El vínculo del trabajo social con la salud mental no es nuevo. Sin embargo, se ha transformado en un espacio desconocido y casi relegado a ser desarrollado por otras profesiones a quienes el imaginario colectivo valida como propias del campo de la salud. Este vínculo se hace aún más desconocido si lo situamos en el área de la psiquiatría forense, que poco a poco se ha transformado en un espacio laboral para el trabajo social. Sin embargo, nuestra profesión marca una presencia potente, siendo pieza fundamental de la estructura organizacional y de los procesos de intervención.

Es de suma relevancia poder clarificar cuál es su objeto de acción, toda vez que permitirá posicionar a la disciplina como generadora de conocimiento y procedimientos de intervención en la Psiquiatría Forense.

El trabajo social, como profesión, mantiene un vínculo con el área de la salud mental y la psiquiatría que no es nuevo, pero sí desconocido. Sin embargo, cuando se incursiona en el ámbito forense pueden generarse dudas e incluso desconcierto por lo nuevo de la temática para nuestra profesión.

En primer lugar, se debe considerar que el trabajo social aporta una mirada distinta, capaz de integrar los aspectos psicopatológicos y los psicosociales al diagnóstico integral, ofreciendo alternativas que puedan fortalecer la rehabilitación psicosocial del paciente, de modo que este pueda desarrollarse como actor principal de su proceso de cambio y mejoramiento de su calidad de vida.

Pero, ¿cuál es el rol que cumple el trabajador social en este ámbito? ¿Cuál es su objeto de acción? El Trabajo Social es una profesión orientada a la acción social y se distribuye en variadas áreas en la que el objeto puede adoptar diversas formas.

El Objeto desde la Perspectiva del Malestar Social

Es por ello que se consideraron los planteamientos de Teresa Zamanillo, desde la perspectiva del “malestar social” (Zamanillo, 1992), respecto del cual se debiera interiorizar en dos aspectos centrales de la materia-objeto: el origen y la vivencia de dicho malestar. Al hablar del origen, se hace alusión a la estructura de los problemas sociales, entendiendo que ésta bloquea la autonomía de las personas que se ven enfrentadas a éstos fenómenos.

Desde este punto de vista, podríamos decir que el objeto apunta a los fenómenos que componen dicho malestar social y que en este caso convergerían en la exclusión social que viven los pacientes psiquiátricos que han cometido delitos. Se está frente a un fenómeno abordado por la Psiquiatría Forense, en el que el sujeto aparece como portador de un doble estigma: padecer una patología psiquiátrica y haber cometido un delito.

El padecimiento de este “malestar social” por parte de los pacientes forenses implica, además de las limitaciones propias de la enfermedad, deterioro en sus relaciones sociales, perturbaciones a nivel de relaciones familiares, laborales e incluso comunitarias. En síntesis, este malestar social que se genera por un desconocimiento de la enfermedad mental y sus características, sumado al estigma legitimado por haber cometido un delito, contribuye a que, como efecto dominó, la rehabilitación y reinserción comunitaria se obstaculicen.

Vemos claramente que este malestar social sentencia a los pacientes psiquiátricos a apartarse del medio social. Lo común en Psiquiatría Forense es que el delito cometido por el paciente sea llevado a cabo en pleno desarrollo de su patología, que en la mayoría de las veces no ha recibido la atención necesaria a través de un tratamiento riguroso por desconocimiento, sumado esto a historias de vida que en nada favorecen su condición psiquiátrica.

Desde la perspectiva del objeto del malestar social, la génesis de su conflicto viene de un medio social conflictivo y desinformado, que inhibe sus cualidades y fortalezas. Esto produce que el sujeto esté preso en un permanente sentimiento de inseguridad, porque está inmerso en una sociedad que percibe como confusa, opresora y que lo abruma; se ve a sí mismo como carente de autonomía, donde los intereses de otros dominan, le imponen un plan de vida.

Desde la vivencia, el padecimiento de la patología (entiéndase como su enfermedad) merma la capacidad del sujeto de socializar y de poder reintegrarse como un actor comunitario influyente o de plena participación. También tenemos los efectos de la institucionalización, que provocan el empobrecimiento de las habilidades e interacciones sociales en las que la institución hospitalaria determina el ritmo y la intensidad de las relaciones y el desempeño de sus roles sociales (Castro & Paredes, 2007).

El estar inmerso en un sistema institucionalizado priva a los pacientes del vínculo con la red comunitaria, condición que se aprecia con mayor potencia en los pacientes forenses. Esto se debe a que ellos están sometidos a una medida de seguridad debido a su condición legal, es por ello que deben llegar al centro de salud mental para el cumplimiento de su tratamiento.

