Durante la tarde de este miércoles, la Sala del Senado aprobó, por 36 votos a favor y 2 en contra, el proyecto que establece un reajuste retroactivo del salario mínimo de $337 mil a partir del 1 de mayo de este año, y que, además, aumenta el Ingreso Mínimo Garantizado en $10 mil.
El despacho de la iniciativa, calificada de suma urgencia, se da tras la aprobación del informe de la Comisión Mixta por parte de la Cámara Baja durante la jornada de ayer.
El texto, que ahora debe pasar a manos del Ejecutivo para su posterior promulgación, fija el índice de actividad económica como un parámetro que determinará el reacomodo del sueldo mínimo a partir del próximo año.
De esta manera, si la variación del Imacec entre mayo y noviembre de 2021 es menor o igual a 3%, la remuneración mensual se elevará a $345 mil a partir del 1 de enero de 2022, o a $350 mil en el caso de que esta variación sea superior a 3%.
El proyecto también modifica la Ley 21.218 y aumenta el Ingreso Mínimo Garantizado en $10 mil, lo que implica un aumento de $50 mil para aquellos que reciban un sueldo mínimo, y eleva el monto bruto límite para quienes accedan a este beneficio de $393.987 a $421.250.
Según lo señalado, el incremento del IMG implicará un desembolso de US$42 millones y beneficiará a 838 mil personas.
Durante la discusión, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, expresó que la meta del gobierno es “ser responsables con la carga que imponemos sobre quienes crean empleo”, y, al mismo tiempo, velar por las “condiciones justas que tengan los trabajadores”.
Destacó los acuerdos entre el oficialismo y el Congreso respecto al incremento de los montos en juego.
“Estamos logrando un proyecto que al poder reajustar tanto la cobertura como el monto del IMG, y también el guarismo, sí nos acerca algo más a niveles mayores de ingresos mínimos de los que nos gustaría alcanzar”, señaló la autoridad.
A estas palabras se sumó el ministro de Trabajo y Previsión, Patricio Melero, quien destacó la tramitación y despacho a ley del proyecto, al igual que la conformación de una mesa técnica que permitirá conocer el detalle de cuántos son los chilenos que perciben un sueldo mínimo, y cuántas empresas contratan a trabajadores en base a este salario.
“Por primera vez, siento que empezamos a diseñar lo que debe ser una política con caracterización adecuada, fundamentada y analizada y no la mera discusión de un guarismo”, destacó Melero.
El seremi subrogante del Trabajo, Christian Aros y la seremi de Gobierno, Úrsula Mix, destacaron la aprobación del proyecto de ley.
Luego de ser aprobado en ambas cámaras, el Senado despachó a ley el proyecto que reajusta el salario mínimo y otros beneficios, lo que fue destacado por las autoridades regionales.
La seremi de Gobierno, Úrsula Mix, se refirió al acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el compromiso del Gobierno.
“Ya habíamos tenido una cifra histórica y gracias a un acuerdo con la CUT y con gran respaldo también por parte del parlamento, podemos informar de este nuevo aumento del sueldo mínimo.
Vemos que se hace sin poner en peligro la economía del país y con gran respaldo de la comunidad”, comentó la seremi.
Según detalló el seremi subrogante del Trabajo, Christian Aros, este aumento de sueldo será retroactivo a mayo.
“El proyecto de ley de reajuste al salario mínimo contempla un alza gradual 510 mil 636 a 529 mil pesos, a contar del 1 de mayo de este año. Además, a partir de enero del próximo año esta cifra aumentará a 539 mil pesos.
La entrada en vigencia del nuevo ingreso mínimo mensual de $529.000 a partir del 1 de mayo de 2025, según lo establece la Ley N° 21.751, marca un hito relevante para el país.
El hecho de que este reajuste tenga efecto retroactivo, implica que muchas personas verán reflejada la modificación en sus próximas liquidaciones, incluyendo los pagos pendientes de mayo y junio.
Desde el punto de vista empresarial, este escenario implica un desafío importante.
Sin embargo, más allá del esfuerzo operativo, esta coyuntura puede ser aprovechada como una oportunidad para revisar procesos internos, modernizar softwares de remuneraciones, fortalecer el cumplimiento normativo y proyectar una imagen de responsabilidad social.
Este tipo de medidas son fundamentales para dignificar el trabajo, reducir brechas salariales y avanzar hacia una mayor justicia social.
Además, una política de remuneraciones justa dinamiza el consumo local, fortalece la vida comunitaria y entrega mayor estabilidad.
Para las empresas, invertir en las personas es parte de una estrategia sostenible y con visión de largo plazo.
La ministra del trabajo Yolanda Díaz ha señalado que la medida beneficia a casi 2 millones de trabajadores y trabajadoras. Según la central sindical Comisiones Obreras (CC.OO) la medida beneficiará de manera inmediata a un total de 835.600 mujeres y de 682.600 hombres.
Esto equivale a una de cada tres personas de entre 16 y 34 años que trabajan a jornada completa se verán favorecidos por el aumento.
Contexto Económico y Social
El contexto actual en el que se presenta este proyecto de ley que propone el reajuste del ingreso mínimo mensual, corresponde a una economía que no termina de recuperarse debido a los daños ocasionados por la pandemia producida por el COVID-19.
El año pasado, el Producto Interno Bruto se contrajo 5,8%, caída que se extendió a los meses de enero y febrero de este año.
Así, según el Informe de Política Monetaria (IPoM) presentado por el Banco Central en marzo de este año, si bien se observa un positivo desempeño reciente de la economía, el mercado laboral aún presenta rezagos importantes respecto del avance que ha mostrado la actividad económica, los cuales constituirán un desafío para este año.
