El salario mínimo cumple un importante rol en asegurar un piso salarial, especialmente a los trabajadores con un bajo nivel de capacitación. Esto debido a que este grupo laboral se desenvuelve en un marco de limitadas capacidades de negociación salarial y mínimas posibilidades de movilidad, lo que genera asimetría en el poder negociador de trabajadores y empresarios.
En el contexto económico actual, es crucial considerar la lenta recuperación del empleo y la persistencia de altas tasas de desempleo. Si bien el salario mínimo en sí no es una causal directa de desempleo, existe un nivel a partir del cual éste empieza a ser restrictivo para la contratación en los sectores más vulnerables.
En este sentido, el gobierno se encuentra desarrollando un importante esfuerzo con los programas de empleo directo y subsidios a la contratación de mano de obra. Asimismo, el proyecto considera que en las condiciones económicas presentes, un reajuste plurianual tendría que basarse necesariamente en supuestos relativamente conservadores.
Dicha definición plurianual tiene por objeto disminuir el nivel de incertidumbre en la economía. En efecto, dicho reajuste supuso cifras promedio anual de 5.7% de crecimiento, 4% de productividad y 4% de inflación para dicho período.
En el año del retorno a la democracia, el sueldo era de $26 mil mensuales. En los cuatro años de gobierno de Patricio Aylwin (DC) el monto prácticamente se duplicó ya que a fines de su mandato cuando llegó a $46.000.
En 1994, año en que llega a la presidencia Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) el salario mínimo avanzó a $52.150 y subió hasta $90.500 a fines de 1999 cuando finalizó su gobierno de seis años. En junio del 2000, cuando estaba en el cargo, Ricardo Lagos Escobar (PPD) el sueldo mínimo llegó a $100 mil mensuales y en 2005 el último año de su gobierno la cifra ascendió a $127.500.
En la primera administración de Michelle Bachelet, y concretamente en julio de 2006, el salario mínimo llegó a $135 mil, y el último año de su gobierno la cifra fue de $165 mil.
El salario mínimo en el país recién superó los $200 mil en agosto de 2013 bajo el primer mandato de Sebastián Piñera. Llegó a $250 mil en enero de 2016 en el segundo gobierno de Bachelet. En marzo de 2019 ascendió a $301 mil y a partir del 1 de enero de este año, cuando terminaba la segunda administración de Piñera el salario mínimo alcanzó los $350 mil.
Este lunes el gobierno y la CUT alcanzaron un acuerdo para elevar el salario mínimo a $380 mil desde el 1 de mayo, y a $400 mil desde agosto. Hoy, el monto es de $350 mil. Así el sueldo tendría un alza de $30 mil el próximo mes, para subir otros $20 mil en el octavo mes. Además, habría otro incremento de $10 mil en enero de 2023 si la inflación finaliza el año sobre el 7%.
El acuerdo incluye, sin especificar la fórmula, una compensación transitoria a las micro, pequeñas y medianas empresas, destinada a graduar la absorción del incremento real del ingreso mínimo mensual, sin especificar detalles. El gobierno destacó que el aumento del salario mínimo concordado es el alza más alta en 25 años, y, además, hace 6 años que la CUT no llegaba a acuerdo con el gobierno en esta materia.
Tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE proyectaron en junio último, que el PIB mundial para fines de 2021 será inferior en más de 6 puntos porcentuales de lo que se anticipaba a comienzos del presente año. Y la diferencia, de acuerdo a la OCDE, podría llegar hasta 10 puntos porcentuales en presencia de una segunda ola global de contagios de COVID-19. Por otra parte, añade, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central en el IPoM de junio, el valor central estimado para el PIB de Chile para el próximo año estará casi 10 puntos porcentuales por debajo del nivel que se esperaba en septiembre del año pasado.
Asimismo, manifiesta que el PIB de 2020 será muy similar al registrado en 2017. Cabe recordar que en el segundo semestre de 2017 el ingreso mínimo mensual era de $270.000, lo que a pesos de mayo de 2020 equivale a $291.346. En el trimestre móvil mayo-julio de 2017 la tasa de desempleo era del 7,2%, significativamente inferior al 13,1% que entregó el INE para el trimestre móvil mayo-julio 2020.
Se debe considerar, además, que, según la base de datos del Administrador del Fondo de Cesantía, tres de cada cuatro trabajadores que ganan el mínimo son empleados por la Pyme. Además, la mayor concentración se encuentra en microempresas en donde aproximadamente se encuentran 30% de estas relaciones laborales. En efecto, si observamos la realidad interna de cada empresa nos damos cuenta que, en promedio, un 43% de la planilla de las micro empresas está afecta al ingreso mínimo mensual.
