Con 41 votos a favor y una abstención, la Sala del Senado aprobó y despachó a cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados la reforma constitucional que busca fijar por ley las dietas parlamentarias y las remuneraciones de autoridades de exclusiva confianza del Presidente de la República.

Establecimiento de Límites Remuneracionales

La iniciativa establece que dentro de 30 días de publicada la ley, el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) deberá rebajar las remuneraciones de los ministros de Estado y de los parlamentarios. Dentro de 60 días, deberá rebajar el sueldo de las demás autoridades políticas de confianza del Presidente de la República, en un porcentaje que se determinará en base a parámetros técnicos como la escala única de remuneraciones.

Esta rebaja que aplicará el Consejo de Alta Dirección Pública regirá hasta que se cree una comisión especial -regulada por una Ley Orgánica Constitucional- la que deberá fijar las remuneraciones de ministros, parlamentarios, subsecretarios, jefes superiores de servicio, gobernadores regionales, delegados presidenciales, delegados presidenciales provinciales y funcionarios de exclusiva confianza de carácter político.

También deberá precisar las remuneraciones del intendente y gobernadores. También se fijarán criterios para el personal a honorarios que asesora directamente a las autoridades gubernativas o que tienen un cargo de perfil político.

La comisión permanente estará integrada por un ex consejero del Banco Central, un ex Ministro de Hacienda, un ex presidente de una de las dos ramas del Congreso, un ex director nacional del Servicio Civil y un ex Contralor o Subcontralor general de la República, nombrado por el Presidente de la República con el acuerdo de los 2/3 del Senado.

Del mismo modo, se establece que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado. La dieta será fijada cada 4 años con a lo menos 180 días de anticipación al término de un período presidencial.

Debate en el Senado

Durante el debate en Sala, se destacó el acuerdo alcanzado por la Comisión, pero algunos senadores plantearon que se podría haber aprovechado la oportunidad de hacer un pronunciamiento generalizado sobre la totalidad de la estructura de remuneraciones del Estado, incluyendo al Poder Judicial Ministerio Público, y las empresas estatales, entre otras.

Del mismo modo, señalaron que la fórmula de entregar a una comisión técnica la definición de las remuneraciones es lo óptimo, pues no puede ser el Parlamento el que fije esa cifra, y además entrega garantías de que se van a fijar remuneraciones acorde a la labor que se está ejerciendo.

Algunos legisladores recordaron que la idea de rebajar las dietas tiene su origen en la desigualdad de remuneraciones que existe en el país, otras voces advirtieron una "campaña sistemática de desprestigio institucional". No obstante, también hubo argumentos que abordaron esta materia desde la perspectiva más histórica puesto que ha sido un tema de debate en diversas constituciones a lo largo de la República.

Las masivas protestas y el cuestionamiento al mundo político consiguieron que el Congreso Nacional apurara la tramitación de la iniciativa presentada en 2014 por los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric que busca reducir las dietas parlamentarias en un 50%.

Reacciones Parlamentarias

Diversos parlamentarios expresaron sus opiniones sobre el proyecto:

  • Felipe Harboe: "Nos pareció importante que sea un organismo externo y no nosotros los que fijen el monto de la dieta."
  • David Sandoval: "Es importante hacer una revisión más amplia de toda la administración del Estado."
  • Alfonso De Urresti: "Tenemos que dar una señal de austeridad y colaboración."
  • Juan Antonio Coloma: "Hubiera encontrado razonable un cambio más profundo de toda la administración del Estado."
  • Isabel Allende: "Es bueno que una comisión de alto nivel ajena al Parlamento fije las remuneraciones."
  • Ena Von Baer: "Cuando un Poder del Estado se debilita ante los demás en el largo plazo es un problema para la democracia."
  • Pedro Araya: "Deben revisarse en su conjunto las remuneraciones de todo el sector público."
  • Carmen Gloria Aravena: "Nos debemos enfocar en cómo somos capaces de transparentar el enorme trabajo que hace el Parlamento ante la ciudadanía."
  • Víctor Pérez Varela: "Nos hicimos cargo de un proyecto deficiente y es el mejor camino que podemos tener en el escenario político que estamos viviendo."
  • Carlos Montes: "Estoy convencido desde siempre que la dieta debió haber sido inferior, porque hay demasiado desequilibrio con el resto de la sociedad."
  • Francisco Huenchumilla: "Este proyecto se refiere al mundo político en sus dos partes: los electos y los de confianza. El resto tendrá que someterse a un debate más amplio."
  • Juan Castro: "Se debe ver cómo esta comisión define una dieta con parámetros internacionales o de la OCDE."
  • José Miguel Insulza: "Apoyo este proyecto, pero la percepción no va a cambiar mientras no mejore lo que estamos haciendo ante la ciudadanía."
  • José Miguel Durana: "Nadie en el sector público, descentralizado o no descentralizado, puede ganar más que el Presidente de la República."
  • Carlos Bianchi: "Me parece bien que tengamos la dignidad de decir que lo que recibimos como dieta es muy por sobre lo que las personas en general tienen por renta de sueldo."
  • Jaime Quintana: "El Chile que vamos a tener después de esta pandemias será muy distinto y es ofensivo tener remuneraciones de este tipo."
  • Yasna Provoste: "No me parece bien que exista una diferencia tan abismante entre los sueldos más bajos y mas altos de la administración pública."
  • Álvaro Elizalde: "Hay que dar una señal clara de que la política es una actividad de servicio público. Debemos dar el ejemplo para recuperar el prestigio."
  • Manuel José Ossandón: "Tenemos que hacer un ahorro general, no solo autoridades sino como funcionamos en forma interna."
  • Ricardo Lagos Weber: "Es muy importante tener esta revisión de la dieta parlamentaria y también de la duración de los períodos de reelección."
  • Juan Ignacio Latorre: "Creemos que es importante dar una señal a la ciudadanía de una rebaja inmediata a la dieta parlamentaria y proponemos el 50% de la dieta."
  • Rodrigo Galilea: "Creo que va a ser dificil que se fije una renta que venga a satisfacer la pretensión popular de bajarnos a la mitad las remuneraciones."
  • Alejandro Navarro: "Voy a votar a favor pero podríamos haberlo hecho antes..."

