Nuevamente el mundo ha debido enfrentar una crisis sanitaria de gran envergadura. El virus que la origina, cuya denominación científica es SARS-Cov-2, comenzó a propagarse en China en enero de 2020, extendiéndose los contagios masivos de manera exponencial por todos los continentes. Desde el primer caso de COVID-19 presentado en Chile, el 3 de marzo de 2020 en el Hospital Regional de Talca, al 14 de enero de 2021 la cifra de casos confirmados a nivel nacional asciende a 754.398 (Ministerio de Salud [Minsal], 2021). Según el primer reporte epidemiológico entregado por el Minsal (2020), en la región de Tarapacá, la ciudad de Iquique concentró los primeros contagios y actualmente es la segunda región con mayor tasa de incidencia acumulada (Minsal, 2021).
La pandemia ha develado y agudizado importantes problemas estructurales que afectan a la sociedad, es así que observamos, de acuerdo con los datos que proporciona el Sistema Integrado de Información Social con Desagregación Territorial (SIIS-T, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), s. f.), que el escenario tarapaqueño ha sufrido importantes alzas sobre el porcentaje de hogares ubicados en el tramo 0-40%, considerado de mayor vulnerabilidad socioeconómica entre los años 2016 y 2020 (47,8% y 52,5%, respectivamente), observándose un incremento de 5 puntos y una marcada concentración en pueblos rurales del interior. De acuerdo con la Encuesta Social COVID-19, aplicada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2020), el 59,4% de los hogares chilenos percibe que sus ingresos disminuyeron durante la pandemia.
Uno de los impactos más mediáticos de esta crisis ha sido la depresión económica y el consecuente aumento del desempleo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2020), en su informe trimestral al 30 de septiembre, la tasa de desocupación regional junio-agosto alcanzó un 15,5%, superando el promedio nacional (12,9%). Sin duda entonces es posible afirmar que los efectos de esta pandemia han sido más crudos para los sectores más pobres que, frente al aislamiento obligatorio, han precarizado aún más su participación en el mercado laboral y, por ende, la capacidad de acceder a recursos satisfactores de orden básico.
El modelo que promueve los esfuerzos y el capital individual se pone en tensión frente a la necesidad de revitalizar los tejidos comunitarios, en tanto la solidaridad se convierte en el motor esencial para la sobrevivencia de muchos. En el espacio local los comedores fueron proliferando rápidamente y se concentraron en las unidades vecinales más segregadas, ubicadas principalmente en la comuna de Alto Hospicio. El nuevo contexto social interpela a la institucionalidad, en tanto cuestiona sus soportes y orientaciones metodológicas. La universidad pública no está ajena a esta demanda de transformación, pues desde hace varias décadas ha existido un llamado explícito por retomar su rol social y desarrollar de manera integral sus funciones académicas: la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.
Voluntariado Popular "El pueblo ayuda al pueblo"
Este artículo corresponde a una sistematización que registra y analiza críticamente la experiencia de intervención del Voluntariado Popular El pueblo ayuda al pueblo, iniciativa impulsada por estudiantes y titulados de la Universidad Arturo Prat bajo el patrocinio de la Mesa Interina. Los voluntarios se organizan con el objetivo de prestar apoyo asistencial a jóvenes estudiantes de esta casa de estudios en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19; sin embargo, el impacto económico y social de la pandemia los motiva a ampliar sus objetivos. La implementación de este voluntariado universitario está enmarcada en la metodología comunitaria con enfoque asistencial.
Sus inicios tienen estrecha relación con el abordaje de las consecuencias de la crisis desde la mesa interina de la Federación de Estudiantes, respecto de las problemáticas que afectan al estamento estudiantil. Cabe señalar que la Universidad Arturo Prat, en su casa central, acoge una matrícula de 6.702 estudiantes, de estos un 76% provienen de las comunas de Iquique y Alto Hospicio; por otra parte, un 28% pertenece a hogares cuyo ingreso bruto no supera los $288.000 y un 32% declara ingresos brutos entre $288.001 y hasta $576.000 mensuales (Santos et al., 2020, p. 93). La finalidad y motivación de esta organización estudiantil es abordar la articulación territorial desde su desempeño autónomo, horizontal y autogestionado para desde allí, generar una respuesta política y social respecto de la crisis sanitaria que afecta el entorno, en correlato con las perspectivas metodológicas de la disciplina del Trabajo Social.
Entre sus principales funciones, se definieron: la gestión de alimentos e insumos de protección para los actores que conforman ollas comunes, el fortalecimiento de redes sociales de apoyo de estos comedores, la instalación de un centro de acopio y la promoción de campañas solidarias, educativas y socio recreativas para la comunidad.
