El presente artículo comunica acerca de la configuración normativa y la elaboración doctrinaria y jurisprudencial del principio de capacidad económica en España. En España, la Constitución declara inembargable el derecho de salario por trabajo y servicios, sea éste percibido por de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.
Dentro de los modelos de negociación colectiva propuestos por Gino Giugni hay dos en los que el resultado de la negociación se encuentra sujeto a condiciones externas. Es por ello que se les denomina modelos intervenidos o reglados. El ámbito territorial determina el espacio de trabajo e, incluso, el ámbito interprofesional, sin perjuicio de cierto contenido mínimo determinado por ley, que la doctrina.
El Gobierno español anunció este viernes un aumento del salario mínimo del 8% en 2017, tal y como exigía la oposición socialista, y prevé reducir el desempleo, uno de los más altos de la Eurozona, al 12,8% en 2019. "La proyección que realizamos es que acabaremos con una tasa del paro del 12,8%" de la población activa a finales de 2019, dijo a la prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos, al finalizar el consejo de ministros. Al finalizar el tercer trimestre, la tasa era del 18,9%.
Según un comunicado, el gobierno "prevé la creación de casi dos millones de empleos en el periodo 2016-2019". Si se cumple la reducción del paro, España volvería a los niveles previos a la crisis iniciada en 2008, que disparó el porcentaje de desempleados alrededor del 27% en 2013. Igualmente, el gobierno de Mariano Rajoy decidió aumentar un 8% el salario mínimo en 2017, lo que supone el mayor incremento en 30 años, según el PSOE. En virtud del decreto aprobado, pasará de 764 euros a 825 euros mensuales, a razón de doce pagas.
El Gobierno ha dado este viernes un paso para acabar con el limbo legal en el que se encuentran los jóvenes que acaban la universidad, estudian un máster y comienzan su carrera investigadora en condiciones muchas veces precarias, con infrasueldos e inestabilidad laboral. “Es muy positivo, llevábamos más de siete años esperando esto.
En España había 66.000 estudiantes de doctorado matriculados en el curso 2016-2017, según el Instituto Nacional de Estadística. El Ministerio de Ciencia calcula que unos 15.000 de ellos tienen algún tipo de contrato. Hay casos como los de los beneficiarios de las Ayudas de la Fundación Valhondo, en la Universidad de Extremadura, que reciben 11.520 euros brutos anuales, unos 880 euros limpios al mes. “Hablamos de personas que han estudiado un máster”, lamenta Giménez, presidente de la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2011 la ley de la Ciencia, que ya establecía un tipo de contrato predoctoral específico, fijando un plazo de dos años para su desarrollo reglamentario. Sin embargo, Mariano Rajoy ganó por mayoría absoluta las elecciones del 20 de noviembre de 2011, suprimió el Ministerio de Ciencia y el desarrollo de la ley nunca se produjo, hasta hoy. Son casi seis años de retraso.
Hasta la ley de la Ciencia de 2011, los investigadores predoctorales eran considerados becarios en sus primeros años, sin posibilidad de cobrar el paro o cotizar para una pensión. Giménez, pese a la alegría, cree que el real decreto es “un documento de mínimos” que deja tareas pendientes: “Los investigadores predoctorales no tenemos derecho a indemnización. No puede ser que alguien que está cuatro años trabajando en un mismo centro no tenga derecho a un finiquito o a una indemnización.
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