El sistema público de pensiones es el programa de mayor gasto que realiza el Estado español. En 1994, ese gasto representó un 8,5% del PIB y muestra una clara tendencia de crecimiento en el futuro, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB.
Los últimos sucesos de la crisis de deuda en Europa han desembocado en evidentes choques entre quienes promueven la austeridad y quienes la califican como el principal obstáculo que impide que el viejo continente retome el crecimiento. En medio de ese sombrío panorama, el envejecimiento de la población es una variable sobre la cual los gobiernos europeos están cada vez más preocupados.
De hecho, a comienzos de este año, el gobierno del primer ministro tecnócrata Mario Monti, en Italia, anunció el retraso de la edad de jubilación desde 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres a 62 y 66 años, respectivamente, y congela las pensiones a partir de los US$1.868 mensuales. De modo similar, la canciller de Alemania, Angela Merkel también aumentó la edad de jubilación de 65 a 67 años a partir de 2012. En el caso de España, el año pasado se aprobó una ley para retrasar la edad de jubilación a los 67 años.
Pero las autoridades han considerado que los ajustes han sido insuficientes para estabilizar las finanzas públicas y que deben continuarse para hacer frente al aumento del porcentaje de personas mayores. Por esto, la semana pasada la Unión Europea se comprometió a más para aliviar los enormes costos fiscales que representa el sistema de pensiones. "Deben adoptarse más medidas para aumentar la edad efectiva de jubilación, entre ellas, evitar la salida temprana del mercado laboral y vincular la edad legal de jubilación o las pensiones a la esperanza de vida", destacan las conclusiones aprobadas por los ministros de Finanzas de la región tras una reunión realizada la semana pasada.
El Problema Demográfico y su Impacto
El hecho inamovible que condena a la quiebra al sistema de reparto español, desde una perspectiva económica (incapacidad de cubrir los beneficios prometidos con sus propios recursos), es la tendencia demográfica. La declinación de la tasa de natalidad así como el progresivo envejecimiento de la población, significa que cada vez será menor la relación entre los trabajadores activos y jubilados. Como en un sistema de reparto los primeros financian las pensiones de los segundos, la carga se irá haciendo insostenible. Si se persiste en aumentar el impuesto a la contratación de trabajadores, que eso significan las elevadas tasas de cotización de la Seguridad Social, se provocará un desempleo aún mayor.
Si a la baja tasa de natalidad europea se suma una mayor longevidad, y el ingrediente del cada vez mayor número de individuos que deciden retirarse a edades cada vez más tempranas, se obtiene un cóctel letal para la sostenibilidad fiscal de Europa. En línea con lo anterior, los sistemas de financiamiento de los estados europeos se encuentran bajo una gran presión provocada por el alto porcentaje de jubilados, la cual supera a la población activa. Esta tendencia ha ido provocando que las bases impositivas que financian las pensiones se hayan reducido debido al menor número de contribuyentes activos al fisco.
Un dato que ayuda a dimensionar el problema de las pensiones en Europa es que la población en edad activa para el trabajo (15 a 65 años) del conjunto de los países miembros de la UE, declinará significativamente hasta el año 2050 en un 20%, lo que supone unos 40 millones de personas menos en la fuerza laboral, según cifras del ministerio de Trabajo e Inmigración de España.
Por el contrario, el número de personas sobre los 65 años se incrementará de 61 millones en el año 2000 hasta más de 100 millones en el año 2050. Dicho de otra manera, la relación entre el número de trabajadores potenciales y los mayores de 65 años, caerá del actual 4 a 1 hasta 2 a 1 en los próximos 50 años, según el ministerio de Trabajo español.
De esta forma, el gasto en pensiones en España aumentará 3,6 puntos del PIB de aquí a 2060, muy por encima de la media del resto de los demás países de la región (1,5 puntos), según un informe elaborado por el Ecofin. El mismo organismo espera que el gasto público en salud y cuidado de largo plazo se incremente en 2,7 puntos porcentuales del PIB entre 2010 y 2060 en promedio en la UE. "Tomando en cuenta posibles acontecimientos futuros en los costos, el incremento proyectado en el gasto en salud podría incluso alcanzar los 3,4 puntos porcentuales del PIB", recalca el informe.