Vulnerabilidad social de los territorios
La crisis sanitaria devela y agudiza la vulnerabilidad social de los territorios, esos espacios donde nuestra comunidad universitaria habita y se relaciona. En nuestro país coexisten diversos mecanismos de medición y focalización de la pobreza que han ido evolucionando de acuerdo con una concepción cada vez más compleja de este fenómeno, entre los que podemos mencionar aquellos que estarían basados en metodologías de medición tradicional por ingresos y aquellos que se refieren a la medición de pobreza multidimensional.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familiar conceptualiza en su Informe de Desarrollo Social (2019) que la medición de pobreza por insuficiencia de ingresos resulta de la comparación entre el ingreso del hogar y los valores de las líneas de pobreza y de pobreza extrema, los que se determinan en razón de un estándar mínimo de ingreso necesario para satisfacer necesidades básicas que responden a patrones de consumo habitual en la población. La medida de la pobreza multidimensional, en cambio, permite determinar de manera directa las condiciones de vida de la población, abordando el análisis de la situación de las personas y los hogares en relación con cinco dimensiones de bienestar: educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social.
La noción de vulnerabilidad social contribuye a identificar individuos, hogares y comunidades que por su menor dotación de activos y diversificación de estrategias tienen menor capacidad de respuesta y resiliencia; por lo tanto, por su situación de desventaja social están expuestos a mayores niveles de riesgo por alteraciones significativas en los planos sociales, políticos y económicos que afectan sus condiciones de vida y la capacidad de habilitarse por sus propios medios o por ayuda externa (Busso, 2005, p.
Entenderemos estas inflexiones como episodios que van agudizando y visibilizando problemas estructurales, arrastrados desde una crisis política, social y económica que ha afectado fuertemente a Latinoamérica. Para Boitano (2020, p. 25), “la crisis puede ser un punto de acolchado que nos permita analizar una serie de fenómenos fragmentarios como elementos que se anudan” y que han contribuido en la permanencia de la desigualdad, la injusticia y la vulnerabilidad social, todas ellas incrementadas con la crisis sanitaria.
Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) “como valor, actitud o conducta es hoy reconocida como un eje fundamental de gestión que toda organización debe incorporar de manera transversal en su planificación estratégica” (Rubio, 2020, p. 442). Según este planteamiento cada vez más instalado en las universidades, existiría la pretensión de marcar un sello en la formación profesional: el compromiso social, considerando que esta condición también implica instalar pensamiento crítico.
Desde el estallido social el trabajo colectivo ha sido fundamental y se desarrolla a través de diversos mecanismos, entre ellos el voluntariado universitario. Este “se entiende como una estrategia de participación social que redunda en un beneficio para la comunidad” que, desde una dimensión subjetiva, es posible identificar con una conducta prosocial que, a nivel local y desde su planificación, puede afectar la resiliencia comunitaria y la construcción de capital social (Alvarado et al., 2019, p. Hernández y Valverde (2018) advierten también el componente de participación social como respuesta de acción del voluntariado frente a las injusticias sociales. Así, entonces, “en una sociedad marcada por los grandes retos sociales, el voluntariado surge como una respuesta ciudadana en la búsqueda de la transformación social y el bienestar global” (Millares, 2015, p. 700), siendo necesario lograr conciencia de los efectos que sus acciones producen, no solo por parte de la sociedad a la que van dirigidas, sino también por parte de los mismos voluntarios (Rodríguez y Gutiérrez, 2010).
Metodología de Intervención
La experiencia de intervención tuvo como objetivo “contribuir a la gestión de iniciativas territoriales de economía colectiva que emergen en Alto Hospicio en el contexto de pandemia, a través de campañas solidarias, educativas y socio recreativas”. La propuesta se enmarca en la metodología de intervención comunitaria con enfoque asistencial. Para Marchioni et al. En su implementación, esta metodología desarrolla coaliciones comunitarias que representan la unión entre distintas organizaciones, instituciones y agentes que buscan mejorar las condiciones de vida de la comunidad a partir del trabajo cooperativo que releva la participación, el empoderamiento, el cambio social y la justicia social. En cuanto al enfoque asistencial, este tiene directa relación con las necesidades emergentes en contexto de crisis. La precarización económica y los efectos psicosociales del confinamiento exigían una respuesta rápida, subsidiaria y concreta para cubrir necesidades prioritarias.
Dicha sistematización es de tipo retrospectiva con enfoque hermenéutico, pues en su construcción, a nivel descriptivo, pretende dar cuenta de una parte de la experiencia que ha sido seleccionada como objeto; luego, a nivel reflexivo, se pretende profundizar en torno a la discusión de sus ejes desde la percepción de sus actores relevantes. La metodología seleccionada recoge la propuesta en cinco tiempos de Óscar Jara (2018). De esta manera, es posible determinar que durante el proceso participan activamente actores sociales que han sido parte del equipo del voluntariado, quienes han cumplido roles protagónicos en su conformación y gestión. Si bien la reflexión es una condición constante para reconocer obstáculos y tomar decisiones estratégicas que brindaran mayor efectividad a la propuesta, fue necesario intencionar un espacio dirigido en que participase el equipo de voluntarios en extenso.
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Matrícula total de estudiantes | 6.702 |
| Porcentaje de estudiantes de Iquique y Alto Hospicio | 76% |
| Porcentaje de hogares con ingreso bruto menor a $288.000 | 28% |
| Porcentaje de hogares con ingreso bruto entre $288.001 y $576.000 | 32% |
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