Un número importante de empresas proclaman que las personas son lo primero. Sin embargo, son pocas las que mantienen esta premisa cuando llegan las crisis. Recientemente, más de 300.000 colaboradores fueron desvinculados en las industrias tecnológicas más importantes del planeta, incluyendo a la unicornio chilena Betterfly. Apple fue la última en anunciar despidos.
En una entrevista a Jeffrey Pfeffer, divulgada en diciembre de 2022 en Stanford Business (Why copycat layoffs won’t help tech companies-or their employees), se explica que el comportamiento organizacional de los despidos en las empresas tecnológicas de vanguardia es producto de seguir una tendencia, algo especulativo.
En el artículo de la Universidad de Stanford, se afirma que a veces, “las empresas despiden a personas que acaban de contratar, a menudo con primas de contratación pagadas. Cuando la economía se recupere en los próximos 12, 14 o 18 meses, volverán al mercado y competirán con las mismas empresas para contratar talento. Básicamente, están comprando mano de obra a un precio alto y vendiendo a bajo precio.
En la nota Jeffrey Pfeffer enfatiza que los despidos matan a la gente, literalmente. “Matan a la gente de varias maneras. Los despidos multiplican por dos veces y media las probabilidades de suicidio.
El estrés, como muchas actitudes y emociones, es contagioso. La depresión es contagiosa, y los despidos aumentan el estrés y la depresión, que son perjudiciales para la salud. El estrés malsano conduce a una serie de comportamientos como fumar y beber más, consumir droga y comer en exceso.
Apunta a la conducta de rebaño que muestran las compañías al despedir. “Los despidos se contagian entre sectores y dentro de un mismo sector.
RH Management conversó en directo con el profesor Pfeffer, quien nos insistió que el fenómeno del despido es realmente de carácter imitativo. Al respecto, el doctor Pfeffer reflexiona sobre las exuberantes ganancias de estas empresas, el rol del modelo económico y el sufrimiento de los trabajadores. “Los despidos son para mantener los márgenes de beneficio”.
Y agrega que son las (malas) decisiones de sus ejecutivos las que generan dolor y angustia entre las personas, no el capitalismo. “Se han producido avances en la tecnología frente a las dificultades económicas.
Incluso hoy en día, empresas como Patagonia, Barry-Wehmiller, Lincoln Electric y otras demuestran que las compañías pueden ser rentables y preocupadas por su gente. Así que el capitalismo no tiene por qué ser despiadado, sin normas ni valores.
El destacado académico de la Universidad Stanford apunta a que las razones de los despidos obedecen a mala planificación y falta de excelencia en el management de las organizaciones. “Algunas empresas tienen despidos y otras no porque algunas utilizan diferentes criterios de decisión y en horizontes temporales.
Para el investigador las empresas que despiden lo hacen sin conciencia de la evidencia disponible que muestra las consecuencias negativas que provocan esas decisiones. Insiste que es solo una conducta de mala imitación.
“Como he señalado, el comportamiento se ve afectado por las influencias sociales y las presiones de conformidad, que inducen a las empresas a hacer lo que hacen otras empresas. No es que las empresas que realizan despidos sean ignorantes, solo que basan sus decisiones en consideraciones a corto plazo, no toman en cuenta la evidencia de los efectos de los despidos y no quieren o no pueden evitar seguir a la multitud.
En relación a lo que debería hacer el Estado frente a los despidos, Pfeffer recalca que se deberían reflejar los costos sociales asociados. En otras palabras, hacer visible todo el daño que se genera cuando las y los trabajadores pierden su empleo.
Los senadores Pedro Muñoz y Juan Pablo Letelier presentaron un proyecto de ley que apunta modificar el numeral 6 del artículo 159 del Código del Trabajo, que actualmente permite invocar como causal de despido la situación de caso fortuito o fuerza mayor, sin derecho a indemnización.
Precisaron que ante el "alarmante" aumento de denuncias de despidos sin derecho a indemnización amparados en motivos de fuerza mayor en las zonas afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero, esta iniciativa busca poner fin a estos abusos laborales en el marco de esta tragedia, impidiendo que las empresas despidan sin indemnizar a sus trabajadores y menos que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito.
Los senadores lamentaron que muchas empresas estén haciendo caso omiso al dictamen emitido por la Dirección del Trabajo (DT) que precisa las condiciones en que cabe invocar la causal de despido por «fuerza mayor» a raíz del terremoto del 27 de febrero.
