El pago de por vida a antiguos mandatarios ha agitado el debate político reciente en la región. En la península ibérica el gasto es doble, porque hay que contabilizar al otrora jefe de Estado, el abdicado rey Juan Carlos, además de los expresidentes de Gobierno.
Tras su renuncia el exmonarca pasó a cobrar 187 mil euros brutos al año, unos 11 millones de pesos mensuales, junto a la reina Sofía, que recibe 105 mil euros al año, unos 75 millones de pesos chilenos. Además se les mantiene oficinas y personal para representar a la Corona.
Los exjefes de gobierno, en tanto, cobran una pensión indemnizatoria, que es el 80% del sueldo, además de oficina, vehículo con chofer y seguridad, y pasajes gratuitos en el transporte público. Asimismo, tras dejar el cargo pasan a ser “consejeros natos del Consejo de Estado”, por un sueldo anual de 99.675 euros, cerca de 6 millones de pesos mensuales.
Comparación con otros países
Recientemente, México promulgó una ley que elimina la pensión vitalicia que reciben sus ex presidentes, sumándose a otros países de la región, como Brasil o Panamá, que tampoco entregan ese beneficio a sus ex gobernantes. Pero hay muchas otras naciones que sí entregan dinero mensual a sus ex mandatarios, cuyo monto varía ampliamente entre un país y otro.
Así lo reveló CNN en Español, medio que señala que Estados Unidos es el país del continente que entrega la pensión más generosa a sus ex gobernantes, 17.300 dólares, aproximadamente la mitad del sueldo del Presidente. En Estados Unidos los cinco expresidentes vivos ganan pensiones vitalicias por haber ocupado el cargo equivalentes a unos US$20.000 en promedio por mes cada uno. También tienen la protección del Servicio Secreto toda su vida y una partida para viajes, gastos de oficina, comunicaciones y cobertura de salud. En Alemania, los excancilleres que hayan estado al menos cuatro años en el cargo reciben una pensión mínima equivalente a unos US$4.230 por mes.
Chile se ubica en el segundo lugar en el listado de países de América que otorga las pensiones vitalicias más altas del continente, solamente superado por Estados Unidos, cuyo monto es de 17.300 dólares mensuales. Aquí los ex presidentes Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Eduardo Frei tienen una asignación mensual de $9.349.851 (unos US$ 13.822). Le sigue Colombia, donde los ex presidentes tienen derecho a una pensión vitalicia de US$ 10.200. Mientras que en Argentina reciben US$ 5.140 al mes, el mismo salario que un juez de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, la ex Presidenta Cristina Fernández cobra unos US$ 9.294 por su pensión y por el fallecimiento de su esposo, el también ex gobernante Néstor Kirchner. En Bolivia, Nicaragua y Puerto Rico la pensión de los ex mandatarios está en torno a los US$ 3.000. En este último país además las viudas de los ex gobernantes tienen derecho a recibir US$ 10.000 anuales.
Perú: En el vecino país del norte los exmandatarios tienen una pensión vitalicia por 15.600 soles (3.028.159 pesos chilenos) mensuales, equivalente al sueldo de un congresista.
Brasil: Si bien no tienen una remuneración, los expresidentes reciben beneficios. Por decreto, los exmandatarios tienen a su disposición 8 funcionarios para seguridad y apoyo personal, asesorías y motoristas. Además cuentan con dos autos oficiales a disposición.
Desde 1995 que los exmandatarios galos reciben 65 mil euros al año, es decir, unos 3,8 millones de pesos mensuales. Pero a diferencia de otros exmandatarios, a los 5 años se les reduce la cantidad de asesores de 7 a 3, pierden a los dos empleados domésticos y dos choferes y quedan con un sólo guardaespaldas.
Desde 1991, los primeros ministros reciben el 50% del salario al momento de abandonar el cargo, a lo que se suma un máximo de 115.000 libras al año (7,9 millones de pesos chilenos mensuales) en conceptos de gastos para secretaría y oficina que deben justificar.
Aunque actualmente su expresidente renunció al beneficio, igual tuvo la opción de acceder a una pensión de por vida de 217.000 euros anuales brutos, unos 13 millones de pesos chilenos mensuales.
Tal como sucedía en nuestro país tras el término de la dictadura, en Italia el expresidente se convierte en un senador vitalicio por una pensión de 15 mil euros, unos 10 millones de pesos. Asimismo, tienen derecho a una oficina con personal contratado por el Senado con secretaria personal, jefe de gabinete, varios funcionarios, un consejero diplomático y un mayordomo; un vehículo con chofer y escolta fija.
Quizá el mejor ejemplo de austeridad lo dan los noruegos, quienes establecieron una indemnización por concluir su mandato, y sólo se puede optar a una pensión si el político ha cumplido 12 años como miembro del parlamento, sin ningún tipo de otro beneficio. Recordemos que a diferencia de nuestro país, con un sistema presidencialista, en el país nórdico hay una monarquía democrática parlamentaria.
