La Evaluación Social es el proceso de identificación, medición y valorización de los beneficios y costos de un proyecto, desde el punto de vista del Bienestar Social, es decir, desde la perspectiva de toda la sociedad.
Se lleva a cabo cuando el agente económico dueño del proyecto es el conjunto de la sociedad, que se supone representada por las autoridades de Gobierno y sus organismos centrales y descentralizados que ejecutan proyectos.
Las diferencias entre la evaluación social de proyectos y la evaluación privada de proyectos se deben a la existencia de distorsiones de mercado, tales como impuestos, subsidios, mercados monopólicos, bienes públicos, entre otros. Por otro lado, los agentes económicos no perciben en su función de utilidad todos los costos y beneficios que sus acciones generan, como por ejemplo, externalidades, efectos secundarios e indirectos.
La formulación, preparación y evaluación de proyectos de inversión es una fuente obligada en la formación académica de todos los profesionales. Esto se debe a que su principal responsabilidad dentro de una organización es la toma de decisiones que involucra la asignación de recursos públicos a proyectos y programas de inversión.
Este proceso de decisión debe estar estructurado por principios y metodologías que permitan disminuir el grado de incertidumbre de las diferentes opciones, buscando siempre seleccionar las alternativas de mayor beneficio neto para la sociedad y, finalmente, cotejar y analizar los resultados de dichas decisiones.
El objetivo es claro: asegurar una eficiente y eficaz asignación de recursos públicos y, mediante la eficacia, lograr los objetivos trazados. Estos pueden ser, por ejemplo, obtener el mayor nivel de impacto en los sectores de intervención.
La formulación, preparación y evaluación de proyectos, construidos desde la óptica privada o social, constituyen metodologías de gran importancia en la planificación y desarrollo del país. Así mismo, posee una trascendencia crucial en los países en “vía de desarrollo”, en donde (por razones lógicas) los recursos disponibles para alcanzar los resultados deseados son escasos y sobre todo, los de carácter financiero.
Es por esto que adquiere aún más sentido el uso de un plan de desarrolla nacional que genere las políticas, es decir, las guías del pensamiento y de la acción, para la construcción e implementación de todos los programas sociales y económicos a nivel sectorial, estatal de desarrollo o proyectos de inversión regionales, proyectos privados, etc.
Es claro, por la escasez de recursos y sus precios asociados, remarcar la importancia que genera el desarrollo de la inversión privada a cualquier nivel país: municipal, regional, estatal o nacional.
Esto resulta muy cierto en la actualidad, en donde se fomenta la iniciativa privada y el estado juega un rol de no producir directamente y, por ende, orienta su política para privatizar lo más posible los procesos productivos.
Por esta razón, busca la eficiencia y eficacia en la empresa privada, pero continuando con más fuerza en la dirección del desarrollo integral del país y a través de su intermedio, crea los instrumentos adecuados para transferir los beneficios, generados por el mayor crecimiento económico hacia la sociedad en su totalidad, centrando su mayor interés y preocupación en los sectores más desposeídos.
Los proyectos pueden ser desarrollados por el sector privado o público. Mediante los instrumentos que maneja los gobiernos se busca, por ejemplo, una redistribución del ingreso. La evaluación comunitaria mediante la política social busca lograr este objetivo y más allá de solamente medir su contribución al bienestar económico, evalúa la contribución del proyecto en el ámbito del logro de los objetivos de la política social y que en este ejemplo es la redistribución del ingreso y riquezas. Se entiende entonces, que la evaluación social de proyectos es una continuación de su evaluación económica. Hablamos entonces del concepto de evaluación económica y social de proyectos.
Estos procesos así definidos deben necesariamente ser compatibles con las metas que buscan la gestión pública y los gobiernos, sobre todo de los países en vías de desarrollo, combinan sus objetivos perseguidos en la materia en un plan de desarrollo específico.
Los proyectos sociales son los que producen y/o distribuyen bienes o servicios (productos), que satisfacen las necesidades de aquellos grupos que no disponen de recursos para compensarlas en forma independiente, con una clasificación y ubicación espacio - temporal muy clara y definida.
