El proyecto de disminución de la jornada laboral de 45 a 40 horas propuesto recientemente en el Congreso ha significado una intensa discusión entre economistas. Una de las voces opositoras que sonó con más fuerzas fue la del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quién negó su apoyo al proyecto por la carga que recaería en la economía, agregando: “Es bien importante reconocer que trabajamos muchas horas en Chile, pero lo que hay que hacer es ser más productivo para trabajar menos horas”.
El objetivo de este artículo es proyectar los posibles efectos de dicho proyecto sobre el empleo, la eficiencia económica y la productividad, a través de un análisis técnico que utiliza supuestos clásicos de la teoría económica combinados con evidencia empírica disponible para Chile.
Posibles Efectos de la Reducción de la Jornada Laboral
En términos generales, el proyecto propone la reducción de 45 a 40 horas de la jornada laboral. Esto puede resultar en un aumento directo del salario real por hora, dependiendo de los efectos indirectos sobre la demanda por trabajo. Lo anterior afecta fundamentalmente al sector formal de la economía (es imposible regular el sector informal) pero puede afectar indirectamente el sector informal.
El efecto sobre el empleo depende de lo que los economistas llamamos “elasticidad de demanda” por trabajo, que mide la tasa en que la demanda por trabajo de las empresas, medida en horas, cambia cuando varía el salario. Varios estudios han calculado esta variable para Chile encontrando valores entre -0,5 y -0,2 (Eyzaguirre, 1981; Marcel, 1987; Martínez, Morales, Valdés, 2001; Fajnzylber, Malone, 2005). Según estos valores, una disminución de la jornada de un 10% (de 45 a 40 horas aproximado) y el consecuente aumento del salario por hora, hará que la demanda total en horas de trabajo disminuya entre 5% y 2%. Sin embargo, dado que ahora cada empleado trabaja 10% menos horas por semana, habrá un aumento en el número de trabajadores empleados (notar diferencia con horas de trabajo) entre 5% y 8%.
Las características del mercado del trabajo antes descritas, a la que se le suma una oferta laboral flexible en el sector formal con una elasticidad de oferta de trabajadores al sector formal verosímil (entre 0,5 y 1), derivarían en un aumento significativo del salario por hora luego de la reducción de la jornada laboral.
El ingreso semanal puede caer entre un 3% y 4%, esto si es que las horas trabajadas por semana bajan en una proporción mayor que el aumento del salario por hora. Sin embargo, los aumentos de productividad laboral que puede traer esta reforma pueden revertir esta caída.
La Hipótesis de los Salarios de Eficiencia
¿Cuál es la relación entre la disminución de la jornada laboral y la productividad laboral? Los economistas conocemos muy bien la famosa wage efficiency hypothesis (hipótesis de salarios de eficiencia) desarrollada por Carl Shapiro y el Nobel de economía Joseph Stiglitz. El postulado básico de esta teoría dice que la productividad de los trabajadores depende positivamente del salario recibido.
De esto se desprende que el salario que a la firma le conviene pagar (el que logra la máxima productividad con los menores costos) puede ser más alto que el que el mercado sugiere al equilibrar la oferta con la demanda. Son varias las explicaciones que dan sustento a la hipótesis de salarios de eficiencia, una de las más reconocidas tiene relación con el efecto de satisfacción y cuidado del puesto de trabajo (Akenlof, Yelen, 1988; Stiglitz, 1976; Weiss, 1976). Con mejores condiciones laborales, los trabajadores estarán más satisfechos y apreciarán más su puesto de trabajo, por lo que estarán dispuestos a proveer un mayor esfuerzo en su actividad, lo que a su vez redundará en una mayor productividad laboral.
La hipótesis de los salarios de eficiencia permite inferir que el proyecto de reducción de la jornada laboral tendrá efectos más potentes que una mera subida de los salarios.
El Poder del Mercado y la Brecha Salarial
Una parte importante de la economía nacional está dominada por monopolios u oligopolios coludidos con claro poder de mercado; es decir, por mercados donde predomina una sola empresa o dónde existen 3 o 4 empresas que se reparten el mercado de manera más o menos coludida. Ahora bien, los economistas hemos sabido por mucho tiempo que el poder de mercado de las empresas en el producto final se propaga hacia el mercado laboral (aun cuando las empresas no tengan directamente poder en el mercado de trabajo); esto implica que las empresas pagan un salario menor al que resultaría de un mercado competitivo.
En otras palabras, el poder que tienen las empresas les permite generar una brecha entre el salario y el valor productivo añadido por cada trabajador (se rompe la igualdad “salario=productividad marginal del trabajo” que profesa la teoría neoclásica). En general se puede demostrar que una reducción de la jornada laboral como la que propone el proyecto en cuestión, reduciría la brecha entre el producto marginal del trabajador y su salario efectivo.