En otras palabras, el trabajo social se enfrenta a un inmenso desafío, debiendo validarse en la intervención en salud mental y, en segundo lugar, “convertirse en un agente que detecta necesidades y conflictos” (Zamanillo, 1992, p72). Debemos considerar entonces que claramente el trabajador social debe ser un profesional que acompañe y apoye al paciente en su validación como sujeto partícipe de su rehabilitación psicosocial, siendo el principal insumo, apoyándose en la comunidad y en su núcleo familiar.

Es aquí donde se ratifica la labor terapéutica no validada por parte de los trabajadores sociales. Cuando se revisa la literatura que habla del trabajo social, se dejan entrever diversas posturas en relación a su objeto de intervención.

Diversas Posturas sobre el Objeto de Intervención

La Real Academia de la lengua Española señala que: “el objeto de las ciencia es la materia o asunto de la que se ocupa una ciencia o estudio”. De igual manera que la búsqueda del propósito del trabajo social, el objeto varía en sus propuestas. Boris Lima señala que “los objetos y los propósitos no pueden ser otros que la concientización, politización, organización y participación de ese mismo hombre en busca de la liberación” (Lima, 1975, p106 en Mastrangelo, 2002, p22).

Otra postura indica que “el objeto de intervención es el espacio que se genera entre el tránsito entre la población (individual, grupal, colectiva) y el servicio que entrega la institución” (Mendoza Rangel, 1990, p23). Según plantea Rosa Mastrangelo, de las definiciones hasta ahora existentes en cuanto al objeto, existe una gran variedad de significados que interpretan la razón de ser del trabajo social, y por otro lado, resulta patente la globalidad, la generalidad y hasta la ambigüedad con que es presentado su objeto.

Ander Egg señala el objeto como “aquello con lo que trabaja una disciplina para conocerlo y luego transformarlo” (Kisnerman, 1981: 119). Si se procura conocer para transformar, y si no está lo suficientemente claro lo que se va a conocer, ¿de qué manera o qué cosa se va a transformar? Es complejo, pues los cuerpos teóricos antes mencionados provienen de disciplinas que poseen otros objetos de intervención.

Se piensa que el peor error en que se ha caído al elaborar una definición del objeto en trabajo social desde una perspectiva sólo práctica y no conceptual, en palabras de Lourdes Gaitán, es que “se ha ignorado que la aprehensión intelectual de los problemas es una cuestión previa al modo de resolverlos” (Zamanillo, 1991, p. 66). En tal sentido el aporte que realiza Sierra Bravo a la discusión resulta interesante: “el objeto goza de sentidos amplio y estricto. En Sentido amplio, el objeto de conocimiento en su conjunto es el mundo exterior. Éste está dotado de una existencia independiente del pensamiento del hombre. En sentido estricto, el objeto no es la cosa o fenómeno parte del mundo exterior conocidos, sino lo que hay de inteligible en esa cosa capaz de ser percibida y captado en el acto de conocimiento” (Sierra, 1984; p18).

No solo es una materia de conocimiento de índole analítico, cumple la función propia de estar inmerso en un medio o realidad propia compleja y cambiante, lo que particulariza su reflexión y claramente sus procedimientos de intervención. Aparece con fuerza el concepto de objeto-sujeto.

Otra definición del objeto dice que “está vinculado con alguna dimensión de la realidad, es una creación de la mente humana, pertenece a un universo temático, abstracto, que no tiene como tal vida propia, si no que en sus manifestaciones particulares concretas” (Samaja, 1994) y, además, se transforma en un área que posibilita métodos y reflexión epistemológicas propias de una profesión, que desde su práctica genera conocimientos específicos.

Si vemos que la realidad es compleja, y que cada fragmento de ella también lo es, podemos decir que el objeto de intervención posee las mismas características, ya que deriva de la realidad; es más, forma parte de ella en una relación complementaria y dialéctica. Es por ello que vemos que el objeto de intervención es uno, pero a la vez se sabe que tiene múltiples partes que a su vez también pueden transformarse en otros objetos, lo que complejiza aún más su abordaje.

Así también se hace difícil la existencia de un método propio de los trabajadores sociales, pues falta concreción en el objeto con otros propios de saberes a fines (Zamanillo, 1991, p. 66). Junto con la discusión del objeto, es importante poder conocer el campo donde se desenvuelve la propuesta de este artículo.

