Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la ventana del Gobierno para lograr un acuerdo que permita a su reforma de pensiones ver la luz en el Congreso luce cada vez más estrecha.
Y luego de lo emanado de la mesa técnica (compuesta por expertos de distintos partidos), ya hay algo claro: la promesa del Presidente Gabriel Boric, de poner fin a las AFP como las conocemos, se desvanece.
Tras los resultados del consejo técnico que reúne a expertos previsionales ligados al oficialismo y la oposición (y dada la composición del Congreso), no parece haber piso político para la bullada promesa del “No + AFP”.
La licitación del stock de afiliados sí tendría respaldo, un cambio importante que trasladaría a masivos grupos de afiliados insensibles al precio a gestoras más baratas.
“La opinión del consejo técnico fue bastante clara: no dividir la industria y optar por una licitación de carteras de stock”, dice Guillermo Larraín, académico de la Fed de la U. de Chile y quien ha asesorado a la DC en temas de pensiones.
“Hay que suponer que eso también tiene algún grado de respaldo político, así que diría que es un equilibrio inicial”, agrega.
Y si bien La Moneda buscaría que al sistema se integre una AFP estatal, a su juicio, el espacio para separar la industria entre administradoras que inviertan los fondos de los afiliados y un ente público autónomo que se dedique a las labores de soporte no tendría mucho espacio para avanzar.
De avanzar esta propuesta, varios ven efectos en las AFP.
“Sería una buena medida, ya que introduciría más competencia y mayores retornos netos para los trabajadores y también pensiones más altas”, cree Patricio Jaramillo, director de Risk Modeling & Economic Advisory de Deloitte.
Si bien sobre esto último existe discusión, Jaramillo asegura que, “considerando los horizontes de cotización, que son largos por definición, con reducciones de por ejemplo 100 puntos base, se podría generar un impacto significativo en el largo plazo”, agrega.
“Genera un mayor grado de competencia entre los actores de la industria por atraer y retener afiliados”, concuerda Olaeta.
“Las licitaciones podrían resultar en la redistribución de una parte considerable de los afiliados entre las administradoras”, agrega.
En una primera instancia, cree Larraín, podría atraer a nuevos actores, “mientras persistan diferenciales de comisión tan altas” como las actuales.
Salvador Valdés tiene un diagnóstico familiar en el mundo académico en torno al negocio de las AFP: las ganancias son muy elevadas en relación con industrias similares.
“Los afiliados pagaron a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) un retorno sobre activos (ROA) de 33,3% anual antes de impuesto, promedio en 2017-23”, dice en un estudio que presentó la semana antepasada.
“Este ROA excede en 20 puntos anuales al ROA promedio para actividades alternativas de riesgo igual o mayor”, agrega.
La propuesta contempla tres elementos principales. Uno es realizar subastas rotativas, formando grupos con atributos similares, cada 10 años. Esto, con la posibilidad para el afiliado de retractarse. El segundo elemento buscaría recuperar la competencia a través de las subastas “a muchos postores”, con mecanismos que facilitan la postulación. Y el tercero busca cambiar la fórmula del encaje -aquel 1% que las AFP deben invertir en los mismos multifondos-, lo que ayudaría a reducir el cobro de comisiones que se dan por este concepto y bajaría las barreras de entrada.
“Una simulación muestra que este paquete de medidas podría reducir las comisiones a la mitad”, asegura el estudio.
Con la subasta rotativa “ya madura” y la nueva fórmula de encaje, el resultado sería de una comisión promedio que pasaría del 1,174% a 0,551% del sueldo.
Con todo, y en conversación con El Mercurio Inversiones, Valdés deja claro que esto no significaría un gran giro para el funcionamiento actual de las AFP.
“No habría cambios drásticos”, dice.
Y, de hecho, duda que se amplíe significativamente el número de administradoras.
Por otro lado, trata de despejar algunas dudas frente a su propuesta. Una de ellas está asociada a posibles demandas de las AFP al Ciadi, el organismo mundial dedicado al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales.
Y acá, se remite al estudio de Mario Fernández (exministro del Interior), que dice que una demanda tiene menos probabilidad de ser admitida a trámite en el Ciadi si la reforma es una ley, aprobada conforme a la Constitución.
Frente a los cambios de administradora, que llevarían a mover afiliados entre diversos activos, también pone paños fríos.
Felipe Alarcón, economista asesor de EuroAmerica, coincide con Valdés.
“No debiese haber problemas con este mecanismo, toda vez que el cambio de afiliado de una AFP a otra se haría sin un cambio en el tipo de activo (riesgo similar, instrumento similar), por lo que la transferencia de los fondos debiese ser resuelta de manera administrativa, sin pasar por el mercado”, señala.
Por lo pronto, las negociaciones entre el Gobierno y la oposición en torno a la reforma previsional continúan.
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