Los cuestionamientos por el salario mensual bruto de 17 millones de pesos chilenos (unos 18.500 dólares; 11 millones de pesos líquidos) que recibió la exministra de Educación del segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), Marcela Cubillos, como docente durante casi cuatro años en la universidad privada San Sebastián ha llegado hasta el Ministerio Público.
Luego de que el diario El Mostrador revelara el montante que recibió la actual candidata arropada por la derecha a la alcaldía de Las Condes, en la zona oriente de la capital, dos diputados socialistas presentaron una denuncia por eventuales delitos de corrupción y financiamiento irregular de la política, entre otros, lo que derivó en que la Fiscalía Centro Norte de Santiago abriera este miércoles una investigación por eventuales ilícitos en el salario de la histórica figura del conservadurismo chileno.
Cubillos, abogada y exmilitante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), un partido de la derecha tradicional al que sigue vinculado, impartió clases de derecho constitucional en la Universidad San Sebastián (USS) desde 2020 hasta el pasado agosto. Debido al trabajo de su marido, el político de la centroderecha Andrés Allamand, quien lidera la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Cubillos ha vivido parcialmente en España, país del que regresó de forma definitiva el pasado abril, cuando lanzó su campaña a las municipales.
La exdiputada y exministra de Medio Ambiente y de Educación de Piñera también fue constituyente en el primer proceso para cambiar la Constitución, en 2021. Según las fuentes de la universidad consultadas por El Mostrador, Cubillos apenas impartió clases durante sus años contratada, no realizó investigación académica y acusaron de que “no existen” los permisos que requería para trabajar desde el extranjero. La candidata, por su parte, defiende que publicó tres libros y un cuarto en colaboración con otros académicos y que “siempre” estuvo entre los profesores mejor evaluados por los estudiantes de la Facultad de Derecho.
Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, sostuvo en CNN que la remuneración que reciben los académicos con jornada completa de universidades pueden variar entre los cuatro millones hasta los seis millones de pesos (entre 4.300 a 6.500 dólares). Para él, el salario de Cubillos en base a la información publicada “no queda claro”.
“Los libros que ella ha publicado realmente no podrían ser categorizados en el criterio de publicaciones científicas y al parecer tampoco la envergadura de la docencia que ella realizaba, de acuerdo a la declaración que yo le escuché, parecía particularmente gravosa o significativa”.
La USS, al ser una entidad privada, no está adscrita a la gratuidad de la educación superior, pero el 45,5% de sus ingresos en 2023 provino de recursos estatales, como becas fiscales, el Crédito con Aval del Estado (CAE) y fondos concursables (subvenciones gubernamentales), según los estados financieros realizados por la consultora Deloitte y publicados por la Superintendencia de Educación Superior.
La superintendencia dio este martes un plazo de cinco días hábiles a la universidad para que entregue los antecedentes del cumplimiento de las normativas internas en los contratos. Como referencia, Rosa Devés, la rectora de la Universidad de Chile, la principal institución de educación superior estatal del país sudamericano, tiene un salario bruto de 11 millones de pesos (unos 12.000 dólares).
Los diputados socialistas Daniel Manoucheri y Daniela Cicardin ingresaron este martes una denuncia por eventuales delitos de corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política, contratos simulados “y cualquier otro ilícito penal que surjan de los hechos investigados, a raíz de los millonarios sueldos que la Universidad San Sebastián pagaba a doña Marcela Cubillos”. Los parlamentarios también solicitaron a la justicia una investigación por la eventual comisión de una serie de ilícitos penales en contra de quienes resulten responsables.
“¿Es un muy buen sueldo? Sí.”, dijo este martes la candidata a alcaldesa. “¿La política de remuneraciones la fija la Universidad San Sebastián? Sí. No sé qué pretende la izquierda, que sean ellos quienes fijen los sueldos cuando uno trabaja en una institución privada”, añadió.
Cubillos explicó a El Mercurio que su salario fue aumentando a medida que asumía más responsabilidades, como charlas y entrega de publicaciones. También, que cuando estaba en España, compartía su responsabilidad con el abogado José Francisco Lagos y el exministro de Bienes Nacionales de Piñera, Julio Isamit.
Tras conocerse el inicio de la pesquisa de la Fiscalía Centro Norte a raíz de la denuncia presentada por los socialistas, Cubillos escribió este miércoles en su cuenta de X: “Parlamentarios de izquierda quieren convertir en delito el sueldo de sus adversarios y terminar con la libertad de educación y de trabajo. El octubrismo igual de vivo cinco años después”, en alusión al estallido social de octubre 2019.