Hace presente, del mismo modo, que los sectores donde la crisis ha golpeado con mayor fuerza son aquellos que absorben mayor empleo de baja calificación y que pagan remuneraciones cercanas al ingreso mínimo mensual (comercio, construcción, servicios de alimentación). Además, los salarios del sector privado no están creciendo en términos reales. Hasta marzo, las remuneraciones nominales venían creciendo entre 4 y 5% anual, pero a partir de abril de este año se observa desaceleración a tasas entre 2 y 3% nominal.
Expresa, igualmente, que las relaciones laborales afectas al ingreso mínimo mensual son mayores en mujeres, en jóvenes y en trabajadores con niveles de escolaridad bajos. Según CASEN 2017, aproximadamente el 60% de los trabajadores afectos al ingreso mínimo mensual tienen un nivel educacional igual o inferior a educación media y un 32 % tiene entre 18 y 30 años.
Señala, a continuación, que la pandemia está afectando especialmente el empleo de esos grupos. Según el INE, la destrucción de empleo para menores de 30 años ha sido de un 28% con respecto al año anterior, en contraste los mayores de 30, que tuvieron una caída del 11% (la caída de los jóvenes fue 17 puntos porcentuales mayor) Para el caso de las mujeres, la destrucción de empleo asalariado fue de un 12,5% con respecto al año anterior, en contraste, la de los hombres fue de un 10,2% (la caída de mujeres es 2 puntos porcentuales mayor).
Finalmente, manifiesta el Mensaje, la introducción del ingreso mínimo garantizado (“IMG”), mediante la ley N°21.218, modifica sustancialmente el carácter de la discusión respecto del reajuste del salario mínimo. Con un piso de ingresos garantizado por el IMG, la incidencia del reajuste del ingreso mínimo mensual sobre el poder adquisitivo de los trabajadores es mínima (aproximadamente un 9%).
Resalta, que bajo las actuales condiciones, la capacidad de los empleadores de mantener sus actividades se ha visto deteriorada, por lo cual también se tiene que atender a esta realidad, ya que los puestos de trabajo asociados a estas actividades son muchos. La presente iniciativa legal, en estos tiempos de crisis, propone un reajuste del ingreso mínimo mensual por inflación, de forma tal de mantener el poder adquisitivo en relación al último reajuste.
Esto quiere decir que el monto del ingreso mínimo mensual se incrementa a $322.000, de acuerdo a la variación acumulada del IPC entre marzo 2020 y hoy, que, de acuerdo a los datos disponibles (incluyendo las proyecciones de agosto 2020), es del 0,4%. A su vez, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65 años de edad se eleva a $240.041 y el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales, a $207.416.
Es importante hacer notar que el salario mínimo debe ser fijado de acuerdo con los análisis que indiquen que su variación será soportada por nuestra economía y no provocará efectos negativos; porque, si bien es cierto que el ingreso mínimo no es causal de desempleo, a partir de cierto nivel empieza a producir restricciones y, sobre todo, a afectar a las personas menos capacitadas, jefas de hogar, gente joven.
El diputado señor Lorenzini planteó la posibilidad de buscar mecanismos diferentes en el futuro -y en esto fue apoyado por los diputados de las regiones Undécima y Duodécima, señores Pedro Muñoz , Pablo Galilea y Álvarez - en términos de fijar, quizás, un ingreso mínimo diferenciado por regiones, de acuerdo con sus particulares circunstancias; un “salario mínimo regional”, un salario más de acuerdo con las distintas condiciones del país, por regiones y también por sectores económicos.
Los ministros Solari y Eyzaguirre manifestaron que se referirían a esta proposición en la Sala.
La diputada señora Adriana Muñoz , en representación del PPD, manifestó su malestar porque estas discusiones al final son blanco-blanco e, incluso, propuso estudiar más adelante el cambio de la actual iniciativa presidencial, tema que nació en nuestros debates respecto del poder del parlamentario en este tipo de propuestas. No obstante mantener también la idea de un ingreso mínimo mayor, dadas las condiciones y circunstancias expuestas por el Ejecutivo , anunció también su votación favorable y manifestó su oposición a cualquier intento, como se ha escuchado de algunos sectores en los últimos días, de eliminar el ingreso mínimo.
