El principal desafío en la política de pensiones para la mayoría de los países en Latinoamérica es la baja cobertura del sistema formal de pensiones, tanto en términos de proporción de trabajadores que participan en estos esquemas como en la proporción de los adultos mayores que reciben algún tipo de ingreso por pensiones.
Esa fue una de las principales conclusiones del informe Pensions at a Glance, dado a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el informe, la cobertura activa, es decir, las contribuciones de los trabajadores a los esquemas de pensiones obligatorios, es baja en gran parte de Latinoamérica y el Caribe.
En promedio, sólo 45 de 100 trabajadores (de entre 15 y 64 años) contribuyen o están afiliados a un esquema de pensiones en los 19 países analizados, un porcentaje que no ha cambiado mucho en las últimas décadas, pese a las significativas reformas estructurales al sistema de pensiones, critica el organismo basándose en datos a 2010. Esta situación, destaca la OCDE, es especialmente pronunciada en algunos países andinos y de Centroamérica, donde menos de 20% de la fuerza laboral total contribuye.
En otro grupo de países, algunos de los cuales están entre los más dinámicos de la región (como Colombia, República Dominicana y México), sólo 30% a 40% de todos los trabajadores contribuye. Mientras, en países de mayores ingresos de la región, como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay, entre 50% y 70% de los trabajadores contribuye. “De todas maneras, esto es bajo para los estándares internacionales”, destaca el organismo.
Según la OCDE, las reformas estructurales al sistema en la región, tras la experiencia de Chile en 1981, no cambiaron este panorama.
Lagunas previsionales y densidad de las cotizaciones
Otro problema, a juicio de la OCDE es la densidad de las cotizaciones. “Incluso en países donde un gran porcentaje de la fuerza laboral contribuye a la pensión, las contribuciones son a menudo demasiado irregulares para financiar pensiones adecuadas para la mayoría de la población”, destaca el organismo. En Chile, El Salvador, México y Perú, un promedio de más de 40% de la población en edad de trabajar no está afiliada a un esquema de pensiones. Esto, explica la OCDE, es impulsado por la participación significativamente menor de las mujeres en comparación con los hombres.
“Los registros administrativos sugieren que las contribuciones son incluso menores y más irregulares entre los afiliados. Según estos registros, más de la mitad de los afiliados en estos cuatro países latinoamericanos contribuyen por menos de seis meses al año”. Entre las mujeres, esta cantidad de afiliados de baja densidad sube a 55%, con la mayor proporción en Chile, donde 60% de las mujeres afiliadas al sistema de pensiones han contribuido por menos de 50% del tiempo.
De todas maneras, el informe sostiene que algunos países han expandido la participación de individuos de 65 años o más que reciben beneficios de pensiones, mayormente a través de pensiones no contributivas y regímenes especiales para los empleados por cuenta propia.
“Sólo Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay parecen tener ahorros significativos de los empleados por cuenta propia. La afiliación voluntaria en algunos casos, la falta de supervisión pese a la afiliación obligatoria en otros, y los factores usuales detrás de los bajos ahorros en las pensiones explican esta situación desafiante”, sostiene la OCDE.
Según el informe, el bajo nivel de contribución refleja una serie de características socioeconómicas, principalmente educación, género e ingresos. En cuanto al género, el promedio de participación de la fuerza de trabajo para las mujeres en Latinoamérica y el Caribe es 56% en comparación con 83% para los hombres. La brecha de género va desde 20% en Bolivia, Chile, Jamaica y Uruguay a 40% en Guatemala, Honduras y México.
Las mujeres generalmente reportan menos años de empleo formal que los hombres debido a las interrupciones en la carrera para la crianza de los niños y otras responsabilidades similares y de ciertas políticas de pensiones que las incentivan a jubilar antes, explica la OCDE. “Estos hechos, junto con una mayor expectativa de vida, se traducen en que la mujer en promedio pasa períodos más largos en jubilación con menores pensiones, elevando la probabilidad de pobreza femenina en la vejez.
Sistemas de pensiones en Uruguay y Suecia: Modelos de referencia
El Observatorio Perspectivas, vinculado a la Asociación de AFP, realizó dos estudios para analizar el pilar contributivo que tienen ambos países. Ahí concluye que el sistema uruguayo es “complejo” y que tiene muchas diferencias respecto al chileno, ya que existen problemas y desafíos previsionales muy diferentes. Suecia y Uruguay son dos países que ha tenido como referencia el gobierno para elaborar su reforma previsional.
El documento más reciente es sobre Suecia, donde se muestra que desde 1994 el sistema de pensiones de dicho país está formado por dos tipos de cuentas individuales. El segundo tipo son las llamadas cuentas nocionales, donde “las cotizaciones del trabajador financian las actuales pensiones (reparto). Éstas se anotan en su cuenta individual ficticia, a la que se le aplica una simulación de rentabilidad (crecimiento del salario promedio). Justamente el gobierno, con su reforma, pretende mantener las cuentas de capitalización individual en Chile, para depositar allí un 10,5% de la cotización.
El análisis del Observatorio Perspectivas explica que Suecia tiene actualmente una tasa de cotización de 18,5%, donde un 16% se deposita en cuentas nocionales y un 2,5% en cuentas de capitalización individual. El documento sostiene que “el sistema sueco es menos eficiente que el sistema chileno en transformar ahorro en pensión”. El documento también concluye que “el sistema chileno inyecta más ahorro nacional que el sueco. Con la cuenta individual los ahorros previsionales ayudan a financiar la economía y los chilenos pueden acceder a préstamos más baratos.
