, faltaba lo peor para Paola y otros 18 venezolanos y diez haitianos entrevistados que decidieron seguir con Mendoza luego de que acabara la temporada en el norte. Para entonces habían firmado una “Modificación de Contrato” que establecía que ahora el mandante -es decir donde se llevaría a cabo la cosecha-, sería Agrícola Los Robles Limitada, propietaria de fundo El Arrayán, ubicado a unos cinco kilómetros de Purranque (Región de Los Lagos).
Algunos venezolanos que habían trabajado en Tilama rechazaron la oferta y se devolvieron a Curicó. Quienes sí firmaron -unas 200 personas, según los testimonios-, recibieron todo tipo de disculpas y promesas: “En el sur todo será diferente”, recuerdan que les decían. Todos necesitaban el empleo y alojamiento, porque no tenían dinero para comenzar en otro lugar. En Los Lagos, las cosas resultaron ser un deja vu del norte, aunque las condiciones habitacionales esta vez fueron peor.
Los más afectados se quedaron en 20 contenedores instalados cerca del predio y en donde “al principio no había nada, ni cocina ni baños”, explica una trabajadora. Los primeros días debían bañarse con baldes de agua, incluso a la intemperie. Luego instalaron seis duchas unisex con cortinas transparentes para un total de 94 trabajadores. No había comedor, y se cocinaba junto a los baños químicos, los que se limpiaban una vez a la semana. “Tengo amigos que vivían allí y me decían que era terrible.
Inspecciones y sanciones
En febrero del 2019, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno se presentó en el campamento. El organismo detectó que las distintas empresas -Soluciones Agrícolas SPA, Servicios Agrícolas El Maule SPA, Agrícola Nilo SPA, Servicios San Cristóbal SPA, Servicios de Cosechas Nilo SPA, Paola Andrea Molinet Troncoso Servicios de Cosecha EIRL- estaban relacionadas entre sí. Lo mismo advirtió más tarde el Juzgado de Letras del Trabajo de Curicó, al asegurar que las empresas constituyen una unidad económica, ligadas por idénticos representantes legales o por los mismos socios. Algunas están conectadas porque sus dueños son familiares y todas tienen una dirección laboral común.
Todas fueron sancionadas por incumplir normas sanitarias al “no proveer condiciones mínimas de campamento”. Los temporeros trabajaban desde las 8:30 hasta las 20:30 y solo tenían 30 minutos para almorzar. Así lo precisan también las demandas laborales que más tarde algunos trabajadores interpusieron contra las empresas de Mendoza. Además, varios temporeros aseguraron que tenían prohibido poner la hora de entrada y de salida en el libro de asistencia.
Los domingos y festivos también se trabajaba. Las largas jornadas se sucedían cosechando sin guantes, sin gorros y sin protección solar. Al final del mes no se informaba respecto de la cantidad de kilos recogidos y los trabajadores recibían montos aparentemente aleatorios y bajos, sin que se les detallara cómo se habían calculado, más la promesa de que lo adeudado se pagaría “después”.
Respecto de las leyes sociales, la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno constató que no eran pagadas correctamente y en algunos casos, como en el de Paola, nunca fueron canceladas. En medio de todo este escenario, las amenazas de despido se intensificaron: “Empezó [el supervisor] a hacernos amenazas individuales. Si no hacíamos 10 cajas [de arándanos] en el día, nos iban a despedir. Al día siguiente hicimos 12 cajas, [y dijeron que] si no hacemos 14 cajas, nos despedirán. Al día siguiente, si no hacemos 15 cajas, nos despedirían”, dice un entrevistado.
Incluso, el agua parecía ser entregada a regañadientes: “Todos los días gritábamos ‘y el agua y el agua’, y el agua tardaba en llegar. Pero un día eran como las cuatro de la tarde y no habían traído agua. Para los trabajadores entrevistados la situación era “una locura.
Agrícola Los Robles aseguró que los primeros dos años con el contratista se desarrollaron “sin ningún tipo de problema”, pero que “en el tercer año, al finalizar la cosecha, nos dimos cuenta que la empresa comenzó a tener irregularidades laboral...
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