En la semana que precedió a las Fiestas Patrias, el Diario Oficial publicó la resolución que se obtuvo en la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, órgano encargado de evaluar el aumento de sueldo de las autoridades de Gobierno. Se estimó que el próximo Mandatario, quien tomará la posta del Presidente Gabriel Boric a partir de marzo de 2026, comience a percibir la suma de $10.269.076.
The Clinic hizo una selección -mediante Transparencia- de al menos 100 funcionarios públicos que reciben un sueldo mayor a esa cifra en los tres poderes del Estado. Entre los personajes que obtienen mayores remuneraciones aparece la Presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, con $17.903.898 brutos.
Muchos explican que estos cargos, con un componente técnico más especializado, obtienen sueldos más equiparables a lo que se ve en el mercado que en el Estado. Cosa similar ocurre con el Gerente General Ejecutivo Banco Estado, Óscar González, y el presidente del mismo, Daniel Hojman, que perciben $17.903.899 brutos al mes.
En el Poder Legislativo también existen personajes que se ven mejor remunerados que el Presidente. El Secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, recibe más de $14.000.000 mensuales. La máxima autoridad del Poder Judicial también tiene una mayor remuneración que la máxima autoridad del país y el Poder Ejecutivo.
La hoy cuestionada ministra, Ángela Vivanco, en caso de ser suspendida del cargo tras revelarse su vínculo con el abogado Luis Hermosilla, dejará de recibir su sueldo de $13.543.512. Los alcaldes también en varias ocasiones reciben mayores remuneraciones que el Mandatario. No solo eso. Hay servicios públicos de menor envergadura en que sus autoridades también ganan más que Boric.
Hasta aquí el repaso versa sobre otros organismos autónomos al Ejecutivo. Lo presumible sería pensar que el Presidente, quien es el que encabeza este poder del Estado, es el que obtiene una remuneración mayor. Suina Chahuán, subsecretaría de Minería, por ejemplo, gana $8.114.311 mensuales. Gloria de la Fuente, subsecretaría de Relaciones Exteriores, obtiene $8.114.306 a fin de mes.
Los anteriores, con más o menos, están más expuestos a la opinión pública y a las responsabilidades políticas. Pablo Paredes, por ejemplo, jefe de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, tiene una remuneración bruta de $7.872.454 mensuales. Pero hay datos que generan más ruido. Por ejemplo, Cristián Rojas, del gabinete de la Ministra de Obras Públicas, recibió en julio $10.085.077. Mientras que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, tiene varios asesores que ganan más que el Presidente.
Al acceder a Transparencia, por donde se obtuvieron las cifras para este reportaje, se vieron que algunos funcionarios de Gobierno obtenían su remuneración en dólares. El diputado republicano, Agustín Romero, pertenece a la Comisión de Hacienda de la Cámara y explica que quien determina los sueldos de las autoridades públicas más importantes es una comisión encargada de fijar remuneraciones.
Sobre las actuales diferencias de sueldos entre algunas autoridades del Estado y el Presidente, Romero explica: “Lo lógico es que la autoridad más importante, que es el Presidente de la República, tenga un sueldo más alto. Ahora, asumiendo que el tema de las remuneraciones es “complejo”, lo que alcanza a decir el parlamentario es que “el gran problema no es el sueldo del Presidente, sino que hay muchas autoridades que están sobrepagadas y la determinación de los cargos de los grados no se verifica la experiencia y no se especifica la preparación que tienen los cargos”.
Jaraquemada explica que, en pos de eso, se aumentó la remuneración del Presidente y en base a esa cifra “se establece todo el resto”. Las cifras de los sueldos tampoco son antojadizas. Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, indica que el problema principal de las remuneraciones es que “tenemos clase política de izquierda y derecha que está acostumbrada a vivir del Estado y que no se plantea su vida fuera del aparato del sector público”.
“Es una trampa hacer el cálculo de cuánto gana uno”, dice Leturia. Esto, por ejemplo, debido a que no sabe cuántos autos, escoltas tiene a su disposición el Presidente. Ahora, sobre establecer un tope de remuneraciones sostiene que “lo haría correctamente”, porque hay asesores de autoridades que pueden ganar hasta el doble respecto a la autoridad a la cual asesora, “sin control, sin la Contraloría encima, sin la prensa, sin juicios de cuentas”. Leturia sentencia: “La verdad este país es una vergüenza en eso y en muchas otras cosas”.
Para Matías Acevedo, director de Presupuestos entre diciembre de 2019 y mayo de 2021, el aumento del sueldo del Presidente “no me parece nada extraño. Aquí hay que distinguir entre cargos políticos y técnicos. “¿Por qué el Estado tiene que resignarse a tener técnicos directivos con costo de oportunidad más bajo?“, se pregunta.
“¿Los secretarios de la Cámara y el Senado pueden ganar más que el presidente. El 2002 la dieta parlamentaria ascendía a casi 2 millones y medio de pesos. Trece años después, el sueldo mínimo ha aumentado 42%, por lo que hoy los trabajadores que obtienen esta remuneración deben llegar a fin de mes con menos de 210 mil pesos. Sin embargo, la idea de rebajar esta cifra a la mitad no ha caído muy bien en el Congreso, donde se han oído voces transversales rechazando la idea y descalificando a sus gestores, que argumentan que en el servicio público “no podemos avalar desigualdades tan grandes entre sueldos.
Lo cierto es que, según la propuesta de Boris y Jackson, “en una comparación a nivel de la OCDE, comparando el salario medio de la población con la dieta parlamentaria, se deja a Chile en una muy mala posición. En España la dieta equivale a sólo 1,25 veces el salario medio; en Italia, que tiene los peores índices de Europa, éste equivale a 5 veces la media.
Para el economista de la Fundación SOL, Gonzalo Durán, esta iniciativa “apunta en la dirección correcta por dos motivos. Primero, el salario básico de los parlamentarios es de los más altos del mundo; y segundo, pone el tema del bajo valor del trabajo en la discusión pública. Respecto al primero, si consideramos el salario básico de los parlamentarios en relación al PIB per cápita, en Chile es 12 veces. En 2013, en Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Israel, Arabia Saudita, está entre 4 y 3 veces. En Noruega, Francia, Suecia, menos de 2.
Respecto a lo segundo, Chile requiere debatir frontalmente el tema del bajo valor del trabajo, no existe otro país con el nivel de ingresos que tiene Chile, donde los salarios estén tan deprimidos. Al respecto, el académico de la Facultad de Humanidades de la USACH, Jaime Retamal, señala que “que el escándalo que se ha generado de parte de los diputados los deshonra, no sólo porque han reaccionado corporativamente tal cual como se defienden los grandes empresarios por la Reforma Tributaria, sino porque además harían bien en comenzar por hacer ese gesto de disminución de sus vergonzosos sueldos, en vistas a usar esos recursos en fundaciones de ayuda directa a muchos ciudadanos de todas las edades que lo necesitan con más urgencia que ellos.
Gonzalo Durán explica que “Chile tiene un grave problema de atraso salarial, que se expresa en que la mitad de los trabajadores ganan menos de $263.000 (líquidos) y tienen que vivir altamente endeudados. Estos datos, oficiales, publicados en diciembre de 2013 y prácticamente invisibilizados, confirman el bajo valor del trabajo existente en Chile.
¿Por qué es bajo el valor del trabajo? Chile ha cuadruplicado su PIB per cápita en los últimos 20 años, pero eso no se ve reflejado en la situación de los trabajadores. “Chile es el único de los países estudiados que regula esta materia en la Constitución. Además, el texto aclara que lo que se pretende es disminuir la dieta y no las asignaciones parlamentarias, “que por su definición contribuyen al perfeccionamiento de nuestra legislación”.
Para las 9.40 horas del miércoles 3 de enero próximo, en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, quedó fijada la audiencia preparatoria del juicio por la demanda de tutela laboral interpuesta por la destituida embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel).
Las autoridades de la cartera, con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado, tienen plazo hasta cinco días antes de esa audiencia para hacer llegar los antecedentes y pruebas que les permitan contradecir los argumentos que esgrimió la exembajadora en esta inédita presentación ante la justicia laboral.
Esta fue planteada por la arquitecta luego de que se le exigiera la renuncia al cargo debido a la pérdida de confianza ante los altos mandos de Cancillería debido, entre otras causas, a las gestiones que llevó adelante sin la venia del ministerio para recaudar cerca de cinco millones de dólares para financiar un proyecto de desarrollo forestal resiliente en la comuna de Santa Juana, Región del Biobío, al alero de las iniciativas Living-Lab que llevan adelante las fundaciones que respalda el Rey Carlos III de Inglaterra.
Esas gestiones incluyeron conversaciones de Herrera con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, justo en medio de la polémica desatada por el escándalo por el traspaso de platas de reparticiones públicas a fundaciones.