Es por esto, precisa, que “en 1994 Suecia crea las cuentas nocionales, para transitar desde el reparto con beneficio definido a un sistema con cuentas individuales, permitiendo al Estado tener recursos para pagar las pensiones del antiguo sistema. El análisis también dice que “el gobierno quiere instalar solidaridad entre los trabajadores formales, lo que podría debilitar el empleo formal. Esto no sucede en Suecia.
Por otro lado, en el estudio ¿Cómo es el sistema de pensiones uruguayo que mira el gobierno?, el Observatorio Perspectivas recuerda que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo hace un par de meses que “probablemente se va a parecer al caso de Uruguay” lo que están pensando incorporar en la reforma para las AFP y el rol del Estado respecto a la administración de los fondos.
Pero la fundación ligada a las AFP señala que el sistema uruguayo es “complejo, compuesto por un bloque principal y cinco subsistemas paralelos, cada uno con sus propias reglas y parámetros. El bloque principal cubre al 89% de los trabajadores activos y pensionados. Este bloque es mixto, ya que los trabajadores cotizan en dos pilares. Primero, en el pilar estatal de reparto, donde el estudio menciona que una parte de las cotizaciones de los trabajadores financian las actuales pensiones, que son de beneficio definido, en base al número de años cotizados y al sueldo promedio de los últimos años.
En segundo lugar, dentro del bloque principal también está el pilar de capitalización individual, donde “una fracción de las cotizaciones de los trabajadores se acumulan en cuentas individuales y se invierten en el mercado financiero”. El Observatorio Perspectivas también concluye que “al comparar los dos países encontramos que los desafíos en pensiones en cada país son distintos”.
Esto, porque desde la fundación creen que “el desafío de Chile es fortalecer el mercado laboral formal: en Uruguay, el porcentaje de la población en edad de trabajar (mayor de 14 años) que trabaja y cotiza en el sistema de pensiones (empleo formal) es un 53%, versus un 35% en Chile”. Sobre esto último, el estudio dice que “el uso de recursos fiscales para pagar los déficit de los sistemas de reparto equivale a un 6,25% del PIB y se proyecta que llegará a 10,87% por el envejecimiento de la población”.
Y sobre el desafío de nuestro país de fortalecer el mercado laboral formal, advierte que “en la futura reforma, Chile busca incrementar la tasa de cotización, lo que encarece y desincentiva el empleo formal.
En el tumulto de ideas sobre reformas del sistema de pensiones en Chile aparece, por momentos, la típica tentación de querer contentar a todos; lo que, sabemos, es imposible.
Experiencia comparada: Italia y Chile
Por algunos meses he vuelto a vivir a mi país de origen, Italia, el cual dejé en 2010 para establecerme y formar familia en Chile. Tras mi mudanza, hasta 2012 seguí imponiéndome en el sistema italiano (INPS), luego de lo cual pasé a ser cotizante de AFP. Ya tenía claro que no existía ningún acuerdo bilateral entre ambos países para este asunto (como sí lo hay con otros países de América, como Argentina), y que entre uno y otro sistema se imponen todas las diferencias que hay entre lo privado y lo público. De todos modos, en esta columna quisiera compartir mi experiencia personal con esas diferencias.
Aprovechando mi actual estadía en Italia, me he puesto a averiguar qué ha sido de mis (aproximadamente) catorce años de contribuciones al sistema de pensiones (1998-2012). Después de varias consultas, me he llevado una gran sorpresa: durante 1995, el sistema italiano tuvo, silenciosamente, un ajuste drástico, y todos quienes comenzaron a cotizar después del último día de ese año pasaron a capitalización individual. Así, el trabajador italiano hoy puede entrar a su cuenta personal de ahorro para jubilación, ver su capital ahorrado y simular su futura pensión. Adivine: la prospectiva será nefasta.
Si con el viejo sistema (previo a 1996), con veinte años de imposiciones mensuales a cualquier trabajador/a se le garantizaban trece pagos anuales de al menos 700 euros líquidos, lo que ahora se entrega es estrictamente el monto ahorrado más intereses, sin añadido estatal ni un mínimo garantizado. Lo que demuestra esta comparación es que tampoco por este lado del mundo las cosas son tan maravillosas en materia de pensiones.
Por eso mismo, ciertas propuestas que hoy circulan en el debate por parte de los parlamentarios chilenos parecen fuera de la realidad.
- Hasta las piedras entenderían que cotizar mensualmente el 10% del sueldo es insuficiente. Basta pensar que el viejo sistema (EMPART) requería del 21,93%; y que en el sistema europeo, el porcentaje sube a 33% (10% a cargo del empleado, y el resto a cargo del empleador).
- Considerando lo anterior, un alza de 6% de cotización, como el que hoy propone el gobierno de Gabriel Boric, también resulta insuficiente. Tampoco se entiende la propuesta de crear una nueva entidad pública para gestionar el 3% que iría a un «fondo común», considerando que ya existe el INP.
- El actual debate está dejando fuera dos elementos centrales, los cuales son clave ahora en Europa. El primero es el hecho de que una gran cantidad de trabajadores no cotiza, o lo hacen por pocos años; sea porque no pueden hacerlo o porque no quieren. Es indicativo al respecto que hoy en Chile más de dos millones de personas reciban la PGU. Si queremos mejores pensiones es urgente que más ciudadano/as tengan un empleo formal; de lo contrario, esa cifra puede aumentar. El segundo elemento, aún más apremiante, es el embudo demográfico: acá en Italia, desde los años 80 la población no deja de envejecer, y llevamos tres décadas de una tasa de natalidad negativa. Tal como antes sucedió en Europa, hoy en Chile la población también envejece. Para el año 2050, al menos el 30% de la población del país tendrá 65 años o más, con un tercio de ese grupo superando la edad de 80 [OBSERVATORIO DEL ENVEJECIMIENTO UC-CONFUTURO 2023]. Un país viejo, como Italia hoy, no tiene futuro.
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