El sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Chile ha sido durante décadas objeto de debate público debido a su impacto en las pensiones de los trabajadores. Este modelo de capitalización individual, instaurado en 1981, busca que los aportes mensuales de los trabajadores sean invertidos en el mercado de capitales para generar rentabilidad y financiar una pensión en la etapa de jubilación.
Para dimensionar el problema de pensiones en Chile, es clave conocer las tasas de reemplazo. Un concepto clave para evaluar un sistema de pensiones es la tasa de reemplazo, definida como el porcentaje del sueldo que el trabajador recibe como pensión tras jubilarse. Un informe reciente de la OCDE calcula la tasa de reemplazo promedio que pueden esperar los actuales trabajadores en 44 por ciento. Esta incluye la mejora que significó la Pensión Garantizada Universal.
Desafíos del Sistema de Pensiones
Entre los principales desafíos del sistema, López destacó la baja productividad de los cotizantes, que limita su capacidad de ahorro, la inercia para mantenerse en AFP con comisiones altas y el aumento de la esperanza de vida. La reforma al sistema de pensiones busca abordar estos problemas.
El sistema privado de pensiones tiene fallas estructurales, las cuales se encuentran en el mercado del trabajo. Este mercado se caracteriza por la inestabilidad laboral, los bajos sueldos, el rechazo al trabajo de las mujeres, etc. Estos problemas han sido silenciados por las AFP y por sus partidarios. Aquí ha operado un efecto path dependence que agrava la crisis del sistema de pensiones y hace cada vez más difícil su reforma. Los intereses económicos involucrados se han fortalecido con el paso del tiempo, aumentado su resistencia al cambio.
Además, tiene una débil legitimidad ante la sociedad, porque reciben una baja confianza de la ciudadanía. Peor aún, las AFP se ubican entre las instituciones que reciben la menor confianza ciudadana. Las AFP tienen un tercer problema político: administran con amplia autonomía los fondos de pensiones, que han alcanzado una gigantesca dimensión, superior al PIB. Ante esta ausencia del Estado, se ha consolidado un enorme poder económico y político en una industria altamente concentrada en solo seis AFP: Habitat, Provida, Cuprum, Capital, Planvital y Modelo.
El Rol del Riesgo de Mercado en el Sistema de AFP
Uno de los pilares fundamentales del sistema es la inversión en mercados financieros, lo que implica una exposición inherente a la volatilidad y los ciclos económicos. Aunque esta estrategia puede generar altos rendimientos en periodos de bonanza, también enfrenta caídas significativas durante crisis económicas, afectando el saldo acumulado en las cuentas individuales.
Desde una perspectiva de teoría financiera, la diversificación busca mitigar riesgos, pero no los elimina por completo, especialmente frente a choques sistémicos en el mercado de valores. Por ejemplo:
- Crisis financieras globales como la del 2008 y la pandemia de COVID-19 han generado pérdidas importantes en los fondos previsionales, reduciendo los saldos acumulados y, por ende, las pensiones proyectadas.
- La disminución estructural de las tasas de rentabilidad en los mercados financieros internacionales, influenciada por factores como tasas de interés bajas, la desaceleración económica global y avances de la crisis climática, ha agravado esta situación.
El sistema, al depender exclusivamente del desempeño del mercado, expone a los trabajadores a un riesgo financiero que no controlan, transformando el ahorro previsional en una suerte de inversión especulativa obligatoria en el mercado de capitales internacional.
Evidencia del “Fracaso” del Sistema
Los resultados del modelo de AFP han demostrado que, para una gran parte de los jubilados, las pensiones entregadas no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Según datos recientes:
- El promedio de las pensiones autofinanciadas es significativamente inferior al salario mínimo y a la línea de pobreza en el caso de las mujeres.
- Un porcentaje importante de trabajadores que cotizan regularmente durante su vida laboral obtiene pensiones que representan menos del 25% de su último sueldo.