Un programa social constituye un conjunto de proyectos que buscan los mismos objetivos, que pueden incluir aspectos diferenciadores, tales como, trabajar con distintas poblaciones y/o emplear diferentes estrategias de intervención. Por ende, la política social constituye un conjunto de programas que buscan alcanzar las mismas metas.
Nos señala y orienta sobre qué problemas sociales priorizar y define los principales caminos y/o límites claros para la intervención que la política señala. Estos dos componentes, los programas y proyectos sociales, se encuadran en una política, que permite su operacionalidad y que, mediante la asignación de los recursos, permite su implementación.
Esta evaluación nos permite tomar decisiones a través del análisis y comparación de distintas alternativas o posibilidades. Tanto en nuestra vida cotidiana, como en los procesos de evaluación de proyectos y todo en general, se requiere de la evaluación para adoptar decisiones racionales, asociadas al logro adecuado de objetivos y asignación óptima de recursos.
Durante el proceso del ciclo de vida del proyecto, el concepto de evaluación propiamente tal va cambiando. En la etapa de su formulación, la evaluación nos entrega criterios de decisión para aceptar o no proyectos específicos o para formar una cartera de proyectos, mediante sus beneficios netos resultante del análisis costo y beneficio efectuado.
Si se aplica durante la operación o inclusive, habiendo concluido, permite determinar el grado de alcance de los objetivos perseguidos, así como el costo en que se ha incurrido. Así, formulación y evaluación son “dos caras de una misma moneda”.
Un proyecto no se puede formular a menos que se sepa cómo se lo va a evaluar, porque sólo a partir de la metodología de la evaluación es posible determinar cuál es la información que se debe recoger para su formulación.
Por otro lado, la evaluación posterior resultante, durante o después de la implementación del proyecto, permite que la retroalimentación reoriente la operación, reestructurando su diseño o adaptándola a las nuevas condiciones de su entorno.
Queda claro que la experiencia nos facilita el proceso de aprendizaje y es la evaluación la que nos permite enmarcar el proceso de formulación de un proyecto de inversión o programa, facilitando el análisis y medición de sus costos y beneficios (impactos) y así encontrar la relación entre estas variables.
Los procesos de toma de decisiones por los entes involucrados, tales como las personas o instituciones, requieren constantemente de evaluar la efectividad de las decisiones adoptadas y de corroborar si estas fueron las adecuadas a los objetivos perseguidos.
Esto se logra mediante el empleo de instrumentos cada vez más complejos y cuando las entidades involucradas alcanzan cierto grado de complejidad, es allí donde nos enfrentamos a procesos de evaluación enfocados de manera más precisa.
Lo anterior nos permite remarcar la importancia de los procesos evaluativos, como una herramienta muy valiosa para cualquiera de las etapas del ciclo de proyecto social, que se pueda analizar para su emprendimiento.
Los que determinan los criterios de rentabilidad de los proyectos, para el análisis de la viabilidad de efectuar una acción social o en su defecto, analizar la rentabilidad económica de un proyecto nuevo o uno en marcha.
La primera, ligada al mundo de las ciencias económicas, pretende determinar criterios de rentabilidad de los proyectos, para conocer la conveniencia de realizar una acción social o en este caso, examinar la rentabilidad económica de un proyecto futuro, en curso o finalizado. El método más empleado es el Análisis Costo - Beneficio, que efectúa un análisis comparativo entre los flujos de bienes y servicios generados por el proyecto con sus costos asociados, todo ello expresado en unidades monetarias.
Una modalidad distinta utilizada, entre otras posibles, es el análisis Costo - Efectividad, en el cual el análisis comparativo efectuado anteriormente se ejecuta sin considerar que las variables de costos y beneficios involucradas se expresen en una unidad monetaria.
El segundo tipo de instrumentos cuantitativos que se emplean, se usan las encuestas estructuradas formalmente, para reunir datos precisos y en forma estándar, mediante los cuestionarios elaborados y aplicados a una muestra específica y representativa de una población.
Es de mayor importancia cuando se requiere explicar o dar solución al o los problemas, generalizando o corroborando las hipótesis de trabajo y desde luego, una vez efectuada su comprobación empírica de los principios formulados y su constante corriente de retroalimentación.