Algo similar ocurre en los sectores productores de materias primas basados en la extracción de recursos naturales, tales como el cobre, la pesca, forestales, entre otros. La naturaleza de estas actividades hace que las empresas participantes obtengan rentas (ingresos sobre los costos) excepcionales que originan altísimas tasas de rentabilidad (sobre un 80% anual de retorno al capital en la gran minería del cobre según un reciente estudio de López y Sturla).
El Sentido Común y los Beneficios de la Reducción de la Jornada Laboral
Finalmente, no deja de ser necesario, incluso en un análisis de economistas, plantear el sentido común que resulta tan solo pensar los beneficios (ampliamente definidos) de disminuir la jornada laboral dada las actuales condiciones laborales del país. Según la última edición de Workmonitor, Chile es el quinto peor país (de 33 que son parte del estudio) en cuanto a la satisfacción laboral de los trabajadores, lo que sin duda afecta negativamente la productividad laboral. Una forma efectiva de reducir tal nivel de insatisfacción y por lo tanto de aumentar la productividad es reduciendo la actual larguísima jornada laboral. El ingreso del país no se condice con una jornada semanal tan extensa como la existente, a la que se le pueden sumar incluso 3 horas adicionales por motivo de transporte.
Cabe mencionar que en la medida que la jornada se siga cortando a niveles por debajo de 40 horas semanales, los beneficios de reducciones adicionales de la jornada laboral irían bajando y los costos aumentarían. Es útil pensar que la relación entre el largo de la jornada laboral y el bienestar de la población es de una forma de U invertida, lo cual implica que hay un largo de la jornada que es óptima para inducir el máximo beneficio social.
Ahora bien, si tales son los beneficios de disminuir la jornada laboral, la pregunta obvia sería: ¿por qué el mercado no lo ha hecho por sí solo? Las razones son similares al por qué las empresas chilenas gastan tan poco en investigación y desarrollo (ubicándonos en el último puesto de los países OCDE según datos de la última Encuesta Nacional sobre Gasto y Persona en I+D del Ministerio de Economía) a pesar de que se sabe que dicha inversión tiene altas tasas esperadas de retorno en el largo plazo: debido a la alta adversidad al riesgo que caracteriza a las empresas en Chile y a la presencia de altas rentas económicas y bajos niveles de competencia inversiones que no prometan una alta rentabilidad en el corto plazo con mínimo riesgo son rara vez implementadas.
En resumen, el efecto neto de la medida propuesta sería positivo, constituyéndose en una política muy deseable para Chile. Las preocupaciones planteadas por quienes están en contra del proyecto, en particular ocupando argumentos en torno al momento económico y la baja productividad, parecen inadecuadas e inconsistentes con la teoría económica moderna. Retomando las palabras del ministro Valdés, su preocupación sobre los efectos de la disminución de la jornada laboral en la economía parece ser el producto de un análisis estático.
Desigualdad Socioeconómica y Precariedad Laboral
Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial.
Chile ha sido un país de muchas diferencias sociales a lo largo de toda su historia. En el siglo XIX, las élites nacionales construyeron el Estado nacional. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor.
Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados.
De acuerdo a la última encuesta CASEN del año 2017, el 10% más rico de los hogares obtiene un 38,1% del ingreso monetario, mientras el 10% más pobre un 1,4%, con ingresos promedio de $3.605.800 y $129.300, respectivamente. La caída de la desigualdad de ingresos en este período se explica, principalmente, por las mayores transferencias monetarias a grupos vulnerables y el aumento en el número de técnicos y profesionales, lo que amplió el segmento de clase media acomodada y moderó el crecimiento de los salarios en la parte media alta de la distribución, proceso que opera con mayor fuerza en las cohortes jóvenes (Sapelli, Claudio, Chile ¿más equitativo?
Debe tenerse en cuenta que las mediciones de la desigualdad monetaria basadas en encuestas a hogares no capturan bien los salarios más altos, porque estos se subdeclaran y, además, las entradas de utilidades figuran como inversión en las empresas. La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza).Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto.
La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado define la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento.
La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. Esto es, si hubiese movilidad social.
El Rol de la Educación y el Acceso al Trabajo
Una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de las oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional. Esto por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades -que determina la movilidad social-.
Muchos trabajos de investigación han tratado de identificar cuán importante es la relación entre desigualdad y desarrollo, y los mecanismos para explicar dicha relación. Una de las conclusiones es que ella opera vía mecanismos más indirectos de lo que se creía. Esta situación, a su vez, limita las posibilidades de progreso de las sociedades, ya que se pierden capacidades de generación de nuevos negocios y otras instancias de mejora del bienestar de la sociedad. Entre las políticas a considerar para disminuir la desigualdad, destacan las que mejoran la productividad vía capacitación y fortalecen todos los niveles del sistema educativo.
Por todo lo anterior, hay razones suficientes para afirmar que Chile debiera hacer un esfuerzo serio para reducir las diferencias en las próximas décadas. De estudios recientes se derivan algunos lineamientos a tener en cuenta. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos. Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas.
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