Ella no encuentra equitativo ni justo el aumento propuesto y, por lo tanto, no comparte aquellos criterios, pero, por justicia y equidad, lo votará favorablemente.
El diputado señor Álvarez mencionó que es necesario conocer en detalle -aquí se suma a lo planteado por otros parlamentarios hacia el futuro- los efectos desde el punto de vista numérico, focalizando las medidas, o sea, qué estamos solucionando, quién paga, quién recibe.
Felicitó al señor ministro por haber estado más aterrizado esta vez y no escuchar cantos de sirena en ese sentido.
Los parlamentarios de la Democracia Cristiana hemos hecho un gran esfuerzo y un trabajo muy serio con respecto al salario mínimo. Por lo demás, en todo lo relacionado con materias laborales, esta bancada se ha caracterizado por defender a los trabajadores y por tratar de interpretar lo mejor posible sus aspiraciones ante el Gobierno.
A raíz de eso, hace más de un año -como lo dije en la comisión- hicimos presente oficialmente al Ejecutivo la necesidad de preocuparse desde ya del ingreso mínimo para 2001. La situación no se dio como esperábamos y, como vimos que ello estaba ocurriendo, en conjunto con la diputada María Rozas y los diputados Edgardo Riveros , Lorenzini y otros más, hace un mes y medio planteamos a los trabajadores y al Gobierno que el tema del salario mínimo se debía asumir políticamente, como una cuestión de Estado que requería una pronta solución, que trajera paz social durante el gobierno del Presidente Lagos.
En su oportunidad, nuestro planteamiento -lo manifestamos en forma reiterada a los ministros- fue que se llegara al término de este gobierno a un ingreso mínimo de 150 mil pesos. Muchos dijeron que era una cifra muy abultada, que la situación social y política del país no daba para eso, que la cesantía había aumentado; en definitiva, que no era posible.
Cuando conversamos con los dirigentes de la CUT y con muchos parlamentarios en relación con el reajuste del 5,5 por ciento del ingreso mínimo, la mayoría llegó a la conclusión de que habría sido preferible acoger nuestro planteamiento, porque traía paz social reajustarlo durante este gobierno en la forma por nosotros propuesta, esto es, según un procedimiento que permitiera llegar a 150 mil pesos al término del mandato del Presidente Lagos .
Reitero a los ministros de Estado que es preferible hacer un serio estudio, en el cual participen trabajadores, empleadores y parlamentarios, a fin de establecer un procedimiento para fijar el ingreso mínimo por lo que resta del gobierno del Presidente Lagos.
Llevamos aquí dos horas; estuvimos menos de una en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo para aprobar el proyecto sobre el ingreso mínimo.
La bancada de la Democracia Cristiana ...
En la década del 80’, en plena Dictadura Cívico-Militar y a costa de la violenta represión por parte de las Fuerzas Armadas, la derecha y los empresarios, en Chile comenzó una ola de privatizaciones, y con esto, el terreno propicio para que la clase empresarial y sus políticos convirtieran todo derecho fundamental en un negocio redondo.
Corría el mes de noviembre de 1980 cuando José Piñera, creador también del anti-obrero Plan Laboral, impulsó un nuevo modelo para administrar las pensiones y ahorros de miles de personas, a través del Decreto Ley 3.500, llamado Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales pasarían a estar en manos de empresas privadas, bajo una lógica de capitalización individual.
Desde el 31 de diciembre de 1982 hasta la fecha, las AFP pasaron a ser el único sistema de previsión social para todas las personas que se van incorporando al mundo laboral, lo cual no rige para los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes tienen sistemas de pensiones y cotizaciones en base a la modalidad de reparto, en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).
Cada vez que los trabajadores llegan a su décimo día del mes, el 10% de su salario es transferido como cotización a la AFP correspondiente, es decir, alrededor de $27.600 mil (tomando como base el salario mínimo establecido) pasan a las manos de empresas privadas, las que administran a su antojo los ahorros de años de trabajo.
Entre las empresas que más se benefician a costa de los bolsillos de los trabajadores se encuentran IPSA (Cencosud, Endesa, Latam, Enersis, Falabella, Colbún, Copec, Soquimich, AES Gener, CMPC) y 10 bancos, que reciben la suma de US$41.500 millones.