Modificaciones y el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP)

Con los cambios que introdujo el Senado, se definió que a futuro deberá crearse una comisión especial que fije cada cuatro años las rentas de diputados, senadores, Presidente de la República, de los funcionarios de la exclusiva confianza del mandatario, de gobernadores y de sus respectivos asesores.

CIPER indagó en los vínculos políticos de los miembros del CADP: casi todos están ligados a un sector o partido político y sus trayectorias profesionales en gran medida han estado determinadas por sus nexos con esos grupos. Ya el mecanismo por el que fueron nombrados plantea un posible conflicto de interés: el presidente del CADP es designado directamente por el Presidente de la República (quien en cualquier momento puede pedirle la renuncia), mientras que los restantes consejeros son propuestos por La Moneda y ratificados por el Senado.

Es decir, ahora deberían definir la rebaja de los sueldos de quienes los propusieron y ratificaron en sus cargos.

Las modificaciones hechas por el Senado al proyecto original incluyeron una recomendación al Consejo de Alta Dirección Pública: tener en cuenta la escala única de sueldos del Estado al momento de fijar la rebaja. Esto podría complicar la decisión, ya que existe una ley que impide que un jefe de servicio gane más que un subsecretario, por lo que si la rebaja es relevante podría causar una ola de disminución en todas las remuneraciones de la administración pública.

Figuras Clave en el CADP

Algunos de los integrantes del CADP y sus vínculos políticos incluyen:

  • Cristina Orellana: Ex vicepresidenta de la DC, con trayectoria en gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría.
  • Eduardo Riquelme Portilla: Abogado con estrechos vínculos con RN, habiendo sido subsecretario de Pesca y asesor parlamentario.
  • Bettina Horst Von Thadden: Directora de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo, ligada a la UDI.
  • Eduardo Abarzúa Cruz: Psicólogo y decano de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, representando a sectores de centroizquierda.

Posibles Complicaciones en la Implementación

Una de las modificaciones relevantes al proyecto de ley introducida por los senadores fue el acápite que agregaron en el apartado que regula la rebaja transitoria de la dieta de parlamentarios y ministros: “El Consejo de Alta Dirección Pública reducirá la última remuneración percibida por las autoridades ya mencionadas, en el porcentaje que su estudio lo justifique.

Ese texto complica al Consejo de Alta Dirección Pública, porque podría fijar una barrera a la rebaja de las dietas de los congresistas. Existe una ley (la 19.882) que impide que un jefe de servicio gane más que un subsecretario. Como las dietas de los parlamentarios van aparejadas a las de los ministros, si el CADP estableciera una rebaja de un 5% de la dieta parlamentaria provocaría una rebaja en los ingresos de los ministros y, por consiguiente a los subsecretarios.

Por ejemplo, el sueldo de jefe de servicio más alto de la administración pública es el de Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos: $8,7 millones brutos, según el registro de Transparencia del SII. Esa cifra es la misma que recibe su superior, el subsecretario de Hacienda, José Moreno. Si los consejeros aplicaran una rebaja del 5% de la dieta parlamentaria, bajaría la remuneración de los ministros. Y, por ende, la de los subsecretarios. El sueldo del subsecretario Moreno sería $435 mil más bajo que el del director del SII.

Por lo demás, una de las misiones del CADP es garantizar las “condiciones de desempeño”, incluidas las remuneraciones, de quienes acceden a los más altos cargos del servicio público a través del sistema de Alta Dirección Pública. Por lo mismo, no podrían establecer rebajas que afecten los ingresos de los funcionarios que ellos mismos han seleccionado para desempeñarse en entidades públicas.

Esto quedó claro en una presentación realizada por el CADP ante la Comisión de Constitución de la Cámara el 20 de noviembre pasado. Eduardo Abarzúa, uno de los consejeros del CADP, difundió una carta la semana pasada en la que manifestó sus reparos a la modificación introducida por el Senado al proyecto de rebaja de las dietas parlamentarias.

A juicio de Egaña “ponerle esta función al Consejo de Alta Dirección Pública es una distorsión bien grande, es altamente inconveniente. Es un consejo que ya se ha politizado demasiado en este gobierno, ha ido perdiendo esa distancia que fue muy difícil de construir, respecto del poder político y del Ejecutivo.

El consejo está instalado para evaluar la idoneidad de candidatos para ciertas funciones.

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