Nacidas bajo el diseño del ex ministro José Piñera Echenique y de Hernán Büchi, las AFP pasaron a ser el símbolo de esos prometedores tiempos en que los chilenos soñaban con suculentas jubilaciones ofrecidas desde el gobierno, las cátedras y las ventas persona a persona.

Hoy, cuando estas administradoras de fondos de pensiones se aprontan a cumplir veinte años, y los afiliados al sistema suman más de seis millones, muchos signos de incertidumbre las rodean.

Concentración y Negocios Internacionales

En el camino, algunas han desaparecido absorbidas por las más grandes, en particular por Provida, que reina con el 40 por ciento del mercado de afiliados. De las once que partieron, solo quedan ocho. Y mañana o pasado, la próxima semana o el próximo mes pueden ser siete. Como en el caso de las Isapres, la concentración se ha transformado en una característica. La «fusión por absorción» es una expresión de moda entre quienes las observan de cerca.

Los negocios internacionales ocupan a sus ejecutivos, que crean sociedades y más sociedades para tratar de invertir todo lo que pueden en empresas chilenas o extranjeras. Mientras, a través de sus voceros, insisten en la necesidad de que se aumenten los topes para invertir, sobre todo en el exterior, y se discute la posibilidad de que los bancos se involucren en el negocio.

Rol Clave en el Poder Económico

Pero, entretanto, desde mediados de la década de los ochenta, las AFP han desempeñado un rol clave en la consolidación del poder económico en manos de quienes hoy lo detentan. Gracias a la participación significativa en las empresas que fueron del Estado, las AFP han sido un eficaz instrumento de control ejercido por los mismos que iniciaron y desarrollaron el proceso de privatización bajo el régimen militar.

Los ejemplos están a la vista: en la privatizada Chilgener, conocida en el último tiempo como Gener, la AFP Provida tenía hasta fines de 2000 un 9 por ciento de las acciones. En la misma empresa, Habitat controlaba el 6,97 por ciento de las acciones a través de su fondo de pensiones; Cuprum, el 6,63 por ciento; Santa María, el 4,45 por ciento; y Summa Bansander, el 3,8 por ciento. A ello se sumaban menores porcentajes de Planvital y Magister. Con eso supera el 26 por ciento del total accionario.

Otro tanto ocurre en Soquimich, la otrora empresa del Estado controlada por el ex yerno del general (R) Pinochet, Julio Ponce Lerou, donde, al 30 de junio de 2000, Provida S.A. tenía el 17,7 por ciento; AFP Habitat S.A., el 6,9 por ciento; Cuprum, el 4,8 por ciento; AFP Santa María, el 3,9 por ciento, y Summa Bansander, el 3,7 por ciento de las acciones.

En el caso de la Industria Azucarera Nacional (Iansa), también privatizada, Provida es el segundo accionista en importancia, después de la sociedad Campos Chilenos, que fue adquirida por la española Ebro. El fondo de pensiones de Provida tenía a la misma fecha un 11,1 por ciento de las acciones de Iansa. Tal como ocurría hasta hace poco en Gener, en Iansa todas las AFP tienen partes importantes del capital accionario. Habitat controla un 6,71 por ciento; Santa María, un 4,5, y así sucesivamente hasta llegar a casi un 1 por ciento de Magister. En total, más de un 32 por ciento del imperio Soquimich es en realidad propiedad de los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos.

La Reforma de Piñera y el Escenario Adecuado

El 4 de noviembre de 1980, menos de dos meses después del discutido plebiscito en que el general Pinochet se ungió con el título de presidente por ocho años y dio por aprobada la Constitución Política, promulgó la Reforma Previsional, una de las «modernizaciones» fundamentales del régimen militar. Y el 11 de mayo de 1981 nacieron formalmente las AFP.

Junto con ese cambio de escenario se iniciaba una nueva era privatizadora en diferentes aspectos de la vida del país: educación, salud, empresas del Estado y, desde luego, previsión. No es casual que ese año 1981, en pleno auge de los Chicago boys que ya empezaban a convencer a los militares de las ventajas de «la iniciativa privada y el libre mercado», como único y «óptimo asignador de recursos», haya sido tan activo en materia de decretos y leyes que abarcaron los más diversos ámbitos.

Simultáneamente, esos programas involucraban la «racionalización de las empresas básicas del Estado, considerando la creación de empresas subsidiarias» que se le imponía a Corfo.

La Reforma Previsional permitió que los cuantiosos recursos previsionales de los trabajadores chilenos fueran traspasados de una plumada al sistema privado; es decir, como se mostró rápidamente en los hechos, a los principales grupos económicos de entonces. Y las imposiciones obligatorias que se descuentan mes a mes deberían canalizarse en el futuro hacia estas administradoras.