Las AFP no sólo ‘administran’ el dinero de miles, sino que lo utilizan para invertir y obtener ganancias aún más millonarias. En palabras del economista Gonzalo Durán “las AFP invierten el dinero de los trabajadores en los bancos, por ejemplo, en depósitos a plazo, cuyas tasas de interés fluctúan entre 4% y 4,5% anual. A su vez, estos mismos bancos, prestan ese dinero a los trabajadores por medio de créditos de consumo, a tasas anuales de 25% (…) Un negocio redondo. El 90% de las pensiones que pagan las AFP tienen un monto inferior al 64% del sueldo mínimo” (Publimetro, 13 de marzo de 2015).
Según el investigador Marcos Kremerman “el 90% de los pensionados con pensión programada recibe pensiones inferiores a $144.000”, mientras que el promedio de las ganancias diarias de las AFP es de $1 millón.
En este sentido, las precarias jubilaciones empeoran cuando se trata de las mujeres trabajadoras, ya que un 93% recibe menos de $147 mil, mientras que el 87% de los hombres gana dicho monto.
Esta brutal realidad afecta a la mayoría de la población trabajadora, la que gana un mísero salario mínimo de $225 mil, en un contexto de profundo cuestionamiento hacia las instituciones del régimen político y la clase empresarial. Al mismo tiempo que por los medios de comunicación se ve cómo políticos de derecha y empresarios son encontrados culpables de fraudes, corrupción y robos.
Por su parte, el gobierno de Piñera está a punto de presentar el proyecto final de reforma al sistema de pensiones que, tal como hemos informado en La Izquierda Diario, busca proteger el modelo de "capitalización individual" y mantener intactas las ganancias de los empresarios y dueños de las AFP.
Algunos de los ejes de la propuesta del gobierno es la creación de un "seguro solidario", que vendrá del alza de 4% de las cotizaciones que realizan las y los trabajadores.
Por otra parte, el llamado "Pilar Solidario" aumentaría en un 42% de manera gradual, partiendo con un 10% durante el primer año. Actualmente, el monto de la Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez es de unos míseros $104.646, recibidos por un 40,5%, es decir, 583.505 personas, y el aumento que propone el gobierno seguiría manteniendo pensiones inferiores al sueldo mínimo, específicamente para los sectores más pobres.
Además de lo anterior, el gobierno de Piñera instala otro punto sobre "aumentar la competencia", que concretamente es darle espacio a que más empresas privadas se incluyan en el negocio millonario de las AFP, como cooperativas de ahorro y crédito, cajas de compensaciones, entre otras entidades.
Ante esto, la Coordinadora No + AFP convocó a una Protesta Nacional este 24 de octubre, y son diversas las manifestaciones que se realizarían en distintas ciudades del país.
En opinión del presidente del Sindicato Komatsu Reman, William Muñoz, "este miércoles y el próximo 8 de noviembre, día en que se realizará el paro convocado por la CUT, debemos ser miles en las calles, e impulsar una fuerte unidad de las y los trabajadores, de los sindicatos, federaciones y organismos, que sirva para coordinar las distintas luchas y reivindicaciones que se están generando, como contra los despidos, y huelgas como en Subus, para que así podamos generar una gran fuerza y poder enfrentar las reformas neoliberales de Piñera, como en pensiones y laboral", comenta el dirigente.
"Si queremos frenar los planes del gobierno, detener los despidos que han afectado a miles de familias solo este año, las alzas de precios como en el transporte público y mejorar las condiciones laborales de los choferes; conquistar pensiones y salarios acorde a la canasta familiar de $450.000, y un sistema de reparto solidario, tripartito y gestionado por trabajadores y jubilados, entre otras reivindicaciones, debemos estar unidos y coordinados, movilizarnos en las calles junto a los estudiantes, las mujeres, y no continuar aislados", concluye Muñoz.
Tabla de Evolución del Salario Mínimo en Chile (1990-2023)
| Año | Salario Mínimo Mensual |
|---|---|
| 1990 | $26,000 |
| 1994 (fin del gobierno de Aylwin) | $46,000 |
| 1994 (inicio del gobierno de Frei) | $52,150 |
| 1999 (fin del gobierno de Frei) | $90,500 |
| 2000 (inicio del gobierno de Lagos) | $100,000 |
| 2005 (fin del gobierno de Lagos) | $127,500 |
| 2006 (inicio del gobierno de Bachelet) | $135,000 |
| 2010 (fin del gobierno de Bachelet) | $165,000 |
| 2013 (gobierno de Piñera) | $200,000 |
| 2016 (gobierno de Bachelet) | $250,000 |
| 2019 | $301,000 |
| 2022 | $350,000 |
| 2022 (Mayo) | $380,000 |
| 2022 (Agosto) | $400,000 |
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