El mejoramiento de las condiciones de trabajo fue un aspecto central en el inicio de las políticas laborales en nuestro país. La industrialización naciente expuso las realidades más cruentas de lo que comenzaba a llamarse el costo social del desarrollo.

El Contexto Internacional y la Demanda por la Jornada de Ocho Horas

Los primeros intentos por regular la jornada de trabajo provinieron del socialismo utópico, aunque con muy poco éxito. Preocupación creciente comenzó a tener el trabajo de niños y mujeres, especialmente en faenas nocturnas o extenuantes, hasta que en 1833 se dictó en Inglaterra una ley fabril que limitó la jornada de trabajo a 12 horas para los niños de trece a dieciocho años, con prohibición de ser contratados entre las 8 y media de la noche y 5 y media de la mañana. Además se prohibió el trabajo de menores de nueve años, y los niños entre esa edad y los trece podían trabajar como máximo 8 horas diarias.

En 1844 otra normativa limitó la jornada laboral de las mujeres mayores de 18 años a 12 horas, prohibiendo su trabajo nocturno. En la práctica esta ley se hizo extensiva a los trabajadores hombres, que en muchas actividades dependían de auxiliares niños y de mujeres. A mediados del siglo XIX la jornada de trabajo para mujeres y niños alcanzaba las 10 horas, y para el resto de los trabajadores comprendía en promedio 60 a 72 horas semanales.

Esta evolución en Inglaterra sería seguida por el resto de Europa y Norteamérica, aunque con avances desiguales. El movimiento revolucionario francés de 1848 permitió aprobar la reducción de la jornada de trabajo a 12 horas; en 1868 el gobierno federal de EE.UU. aprobó la limitación de la jornada laboral a 8 horas, aunque sólo para los trabajos o servicios públicos. En 1891, la encíclica Rerum novarum de León XIII estableció el derecho de los trabajadores al descanso y a una jornada justa.

El movimiento obrero no estará ajeno a las exigencias de la reducción de la jornada diaria y semanal. En 1864 la I Internacional demandará la jornada de trabajo de 8 horas diarias, extendiéndose tal demanda a Norteamérica y Europa. En 1866, el Congreso Obrero Internacional de Ginebra declaraba: "la limitación de la jornada de trabajo es una condición previa sin la cual tienen que fracasar todas las demás aspiraciones de emancipación [...]. Proponemos las 8 horas como límite legal de la jornada de trabajo".

En julio de 1899 la II Internacional declaró el 1 de mayo como "Día Internacional del Trabajo", el cual se comienza a conmemorar en todos los países bajo el signo de la jornada de 8 horas. Progresivamente distintas huelgas irán logrando significativos avances en el establecimiento de aquella jornada laboral en Francia, Inglaterra, Alemania y España.

El Rol de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Sin embargo, faltaba una instancia legislativa internacional que validara aquellos avances nacionales o los promoviera en aquellos países más retardatarios. Aquella fue la misión de la Organización Internacional del Trabajo, institución creada en el contexto de las Conferencias de Paz de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Así, La Conferencia de Paz nombró una Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, proclive al reformismo social, la cual presentó un informe que creaba la OIT, encargándole, como organismo internacional la adopción de normas dirigidas a garantizar mejores condiciones laborales, las que serían ratificadas por los Estados miembros. La Conferencia de Paz adoptó sin mayores modificaciones ese informe, siendo aprobado en abril de 1919.

Los principios constitutivos y rectores de la OIT fueron enunciados en el Título XIII del Tratado de Paz firmado en Versalles: sus objetivos, estructura y composición, la adopción de normas y el control de su aplicación obligaban a los países firmantes a cumplir con estas disposiciones. Pero además aparecen expuestos los motivos que justifican la creación de la OIT, y que pueden ser resumidos en tres: la búsqueda de la paz mundial, la lucha por la justicia social y la cooperación internacional.

En relación con la justicia social se toma conciencia de la necesidad de mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores a través del mundo, partiendo de una reglamentación mínima que contemple aspectos como "la fijación de una duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, el reclutamiento de la mano de obra, la lucha contra el desempleo, la garantía de un salario que asegure las condiciones de existencia adecuadas, la protección de los trabajadores contra las enfermedades generales y profesionales y los accidentes resultantes del trabajo, la protección de los menores, adolescentes y de las mujeres, las pensiones a ancianos e inválidos [...]".

El primer año de existencia de la OIT fue de plena actividad, teniendo como principal prioridad dar una constitución formal a la Organización y resolver sobre las demandas más urgentes en materia laboral. La primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se celebró a partir del 29 de octubre de 1919, aprobándose los seis primeros convenios que son reflejo de las iniciales preocupaciones de la OIT. Entre éstas se encontraban la fijación de la jornada laboral en la industria en 8 horas diarias y 48 semanales; la protección a la maternidad; la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en la industria; prohibición del trabajo industrial de menores de 14 años; prohibición del trabajo nocturno en la industria a los menores de 18 años; y el sistema de colocación gratuito.

Durante la década del 30', y como efecto de la crisis económica que azotaba al mundo, se refuerza la discusión en torno a la reducción de la jornada laboral como forma de reducir el desempleo. Así muchos países ratifican los convenios de la OIT en orden a establecer los principios de las 8 horas diarias y 48 horas semanales, e incluso en Europa se debate en torno al establecimiento de las 40 horas semanales de trabajo.

Sin embargo, el salto cualitativo en la reducción de la jornada de trabajo, dentro de un contexto de revalorización del tiempo libre, se produce durante las décadas del 50' y del 70', es decir, en los años gloriosos del Estado de Bienestar. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, el aumento de la productividad, las políticas de redistribución, y los cambios en los valores de la sociedad, se logró un consenso en torno a la reducción progresiva de la jornada de trabajo _en torno a las 40 horas semanales_, y su redistribución, estableciendo primero el descanso de medio día del sábado y posteriormente el fin de semana completo, así como las tres y luego cuatro semanas anuales de vacaciones pagadas.

La Demanda por la Jornada de Ocho Horas en Chile

El desarrollo del movimiento popular-obrero en nuestro país hunde sus raíces en la segunda mitad del siglo XIX y se ve reafirmado por el movimiento huelguístico que inaugura de manera paradigmática la gran huelga de 1890. Las celebraciones del Primero de Mayo _que en su seno incorporaba la lucha por la jornada de ocho horas_ se hacen progresivamente más masivas a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, aunque, al parecer, una de las primeras referencias programáticas a la demanda por ocho horas diarias de trabajo proviene de la Unión Socialista en 1897, agrupación formada por la fusión del Centro Social Obrero y de la Agrupación Fraternal Obrera.

Un año después, el Partido Socialista planteó la jornada de ocho horas para los adultos y de seis para los niños de doce a quince años, prohibiendo todo trabajo industrial a los menores de 12 años. En 1901, el Partido Demócrata-Socialista, abogó por una legislación obrera que protegiera a hombres y mujeres trabajadoras, bajo los siguientes principios: "a) El trabajo de los menores de quince años debe ser protegido; y el de la mujer particularmente reglamentado; b) Fijación del mínimun de salario y su condición de no embargable; c) Limitación legal de la jornada de trabajo a ocho horas y descanso dominical obligatorio".

Los sectores obreros organizados progresivamente fueron incorporando éstas y otras demandas en sus programas, especialmente cuando hubo necesidad de convocar a los asociados en torno a temas tan sensibles como eran las condiciones laborales, demostrando de paso que el movimiento obrero podía solucionar los problemas más apremiantes de la gente.

Luis Emilio Recabarren, por ejemplo, trató de articular esa demanda por legislación laboral, sin perder de vista su objetivo de redención social. De manera temprana Recabarren hace referencia a las demandas por mejoramiento en las condiciones laborales. En una carta dirigida a Abdón Díaz, aparecida en el periódico El Trabajo en 1902, señala la necesidad de la unidad de los trabajadores para alcanzar sus objetivos, siguiendo el ejemplo de los trabajadores norteamericanos: "Los obreros de Iquique deben hacer lo mismo, pues sólo así es posible obtener el triunfo. El obrero en huelga no debe tener jamás miedo a la sangre. El sistema de fichas debe ser abolido y ustedes no deben esperar jamás que una ley dictada por el Congreso la suprima. Ello no sucederá porque son interesados en mantener ese sistema muchos congresales. La obra entonces está en manos de ustedes mismos. La huelga general en Iquique se impone como una necesidad imperiosa y su realización debe ser la más rápida posible".

A continuación, en cursiva, remarcaba como demandas centrales de la huelga la jornada de trabajo de ocho horas y el pago en moneda corriente: "Estas palabras deben ser pronunciadas unísonamente por los labios de los obreros todos de las regiones del Norte, y a su eco deben levantarse todos los corazones, en un solo movimiento para ir a la gran huelga a conseguir ese laudable propósito".

Recabarren comienza a tomar conciencia de la importancia de las reivindicaciones laborales en las posibilidades de éxito del movimiento obrero, especialmente cuando algunas de ellas (como la abolición de las fichas y pulperías) eran centrales en el mundo salitrero. Pero también duda de la posibilidad que el Congreso esté dispuesto a conceder mejoramiento a los trabajadores. Esto no es una cuestión menor si recordamos que la acción de Malaquías Concha _correligionario suyo en aquella época_ en la Cámara de Diputados justamente se orientaba hacia una legislación que contemplaba tales puntos.

Recabarren no se oponía a las medidas de mejoramiento del proletariado, a través de una legislación social y reformas económicas, sino a la posibilidad de confundir estas medidas con los objetivos del movimiento obrero: "Si nos agitamos buscando mejoras de salarios, disminución de horas, buenas comodidades ello es solamente para conquistar los primeros puntos, las primeras posiciones, para llegar más adelante, para llegar a la reforma completa de este estado social lleno de injusticias, de crímenes del cual ansiamos salir para ser felices y libres".

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