Tanto Manuel Cruzat y Fernando Larraín Peña como Javier Vial Castillo estrenaron sus AFP. Algunos conglomerados ya tradicionales, como los grupos Luksic, Angelini y Matte, se juntaron para formar la AFP Summa, mientras el grupo Edwards, dedicado por décadas al negocio de los seguros, partió también en la carrera con El Libertador.

En total, once sociedades anónimas con nombres de fantasía, llamativas imágenes corporativas y batallones de vendedoras y vendedores especialmente adiestrados se lanzaron a disputar el mercado que se les entregaba. Provida, Alameda, Santa María, San Cristóbal, El Libertador, Planvital, Summa, Invierta, se unieron a otras que iniciaron sus pasos con una evocación de corte gremial: Habitat. Esta reunía a gremios, entidades afines y trabajadores de la construcción, pero estaba abierta para quien quisiera afiliarse en ella. Magister nació ligada a los profesores y Cuprum surgió al interior de Codelco, orientada especialmente a los supervisores del cobre.

Los trabajadores, por su parte, al empezar a trabajar por primera vez, debían obligatoriamente afiliarse a estas AFP, donde cada uno sería responsable de capitalizar los recursos para jubilar. Y los demás, salvo los que estaban al borde de entrar a ser parte del contingente pasivo, eran atraídos para traspasarse al nuevo sistema con una seductora publicidad que prometía suculentas rentas en un indeterminado pero feliz futuro. Un «bono de reconocimiento» acreditaría al momento de jubilar sus años de imposiciones anteriores.

Las antiguas cajas -la de Empleados Públicos y Periodistas, la de Empleados Particulares, la Caja Bancaria, la de Ferrocarriles y muchas otras- se verían obligadas a vender sus bienes y entrarían en un proceso de fusión, integrándose a lo que llegó a ser el Instituto Nacional de Normalización Previsional (INP). Se dieron plazos para tomar la decisión de seguir bajo el antiguo régimen imponiendo en el instituto del Estado, al que se le rodeaba de oscuros pronósticos.

Para hacer más atractivo el traspaso, quienes se cambiaban a las AFP percibían una renta líquida mayor, ya que el porcentaje imponible era menor que el del INP. Todo ello significó que solo quedaron en el antiguo sistema quienes por tener muchos años de trabajo no veían ninguna ventaja en el traslado, ya que sus bonos de reconocimiento serían demasiado bajos.

Quienes no se dejaron tentar fueron los uniformados, que fueron considerados como una excepción y pudieron seguir imponiendo en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional hasta hoy.

Desde los primeros meses después del golpe, los economistas del gobierno militar afirmaban que el sistema previsional chileno basado en la solidaridad y el reparto estaba quebrado y era «caótico». Uno de esos economistas era José Piñera Echenique, quien en 1978 había jurado como ministro del Trabajo. A esa altura era famoso por el denominado «Plan Laboral», rechazado por los dirigentes de los trabajadores, que apenas empezaban a levantar cabeza después de la dura represión que ejerció el Gobierno militar sobre el sindicalismo. El Plan Laboral, bajo una apariencia de apertura, imponía restricciones al derecho a huelga y a la libertad para organizarse.

El escenario creado por Piñera con su Reforma Laboral fue un elemento que contribuyó a generar el clima para que después lograra imponer su Reforma Previsional. Piñera había trabajado en el departamento de estudios de la Colocadora Nacional de Valores, del grupo de Manuel Cruzat, y tenía una revista de circulación restringida, Economía y Sociedad, desde donde preconizaba sus puntos de vista en materia de política económica, social y previsional.

Arturo Fontaine Aldunate, en su libro Los economistas y el presidente Pinochet, indica que en el segundo semestre de 1979 el entonces ministro del Trabajo, José Piñera, emprendió la tarea de llevar a cabo la Reforma PrevisionaI.

Tal como lo ratifica el ex director de El Mercurio, en esta reforma trabajaron junto al ministro Piñera «los economistas Hernán Büchi, Alfonso Serrano y Martín Costabal». El mismo Fontaine cuenta que la idea de terminar con el sistema de reparto e implantar la capitalización de los fondos de los imponentes era manejada por Odeplan «desde los comienzos del régimen». Y anota que en 1979 «el Comité Asesor plantea también sus reparos a través de su director general Roberto Guillard».

Por aquel entonces no funcionaba el Parlamento ni los chilenos sabían de las discusiones que se desarrollaban tras las cuatro paredes de las «Comisiones Legislativas» creadas por el régimen para dar una apariencia de legalidad a sus actos.

Pero, según el relato de Fontaine, hubo un momento decisivo dentro de la Comisión Legislativa Única, tras una consulta del entonces auditor del Ejército general Fernando Lyon, quien le preguntó al ministro Piñera si estaba consciente de los alcances que tendría el traspaso del Estado a los particulares de la enorme masa de fondos. «Y que en consecuencia, este Gobierno se desprende así del manejo y control de unos recursos con los cuales contaron todos los gobiernos anteriores desde hace cincuenta años».