Precisaron que aunque dicha resolución establece que la causal por fuerza mayor sólo puede utilizarse en "casos excepcionales" y de modo restrictivo, como frente la imposibilidad absoluta de mantener el puesto de trabajo producto de los daños sufridos por la empresa a causa directa del sismo, muchas empresas están haciendo abuso de esta normativa y cometiendo graves abusos a los derechos laborales de los trabajadores.
Indicaron que según las denuncias de la CUT ya van cerca de 9 mil personas despedidas por esa causal sin derecho a indemnización, trabajadores que se encuentran en la más completa indefensión y más aún "ellos son el sustento de sus hogares en las zonas más afectadas, muchos de los cuales han perdido seres queridos, sus casas y todos sus enseres, y ahora se les quiere hacer pagar los costos de una tragedia natural por ser los más indefensos y expuestos a los abusos de empresarios que aún no entienden que estamos en etapa de reconstrucción de país, en la cual deberían ser más solidarios y comprensivos "
La proposición legal de los senadores Muñoz y Letelier se fundamenta en que la indemnización por años de servicio es un derecho de larga data en la legislación chilena, no tiene carácter compensatorio pues no resulta reparatoria del daño causado al trabajador ni menos total de éste.
Agrega la iniciativa que "como consecuencia del terremoto y maremoto que ha azotado al país algunos empleadores han pretendido aplicar esta causal, lo que deberá ser analizado por los tribunales a la luz de los criterios legales, los que esperamos se apliquen con rigor, rechazando tal pretensión en los casos que exista la posibilidad de relocalizar a los empleados o reponer la fuente laboral".
Dada la política de despidos aplicada por el gobierno de Piñera en el aparato público, más de 700 personas a honorarios o a contrata del sector público han demandado al fisco por despidos invocando el Código del Trabajo, algo que no procede según el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Dicha institución atendió entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de 2018, 774 causas contra organismos públicos debido a este tema.
Según cifras del CDE, de ese número de acciones legales presentadas en los tribunales laborales en el 55,9%, el CDE ha ganado en representación del Estado. En el 17,7% ha perdido y en el 26,3% ha acordado una transacción con el demandante. El CDE destaca que el Fisco solo ha pagado el 10% de lo demandado en esas 152 causas, es decir $ 645 millones.
Las consecuencias para el sector público serían graves porque no está preparado para enfrentar una ola de despidos tan grande teniendo que pagar indemnizaciones o regresar a sus puestos a las personas despedidas que, en su gran mayoría obedece a razones políticas.
María Eugenia Manaud, presidenta del CDE, se refirió al tema en el N° 70 de la revista editada por el Colegio de Abogados de Chile: “Eso está causando graves consecuencias para el sector público, en materia de indemnizaciones nunca previstas para el alejamiento de la función, de órdenes de reincorporación de funcionarios desvinculados de la Administración Pública y de las Fuerzas Armadas”.
Según el diputado Mario Desbordes (RN): “Hay un cambio de criterio en la Contraloría y en Tribunales. Cuando llegó Michelle Bachelet a su segundo mandato, a los trabajadores públicos que venían desde el gobierno de Sebastián Piñera los desvincularon sin más trámite.
Para el abogado Héctor Humeres, magíster en Derecho Laboral por la Universidad de Chile y profesor en esa misma casa de estudios: “Desde que la cuarta sala de la Corte Suprema cambió drásticamente su composición, en el año 2014, adoptó una visión garantista en materia laboral.
Explica que el fallo del TC se basa en otro principio del Derecho, llamado primacía de la realidad, que ha llevado a la “Corte Suprema a interpretar el artículo 1 del Código del Trabajo, de forma desmedida”.
A modo de ejemplo está el caso ubicado en el Juzgado Laboral de Antofagasta. El 13 de noviembre de 2018 emitió un fallo que condena al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) a pagar una indemnización total de $26.248.939, debido a “un despido de funcionario por razones políticas”.
En el propio fallo se explica que el funcionario “ingresó a prestar servicios al Injuv, bajo el mandato del gobierno de la coalición denominada Nueva Mayoría, y además que era público y notorio la participación del actor en actividades de apoyo público y en redes sociales que había efectuado en sus tiempos libres, a favor del candidato presidencial Alejandro Guillier, como también del candidato a diputado Luis Caprioglio, solicitando incluso permiso de una semana sin goce de sueldo para brindar apoyo a su campaña”.
