En España, el marco normativo establece dos realidades muy distintas según el tipo de contrato. En contraste, los funcionarios públicos sí están sujetos a la jubilación obligatoria a los 65 años, aunque con algunas excepciones. En ciertas profesiones, como la medicina o la magistratura, puede solicitarse la extensión de la actividad laboral hasta los 70 o incluso los 72 años.
Uno de los testimonios más elocuentes es el de Juan Fernández (nombre ficticio), médico internista gallego de 77 años. Obligado a jubilarse hace más de una década, recuerda ese momento como un punto de quiebre emocional. “Me obligaron a jubilarme cuando estaba en un buen momento profesional, de mucha ilusión, cuando mi rendimiento era el mejor del equipo”, cuenta. Tres meses después de su retiro, sufrió un infarto. Fernández fue jefe de servicio en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo y lideraba la formación de nuevos médicos. Su jubilación no fue voluntaria: el Servicio Gallego de Salud eliminó repentinamente la prórroga que permitía a los médicos hospitalarios seguir trabajando hasta los 70 años. “Me llamaron para decirme que al día siguiente de cumplir los 65 ya no podía trabajar.
El caso del doctor Carlos Rodrigo, director clínico de Pediatría del Hospital Germans Trias i Pujol y catedrático universitario, es distinto. Gracias a su condición académica, ha podido prolongar su actividad hasta los 70 años. “Es una pena que doctores que no son profesores universitarios no puedan seguir trabajando después de los 65”, afirma.
Rosa María Calaf, reconocida periodista y ex corresponsal internacional de Radiotelevisión Española, también vivió una forma encubierta de retiro anticipado. A los 61 años le propusieron acogerse a un ERE “supuestamente voluntario”, pero nunca recibió respuesta clara sobre el procedimiento. Para Calaf, la discriminación por edad es evidente en el ámbito laboral. “Lo que he hecho a la empresa le ha costado dinero y cuando tienen la experiencia acumulada, la tiran a la basura. Como persona, te sientes maltratada”. Hoy dedica parte de su tiempo a divulgar la importancia del talento sénior. “Es importantísimo que se haga entender a la sociedad el valor de la experiencia. En Japón se cuenta con la gente mayor.
Una mirada similar tiene Julio Méndez, jubilado y activista por los derechos de las personas mayores. Critica que miles de profesionales con amplios conocimientos estén hoy relegados al olvido. “¿Por qué tenemos magistrados, médicos, ingenieros o arquitectos en sus casas, sin saber qué hacer?”, se pregunta.
La reflexión del doctor Rodrigo resume bien el dilema: “Los conocimientos y la parte mental te dan una riqueza. En medicina asistencial y académica, podemos seguir aportando mucho.
Impacto Psicológico de la Jubilación Obligatoria
Más allá de lo legal, la jubilación impuesta afecta profundamente el bienestar psicológico de quienes la experimentan. “El problema aparece cuando no hay otra ocupación que el trabajo. Si la persona queda huérfana de su rol social, de las relaciones laborales, puede entrar en una espiral de aislamiento”, advierte. El consejo del especialista es claro: mantenerse activo intelectual, social y físicamente. “Todo lo que sea quedarse de brazos cruzados es deletéreo.
Movilizaciones y Demandas de los Funcionarios
En las últimas semanas, los funcionarios españoles han anunciado manifestaciones públicas en protesta por sus bajos salarios. Se quejan de que el incremento salarial aún está pendiente, no solo el 0,5% acordado con el Gobierno en caso de que la inflación acumulada superara la revalorización aplicada en los últimos años (lo cual ya ha sucedido). Sin embargo, la realidad es algo distinta a lo que los funcionarios aseguran. Además, los funcionarios disfrutan de otras ventajas, como una mayor estabilidad laboral, horarios más flexibles y pensiones más generosas.
Además de los salarios y la estabilidad laboral, los funcionarios también disfrutan de pensiones más generosas que los trabajadores del sector privado. Las pensiones de los funcionarios suelen estar basadas en el salario final y tienen un cálculo más favorable que las del régimen general de la Seguridad Social. Esto significa que, al jubilarse, los empleados públicos pueden esperar recibir una pensión más alta que la mayoría de los trabajadores del sector privado.
Las movilizaciones de los funcionarios van más allá de los salarios. También solicitan la restitución de la estructura salarial anterior a los recortes de 2010, una nueva convocatoria de empleo público para 2025 sin la limitación de la tasa de reposición, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, mejoras en las condiciones de jubilación y una regulación inmediata que permita a los funcionarios y estatutarios acceder a la jubilación parcial.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este martes que el Estatuto Marco del personal sanitario no regulará retribución ni jubilación anticipada, las dos principales demandas de las organizaciones sindicales con las que negocia el texto, porque "no pertenecen a las competencias del Ministerio". "Habrá algunas cosas que tendremos que dejar para después, porque no pertenecen a las competencias del Ministerio, como pueden ser el tema de las retribuciones, la jubilación, todo aquello que depende de otras leyes o que depende de otros ministerios o que depende directamente de las comunidades autónomas", ha explicado durante una entrevista en RNE recogida por Europa Press.
En este sentido, ha detallado que el asunto de las retribuciones deberá llevarlo cada comunidad autónoma a sus presupuestos. "Cada comunidad autónoma tiene que decidir, o decidirá, si dentro de sus presupuestos se mejoran las condiciones salariales de los profesionales", ha apuntado precisando que esto es igual en el Estatuto del Empleado Público o en el Estatuto del Trabajador, que tampoco hablan de retribuciones.
"Hay comunidades autónomas que han garantizado los derechos laborales de sus trabajadores y hay otras comunidades autónomas que van más rezagadas", ha indicado la titular de Sanidad, quien ha insistido en que cada comunidad tiene "gestionar, decidir, priorizar, avalar y garantizar" que los derechos laborales plasmados en el Estatuto se vean materializados.
Al hilo, ha comentado que su Ministerio trabaja para que el Estatuto Marco llegue al Congreso de los Diputados, y que sea allí donde los grupos parlamentarios alcancen un acuerdo y decidan cuáles son las "prioridades" que tiene el país en lo referente a este texto, para luego plasmarlo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Con todo, García avanzó hace unos días que confía en llevar el nuevo Estatuto Marco al Consejo de Ministros el próximo otoño para evitar "meterlo en un cajón" y ha asegurado que el texto introduce "muchas mejoras", pues va a permitir a los profesionales sanitarios "dejar atrás" la inseguridad jurídica, la inestabilidad laboral o las guardias de 24 horas.
Sobre las dificultades que atraviesa la negociación, con el rechazo mostrado hace unas semanas por parte de los sindicatos del Ámbito de Negociación y la nueva convocatoria de huelga para el 3 de octubre por parte de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), así como los requisitos impuestos por las CCAA para elaborar una memoria técnica y económica, la ministra ha enfatizado que la actualización de la ley es "compleja".
A este respeto, ha recordado que la normativa no se toca desde 2003, y requiere cambios organizativos "urgentes" a través de acuerdos con sindicatos, comunidades autónomas, servicios de salud y profesionales. En este punto, ha recordado que el Ministerio ha tenido más de 38 reuniones con los sindicatos y más de 12 reuniones con las CCAA. "Tenemos que ponernos todos de acuerdo, el Ministerio está haciendo un poco de árbitro, pero sí que es verdad que tenemos todo el impulso y toda la ambición para tener un Estatuto Marco que sea el que marque la diferencia entre el de 2003 y el de ahora y el que marque la diferencia entre las condiciones precarias y las condiciones buenas y dignas para nuestros profesionales", ha destacado.
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