El sistema de evaluación del desempeño ha sido caracterizado como una herramienta burocrática y anacrónica.
Muchas veces está basado en fundamentos de evaluación subjetivos, que no permite identificar los aportes que un/a funcionario/a realiza a los objetivos institucionales.
El Impacto de la Contratación Política en el Sistema Público
Es evidente una desconfianza con las personas que son contratadas en calidad jurídica de contrata o de honorario en cada Gobierno de turno, principalmente debido a que la Ley no fija mecanismo alguno de selección para su ingreso, por lo que se presupone que el filtro para su contratación se encontró asociado a variables de confianza política, amiguismo o parentesco con autoridades políticas.
La presente columna destaca los efectos negativos que provoca en el sistema público el aumento de contrataciones asociadas a variables políticas, de amiguismo y vínculos familiares.
La autora señala que estas contrataciones “crecen cada día más a copar espacios en diferentes niveles de la organización en diferentes escalafones y calidades jurídicas de contratación sin dar mucha importancia al mérito, perjudicando el sistema y afectando negativamente la composición de los cuadros técnico-profesionales que son los llamados a implementar las políticas públicas que buscan dar solución a los problemas ciudadanos.
Debemos tener claridad respecto de que cada gobierno al asumir un mandato espera contar con los espacios necesarios para la contratación de funcionarios de confianza política.
Inestabilidad Laboral y Confianza Legítima
Mirando al futuro, con un cambio de Gobierno y más aún con un cambio en su línea política, correrán riesgo de “perder su empleo” un número no menor de funcionarios, y muchos de ellos deberán enfrentarse a su empleador en tribunales, instancias que han validado la confianza legítima en los casos de cinco o más renovaciones de contrato.
El primer dictamen de la contralora Doroty Pérez sobre confianza legítima abre nuevamente el tema de cuántos años se necesitan para contar con la confianza legítima (seguridad de que las renovaciones de contratos serán permanentes en el futuro) y es evidente que la materia se inscribe en una lucha política por tener espacio para desembarcar en el aparato público con el personal de confianza del gobierno de turno.
Aquí el problema es mucho más profundo que lo señalado en un dictamen que ya fue detenido por la Corte de Apelaciones.
Sumarios y la Influencia Política
Respecto de los sumarios, alguien podría pensar que aseguran un debido proceso, quizás sí, dependiendo de la materia investigada y los involucrados en los hechos.
Sin embargo, es difícil decir lo mismo sobre aquellos procesos en los que se encuentra involucrado algún cargo de confianza política y/o la hija/o de, la señora/marido de, la nuera/yerno de… si esos procesos son ordenados realizar por el jefe de Servicio, si como Fiscal Sumariante se nombra, normalmente y por temas de grado, a un jefe de División y/o Departamento de confianza política para que realice la investigación, lo más probable es que el “único culpable de todo sea un funcionario público de carrera”, o que el proceso sea sobreseído.
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