En octubre de 2014, la Superintendencia de Pensiones, liderada por Tamara Agnic, se encontraba en el centro de la polémica debido al llamado “Caso Cascadas”, un esquema de ilícitos que afectó a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y, por ende, a los afiliados al sistema de pensiones chileno. Agnic entregó un rango de pérdidas estimadas entre US$ 31 millones y US$ 44 millones.
Llama la atención que el informe dado a conocer por Agnic esté basado únicamente en los datos que las propias empresas fiscalizadas reportaron. Utilizando distintas fórmulas de cálculo, entre cuatro de las administradoras reportaron US$31 millones en perjuicios. Es decir, el piso del rango de la superintendencia está en el total calculado por las empresas, y el techo es un 40% más alto.
En su informe, AFP Habitat estimó en US$11,5 millones los daños; Provida US$7,7; Capital US$6,5 millones y Cuprum US$5 millones. En conjunto, estas AFP administran los fondos de 7.855.685 afiliados.
Entre los actores del caso Cascadas se critica en voz baja lo poco activa que ha sido hasta ahora la superintendencia para actuar en defensa de los afiliados de las AFP. Por eso sorprendió que apenas la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) dio a conocer la mayor multa de la historia a Ponce Lerou y a quienes lo habrían ayudado a obtener fondos ilegalmente de la compra y venta de acciones de las sociedades Cascadas, Agnic enviara un oficio perentorio a las AFP para que cuantificaran las eventuales pérdidas por haber invertido en esas empresas.
“La Superintendencia de Pensiones analizó cada uno de los fundamentos que el Administrador de Fondos de Cesantía (AFC) y las AFP utilizaron para estimar los eventuales perjuicios causados a los fondos de pensiones y se concluyó que los criterios utilizados resultan válidos para sustentar las acciones legales que han emprendido o que emprendan en el futuro para obtener las indemnizaciones que correspondan”; explicó Agnic a CIPER.
En el mercado, en cambio, se llegó a hablar de daño por US$ 70 millones, pero las mismas AFP son enfáticas en aclarar que las cifras podría variar, en la medida que se conozcan nuevos antecedentes a partir de las investigaciones de la SVS o bien, en las causas penales y civiles que están en curso. Paradójicamente, de cara a la opinión pública han hecho un esfuerzo comunicacional por minimizar el impacto que tendrían las pérdidas sobre los fondos previsionales.
Más allá de los montos, lo que está en el mar de fondo es la duda sobre el grado de responsabilidad que tienen las propias AFP al invertir en acciones de empresas que revisten un riesgo por su estructura, aunque legalmente tengan autorización para hacerlo pues han sido calificadas de “aefepeables”.
El sistema de cascadas que montó Ponce opera básicamente sobre la base de una empresa productiva (Soquimich) y una serie de empresas de papel (sociedades de inversiones) que invierten unas sobre otras. En lo esencial, la investigación del ente que regula el mercado de valores estableció que entre 2009 y 2011, operó un esquema -con patrones comunes y reiterados en el tiempo- de operaciones de compra y venta de acciones de las sociedades cascada (Norte Grande S.A, Oro Blanco S.A., Nitratos S.A., Pampa Calichera S.A.
En opinión de la SVS, existen a lo menos cuatro fórmulas diferentes para calcular las pérdidas que provocó este esquema liderado por Ponce Lerou. Las AFP tomaron principalmente una de ellas, que calcula el sobrecosto que habrían asumido las sociedades cascadas en las transacciones bursátiles cuestionadas.
Fue la AFP Habitat la que abrió los fuegos, denunciando en 2012 ante la SVS irregularidades en la transacción de títulos relacionados con Soquimich y sociedades cascadas. Fue la primera y, hasta el momento, la única que ha seguido la vía criminal para perseguir responsabilidades, de la mano de los abogados Álvaro Morales y Luis Inostroza (ex fiscal).
Para anclar el cálculo de sus pérdidas -estimadas en $5.941.980.776 (aprox. US$11,5 millones- detallan seis operaciones bursátiles de las que recoge el fallo de la SVS, en que habría operado este esquema para generar ganancias a los controladores de Soquimich y sociedades Cascadas, en desmedro de los inversionistas minoritarios, como las AFP.
De acuerdo al reporte de Habitat, la operación que generó mayores perjuicios para esta AFP -que ocupa el segundo lugar del mercado con 2.086.512 de afiliados- asciende a US$4,5 millones y tuvo lugar entre el 29 de marzo y el 7 de noviembre de 2011.
Habitat establece que en total hubo un perjuicio para sus fondos, porque Oro Blanco vendió 163 millones de acciones Calichera-A y luego compró esos mismos títulos (194.763.547 acciones) a través de su filial Potasio a un precio muy superior. En total, la pérdida sería de US$114 millones para la sociedad cascada. Como Habitat tenía en ese momento un 5,45% de la propiedad de Oro Blanco, estima el perjuicio en casi US$5,5 millones.
En la arista penal, la querella de Habitat apunta a quienes hayan tenido participación como autores, cómplices o encubridores en la investigación que lleva adelante el fiscal para delitos de alta complejidad, José Morales. La administradora apunta a probar que las transacciones bursátiles incurrieron en el delito de realización de operaciones ficticias, que se habrían realizado para fines distintos al interés social de las sociedades cascadas.
