Las bajas pensiones de los chilenos en la AFP son un problema latente, exacerbado por la falta de educación financiera y de inversión de los ciudadanos. A esto se suman las altas comisiones de las AFP, producto de un sistema cerrado y obligatorio.
Soluciones Propuestas
1. Educación Financiera para los Ciudadanos
El ciudadano debe conocer de educación financiera, y esta no se limita a cómo manejar el gasto personal o las deudas de consumo. Lo más importante es saber ahorrar, invertir y reinvertir las utilidades.
¿Cómo tomar acción?
- Cada persona debe considerar realizar un curso o leer un libro de educación financiera o de inversiones.
- En los colegios o escuelas se deberían impartir lecciones de educación financiera. Hay que enseñar a las personas a pescar y no darles el pescado.
2. Respeto al Derecho de Propiedad del Ciudadano
El gobierno debe respetar el derecho de propiedad del ciudadano, eliminando la ley que obliga a entregar el 10% del sueldo a las AFP. Si el ciudadano desea invertir en fondos AFP, que lo haga; sino, que lo invierta en otros instrumentos.
Además, si el ciudadano invirtió en fondos AFP, este podrá retirar todo el dinero sin restricción.
3. Enfoque del Gobierno en Casos Necesitados
El gobierno no debe responsabilizarse por todas las jubilaciones de los chilenos. Debería enfocar sus esfuerzos en las personas que están por jubilarse y que no supieron cómo tener una buena jubilación, o que por eventos de la vida están en una situación que requiere de ayuda.
4. Promoción de Soluciones Privadas
El gobierno no debe dar soluciones, sino ser un promotor de nuevas soluciones de privados. Específicamente, puede apoyar con menos impuestos a empresas que den servicios de nuevos instrumentos de ahorro e inversión.
A las personas que no tengan un certificado o curso de educación financiera, se les debería aplicar un porcentaje más alto de impuesto a la renta.
5. Creación de un Sitio Web de Nuevas Formas de Inversión
Dado que mucha gente está descontenta de invertir en una AFP, entonces crear un sitio que reúna nuevas formas de inversión como crowdfunding inmobiliario o financiamiento democrático. Algunas nuevas alternativas de inversión son : Cumplo.cl, Broota.com, Fol.cl, Capitaria.com, RedCapital, etcétera.
El Retiro del 10% de las AFP y las Pensiones de Alimentos
El retiro del 10% de las AFP es una ley que se aprobó como respuesta y ayuda económica a la actual crisis sanitaria y los altos índices de desempleo. No era el principal objetivo, pero se estableció que con ese monto también se pudieran cancelar las pensiones de alimentos adeudadas. Miles de personas, en su mayoría mujeres, acudieron a los Tribunales de Familia.
En esta semana las solicitudes de liquidación de duda por concepto de alimentos en los Juzgados de Familia de país han aumentado 25 veces, señalan datos del Poder Judicial.
Desde que el Poder Judicial dispuso de un botón especial en su página web para tramitar estas solicitudes, las cifras llegaron a niveles récord. El martes, por ejemplo, ingresaron 53.289 peticiones para retener judicialmente los fondos del 10% de las AFP para los deudores de pensión de alimentos.
La gran cantidad de solicitudes que se están activando en este momento dan cuenta de que esto es altamente extendido y que afecta a niños y niñas de distintos niveles socioeconómico”, destaca Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas.
Las pensiones de alimentos es un derecho de los hijos hasta los 21 años, y 28 años en caso que estén estudiando, de recibir por parte del padre o madre que no tiene el cuidado personal (tuición).
Verónica Fuenzalida es parte del amplio grupo de mujeres que debe asumir sin apoyo paterno el cuidado de sus hijos. Al momento de separarse en el año 2013 dice, él puso todos sus bienes a nombre de su padre.
Desde el punto de vista cultural hay muchas realidades detrás de cumplimiento o no de esa obligación, comenta Ricardo Pérez de Arce, coordinador de la Clínica Jurídica y académico de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián, “pero desde el punto de vista legal, sin conocer estadísticas de cumplimiento, existe un número más allá de lo deseable de pensiones que no se pagan, lo que se ve en esta tremenda demanda de estos días, que sin duda alguna muestra el problema social de falta de responsabilidad con los hijos que muchos hombres tienen”.
El retiro del 10% es voluntario para el cotizante. Es decir, las personas que solicitan el pago de las pensiones alimenticias con esos recursos no necesariamente podrán acceder a ellos.
La Ley N°14.908 que aborda el pago de pensiones alimenticias establece sanciones para quienes no cumplan con ese dinero para sus hijos e hijas, que van desde la orden de arraigo, el arresto nocturno, la retención de impuestos desde la Tesorería General de la República y la suspensión de la licencia de conducir hasta por seis meses.
Leonor Etcheberry vicepresidenta del Colegio de Abogados, académica de la Universidad Diego Portales y miembro de la Corte Suprema, indica que quienes no pagan suelen tener el pensamiento que la mamá es que tiene los niños debe buscar un sistema para salir adelante.
Muñoz dice que los relatos de hombres que justifican su no pago piensan que el dinero es para las mujeres, “y eso no es así, también algunos vienen y dan argumentos que carecen de sentido, escucho cosas como ‘que la plata que le doy se la gasta’ o que se la quieren dar directamente al hijo o hija”.
Maturana, coincide en que se trata de un problema social. “El cómo asegurar que los hombres cumplan sus obligaciones no es algo que se haya resuelto. Existe un problema social grave. Muchos padres luego de la separación no mantienen en el tiempo la obligación mínima con su niños o niñas, y si bien la mantención corresponde a ambos padres, especialmente el padre que no tiene el cuidado personal de los niños y niñas debe asegurar los medios para satisfacer sus necesidades”.
También es posible que muchos deudores opten por no hacer la solicitud del 10% para evitar pagar lo que adeudan a sus hijos. Un modo efectivo sería considerar desde un comienzo el descuento en el sueldo, dice Muñoz.
Etcheberry destaca que pese a que se han buscado soluciones, no se logra reducir el alto nivel de morosidad.
Las cifras indican que hasta la fecha los tribunales de familia han dictado más 326.00 medidas cautelares en todo Chile con el fin de lograr la retención de tales fondos.
Uno de los aspectos allí relevados dice relación con la duración del procedimiento para la obtención de un apremio en caso de incumplimiento del pago de la pensión de alimentos.
Me pregunto si acaso no sería posible “invertir la carga de la prueba” y permitir que los tribunales de familia, apoyados por un sistema automatizado de liquidación de las deudas, pudieran decretar el apremio con citación y poner de este modo sobre los hombros del deudor la carga de acreditar que ha pagado la pensión.
Si bien el deudor está en su derecho, lo que llama la atención -según refiere la tesis de la magistrada Pérez- es la rapidez con que los tribunales de familia alzan las medidas de apremio. Ello se produce en promedio en menos de 24 horas. Así, mientras las madres demoran más de un mes en obtener una orden para exigir el pago de los alimentos debidos, los padres logran su alzamiento en pocas horas.
La evidencia muestra que allí, gran parte de los acreedores son sociedades comerciales y civiles con fines de lucro (97%) que litigan en contra de deudores que en su mayoría son personas naturales (96%). En sede de familia, en cambio, los acreedores son principalmente madres -en nueve de cada 10 causas de alimentos las demandantes son mujeres- y los deudores son padres.
Parece indispensable reorganizar el sistema de cobro de las pensiones de alimentos en, al menos, dos dimensiones. Por una parte, a través de modificaciones legales que permitan, por ejemplo, invertir la distribución de las cargas procesales de los litigantes, de modo que sean los deudores quienes deban demostrar el cumplimiento oportuno de las obligaciones alimentarias y, por otra, mediante una revisión de las prácticas de los operadores jurídicos que convergen en este ámbito.
Críticas al Sistema Actual de Pensiones
“El Presidente se queda a mitad de camino: no enfrenta las fallas estructurales de la privatización del sistema de pensiones que impulsó su hermano”, señala Carlos Huneeus en esta columna sobre la reforma previsional.