El debate en torno a los sueldos vitalicios
Zipi Chs/EPA vía ShutterstockMADRID - Celos hacía sus sucesores, intromisión en la política nacional y dificultad crónica para despegarse de lo que consideran suyo. A los expresidentes les cuesta tanto dejar el poder que en España suavizamos su partida con un sueldo vitalicio, despacho con asistente, coche oficial y servicio de seguridad. Y, sin embargo, siguen tan desubicados como cuando Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), los comparó con jarrones chinos: “Se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes”.
El legítimo derecho de los expresidentes a opinar, cuando va acompañado de un intento de seguir influyendo en el rumbo del país, limita la renovación de personas e ideas, alarga personalismos prescindibles y resta dinamismo a las democracias que los padecen.
En su lugar han vivido una jubilación llena de incoherencias morales: a la vez que seguían medrando en la política nacional, y especialmente en la de sus partidos, cobraban en consejos de administración de empresas que sus gobiernos supervisaron en su día.
Todo sería más perdonable, y lo bueno más memorable, si González y Aznar no emplearan tantas energías en hacer oposición a los presidentes que los sucedieron, incluidos los de su propio partido (...). La incapacidad de los expresidentes para aceptar su jubilación con más deportividad viene en parte de su ego y en parte de una falta de cultura democrática en España que también existe, y a veces se acentúa, en algunos países latinoamericanos.
Los verdaderos estadistas entienden que, más allá de ideologías o partidos políticos, gobernaron para toda la ciudadanía. Y que, de igual modo, su papel institucional como expresidentes debe ponerse al servicio del país, no de intereses partidistas.
El papel de los expresidentes, ahora regulado en sus beneficios, debería concretarse con una reforma legislativa que incluya un marco de incompatibilidades mientras sigan cobrando del Estado y más concreción sobre las ocupaciones con las que justifiquen esos sueldos. Pero al final del día, es el carácter de cada uno lo que determina si se convierten en un valor para las sociedades que lideraron o en molestos jarrones chinos.
El Presidente Gabriel Boric en La Moneda. MARIO TELLEZ ComentariosCerca de $7 millones perciben los expresidentes de la República por concepto de dieta vitalicia. A ese monto se suman otros $8 millones para gastos operacionales y de traslación. En total, son cerca $16 millones.
Hace unos días el diputado independiente, Carlos Bianchi, presentó una moción parlamentaria que apunta a reformar este beneficio. El proyecto busca que los exjefes de Estado reciban ese dinero después de los 65 años y no apenas terminen su mandato.
La moción, en caso de que llegase a aprobarse en el Congreso, afectaría al Presidente Gabriel Boric, quien tendría esta “jubilación” a los 40 años.
En entrevista con radio ADN, Boric se refirió a este debate. “No me refiero a la situación personal porque no es algo en que yo esté pensado ni se trata de defender yo respecto a mi persona. Creo que los expresidentes en general son instituciones que vale la pena cuidar y a mí me parece razonable que los expresidentes, independiente del caso de mi persona, que no voy a entrar en defensas de privilegios en ningún caso, tienen que tener un resguardo para poder seguir cumpliendo la función que históricamente han cumplido, que es aportar al debate nacional sin estar vinculados a un interés privado particular”.
Asimismo, agregó: “Creo que ese es el sentido de fondo de aquello que no implica en términos presupuestarios del Estado, no es significativo.
"Eso es lo que se quiere evitar", dice Javier Corrales, profesor de ciencia política en el Amherst College de Estados Unidos y experto en temas de poder presidencial en América Latina.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, actualmente en prisión preventiva en un penal de Lima. Foto: La Tercera/Archivo PRESIDENCIA DE PERÚ ComentariosEl expresidente peruano Pedro Castillo, quien es investigado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, siguió percibiendo los ingresos correspondientes a su cargo tras el presunto golpe de Estado, el pasado 7 de diciembre de 2022.
De acuerdo a una investigación periodística sobre el pago de remuneraciones y otros beneficios laborales a altos funcionarios de Gobierno, en base a información recogida desde la subsecretaría general del Despacho Presidencial, se pudo establecer que Castillo tras ser derrocado por el Congreso y enviado a cumplir prisión preventiva en una cárcel de Lima, recibió pagos por remuneración y asignaciones por más de 19 mil soles, unos cuatro y medio millones de pesos.
Desde el Despacho Presidencial se informó que el desembolso corresponde a las planillas procesadas y pagadas en diciembre de 2022 al exmandatario en su calidad “ex servidor público, quien se desempeñó como presidente de la República hasta el 06 de diciembre de 2022″, según el reporte del diario limeño La República.
Por otro lado, Castillo -actualmente en prisión preventiva- percibe una pensión vitalicia de 15.600 soles mensuales (unos tres y medio millones de pesos) en su calidad de expresidente de la República, aun estando privado de su libertad en el penal de Barbadillo. A la fecha, existen varios proyectos de ley -tanto de la izquierda (Perú Libre) y de la derecha (Avanza País)- para eliminar o reducir este beneficio constitucional para ex jefes de Estado, lo que no afectaría al exmandatario al no poderse legislar de manera retroactiva.
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