Ya lo planteamos; la evaluación de proyectos involucra la identificación, medición y valoración de los costos y beneficios asociados. Lo anterior permite al proyecto de inversión estimar su rentabilidad social y para lograrlo, requiere la metodología que nos pone a disposición el análisis económico que, entre sus múltiples virtudes, nos señala un máximo número de efectos generados por el proyecto de inversión, pudiendo acceder a ello a través de flujos reales identificados, medidos y valorados, con el fin último de aproximarnos al verdadero impacto de dicho proyecto al bienestar social.
El análisis de costos y beneficios emplea el Valor Actual Neto Social, como indicador fundamental que entrega la información necesaria, para el proceso de toma de decisiones al momento de asignar los recursos para un proyecto determinado. Este planteamiento nos señala que el bienestar social como meta técnica, puede aportar a la ciencia de la evaluación social de proyectos y el experto en la materia que entienda lo que esta incluye, está en posibilidad de leer los resultados de esta evaluación.
El análisis de costos-beneficios (beneficio neto del proyecto), parte de la base que la distribución del ingreso está dada y que maximizar el bienestar social, implica maximizar el VANS, en donde este último expresa el valor actual del consumo de la sociedad completa. Expresado en otras palabras, este tipo de análisis expone que la función de utilidad social se fundamenta en las utilidades de las personas individuales, que están en función del flujo generado ínter - temporal de consumo y donde la tasa social de descuento de los consumos presente y futuro, lo constituye su costo de oportunidad.
Lo anterior, implica que el VANS mide la variación en el bienestar medio de una sociedad todo el numerario representa el consumo de la sociedad y por último, la inversión es evaluada en el cambio de bienestar (nivel de vida) promedio de una sociedad, el numerario sería el consumo actualizado y la inversión, se evalúa en relación al consumo.
El proceso de evaluación social de proyectos, enmarcado en el análisis de costos y beneficios, empleado en el enfoque de eficiencia, considera los beneficios y costos asociados del proyecto, más sus efectos (positivos o negativos) para los restantes agentes económicos de la sociedad. Vale decir, efectos directos e indirectos, externalidades medibles y valorables. Además, incluye los impactos intangibles generados por el proyecto, incluyendo un análisis de sus repercusiones redistributivas.
En la fórmula que se detalla a continuación, se presenta el VANS que registra y determina la variación en el bienestar social (o de la riqueza del país), provocado por un proyecto de inversión.
Para determinar los beneficios netos sociales directos, buscamos la resta entre los beneficios y costos sociales, identificados y medidos, determinados por la valoración a precios sociales (o de sombra) de los impactos reales que el proyecto genera, en los mercados que producen bienes y servicios y los generados en el mercado de los insumos que el proyecto emplea.
Por otro lado, los beneficios sociales netos indirectos son determinados por la diferencia con relación a los impactos de los mercados de consumo e insumos, relacionados con el mercado del proyecto tanto de consumo, como de insumos a nivel de sustitutos y complementarios.
Las externalidades identificadas, medidas y valoradas a precios sociales de impactos reales sobre terceros (por el hecho de producir y/o consumir) y que no son impactos internalizados por el agente económico que realiza la operación, mientras que el valor asignado a los impactos o efectos intangibles, suma los impactos o efectos que un proyecto afecta genera en otros elementos de la función de bienestar social y que son variables no económicas.
Existen tipos de criterios no financieros, donde sus características económicas, no consideran la importancia del tiempo en los distintos flujos de caja, ni tampoco el concepto del valor del dinero en el tiempo. Los métodos más representativos de este grupo de criterios son: Flujo de Caja (Cash Flow), Tasa de Rendimiento Contable, Accounting Rate Of Return, Periodo de Recupero de la Inversión (Pay-Back) y relación Costo - Beneficio.
También existen criterios financieros que son dinámicos y que sí tienen en cuenta el tiempo en la construcción del flujo de caja y además, consideran el valor del dinero en el tiempo a través del empleo del concepto de actualización del dinero, mediante una tasa de descuento. Esta situación permite comparar cifras de dinero recibidas o pagadas en distintos momentos en forma homogénea.
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