Psiquiatría Forense: Campo de Acción

Primero, es importante señalar que la psiquiatría legal y forense es una subespecialidad de dos especialidades oficiales: la medicina legal y forense y la psiquiatría. “El tronco original de la medicina legal, también denominada sinónimamente como judicial o forense, surgió hace siglos cuando en la práctica legal se requirió la presencia de médicos en algunas de sus aplicaciones, nació como auxiliar del derecho, con carácter insustituible, sin la cual no se concibe una recta Administración de Justicia” (Carrasco, 2006, p. 69).

Las denominaciones “legal” y “forense” se emplean en muchas ocasiones, indistintamente, siendo la más utilizada la de Psiquiatría Forense, cuando se trata de asuntos relacionados con la administración jurídica. Por su parte, la American Borrad of Forensic Psychiatry (AFBP) y la American Academy of Psychiatry and The Law (AAPL) definen la Psiquiatría Forense como una subespecialidad de la psiquiatría en la que un peritaje científico y clínico se aplica a aspectos legales en contextos legales que abarcan materias civiles, penales, penitenciarios o legislativos (Carrasco, 2006).

Historia de la Psiquiatría Forense en Chile

La historia de la psiquiatría forense en Chile se remonta a 1877, periodo en el cual ingresa el primer paciente con problemas judiciales a la “Casa de Orates”, actual Instituto Psiquiátrico Dr. En 1927 se promulga el decreto Nº 68, que dictamina la creación de “pabellones especiales para el funcionamiento de asilos de temperancia y enfermos que se hallaren sometidos a la acción de la justicia” (Ortiz, 2007, p3). En 1940 comienza a funcionar el Depto. Judicial en el Manicomio Nacional. En 1972 se crea el departamento de crónicos. En 1993 se crea la Comisión Salud Justicia, conformada por la Subsecretaría del Ministerio de Salud y Justicia, a raíz de evacuar de los recintos penitenciarios a las personas declaradas “locos o dementes”, de acuerdo al artículo 10 N° 1, del Código Penal.

La existencia de un Depto. de Enfermos Mentales Crónicos para recibir a aquellos portadores de enfermedades mentales con problemas judiciales se encontraba enmarcado en el contexto de un modelo asilar, sin que hubiese un programa de rehabilitación y reinserción social, egresando los pacientes en muchos casos sólo al momento de su fallecimiento (Ortiz, 2007, p4). Este modelo se mantuvo hasta los años noventa.

A fines de los noventa surge en Chile la necesidad de crear un Plan Nacional de Psiquiatría y Salud Mental, que permitiese erradicar el concepto asilar de la psiquiatría, abriendo una mirada más comunitaria. En el marco de esta reforma, los hospitales psiquiátricos dejan de realizar ingresos en sus camas de pacientes crónicos, porque en 1998 se destinan 40 camas para los pacientes que se encuentran sobreseídos por la justicia, lo que se tradujo en una amplia lista de espera de cientos de personas con patología mental que residían en recintos penitenciarios. A fin de otorgar una respuesta a esta problemática, nace el Sistema Nacional de Psiquiatría Forense (Ortiz, 2007, p4).

Así ve su nacimiento el Dpto. 2 Judicial del Instituto Psiquiátrico Dr. La reflexión que se presenta en este artículo viene del trabajo desarrollado en la Unidad de Sobreseídos Perteneciente al Servicio de Psiquiatría Forense, que depende del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, ubicado en Avenida La Paz Nº 841, Comuna de Recoleta; mientras que el Servicio de Psiquiatría Forense se encuentra ubicado en Av. El Servicio de Psiquiatría Forense es una unidad perteneciente al Instituto que trabaja con personas que se han visto enfrentadas a conflictos con la justicia, orientando su quehacer a dos grandes áreas de atención: evaluación de individuos que presentan alguna enfermedad mental con el objeto de realizar pericias que determinen si al momento de cometido el ilícito actuó afectado por su patología de base; y atención en sistema de hospitalización a aquellas personas que, habiendo cometido delitos, son sobreseídos, es decir, el tribunal que lleva su causa estima que, de acuerdo a la investigación y evaluación, debía eximirlo de responsabilidad penal.

En el Trabajo Social, en el ámbito local e incluso regional, la cuestión del Objeto de Intervención ha cobrado, durante más de una década, una dimensión privilegiada en tanto la formación académica se impregnó con su apelación constitutiva. Diversos textos y autores han trabajado en la explicación, comprensión, ampliación y difusión de sus componentes y sus expresiones. Este texto, sostenido en una lectura crítica de tales aportes, apunta a desmitificar este concepto con el objetivo de esclarecer los elementos constituyentes que colaboraron en su construcción y consolidación.

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