La acción judicial de Herrera -en la que es apoyada por la abogada Katherine Figueroa Aillañir, quien también defiende a la madre de la exdiplomática chilena en Londres en un caso por adopciones irregularidades y robo de guaguas, y por el abogado penquista Miguel Reyes Poblete- ha sido calificada como una “vergüenza” por dirigentes políticos de oposición y del oficialismo.
Y es que Herrera, quien no es diplomática de carrera, sino que fue designada como jefa de la misión de Chile en Gran Bretaña en 2022 por el Presidente Gabriel Boric en un cupo político, persigue ahora que el Fisco le pague “una indemnización ascendente a la suma de las últimas 11 remuneraciones”, esto es US$ 216.876 (cerca de 190 millones de pesos). Además, busca que se le ofrezcan disculpas públicas y que estas sean informadas al rey de Inglaterra.
El monto exigido por Herrera se basa en que mientras ejerció como embajadora en Londres, la arquitecta penquista y diseñadora de muebles de madera -algunos de los cuales exhibía en el hall de la residencia de la embajada de Chile en Londres- recibió un salario mensual de 17.121.961 pesos (US$ 19.716) líquidos. Esto, sin considerar otros beneficios como vivienda, el pago con dinero fiscal de la mitad del seguro de salud, auto y chofer.
En total, aseguran fuentes diplomáticas, el embajador de Chile en Londres -una de las ciudades más caras del mundo- recibe más de $ 22.000 dólares al mes. Casi el doble de lo que gana el Presidente de la República (cerca de 10 millones brutos al mes) y casi tres veces el sueldo mensual del canciller.
Actualmente, el Ministerio de RR.EE. gasta al año más de 51 millones de dólares en pagos de salarios para el personal del servicio exterior (embajadores, ministros consejeros, primeros, segundos y terceros secretarios) que se desempeñan fuera de Chile. Una cifra alta, si se toma en consideración que el presupuesto total del ministerio para el 2023 fue de 197 millones de dólares (correspondiente al 0,2% del Presupuesto de la Nación).
Una radiografía a los salarios que reciben los chilenos destinados al servicio exterior revela que los montos publicados vía Transparencia no consideran gastos de representación, arriendo y mantención de inmuebles y otros ítems que son financiados directamente por Cancillería.
Fuentes diplomáticas aseguran que el presupuesto destinado a esas actividades se ha ido acotando fuertemente. Aún así, la diplomacia chilena no es la más cara de la región. Países como Brasil, Argentina y Uruguay pagan sueldos aún más altos a sus representantes en el extranjero que los percibidos por sus contrapartes chilenas en las mismas destinaciones.
Y los salarios de otros países incluyen asignaciones que no tienen los diplomáticos chilenos, como pago de colegiaturas para los hijos, gastos de salud para los diplomáticos y sus cargas familiares, entre otros beneficios. En salud, a los diplomáticos chilenos que viajan al extranjero se les cancela el 50% de un seguro de salud, con un tope de 300 dólares, una cifra muy por debajo a la que acceden los funcionarios de Naciones Unidas y personal del servicio exterior de otros países.
Incluso, hace varios años la Cancillería suscribió un convenio marco con la corredora de seguros Signa para obtener un seguro colectivo de salud y así reducir significativamente el costo de este ítem.
Los sueldos de los funcionarios del servicio exterior chileno destinado al extranjero (340 diplomáticos, desde embajadores hasta terceros secretarios, los que cumplen ciclos de cinco años fuera del país y dos en Chile) no son aleatorios ni dependen de la discrecionalidad de la autoridad de turno.
Por una parte, el salario base está fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 33 del año 1979. En el caso de un embajador, es de 2.472 dólares con 50 centavos, mientras que el funcionario de menor grado, un tercer secretario, al ser destinado al extranjero recibe un sueldo base de 1.104 dólares al mes. En el caso de diplomáticos que tengan cargas familiares, reciben, además, una bonificación de 250 dólares por cada una de ellas. Monto que perciben por igual, sea cual sea su destinación.
El componente mayor del salario, sin embargo, surge de otro lado. Del llamado “ajuste del costo de vida” que hace la Cancillería de acuerdo con una tabla de cálculo que realiza semestralmente una oficina de la Organización de las Naciones Unidas, a partir de encuestas en todas las misiones u oficinas que tienen en el mundo, para así tener un estándar objetivo al momento de calcular las remuneraciones de sus funcionarios.
El cálculo que hace la ONU es sobre el costo de la vida en Nueva York, donde se encuentra su sede principal, y a partir de ahí ajusta al alza o a la baja la remuneración de sus funcionarios que son destinados a otros países.
