El mercado laboral mexicano presenta un panorama complejo y desafiante, caracterizado por altos niveles de informalidad y condiciones laborales precarias. A pesar de algunos avances, persisten desafíos que requieren de políticas públicas y acciones empresariales más robustas.
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de trabajadores en México que se encuentran en condiciones laborales críticas o inadecuadas ha aumentado significativamente. Esto implica que una proporción considerable de la población ocupada trabaja largas jornadas por salarios bajos, o bien, trabaja menos horas de las que desearía debido a la falta de oportunidades.
Esta situación se agrava por el hecho de que, si bien se ha observado un crecimiento en el empleo formal, este crecimiento ha sido lento y no ha sido suficiente para absorber a toda la población económicamente activa. Además, la informalidad laboral sigue siendo un problema persistente, lo que limita las oportunidades de acceso a seguridad social y prestaciones laborales para millones de trabajadores.
Desafíos y Oportunidades
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) ha señalado que la generación de empleos de calidad es fundamental para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, para lograrlo, es necesario estimular la inversión productiva y crear un entorno empresarial más favorable.
A pesar de los desafíos, existen algunas señales positivas. El aumento del empleo formal en los últimos meses es una tendencia alentadora, aunque es necesario acelerar este ritmo para generar más y mejores empleos. Además, la creciente demanda de mano de obra calificada representa una oportunidad para que los trabajadores adquieran nuevas habilidades y mejoren sus perspectivas laborales.
El mercado laboral mexicano enfrenta desafíos importantes, pero también presenta oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y promover el crecimiento económico. Es fundamental que el gobierno, el sector privado y la sociedad civil trabajen en conjunto para encontrar soluciones sostenibles a estos problemas.
Desafíos clave:
- Alta tasa de informalidad: Una gran proporción de los trabajadores en México carece de seguridad social y prestaciones laborales, lo que los vuelve más vulnerables a la pobreza y la desigualdad.
- Baja productividad: La productividad laboral en México es inferior a la de otros países de la OCDE, lo que limita el crecimiento económico y la generación de empleos de calidad.
- Desigualdad salarial: Existe una gran brecha salarial entre hombres y mujeres, así como entre trabajadores formales e informales.
- Escasa capacitación: Muchos trabajadores carecen de las habilidades necesarias para acceder a empleos mejor remunerados.
Prestaciones y Seguridad Social
El 27% de los trabajadores mexicanos cuenta con afiliación a servicios de salud de la seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, Semar y Sedena). La población derechohabiente de algún sistema de seguridad social representa el 40% de la población, lo que significa que el 60% restante se encuentra desprotegido.
En edad avanzada o por vejez, los sistemas de seguridad social incluyen prestaciones en especie y en dinero.
Regulación del Trabajo en Plataformas Digitales
La Secretaría del Trabajo de México, tras dialogar con más de 30 plataformas digitales, propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para incluir un capítulo específico sobre las condiciones laborales en apps como Uber, Didi y Rappi. Esta reforma, inspirada en regulaciones recientes en España y Chile, busca cerrar las brechas digitales y sociales que afectan a millones de personas trabajadoras.
En América Latina, las desigualdades estructurales generan la base de la precariedad en el trabajo digital. Ante este contexto, las plataformas de trabajo localizado se presentan como una alternativa de generación de ingresos rápida y simple. Sin embargo, operan mayoritariamente sin marcos regulatorios claros, lo que deja a las personas sin acceso a protección social ni prestaciones básicas.
Estas personas deben cubrir los costos de operación y mantenimiento de sus herramientas de trabajo, pero esto no siempre es retribuido con ingresos estables. Las plataformas no solo no proveen cobertura ante accidentes y enfermedades, sino que también tienen poder unilateral de suspender o incluso bloquear a estas personas, impidiéndoles trabajar. Estas decisiones pueden estar asociadas a falta de cumplimiento de ciertas métricas, como la aceptación de cierta cantidad de pedidos o viajes.