Esto lleva a una brecha entre las expectativas y la realidad, derivada no solo de factores como la informalidad laboral y la baja densidad de cotizaciones, sino también del diseño mismo del sistema, que transfiere el riesgo financiero completamente al cotizante o mejor dicho a la clase trabajadora, no a los grandes capitales, ellos utilizan estos recursos para hacer grandes negocios, sin asumir grandes riesgos.
Las Reformas y sus Limitaciones
A pesar de las reformas propuestas y los esfuerzos por introducir un componente de solidaridad intergeneracional (2.5% con la actual reforma) o aumentar las cotizaciones, estos ajustes no abordan el problema estructural del riesgo de mercado. Un ejemplo reciente es el impacto de la volatilidad en los multifondos (A al E), donde los más expuestos al mercado de renta variable (A, B y C) han mostrado pérdidas significativas en momentos de crisis económica y actuales pandemias. Este fenómeno refuerza la percepción de que el sistema no garantiza estabilidad ni predictibilidad para los pensionados.
Una Reflexión Sobre la Teoría Financiera
Desde la perspectiva de la gestión del riesgo, el sistema de AFP no cumple con los principios básicos de protección social, ya que:
- No garantiza un nivel mínimo de ingresos en la jubilación, dejando a los individuos expuestos a los vaivenes del mercado nacional e internacional.
- La lógica de maximización de rentabilidad, que beneficia principalmente a las administradoras, no se alinea necesariamente con los objetivos de seguridad y estabilidad que requiere un sistema previsional.
En un marco teórico, las pensiones deberían ser tratadas como un activo de bajo riesgo, similar a un bono gubernamental, que permita estabilidad y previsibilidad a largo plazo. Sin embargo, en el sistema chileno, los ahorros previsionales se manejan como si fueran instrumentos de renta variable, donde el retorno esperado es incierto.
Propuestas de Reforma y Desafíos Pendientes
La principal propuesta para mejorar las pensiones es subir las cotizaciones, con un aporte de los empleadores de 6 por ciento de las remuneraciones. Las diferencias están en el destino de este incremento. El Gobierno propone que 2 por ciento vaya a las cuentas individuales. Cabe notar que parte de este monto sería en proporción al salario promedio de todos los cotizantes, no al salario de cada trabajador, lo que constituye un elemento solidario al interior de una cohorte de trabajadores (solidaridad intrageneracional).
Del 4 por ciento restante, cerca del 3 por ciento del salario se destinaría a mejorar las pensiones de los actuales jubilados (esto se conoce como solidaridad entre generaciones o intergeneracional) y el resto a medidas pro-mujeres (sala cuna y compensación por una expectativa de vida mayor).
Un segundo grupo de propuestas tiene por objetivo mejorar la eficiencia de la provisión de pensiones. Estas incluyen separar las actividades de soporte (afiliar, recaudar y pagar pensiones) de la actividad de invertir los fondos. Tal como sucede hoy con el seguro de cesantía, la actividad de soporte la podría realizar un ente privado, seleccionado vía licitación. Esto ahorraría costos y reduciría comisiones, permitiendo además la entrada de muchos más oferentes para invertir los fondos.
Para mejorar la competencia y reducir las comisiones de administración de los fondos de pensiones, hubo consenso técnico sobre la ventaja de licitar paquetes de afiliados. La propuesta del Ejecutivo sigue esta línea, planteando la licitación de grupos de hasta un 10% de los usuarios, con la opción de que estos puedan desistir libremente o cambiarse a otra institución en cualquier momento.
A pesar de los importantes consensos alcanzados, en gran medida gracias al apoyo técnico, todavía persisten importantes vacíos que resolver en el diseño de la reforma de pensiones. Además, hay dos cuestiones clave en las que es necesario avanzar. En primer lugar, un tema crucial que ha quedado en gran medida fuera del debate es la necesidad de aumentar la edad de jubilación.