Alternativas y Reformas Propuestas
Para reducir costos, la mayoría de los países de la UE han acordado realizar reformas para limitar el pago de las pensiones a percibir de diferentes maneras: adaptando el porcentaje de aumento anual de las pensiones al índice de incremento de los precios en vez de al índice de incremento de los salarios, subiendo la edad de jubilación o incrementando el número de años requeridos.
La reforma propuesta en este estudio -con una transición especialmente gradual y prudente- consiste en darle a todos los trabajadores menores de 45 años que actualmente pertenecen al sistema de pensiones de reparto, la libertad de optar por cambiarse a un sistema de capitalización individual administrado por empresas privadas especializadas. A los trabajadores mayores de 30 años que decidan cambiarse, el Estado les entrega un Bono de Reconocimiento que les compense, total o parcialmente (según la edad), por las contribuciones realizadas en el sistema de reparto.
Se han evaluado distintos escenarios, según diferentes valores de los parámetros. En el escenario “Intermedio”, en que la tasa de crecimiento económico se eleva en un 1% por año como consecuencia del proceso iniciado por esta reforma (desde 2,5 a 3,5% anual), el costo fiscal de la transición a financiar por fuentes exógenas evoluciona de la siguiente manera durante los próximos siete años (como porcentaje del PIB):
- 1997: 0,12%
- 1998: 0,27%
- 1999: 0,37%
- 2000: 0,41%
- 2001: 0,38%
- 2002: 0,32%
- 2003: 0,09%
Finalmente, en el 2004 se registra el primer superávit, respecto del caso sin reforma, de un 0,12% del PIB.
España tiene la oportunidad de ser el país europeo pionero en resolver, de manera definitiva, la crisis del sistema de pensiones.
Beneficios de un Sistema de Capitalización Individual
Los beneficios del sistema de capitalización individual han sido destacados por múltiples publicaciones. Estos logros se han constatado en la experiencia chilena, que ya tiene quince años, y donde los resultados son elocuentes.
- Eleva las pensiones.
- Incrementa el empleo.
- Aumenta el ahorro.
- Mejora la productividad del capital.
- Potencia la tasa de crecimiento del PIB.
- Reduce el poder del Estado en la economía.
- Despolitiza el sistema de pensiones.
- Estimula una cultura laboral de ahorro y disciplina la gestión económica nacional.
Como los trabajadores pueden diseñar su vida de retiro como la prefieran (edad de retiro y nivel de jubilación), esto estimula el ahorro y el esfuerzo personal como factores decisivos para lograr las metas personales para la vejez.
Sistemas de Reparto en Otros Países
Hoy Chile está en un proceso para elegir Presidente de la República, periodo en que unos de los temas álgidos de la discusión es el sistema de pensiones que queremos para el futuro. La mayoría de los candidatos apunta a perfeccionar el sistema actual de AFP’s mejorando aspectos esenciales de competencia, pensiones mínimas, cobertura y solidaridad. Al respecto, debemos entender cómo funcionan los sistemas de repartos en muchos países desarrollados, tales como Francia, España y otros. En todos estos países existe un primer pilar de cobertura mínima que sostenga situaciones de pobreza o necesidades mínimas y que es financiado con impuestos generales (lo mismo que ocurre con nuestro pilar solidario actual). Un segundo nivel contributivo, el cual recibe como aporte las cotizaciones de las generaciones que están actualmente trabajando y que financian a las generaciones que ya han jubilado y que son administrados por un sistema de pensiones estatal.
Las tasas de contribución obligatorias sobre los salarios en los países con esquemas de reparto alcanzan entre el 20% y 28%, versus una tasa de 12,3% en Chile. Por su parte el gasto público total en pensiones que superan el 10% del producto interno bruto de cada país (para el caso de Francia en 2011 alcanzó 13,8% e Italia 15,8%). Este porcentaje ha aumentado 30% y 35% entre 1990 y 2011 para países como Francia e Italia y en 32.4% para España.
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