En noviembre de 1980, el gobierno del General Augusto Pinochet introdujo una de las transformaciones más radicales jamás ocurridas a un sistema de pensiones en América Latina. La aprobación del Decreto Ley 3.500 reemplazó el antiguo sistema de reparto por uno de capitalización individual. A partir de esta reforma el Estado transfirió diversas responsabilidades al sector privado, limitó los niveles de beneficios y endureció las reglas de elegibilidad del sistema de pensiones.

Reformas de Pensiones en América Latina: Un Panorama General

Esta nota de investigación ofrece una revisión de los países que produjeron reformas estructurales desde 1980 hasta 2002 y de las principales explicaciones institucionales y políticas derivadas de la ciencia política y de la economía política acerca de por qué estos países adoptaron estrategias de reforma tan dispares. Si bien este tema ha sido abordado por diferentes investigaciones académicas, este estudio contribuye al debate pues da cuenta de los diferentes tipos de variables y enfoques que analizan estos procesos de reforma estructural.

Efectivamente, la década de los 90 trajo consigo una serie de reformas estructurales en varios países de la región, pero éstas plasmaron estrategias y modelos de cambio heterogéneos. Hasta el año 2002, diez países habían avanzando reformas estructurales de sus sistemas de pensiones contributivas. No obstante, la intensidad de las reformas de cada uno de los países en cuestión ha variado significativamente. Mientras algunos optaron por promover reformas similares a la chilena, donde se sustituye al sistema de reparto por uno de capitalización individual, otros eligieron modelos que combinan un pilar público con otro privado. Dentro de estos últimos, los países latinoamericanos que produjeron reformas estructurales pueden ser localizados en distintos puntos del continuo Estado-mercado, con algunos reteniendo un importante rol del Estado y otros privilegiando al mercado.

La revisión analiza las condiciones de elegibilidad, los niveles de beneficios y la estructura de los programas de jubilación, invalidez y sobrevivencia en los sistemas de pensiones contributivas de la región. Asimismo se examinan las principales variables que identifica la literatura politológica a la hora de dar cuenta de tal variación: tipo de régimen, presión de las instituciones financieras internacionales, la distribución de la autoridad gubernamental, las posiciones ideológicas de los actores políticos relevantes y el rol de los actores de veto.

Tipos de Reformas Estructurales

Dentro de los países que produjeron transformaciones estructurales, los autores distinguen tres modelos de reforma principales: sustitutivos, paralelos y mixtos. En los modelos sustitutivos el antiguo sistema público de reparto es reemplazado por un modelo privado, mientras que en los paralelos el sistema privado es introducido como una alternativa al sistema público, forzando a ambos sistemas a competir entre sí, y en los modelos mixtos un pilar público -que garantiza una pensión mínima- coexiste con otro privado que sufraga una pensión complementaria (Mesa-Lago, 2001: 69-70; Mesa-Lago y Müller, 2002: 705).

Si bien no existe una sola explicación de los marcados patrones de cambio de América Latina, dentro de la literatura de la ciencia política y la economía política se pueden distinguir al menos cinco explicaciones, no necesariamente incompatibles. Aunque esta revisión no intenta cubrir todas las interpretaciones sobre el notorio proceso de transformación de los sistemas de pensiones latinoamericanos, a continuación se da cuenta de las principales explicaciones institucionales y políticas existentes.

Factores que Influyen en las Reformas

  1. Tipo de Régimen: Diversos estudios de caso sobre Chile sostienen que este país logró llevar adelante una reforma radical de su sistema de pensiones debido, en parte, al carácter autoritario y represivo del gobierno que la promovió.
  2. Presión de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI): Varios autores han señalado que el proceso de integración global en curso ha tenido un gran impacto sobre los sistemas de protección social.
  3. Distribución de la Autoridad Gubernamental: Los autores centrados tanto en el estudio de los recursos de poder (power resources) como de las instituciones han debatido largamente el impacto de los patrones de distribución gubernamental sobre los procesos de reforma de las instituciones de protección social.

Ranking de Privatización de Sistemas de Pensiones

En base al modelo de reforma, al tipo de administración del sistema de pensiones, al status de las contribuciones de los empleadores, a las garantías que ofrece el Estado a los asegurados y pensionistas y al porcentaje de asegurados que están acogidos al sistema público, Mesa-Lago y Müller (2002) elaboraron un ranking que refleja el nivel de privatización de cada país, que varía de 1 a 7, siendo 1 el nivel más bajo de privatización y 7 el nivel más alto (705-7).

De acuerdo a este ranking, Costa Rica estaría en el lugar 1, Argentina y Uruguay en el 2, Colombia en el 3, México en el 4, El Salvador en el 5, Chile y Perú en el 6 y Bolivia en el 7 (Mesa-Lago y Müller, 2002).

País Nivel de Privatización (1-7)
Costa Rica 1
Argentina y Uruguay 2
Colombia 3
México 4
El Salvador 5
Chile y Perú 6
Bolivia 7

TAG: #Jubilacion

Lea también: