La cuesti贸n de las pensiones vitalicias para los expresidentes en Espa帽a ha sido objeto de debate y escrutinio p煤blico durante a帽os. Este beneficio, destinado a quienes han ocupado la m谩s alta magistratura del pa铆s, plantea interrogantes sobre la igualdad ante la ley y la pertinencia de mantener privilegios que podr铆an considerarse anacr贸nicos en la sociedad actual.
Antecedentes y Fundamentos
A nivel internacional, no existe uniformidad respecto a los mecanismos que determinan el monto de dietas y asignaciones parlamentarias. La regulaci贸n constitucional de esta materia encuentra su fundamento en evitar que sean los mismos parlamentarios, sujetos receptores de la remuneraci贸n, quienes al mismo tiempo determinen el monto de 茅stas.
En cuanto a nuestra tradici贸n jur铆dica nacional, la regulaci贸n constitucional de las dietas parlamentarias es tambi茅n una excepci贸n: ni siquiera la Constituci贸n inmediatamente anterior a la que nos rige consideraba esta regulaci贸n. Por otro lado, la regulaci贸n de las asignaciones parlamentarias, esto es, aquellos fondos que son otorgados a los parlamentarios para, entre otros, contratar personal t茅cnico y administrativo, cubrir gastos operacionales o contratar la realizaci贸n de asesor铆as externas con el objetivo de asegurar el cumplimiento 贸ptimo de su funci贸n, est谩n consagradas a nivel legal en la ley 20.447 y reguladas, de acuerdo a esa norma, por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comit茅 de Auditor铆a Parlamentaria.
Las sociedades modernas se oponen a las diferencias estructurales que establezcan 贸rdenes jer谩rquicos r铆gidos y categor铆as de ciudadanos. Es en este sentido, que debe tenderse a generar reg铆menes que, si bien pueden contener diferencias, no deben dotar de privilegios. Asimismo, resulta desacertada e imprecisa la asimilaci贸n de la dieta parlamentaria a la remuneraci贸n de los Ministros de Estado m谩s todas sus asignaciones.
El Debate sobre la Dieta Parlamentaria
Durante las 煤ltimas semanas ha vuelto a instalarse el debate sobre el monto de la dieta parlamentaria a ra铆z de dos proyectos impulsados originalmente por los H. Diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson. El a帽o 2014, el Centro de Investigaci贸n Period铆stica (CIPER Chile), public贸 en su sitio web un completo estudio sobre las remuneraciones parlamentarias en Chile en relaci贸n con el panorama que presentan los pa铆ses de la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸mico (OCDE).
Sin perder de vista estos datos reci茅n expuestos, cabe tener presente que seg煤n la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estad铆sticas (INE), durante el a帽o 2016, el ingreso laboral promedio de la poblaci贸n ocupada en el pa铆s se ubic贸 en $517.540 neto mensual, mientras que el ingreso mediano -el que recibe un individuo ubicado en la mitad de la distribuci贸n de ingresos, ordenados de menor a mayor - lleg贸 a $350.000 neto mensual.
La situaci贸n expuesta debe invitar a un debate sincero, alejado de posiciones simplistas y de defensas corporativas. La brecha entre la remuneraci贸n de representantes y representados es real, existe aqu铆 y ahora y es de las mayores del mundo. Esta realidad no puede menos que pugnar con las bases de un Estado Constitucional Democr谩tico contempor谩neo.
La combinaci贸n de todos estos elementos lleva casi ineludiblemente a la formaci贸n de un juicio p煤blico que termina concibiendo las dietas y asignaciones como un privilegio y no como una necesaria y justa retribuci贸n por las altas funciones desempe帽adas.
Argumentos a Favor y en Contra
Los defensores de las pensiones vitalicias argumentan que estos pagos son necesarios para garantizar la dignidad y seguridad econ贸mica de los expresidentes, quienes, tras dejar el cargo, deben mantener una imagen y representaci贸n acordes con su investidura pasada. Adem谩s, se sostiene que estas pensiones evitan que los exmandatarios se vean tentados a buscar ingresos de fuentes que puedan comprometer su imparcialidad o la confidencialidad de informaci贸n sensible a la que tuvieron acceso durante su mandato.
Por otro lado, los cr铆ticos argumentan que las pensiones vitalicias son un privilegio injustificado en un contexto de crisis econ贸mica y desigualdad social. Se cuestiona la necesidad de mantener estos pagos cuando existen otros mecanismos de seguridad social y sistemas de pensiones que podr铆an cubrir las necesidades b谩sicas de los expresidentes. Adem谩s, se se帽ala que muchos exmandatarios ya cuentan con recursos econ贸micos suficientes y oportunidades laborales lucrativas tras dejar el cargo, lo que hace innecesario el pago de una pensi贸n vitalicia.
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