El sistema de asignaciones parlamentarias en España ha sido objeto de debate y escrutinio público, especialmente en lo que respecta a los fondos destinados a remunerar a asesores y personal de apoyo. Estas asignaciones mensuales por cada diputado suman una cantidad considerable, lo que ha generado preguntas sobre la transparencia y el control en su utilización.
Asignaciones y su Distribución
Los diputados reciben una cifra global de dinero, de la cual una parte significativa se administra sin control aparente. Solo una porción de este monto está sujeta a rendición de cuentas, desglosada en asignaciones específicas para remuneraciones de secretarios y asesores, arriendo de sedes y telefonía, y bonos por extensión de jornada.
La falta de fiscalización sobre cómo se gastan estos fondos ha sido una preocupación constante. Por ejemplo, la Cámara no verifica si las asesorías se realizan efectivamente o si su calidad corresponde a lo que se paga por ellas. Tampoco se controla si los inmuebles arrendados como sedes cumplen con ese rol o si su propiedad está relacionada con el parlamentario.
El sistema de fiscalización se basa en la responsabilidad del diputado de administrar correctamente el dinero, pero la Cámara actúa principalmente como una "caja pagadora" sin asumir responsabilidades directas. Esto deja el buen uso del dinero público sujeto a un acto de fe.
Gastos Totales en Asignaciones
Las asignaciones mensuales por cada diputado suman una cantidad considerable. Si se multiplica esa cifra por el número de escaños y los meses del año, la suma anual del gasto en asignaciones es significativa. A esto se añade lo que la Cámara gasta en secretarios y asistentes de los comités parlamentarios, así como en asesorías legislativas externas encargadas por los diputados.
¿Cuánto gasta en total la Cámara en servicios para apoyar la labor de los parlamentarios?
Las asignaciones mensuales por cada diputado suman $ 8.503.596. Si se multiplica esa cifra por los 120 escaños y los 12 meses del año, la suma anual del gasto en asignaciones se eleva a $ 12.245.178.240. Pero no es esa la cifra final. Falta lo que la Cámara gasta en secretarios y asistentes de los siete comités parlamentarios (UDI, RN, PDC, PS, PPD, PRSD e Independientes). Al año, el gasto global en comités es de $ 184.241.904. De esta forma, la cifra del gasto público para mejorar la calidad de la labor parlamentaria asciende anualmente a $ 12.429.420.144.
Al finalizar el año, habrá que sumar también lo que gasta la Cámara en asesorías legislativas externas, que son pagadas directamente por la corporación pero encargadas por los diputados.
Irregularidades y Casos Notables
La falta de control ha dado lugar a irregularidades y casos que han llegado a la fiscalía. Estos casos incluyen el pago de asesores con fondos que posteriormente eran depositados en cuentas de los parlamentarios, así como el autoarriendo de sedes parlamentarias.
- Diputada Claudia Nogueira (UDI): Pagaba a dos asesores una suma total cercana a $ 1,8 millón, cantidad que posteriormente era depositada en una cuenta de la parlamentaria y su esposo.
- Diputado Maximiano Errázuriz (RN): Realizó autoarriendos, lo que generó una investigación del Ministerio Público.
El Bono por Extensión de Jornada
Existe un bono en compensación por la extensión de jornada del personal contratado por los diputados. Sin embargo, no todos los diputados pagan este bono de la misma manera. Algunos lo pagan sagradamente como tres sueldos brutos extra al año, mientras que otros lo prorratean en los 12 sueldos mensuales.
-Sólo hay 15 diputados -dice el asesor- que pagan sagradamente ese bono tal como se definió originalmente: tres sueldos brutos extra que se pagan en marzo, septiembre y diciembre. El resto lo paga prorrateándolo en los 12 sueldos del año.
Conflictos de Interés y Financiamiento de Partidos
En las nóminas de asesores y secretarios de los diputados, se han encontrado casos que llaman la atención, como la inclusión de funcionarios de partidos políticos y consejeros regionales. Esto plantea interrogantes sobre el límite entre pagar una asesoría y financiar al partido.
El diputado del PRI Jaime Mulet, tiene 13 asistentes. Entre ellos figuran el prosecretario general del PRI (Jorge Brito); la coordinadora juvenil del PRI (Daniela Campos, asesora además del Comité PRI y de los diputados Araya, Olivares y Sepúlveda); un consejero regional representante del PRI en el gobierno regional de Atacama (Jaime Cruz); la concejal del PRI por Caldera (Soledad González).
Incluso, algunos diputados han admitido ceder pasajes aéreos asignados para su labor legislativa a delegados de sus partidos, argumentando que es una forma de financiar la actividad política ante la falta de una ley de financiamiento a los partidos.
Las Asesorías Externas
Más de $6.000 millones de pesos -casi US$11 millones-, es lo que gastaron los diputados en los últimos dos años para pagar asesores a honorarios. Este ítem del presupuesto de la Cámara, destinado a contratar “asesorías legislativas externas”, se incrementó exponencialmente a contar de 2012. Y creció nada menos que diez veces, al pasar de $2,25 millones anuales por diputado, a $25 millones.
CIPER revisó en detalle los archivos de la Cámara que registraron el pago de 1.613 contratos de asesorías externas solicitadas por los diputados entre 2012 y 2013. En 2012 los diputados gastaron un total de $2.914.119.591. En 2013, la cifra se estiró a $3.112.105.794.
Además de los $25 millones anuales dispuestos para cada uno de los 120 diputados, también se entrega a cada bancada un monto de $257 mil mensuales por parlamentario.
Las entidades que cobraron más dinero por asesorías externas en 2012 y 2013 fueron la Fundación Jaime Guzmán, con un total que superó los $451 millones, Visión Legislativa y Parlamentaria y Compañía Limitada con $275,8 millones y la sociedad comercial Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (Celap), con $215 millones.
En la cúspide del ranking de las personas naturales que han recibido más dinero por asesorías externas, se ubica el abogado Marco Zepeda Risso, quien ha cobrado un total de $62,3 millones en los últimos dos años.
Nuevas Medidas de Fiscalización
Ante las denuncias de irregularidades, se han adoptado medidas para reforzar la fiscalización. Se ha creado un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, integrado por personas externas al Congreso, que determinará el monto de las asignaciones y los criterios para su utilización.
El Congreso tendrá también un Comité de Auditoría Parlamentaria, el que vigilará los gastos de los parlamentarios y los comités. Se obligará por ley a la existencia de una Comisión de Ética o Conductas Parlamentarias y Transparencia. También se dotará de personalidad jurídica a los comités parlamentarios, que podrán contratar personal, bienes y servicios.
Tabla Resumen de Gastos en Asesorías (2012-2013)
| Entidad | Monto Total (Aproximado) |
|---|---|
| Fundación Jaime Guzmán | $451 millones |
| Visión Legislativa y Parlamentaria y Compañía Limitada | $275,8 millones |
| Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (Celap) | $215 millones |
A pesar de estas medidas, la eficacia del nuevo sistema de control sigue dependiendo en gran medida de la "buena fe" de los parlamentarios y de la capacidad de la Cámara para verificar que las asesorías se realicen efectivamente y que los recursos públicos se utilicen de manera transparente y responsable.
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