En consecuencia, el Injuv debe pagar: $11.896.308, por concepto de indemnización de 6 remuneraciones conforme al artículo 489 del Código del Trabajo; $13.019.848, por lucro cesante, por las remuneraciones a que tenía derecho el actor en virtud de su nombramiento a contrata, entre el 14 de junio al 31 de diciembre de 2018; más la suma de $ 1.332.783, por concepto de feriado.
El 22 de junio de 2018, Javier Aguilar Lema ingresó en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago una demanda laboral en que exigía al Estado el pago de $ 50 millones tras ser despedido de la administración pública.
Durante tres años, Aguilar gestionó las comunicaciones y actividades de las autoridades de la cartera del Trabajo, labor por la cual recibía un sueldo mensual cercano a los $ 2,8 millones. Sin embargo, el 19 de abril su situación laboral cambió: “Era sabido por los funcionarios de la Subsecretaría del Trabajo que mi representado, si bien no tiene militancia política, era simpatizante del gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, y que la llegada al gobierno de Sebastián Piñera no le agradaba. Pues bien, esta simpatía, finalmente, le costó su salida de la Subsecretaría del Trabajo”, detalla la demanda que interpuso.
Su despido dio paso a una batalla judicial en materia de tutela laboral, en la que el profesional acusaba haber sido discriminado y despedido injustificadamente por el gobierno entrante, haber sufrido daño moral y la vulneración de garantías constitucionales.
El caso fue analizado por el tribunal laboral durante cinco meses, el que finalmente le dio la razón y ordenó al Fisco a pagar $ 36.677.039 al periodista despedido.
Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, aseguró a La Tercera que existe preocupación en el máximo tribunal por el alto volumen de casos que ingresaron en 2018. “El sistema de justicia laboral, que opera muy bien en Santiago, tiene muchísimo atoche.
Paralelamente, los tribunales comenzaron a acoger la doctrina de 2016 del contralor Jorge Bermúdez sobre la denominada “confianza legítima”. Este criterio establece que los funcionarios a contrata -quienes representan el 70% de los empleados públicos, pueden ser considerados en la práctica funcionarios “de planta” si cumplen tres años en sus cargos; es decir, han sido ratificados en dos ocasiones por sus jefaturas.
El nuevo presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) José Pérez en conversación con Cambio21 explicó parte de la estrategia organizada para afrontar los despidos que se vendrían con la llegada de la derecha al gobierno.
El dirigente advierte que “no estamos dejando abandonados a nuestros compañeros, seguimos dando la pelea y tenemos un mandato para revertir estas situación de despidos que son arbitrarios, injustificados”.
“Desde el 3 de enero de 2018 cuando ya teníamos el resultado de la elección presidencial decidimos anticiparnos, a propósito de la experiencia que tuvimos con este gobierno el 2010, cuando se despidieron casi 12 mil trabajadores a honorarios y contrata. La ANEF buscó forzar una negociación en relación a buscar, no un acuerdo caprichoso del empleo sino que respetar la defensa del empleo público como un eje estratégico de la ANEF”.
Entonces, señala: “nosotros les dimos orientaciones para que las asociaciones respectivas emitieran, en el trabajo sindical, anticiparse a las autoridades que llegaron y despiden de manera arbitraria e injustificada.
Patrimonio municipal en riesgo La Municipalidad de Maipú, que dirige la UDI Cathy Barriga es uno de los casos con centenares de despidos realizados por la alcaldesa Cathy Barriga.
Al respecto el concejal Erto Pantoja precisó a Cambio21 que “son demandas que nosotros no hemos aceptado como concejales porque cuando asumimos nuestros cargos advertimos que venía esta racha de despidos y de hecho nos paramos y llenamos de carteles diciendo que no queríamos más despidos: uno, por los despidos mismos porque también fueron situaciones en fechas demasiado sensibles, Pascua, Año Nuevo, y que eran trabajadores fantasmas según la alcaldesa, pero resulta que no era así, eran trabajadores de verdad y no que se los hubiera dejado el ex alcalde Vittori sino que habían trabajadores que llevaban 15, 10 y hasta 20 años en el municipio”.
El actor y concejal explicó que tampoco aceptaron que se siguieran haciendo transacciones extrajudiciales que significa que, “supuestamente lo que nos vendía el municipio era que, un trabajador tanto cobraba 20 millones por indemnización y ellos lograban llegar a 6 millones transando y evitándose así el costo de los abogados y los años de tramitación de las causas.
Los trabajadores más precarizados son quienes terminan pagando las consecuencias de la criris y actualmente la "austeridad", aquellos que no tienen estabilidad laboral, seguridad social, vacaciones o aginaldo, quienes tienen contratos temporales y trabajan de 9 a 12 hrs sin pago de horas extras y bajos salarios.