No obstante, a más de un año de iniciada la pandemia por el COVID-19, aún no hemos recuperado los empleos destruidos.
Según las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), para el trimestre móvil de enero-marzo 2021, la cantidad de asalariados del sector privado se encuentra 499 mil empleos por debajo de la misma cifra para el año anterior, lo que, a nivel de empleo total, significa que restan más de 900 mil empleos por recuperar.
Según nuestras estimaciones con los datos del Seguro de Cesantía, es posible constatar que aproximadamente 840 mil trabajadores ganaban, a diciembre de 2020, una remuneración entre 0.9 y 1.25 ingresos mínimos mensuales.
De estos trabajadores, alrededor de un 31% son menores de 30 años y se encuentran principalmente en los sectores del comercio (19%), servicios administrativos y de apoyo (13%), construcción (12%), y agricultura y pesca (10%).
Adicionalmente, un 67% de ellos se concentran en empresas con menos de 50 trabajadores.
Si consideramos la participación de estos trabajadores según su género, podemos ver que proporcionalmente la cantidad de mujeres que reciben una remuneración entre 0.9 y 1.25 ingresos mínimos mensuales (18%) es mayor a la de los hombres (15%).
Durante este último año de pandemia por COVID-19, los trabajadores que reciben una remuneración entre 0.9 y 1.25 ingresos mínimos mensuales; jóvenes, mujeres, trabajadores con menos años de escolaridad y aquellos que se desempeñan en sectores como el comercio o construcción, han sido afectados de manera negativa.
La pandemia está afectando principalmente el empleo de estos grupos.
Según datos del Seguro de Cesantía, es posible concluir que proporcionalmente se destruyen más empleos entre los trabajadores que reciben una remuneración entre 0.9 y 1.25 ingresos mínimos mensuales que en aquellos trabajadores con ingresos superiores a éste.
Lo anterior se ha visto agravado durante la crisis sanitaria.
Los mismos datos reflejan que el porcentaje de empleos destruidos, para trabajadores que ganan entre 0.9 y 1.1 ingresos mínimos mensuales, es 4 puntos porcentuales mayor (6%) que aquellos trabajadores que ganan una cifra mayor a 1.25 ingresos mínimos mensuales (2%).
Con el objetivo de ayudar económicamente a los trabajadores de menores ingresos, como Gobierno hemos generado mecanismos de apoyo económico, tales como: la ley N° 21.218 que Crea un Subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado; la ley N°21.230 que concede un Ingreso Familiar de Emergencia; la ley N° 21.323 que establece un nuevo bono clase media y un préstamo solidario para la protección de los ingresos de la clase media; la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias especiales, entre otras iniciativas que se presentan como una herramienta para alcanzar estos objetivos.
Estos instrumentos se han ido perfeccionando durante el año 2021, en función de la realidad de nuestro país y del uso que le ha dado la población.
Finalmente, debemos recordar que uno de nuestros principales objetivos como Gobierno es proveer estabilidad económica para nuestros compatriotas, lo que creemos se logrará de forma permanente a través de la creación y mantención de empleos formales.
Reajuste del Ingreso Mínimo Mensual
Considerando los antecedentes señalados, proponemos un reajuste del ingreso mínimo mensual de acuerdo a la evolución del Índice de Precios del Consumidor, con el objetivo que mantenga su poder adquisitivo.
Esto quiere decir, que el monto del ingreso mínimo mensual se incrementa a $337.000, de acuerdo con la variación acumulada entre septiembre de 2020 y hoy, que, de acuerdo con datos disponibles (incluyendo las proyecciones para abril de 2021) es de 3,1%.
A su vez, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65 años de edad se eleva a $251.394 y el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales a $217.226.
Adicionalmente, se proponen cambios en el ingreso mínimo garantizado.
Considerando que en la actualidad no se cuenta con registros administrativos para verificar la jornada de trabajo y las horas efectivamente trabajadas, se propone una norma que regula la postulación al subsidio.
Por último, durante la tramitación legislativa de La ley N° 21.323, específicamente en el H. Senado, se eliminó para efectos del Bono Clase Media, el descuento establecido en el artículo 9 del proyecto de ley, esto es, el descuento al Bono de los montos percibidos por IFE, Bono COVID y demás prestaciones que estableció la Ley de Presupuesto del Sector Público, en los meses de enero y febrero de 2021, sin embargo, dicho descuento no fue eliminado para microempresarios del transporte, beneficiarios también de este Bono.
A contar del 1 de mayo de 2021, elévase a $251.394 el ingreso minimo mensual para los trabajadores menores.
"En el caso de que se necesiten antecedentes adicionales para verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al subsidio o para calcular su monto, la Subsecretaría de Servicios Sociales podrá requerir al trabajador mayores antecedentes.
Elimínase en el inciso cuarto del artículo 19 de la ley No 21.323, que Establece un Nuevo Bono Clase Media y un Préstamo Solidario para la Protección de los Ingresos de la Clase Media, la expres1on: "Con todo, el monto total de las prestaciones sociales establecidas en la Partida 50, Capítulo 01, Programa 03 "Operaciones Complementarias", Subtítulo 30, Ítem 10 "Fondo Emergencia Transitorio", Glosa 26, numeral 3, literal a, de la ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al afio 2021 que le corresponda recibir al hogar del beneficiario, por los meses de enero y febrero 2021, se imputará como parte del monto del Bono de Apoyo para efectos de su cálculo.
El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley en el año 2021 se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público.
Respecto a lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley, el mayor gasto fiscal que represente ésta durante su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.
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