En un mundo desigual, se podría argumentar que Chile, con su "chilean way", aspira a ser un país desarrollado para 2018. De hecho, al observar las relaciones laborales en Europa, Chile ya es considerado un país desarrollado y un modelo a seguir para enfrentar la crisis económica y los desafíos de la globalización.

Sin embargo, ¿a qué costo se logra este "desarrollo"? En un contexto nacional marcado por la crisis económica, donde la tasa de desempleo juvenil bordea el 30%, es crucial analizar las condiciones laborales que se imponen a los trabajadores.

Flexibilidad e Intensidad Laboral: El Caso Fiat

En el curso del 2010, Fiat prometió un plan de inversiones ("Fabbrica Italia") para las plantas de Pomigliano (700 millones de euro) y de Mirafiori (1000 millones de euro), con el objetivo de mantener y aumentar la producción de autos en Italia. Este proyecto buscaba mantener empleos en vez de deslocalizar al exterior. Pero, ¿qué implicaciones tenía este acuerdo para los trabajadores?

Estos acuerdos proponían:

  • Un aumento del grado de flexibilidad e intensidad en el uso de la mano de obra.
  • Una radical reforma del sistema de relaciones laborales.

Algunas de las medidas propuestas incluían:

  • La empresa podrá disponer de 120 horas extras obligatorias por trabajador (el Contrato colectivo del sector prevé actualmente 40 horas extras obligatorias).
  • La empresa reorganizará el horario laboral pudiendo elegir esquemas de 3 turnos de trabajo de 8 horas diarias, o de 2 turnos de trabajo de 10 horas diarias.
  • Introducción de los sistemas WCM (World Class Manufacturing) y Ergo UAS (Universal Analyzing System) para mejorar las prestaciones de los trabajadores.
  • Reducción de las pausas a disposición del trabajador empleado en las “líneas de montaje”: antes eran 40 minutos, ahora 30.
  • Solo los sindicatos que firman dichos acuerdos tendrán derecho a ser representados en los comités de delegados sindicales (RSU).
  • Fiat constituirá para las 2 plantas 2 nuevas “razones sociales” que no se asociarán a Confindustria.

La Fiom (Federación Empleados y Obreros Metalúrgicos), el sindicato más representativo del sector con cerca de 370.000 inscritos, no ha firmado y por eso no tendrá representación alguna en las dos empresas. Además, y muy significativamente, ese día junto a los trabajadores del sector marcharon estudiantes, precarios de todos sectores, políticos e intelectuales. Utilizando el eslogan “El trabajo es un bien común”. La huelga del 28 apuntó a movilizar a todos los sectores sociales afectados por la precarización y las lógicas neoliberales.

El "Chilean Way": ¿Un Modelo a Seguir?

¿Es este el "chilean way" que se pregona? ¿Cómo no recordar lo que pasa en nuestro país en casos como el de BCI o FASA?

BCI dispone, a partir de 1992, de un instrumento llamado “Manual de Beneficios” que unilateralmente fija beneficios económicos y normativos sin que los trabajadores puedan proponer algo autónomamente. En las “negociaciones” que se llevan a cabo en la empresa, para el sindicato se trata simplemente de aceptar lo que establece el Manual.

La Discusión Europea: Modernización o Precarización

En Italia, Gobierno, empresarios y parte de los sindicatos hablan de “modernización de las relaciones laborales”, de “cambios necesarios para enfrentar los desafíos que plantea la globalización”, y los trabajadores están divididos.

En todo ámbito de nuestra vida el pensamiento dominante neoliberal nos dice que existen exigencias de competitividad, de costos, de precios que debemos aceptar y respetar: no podemos decidir, por ejemplo, sobre cómo y cuánto trabajar, cuánto ganar, qué y cómo estudiar, qué producir, cómo movernos en las ciudades, etc.

¿Quién Decide?

¿Quién decide de las condiciones laborales y productivas? ¿La empresa unilateralmente con sus sindicatos de cómodo? ¿O la negociación con los trabajadores organizados en sindicatos autónomos, representativos y democráticos? ¿Quién decide, además, las políticas económicas, educativas, ambientales del país? ¿Las empresas, el lucro, el mercado?

Es fundamental cuestionar quién tiene el poder de decisión sobre las condiciones laborales y las políticas que afectan a los trabajadores. La autonomía y la representación democrática son cruciales para garantizar un equilibrio justo en las relaciones laborales.

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