Chile, con una de las edades de retiro más bajas de la OCDE, enfrenta un desafío demográfico considerable, especialmente dado que su esperanza de vida es comparable a la de países desarrollados. En segundo lugar, Chile enfrenta el gran desafío de abordar de manera efectiva la informalidad laboral. En promedio, solo cerca del 50% de los trabajadores cotiza en seguridad social. Para superar este obstáculo, se necesitan políticas integrales que no solo incentiven la formalización, sino que también fomenten un entorno laboral que facilite y promueva la cotización regular.
Tasas de Reemplazo y Años de Cotización en Chile
A principios de este año, la Superintendencia de Pensiones (SP) junto con la Dirección de Presupuesto (DIPRES) publicaron un informe en el que se calcularon las tasas de reemplazo del sistema previsional chileno, con proyecciones basadas en distintos escenarios futuros (SP y DIPRES 2024). Este indicador resulta clave para medir uno de los objetivos principales del sistema de pensiones: mantener un nivel de consumo estable al pasar de la vida laboral a la jubilación.
Los resultados reafirmaron lo que se había señalado previamente: las tasas de reemplazo en Chile no son bajas (Ugarte y Vergara 2022), sobrepasando el 100% en los sectores de ingresos más bajos. Para aquellos jubilados más recientes, que se retiraron entre 2015 y 2022 con salarios más altos, en un contexto marcado por la crisis económica y los retiros de los fondos previsionales, la tasa de reemplazo promedio es del 63% (62% para mujeres y 65% para hombres).
Sin embargo, el estudio también revela una tendencia preocupante: debido a la PGU, las tasas de reemplazo disminuyen a medida que se acumulan más años de cotización, con una reducción más pronunciada en el caso de las mujeres. La Comisión Técnica de Pensiones (2024) calculó que los pensionados con 10 o más años de cotización tienen tasas de reemplazo cerca de 20 puntos porcentuales menores al grupo con menor participación en el sistema.
Edad de Jubilación y Esperanza de Vida en Países de la OCDE
En la última década, ha quedado claro que enfrentar los desafíos de una población que envejece rápidamente requiere una revisión integral de las políticas de pensiones. Un factor clave ha sido el notable aumento de la esperanza de vida: En 2022, la esperanza de vida a los 65 años en los países de la OCDE promedió 83 años para los hombres y 86,2 años para las mujeres.
En la evidencia comparada, una de las reformas más recurrentes para garantizar la sostenibilidad del sistema, en un contexto de envejecimiento poblacional y aumento de la esperanza de vida, es el aumento progresivo de la edad de jubilación según la cohorte de nacimiento (Leitch, Sánchez y Villena 2020b). Además, algunos de los países con los mejores sistemas de pensiones, según el Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute (Ranking CFA), han comenzado a indexar la edad de jubilación a la esperanza de vida.
La Tabla 1 presenta una comparación de los países de la OCDE que ocupan los primeros puestos en el ranking CFA de 2023, evaluando la edad de jubilación actual y futura. Para esta comparación, se considera la esperanza de vida restante proyectada a los 65 años tanto para hombres como para mujeres. En Chile, la edad de jubilación es de 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres, ubicándose entre las más bajas del grupo de países desarrollados. A diferencia de países como Dinamarca y los Países Bajos, que han proyectado aumentos significativos en la edad de jubilación futura (74 y 70 años, respectivamente), Chile no ha realizado ajustes en este aspecto.
| País | Edad de Jubilación Actual (Hombres) | Edad de Jubilación Actual (Mujeres) | Esperanza de Vida a los 65 años (Hombres) | Esperanza de Vida a los 65 años (Mujeres) |
|---|---|---|---|---|
| Islandia | 67 | 67 | 83.0 | 86.2 |
| Países Bajos | 67 | 67 | 82.0 | 85.0 |
| Dinamarca | 67 | 67 | 82.5 | 85.5 |
| Australia | 67 | 67 | 83.5 | 86.5 |
| Finlandia | 65 | 65 | 82.0 | 85.0 |
| Chile | 65 | 60 | 82.2 | 85.4 |
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