Los despidos nada tienen que ver con los aviadores en las dependencias de gobierno; ahora ni siquiera se tienen que despedir, simplemente no les renuevan los contratos, con justificaciones vacías. Miles de trabajadores del DIF, el IMSS, ISSSTE, SEP, SAT, etc. han sido despedidos en lo que va del año y aún no se clarifica cúantos despidos más habrá.
La realidad de los trabajadores y la juventud es cada día más dura, no existe ningún tipo de estabilidad, los salarios de miseria no alcanzan ni siquiera para una sola persona, muchos menos alcanzan para que toda una familia viva con dignidad.
La austeridad no sólo afecta directamente a los trabajadores despedidos y sus familias, también afecta a todos los que somos beneficiarios de estos servicios, debido a que las oficinas la mayoría de las veces no tienen los insumos necesarios para realizar las actividades.
Así, los trabajadores de otras dependencias, en la mayoría de las ocasiones tienen que comprar de su bolsillo el material que necesitan para trabajar, como en el caso de los y las tabajadoras de intendencias que compran su material de limpieza; o los y las maestras que pagan de sus bolsillos el material didáctico que utilizan con sus alumnos.
Los golpes contra los trabajadores que han sido despedidos injustificadamente, o que se precarizaron aún más sus condiciones de trabajo, en realidad se trata de un golpe contra todos los trabajadores y el pueblo pobre.
Recientemente en el marco de una nueva ola de despidos las compañeras Alejandra Sepúlveda y Ameyali Mancilla, impulsoras de la campaña #Queremos Trabajo Digno fueron amenazadas de despido por su participación en la lucha contra los despidos.
La Ilustre Municipalidad de Río Bueno enfrenta actualmente demandas laborales por un total que supera los $208 millones, originadas en despidos calificados como discriminatorios por parte de tres exfuncionarios municipales pertenecientes a la administración de la exalcaldesa Carolina Silva Pérez.
En efecto, tres personeros demandaron al municipio riobuenino por haber sido desvinculados por motivos políticos, al haber sido asociados a la administración de la exalcaldesa Silva Pérez, quien perdió su reelección frente al actual edil Luis Reyes Álvarez en las elecciones municipales de 2024.
Alejandro López, exasesor jurídico municipal, afirma que fue despedido sin previo aviso y de forma anticipada, a pesar de tener una contrata vigente para todo 2025. Alega haber sido perseguido políticamente por su rol en investigaciones y denuncias que afectaron directamente al entonces concejal Reyes, hoy alcalde.
Por su parte, Jorge Olivares, encargado de la Oficina de Turismo, argumenta un despido basado en su vínculo con la anterior administración. La demanda sostiene que el acto administrativo que puso fin a su contrato fue contradictorio, ilegal y sin fundamento técnico.
En tanto, Águeda Vera, quien desempeñaba funciones de coordinación en la alcaldía, acusa que fue despedida mientras se encontraba con licencia médica por estrés laboral.
La nueva administración de la empresa, inició una ola de despidos y además desconoce beneficios históricos conquistados por los trabajadores, bajo el fundamento de que cuentan con una grandiosa deuda.
Tras esto, el sindicato solicitó la fiscalización de permisos de funcionamiento a distintos organismos, detectando una serie de incumplimientos que derivaron en multas y mejoras para cumplir con las normas vigentes, e instaurando un clima “de temor interno entre los trabajadores, temiendo ser despedidos en cualquier momento”.
Como sucede año tras año, las empresas se ven en la potestad de dejar a miles de familias sin sustento para aumentar sus ganancias. Mientras los empresarios como sucede en este caso con Enel, se enriquecen a costa de la explotación de sus trabajadores, ahora se les despide bajo la excusa de la deuda como si fueran desechables.
Esto sólo significa menos trabajadores trabajando más. Sin embargo, ya conocemos las consecuencias, además del estrés y el mayor cansancio, suelen darse más condiciones para el aumento de enfermedades laborales, el deterioro de la salud mental general de los trabajadores y lo que lo hace aún más indignante es que el aumento de las ganancias no se reparte con estos, sino que los salarios se mantienen mientras los precios de servicios básicos como este aumentan y los grandes empresarios se hacen cada vez más ricos.
Esta situación muestra la reacción de los empresarios por mantener sus negocios intactos y descargar en este caso la deuda sobre los hombros de los trabajadores.
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