La dicotomía entre el trabajo flexible y la relación de dependencia lleva a pensar que una regulación eliminaría los principales atractivos de este trabajo, como la flexibilidad. Es importante destacar que si bien muchas personas utilizan estas apps como forma para generar ingresos extra, muchas dependen de ellas como su única fuente de ingresos, lo cual puede implicar jornadas laborales muy largas debido a que no todo el tiempo de logueo es remunerado.
Según los reportes de Fairwork, que evalúan la remuneración horaria por estos trabajos, el índice de pago decente aún es muy bajo, no solo a nivel regional sino también global. Esto es especialmente grave cuando consideramos que en algunos países, por ejemplo en Argentina, se han evidenciado más de un 50% de repartidores y conductores encuestados con carga horaria semanal superior a las 45 horas.
Estas problemáticas dan cuenta de la necesidad urgente de avanzar hacia marcos regulatorios que protejan a las personas trabajadoras de plataformas y aseguren condiciones laborales dignas.
La región latinoamericana cuenta con distintas iniciativas y abordajes respecto a la regulación. En Argentina, Brasil y Uruguay, el debate se centra en el reconocimiento de la relación laboral, mientras que en Costa Rica y Colombia los proyectos de ley buscan establecer contribuciones a la salud y seguridad social.
Luego pueden mencionarse algunas iniciativas para las plataformas de transporte de pasajeros, como los casos de Ecuador y Bolivia, donde estas funcionan bajo un modelo de licencias de operación que permite cierta supervisión gubernamental.
Frente a tal escenario, sumada la presión social por mejores condiciones de trabajo, Chile ha dado un paso significativo con la Ley Nº 21.431. Implementada en 2022, esta ley reconoce derechos como la sindicalización, seguro de accidentes y el acceso a seguridad social, preservando la flexibilidad horaria. Sin embargo, según la última evaluación realizada por Fairwork en Chile, la regulación no siempre resulta efectiva.
En muchos casos, las propias personas trabajadoras desconocen los derechos que les corresponden bajo estas nuevas leyes, lo que limita su capacidad para exigirlos. La combinación entre el vacío normativo y la falta de información sobre los derechos fundamentales en el ámbito laboral genera que las plataformas impongan sus propias condiciones.
El caso mexicano presenta una propuesta interesante debido al reconocimiento de la subordinación discontinua, permitiendo a los trabajadores conservar la flexibilidad en sus horarios, pero asegurando que el tiempo efectivamente trabajado sea respaldado mediante el otorgamiento del derecho a prestaciones sociales y la desconexión laboral.
Resulta indispensable que estos esfuerzos incluyan campañas de concientización a nivel regional, que informen a las personas trabajadoras sobre sus derechos, los puntos donde son vulnerados y las herramientas para hacer frente.
Salario Mínimo y Derechos Laborales
El 1 de diciembre de 2022 el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento sobre el salario mínimo equivalente al 20 % a aplicarse al empezar el año 2023. Sin embargo, más de 10 mil trabajadores y trabajadoras de las dependencias públicas del Gobierno de la Ciudad de México tienen un salario menor al establecido como mínimo.
La cifra aumenta exponencialmente, si se toman en cuenta a las y los trabajadores a quienes se les niega ese reconocimiento, es decir que se encuentran bajo contratos de simulación, en figuras de nómina 8, honorarios, servicios profesionales, autogenerados o beneficiarios de programas sociales.
Las autoridades de los gobiernos federales y locales parecen estar exentas del respeto a los derechos laborales, siendo los protagonistas de profundizar la precarización laboral. Son trabajadores y trabajadoras de las dieciséis Alcaldías y Secretarías al servicio del Gobierno de la Ciudad de México basificados con un nivel denominado 469 y trabajadores del “Programa de Estabilidad Laboral” integrados al mismo nivel, su salario actual es de $3,431 pesos mensuales, es decir, $2,792.2 pesos menos que el salario mínimo establecido para 2023.
El artículo 123 de la Constitución establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil” y en las fracciones VI párrafo segundo y VIII del expresa: 4 Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
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