Chile adoptó esa metodología en 1990 y desde entonces, cada año, la Cancillería establece un tabla de factores para cada país donde tiene una misión diplomática, la que se multiplica por el sueldo base del funcionario. En algunos casos, ese ajuste se traduce en incrementos en el salario de más de 15 mil dólares. Pero en otros, los menos, como ocurrió este año en Brasil, la tabla de factores de costo de vida empujó a la baja los sueldos de los diplomáticos chilenos destinados en Brasilia.
Desde 2017, en todo caso, Chile congeló los salarios del personal del servicio exterior por falta de recursos, lo que se agravó con la crisis inflacionaria mundial pospandemia. Durante el 2022, en medio de la discusión del Presupuesto de la Nación, Cancillería logró negociar con apoyo del Congreso un protocolo de acuerdo con la Dirección de Presupuestos para actualizar estos factores de ajuste de costo de vida a partir del último trimestre de 2023.
Sin embargo, por tratarse de un incremento neto en el gasto, las negociaciones debieron retomarse en marzo de este año, ante las reticencias de Hacienda, que pedía que el incremento fuera año a año y no por todo el acumulado desde el 2017 a la fecha, postura que no era compartida por Cancillería.
No sólo eso. Cancillería debió explicar en detalle a Dipres cómo se hace el cálculo de ajuste por costo de vida y los factores que se consideraban en esa medición. Y pese a la existencia del protocolo suscrito a fines del año pasado, hasta agosto, la Dipres mantenía sus reparos a incrementar los salarios de los diplomáticos chilenos en los presupuestos de 2024 y 2025.
Poco antes de la aprobación en el Congreso del Presupuesto de la Nación para el 2024, Cancillería y Hacienda lograron cerrar el acuerdo para incrementar en 200 mil dólares los recursos a partir de diciembre de este año de todo el personal del servicio exterior en misiones en el extranjero.
De todas formas, más allá de sus negociaciones con Hacienda, desde el 2015, para evitar reajustes salariales muy abruptos, la Cancillería viene aplicando una banda de contención, que implica que los sueldos no pueden subir ni bajar más allá del 7%, un procedimiento que también aplica la ONU.
Y aunque la mayoría de los países, al igual que Chile, se rigen por las tablas de ajustes por costo de vida que establece las Naciones Unidas, la Cancillería chilena no suele tener en consideración -al momento de establecer la tabla de sueldos- la comparación con los salarios que pagan países vecinos o con economías similares a sus respectivos diplomáticos.
Actualmente, Chile tiene abiertas 133 misiones diplomáticas en el extranjero, entre embajadas, consulados y oficinas ante organismos multilaterales, casi el doble de las que tenía en 1979. Sin embargo, el personal de planta adscrito al servicio exterior sigue siendo el mismo que en 1979, cuando se fijó por ley: 450 funcionarios que se van rotando en ciclos de cinco años afuera por dos en Chile. Así, tenemos 340 diplomáticos en el extranjero, y otros 110 trabajando en Chile, por lo cual se ha tenido que reducir drásticamente el personal que está destinado en cada misión para poder cubrir las restantes.
Pero no sólo eso, obliga, además, a los diplomáticos chilenos a manejar todos los temas (generalistas), mientras otros países con mayor dotación han ido incorporando cada vez un mayor número de expertos en temas específicos.
El pasado viernes 21 de enero, el presidente electo, Gabriel Boric, presentó a los 24 ministros que lo acompañarán durante su gobierno, el cual iniciará el próximo 11 de marzo cuando se produzca el cambio de mando. 14 mujeres y 11 fueron los elegidos.
En ese sentido, el futuro mandamás de la nación ha comentado en ocasiones anteriores la necesidad de bajar el sueldo de las máximas autoridades del país, teniendo como tope la cantidad de 10 sueldos mínimos, el cual se propone establecer en 500 mil pesos durante su Gobierno.
De ser así, los futuros ministros del presidente electo tendrían un sueldo máximo de $5.000.000. En la actualidad, los titulares de cartera perciben una remuneración superior a los seis millones de pesos. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera tiene un suelo de 10 millones de pesos aproximadamente.
Por otro lado, en la Convención Constitucional también ha sido tema el salario de las autoridades del Gobierno. Hace unos días, un grupo de convencionales presentó una norma que busca establecer una remuneración máxima de 10 sueldos mínimos, tomando como consideración los $350.000 que hoy están establecidos.
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