El salario mínimo en Chile ha experimentado diversos cambios a lo largo de los años, reflejando las políticas económicas y sociales de cada gobierno. Hoy, el monto es de $350 mil.
Historia del Salario Mínimo en Chile
En el año del retorno a la democracia, el sueldo era de $26 mil mensuales. En los cuatro años de gobierno de Patricio Aylwin (DC) el monto prácticamente se duplicó ya que a fines de su mandato cuando llegó a $46.000.
En 1994, año en que llega a la presidencia Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) el salario mínimo avanzó a $52.150 y subió hasta $90.500 a fines de 1999 cuando finalizó su gobierno de seis años. En junio del 2000, cuando estaba en el cargo, Ricardo Lagos Escobar (PPD) el sueldo mínimo llegó a $100 mil mensuales y en 2005 el último año de su gobierno la cifra ascendió a $127.500.
En la primera administración de Michelle Bachelet, y concretamente en julio de 2006, el salario mínimo llegó a $135 mil, y el último año de su gobierno la cifra fue de $165 mil.
El salario mínimo en el país recién superó los $200 mil en agosto de 2013 bajo el primer mandato de Sebastián Piñera. Llegó a $250 mil en enero de 2016 en el segundo gobierno de Bachelet.
En marzo de 2019 ascendió a $301 mil y a partir del 1 de enero de este año, cuando terminaba la segunda administración de Piñera el salario mínimo alcanzó los $350 mil.
Propuesta de Aumento del Salario Mínimo
Este lunes el gobierno y la CUT alcanzaron un acuerdo para elevar el salario mínimo a $380 mil desde el 1 de mayo, y a $400 mil desde agosto. Así el sueldo tendría un alza de $30 mil el próximo mes, para subir otros $20 mil en el octavo mes. Además, habría otro incremento de $10 mil en enero de 2023 si la inflación finaliza el año sobre el 7%.
El acuerdo incluye, sin especificar la fórmula, una compensación transitoria a las micro, pequeñas y medianas empresas, destinada a graduar la absorción del incremento real del ingreso mínimo mensual, sin especificar detalles. El gobierno destacó que el aumento del salario mínimo concordado es el alza más alta en 25 años, y, además, hace 6 años que la CUT no llegaba a acuerdo con el gobierno en esta materia.
Desigualdad y el Salario Mínimo
La desigualdad en Chile es significativa. Mientras el 1% más rico en Chile acumula el 33% de los ingresos totales según el Banco Mundial, la mitad de los trabajadores gana menos de $400.000.
La propuesta de ingreso mínimo garantizado (IMG) planteada por el Ejecutivo, cuyo costo involucra alrededor de US$ 396 millones del Fisco y cuyos beneficiarios serían alrededor de medio millón de personas, establece un aporte máximo de $49.000 a quienes obtienen $301.000 de sueldo mínimo bruto. Así, su ingreso mensual líquido será de $289.800.
Esto abre la pregunta ¿para qué debería alcanzar el Salario Mínimo? El sentido común indica que al menos debería permitir que una persona trabajando, pueda sacar a su grupo familiar de la pobreza. Los datos indican que la brecha entre la línea de la pobreza para un hogar promedio (4 personas) ($436.000) y el salario mínimo ($301.000) es de $135 mil.
Ingreso Básico Universal (IBU)
El estallido del 18/O ocurre en un mundo donde el trabajo se ha vuelto inestable y los salarios reales caen. El autor revisa aquí el Ingreso Mínimo Garantizado propuesto pro el gobierno y lo compara con el Ingreso Básico Universal que se discute en países que buscan hacer frente a la desaparición de empleos como resultado de la automatización. Este ingreso implicaría que todos los chilenos recibieran un monto, independientemente de si trabajan o no. Un monto por ser parte de esta sociedad.
Una de las propuestas más controversiales de este último tiempo a nivel mundial es el Ingreso Básico Universal (IBU). La propuesta de IBU ha adoptado diversas denominaciones a lo largo de su historia (Weidenslaufer et al., 2019). Es un ingreso pagado en efectivo.
Se paga en un medio de intercambio adecuado, permitiendo que quienes lo reciben puedan decidir en qué lo gastan. Es pagado por una comunidad política, pero no requiere, necesariamente, ser pagado por un estado nacional. Se paga a todos sus miembros. Esto abre el debate sobre si incorporar o no a las personas que no tienen un estatus legal dentro de un determinado estado nacional. En este sentido, si se trata de una política pública inclusiva, restringirlo solo a los ciudadanos implicaría la creación de un mercado laboral dual. También entra en el debate desde cuándo se pagaría, si desde la misma niñez hasta la edad donde los trabajadores ya están pensionados.
Se paga de manera individual. Es decir, este ingreso se pagaría a cada uno de sus miembros. Asimismo, sería uniforme para cada miembro del hogar. Es independiente de los ingresos por el trabajo u otros. Esto quiere decir que el beneficio se pagaría igualmente tanto a ricos como a pobres. Sin embargo, los recursos sujetos a carga impositiva -no el ingreso básico- pueden ser gravados a altas tasas para financiar así el ingreso básico.
Se pagaría sin ningún requerimiento laboral, es decir, independientemente del desempeño en el actual trabajo o su disposición a buscar trabajo. Se trata de un derecho social individual que se paga al sujeto titular que materializa los valores de la igualdad material y de solidaridad.
Justificación Filosófica del IBU
¿Cuál es la justificación filosófica o ética de un ingreso básico? Un argumento fundamental es que el Ingreso Básico Universal es un instrumento de justicia social que refleja el carácter social o colectivo intrínseco de la riqueza de una sociedad. Ataca la proletarización del trabajo (falta de libertad) postulada por Marx. Es hora de poner en la palestra reformas estructurales frente al modelo en que vivimos como una respuesta para avanzar hacia una sociedad con personas libres en un sentido real y no solo formal.
Ventajas Económicas del IBU
Existe evidencia suficiente para corroborar que aun cuando las justificaciones primarias de un IBU son justicia social, libertad y seguridad, un sistema IBU generaría un número de ventajas económicas. Según Standing (2017), la evidencia acumulada sugiere que dinero adicional circulando en la economía aumentaría la demanda agregada y propiciaría crecimiento económico siempre que la oferta no esté restringida. Por la misma razón, un IBU disminuiría las restricciones en el balance de pagos asociadas con estimular la demanda agregada. Las personas con mayores ingresos tienden a comprar más bienes y servicios importados que personas con bajos ingresos.
Se habla generalmente del contraargumento de la inflación, diciendo que dinero adicional subiría los precios. Pero esto demuestra limitado raciocinio. Esto es porque la demanda adicional resultante del dinero adicional es probable que genere una oferta adicional de bienes y servicios. Esto crearía nuevos empleos, aumento así los salarios, el poder de compra y producción por un efecto multiplicador.
Considerar poner en práctica el Ingreso Básico Universal como un derecho de la sociedad implicaría un nuevo pacto social con un compromiso mínimo de seguridad que ahora no existe. Esto no significa derribar lo que se ha hecho hasta la fecha en seguridad social en Chile.
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