Huneeus advierte que también se debe sincerar que el sistema falla por deficiencias estructurales del mercado del trabajo, como inestabilidad laboral y bajos sueldos: “Ha habido una inercia institucional de parte de los sucesivos gobiernos, el Congreso, las AFP y el sistema financiero, al no enfrentar esas fallas”.
En 1980, el abogado William Thayer, explicitó su escepticismo respecto del nuevo sistema privado de pensiones impuesto ese año. Esta advertencia cobra actualidad, porque la reforma al sistema de pensiones recién anunciada por el Presidente Sebastián Piñera se propone corregir sus importantes debilidades y carencias -las cuales son muy visibles- antes que se cumpla el plazo de 40 años que señaló Thayer.
Las AFP no cumplen la función y promesa para la cual fueron creadas: entregar mejores pensiones que las del sistema de reparto. En efecto, ellas son bajísimas, sin cubrir las necesidades mínimas de un trabajador que jubila a la edad que le permite la ley; perjudica a las mujeres, un sector de los trabajadores no está integrado al sistema, etc. (Solimano, 2017).
El sistema privado de pensiones tiene fallas estructurales, las cuales se encuentran en el mercado del trabajo. Este mercado se caracteriza por la inestabilidad laboral, los bajos sueldos, el rechazo al trabajo de las mujeres, etc. Estos problemas han sido silenciados por las AFP y por sus partidarios.
Solo el abogado Guillermo Arthur, ex presidente de la Asociación de AFP (1999-2014) y ex ministro del Trabajo de Pinochet, se refirió en 2013 al impacto determinante del mercado laboral en el monto de las pensiones: «El monto de la pensión depende de la regularidad con la que un trabajador hizo cotizaciones. Quienes cotizaron regularmente tendrán muy buenas pensiones, no así los que no lo hicieron.
El fracaso de las AFP para cumplir su función propia no es el único problema que enfrenta el sistema privado de pensiones. Además, tiene una débil legitimidad ante la sociedad, porque reciben una baja confianza de la ciudadanía. Peor aún, las AFP se ubican entre las instituciones que reciben la menor confianza ciudadana.
Las AFP tienen un tercer problema político: administran con amplia autonomía los fondos de pensiones, que han alcanzado una gigantesca dimensión, superior al PIB.
Ante esta ausencia del Estado, se ha consolidado un enorme poder económico y político en una industria altamente concentrada en solo seis AFP: Habitat, Provida, Cuprum, Capital, Planvital y Modelo. Cuatro de ellas -Provida, Cuprum, Capital y Planvital- son controladas por multinacionales extranjeras, las cuales siguen las orientaciones y prioridades de sus casas matrices, con la consiguiente tensión con los intereses nacionales.
“Ha habido una inercia institucional de parte de los sucesivos gobiernos, el Congreso Nacional, las AFP y las instituciones del sistema financiero, al no enfrentar esas fallas”.
Volviendo al punto inicial, las medidas anunciadas por el Presidente Piñera para perfeccionar el sistema privado de pensiones, no reconocen la magnitud de sus problemas y no apuntan a romper la inercia institucional aquí reseñada.
El sistema de pensiones es una función pública, en que el Estado ha estado presente con aportes económicos desde su creación en 1980.
El poder acumulado por las AFP no puede continuar, porque afecta intereses nacionales de enorme importancia y de largo plazo. Este es un cambio mayor, porque hay intereses económicos y visiones ideológicas que apoyan el sistema de AFP (neoliberalismo radical e individualismo, que esconden las enormes desigualdades económicas y políticas).
Parafraseando a Clemenceau, el sistema privado de pensiones es demasiado importante para Chile como para seguir entregándolo al control de expertos (ingenieros y economistas) y de las AFP. Es hora que el Estado rompa con la inercia que ha dominado su larga historia, abra un debate nacional sobre la crisis del sistema de pensiones y convoque a un gran acuerdo nacional.
Ese esfuerzo nacional debe superar los prejuicios ideológicos y debe imponerse a los intereses económicos, para traducirse en la construcción de instituciones públicas que aseguren que Chile tenga un sistema de pensiones de acuerdo a su nivel económico, para todos y no para una minoría.
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