Fue en mayo de 2014 que AFP Capital demandó a Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán Lyon, Aldo Motta Camp, Leonidas Vial, Alberto Le Blanc y ejecutivos de la Corredora Larraín Vial, a quienes la SVS ya había formulado cargos. El escrito presentado en los tribunales civiles fue enviado también a la Superintendencia de Pensiones, estimando en US$6,7 millones los perjuicios netos de los fondos previsionales invertidos en las sociedades cascadas.
La demanda civil de la AFP Capital, que patrocina el abogado Juan Ignacio Correa, es muy similar a la de Habitat, en el sentido de desmenuzar cinco operaciones de compra y venta de acciones en distintos periodos, para ilustrar el impacto en los inversionistas minoritarios y las ganancias para los controladores de las sociedades cascada, con la complicidad de sociedades vinculadas, relacionadas e instrumentales.
Reclaman que en 2008, 2010 y 2011 los directorios de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera aprobaron aumentos de capital, que las sociedades cascada no pudieron suscribir en la etapa de opción preferente. Luego se pusieron a disposición del mercado las acciones remanentes de ese aumento de capital y tampoco concurrieron al remate u operación directa, dejando la pista libre para que compraran acciones otras sociedades relacionadas, vinculadas o instrumentales, beneficiando nuevamente a Julio Ponce Lerou y los ejecutivos sancionados por la SVS.
Como segundo modo de operar de este esquema liderado por Ponce Lerou, el escrito de la AFP menciona “el sobreendeudamiento y venta de activos accionarios” en perjuicio de los intereses de las sociedades cascada. Capital sostiene que las forzaban a endeudarse o generaban aumentos de capital “sin consideración a un proyecto de inversión conocido o real o simplemente no concurriendo una legítima razón de negocios”, replicando el argumento que contiene el fallo sancionatorio de la SVS.
Una tercera conducta irregular que menciona en su demanda la AFP Capital es la “generación de utilidades ficticias”. El mecanismo que cita la venta de acciones a una sociedad cascada relacionada o bien a un tercero, en una transacción que nunca pretendió desprenderse realmente de los títulos, sino generar una recompra a un precio superior. El objetivo: subir el precio del activo de modo de generar utilidades contables que servirían luego para repartir dividendos.
El catastro de la Superintendencia de Pensiones contempla cuatro AFP perjudicadas por la trama que habría encabezado Ponce Lerou -según la SVS- para dañar a las sociedades cascadas, donde tienen invertidos sus fondos estas administradoras.
En un escueto documento, la administradora reporta a lo menos US$5 millones en pérdidas (ver informe Cuprum), tomando como base el cálculo que contiene el fallo sancionatorio de la SVS y que estima un daño total de US$300 millones para todas las sociedades cascada.
Entre las AFP que respondieron la solicitud de informar a la Superintendencia de Pensiones, Provida siguió un modelo diferente para presentar los perjuicios que estima en sus inversiones. Los antecedentes de esta administradora de fondos de pensiones cobran particular relevancia dado que es por lejos la AFP que maneja el mayor número de afiliados: 3.311.650 personas.
En total, Provida calcula que las pérdidas derivadas de las operaciones sancionadas por la SVS alcanzan 186.954 UF ($4.530.456.282 ó US$7,7 millones).
La AFP Planvital es la única de las cinco administradoras requeridas por la superintendencia que no reportó perjuicios económicos para las inversiones de sus fondos. Planvital es la más pequeña de las AFP, con 388.774 cotizantes.
Resumen de Pérdidas Estimadas por AFP (en millones de USD)
| AFP | Pérdidas Estimadas (USD) |
|---|---|
| Habitat | 11.5 |
| Provida | 7.7 |
| Capital | 6.5 |
| Cuprum | 5.0 |
| Planvital | 0.0 |
Cotizaciones Previsionales para Trabajadores a Honorarios
A partir del 2012 con la reforma previsional, comenzó la obligación para que los trabajadores a honorarios realicen cotizaciones previsionales para pensiones, seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con la posibilidad de eximirse de dicha obligación para los años tributarios 2013, 2014 y 2015. A partir de enero 2015, la obligación de cotizar no admitirá excepción y todos los trabajadores a honorarios deberán cotizar para pensiones y accidentes del trabajo. En el caso de cotizaciones para salud la obligación rige a contar del año 2018.
Excepciones:
- Perciban rentas por Participaciones de Sociedad de Profesionales.
- Estén afiliados a Instituciones del Sistema antiguo de Previsión: Capredena, Dipreca e IPS.
- Mujeres que tengan 50 años o más y hombres que tengan 55 años o más, al 1 de Enero de 2012.
- Hayan expresado su opción de no cotizar en el sitio web del SII.
- Pensionados por vejez, vejez anticipada o invalidez total.
¿Cuánto debo cotizar?
- 10% para el Fondo de Pensiones administrado por la AFP.
- X % comisión de la AFP.
- 0,95% para el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley N° 16.744, más una tasa adicional según cual sea la actividad desarrollada.
El cálculo se realizará a partir de la información de los pagos previsionales pagados por el trabajador a honorarios, la cual es proporcionada al SII por parte de las AFP (cotizaciones para pensiones) y las Mutuales de Seguridad (cotizaciones para seguro accidentes del trabajo y enfermedades profesionales).
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