El ministro respondió, de acuerdo a lo consignado por Fontaine, que «está consciente y ahí reside el valor del proyecto que entrega a los ciudadanos una cuota de poder y libertad necesaria para el pleno desarrollo dentro de la sociedad libre que el Gobierno está bosquejando».

Desde un comienzo, Provida fue la AFP de mayor tamaño. La creó el grupo Cruzat-Larraín, el más poderoso de ese tiempo. Después de la bancarrota de 1982 pasó a manos del Estado de nuevo y, luego, fue transferida al Bankers Trust.

El Bankers Trust adquirió en 1985 el 40 por ciento de las acciones de Provida S.A., y el 92 por ciento de la compañía seguros de vida Consorcio Nacional de Seguros, a través de su filial Bankers Trust (Pacific). Ambas empresas habían pertenecido a Cruzat-Larraín, como recuerdan Patricio Rozas y Gustavo Marín en El mapa de la extrema riqueza diez años después5. Las transacciones -anotan los autores- se efectuaron mediante la conversión de pagarés de la deuda externa.

Años más tarde, ya en los noventa, Provida sería adquirida por el grupo encabezado por Álvaro Saieh y el ex ministro de Hacienda Sergio de Castro. En 1999, cuando Saieh ya la controlaba a través de Corp Group, traspasó esta sociedad al español Banco Bilbao Vizcaya, del cual quedó como socio con un 0,9 por ciento de las acciones.

De Ministros a Directores

Desde su nacimiento, las AFP se caracterizaron, además, por contar entre sus máximos directivos a importantes prohombres del régimen militar. Algunos de ellos iban y venían de la actividad pública a la privada, como es el caso de Alfonso Márquez de la Plata Yrarrázaval. Entre 1973 y 1977 había sido presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y en 1977 ocupó la presidencia del Banco de Santiago hasta que fue nombrado ministro de Agricultura en abril de 1978. Tras dejar ese cargo, en diciembre de 1980, se reincorporó al grupo Cruzat-Larraín. Meses después fue designado integrante del directorio de Provida, junto a Manuel Cruzat y Fernando Larraín Peña.

El 10 de agosto de 1983, Alfonso Márquez de la Plata asumió como ministro secretario general de Gobierno y estuvo en La Moneda hasta noviembre de 1984, cuando pasó a la cartera de Trabajo y Previsión Social, donde se desempeñó hasta noviembre de 1988.

El primer presidente de Provida fue el ex ministro de Hacienda Jorge Cauas Lama6, quien era presidente del Banco de Santiago -el principal centro financiero del grupo Cruzat- desde 1978.

El grupo Vial, que generó dos AFP, manifestaba menos vinculación con el gobierno militar que el de Cruzat. En todo caso, en el directorio de la AFP Santa María, la principal del grupo, estuvo en la primera hora el ex ministro de Justicia y por esa época presidente del Consejo de Estado, Miguel Schweitzer Speisky.

La AFP Invierta, ligada al grupo Cueto-Martínez y al Banco de Concepción de entonces, se estrenó con un directorio presidido por Álvaro Bardón Muñoz, quien hasta el 30 de abril de ese año había sido presidente del Banco Central y quien sería el último presidente del Banco del Estado de Pinochet. Otro ex ministro del general Pinochet fue presidente de la AFP Summa, que reunió a los grupos Angelini, Luksic y Matte: el ex ministro de Economía Fernando Léniz Cerda.

Jorge Prado Aránguiz, quien después fue ministro de Agricultura, estaba en el directorio de la AFP Plan Vital. Esta AFP representaba la alianza entre dos grupos encabezados por empresarios de origen árabe: Yarur, Banas y Said, a los que se agregó el «subgrupo» Bolton, Larraín, Prieto y Risopatrón, y un conjunto de grandes y medianos empresarios organizados en torno a los bancos O’Higgins y de Talca.

El Mapa Actual de las AFP y el Caso de Summa Bansander

En 1998, AFP Summa se integra al Grupo Santander en Chile para convertirse en una de las empresas más importantes del área previsional. Desde que a principios de los ’80 se creara en Chile el sistema de AFP, Summa se trasformó en una de las pioneras, siendo reconocida como una firma solvente y estable. La fusión de Summa y Bansander en 1998, llevó a la entidad resultante a poseer una cuota de mercado del 12,35% del total de los fondos administrados por el sistema, con US$3.720 millones y 480.000 afiliados.

Hoy, AFP Summa Bansander es una empresa fuertemente reconocida en el mercado por el positivo resultado en su gestión, el que se ve reflejado en el alto nivel de satisfacción y conformidad de sus clientes. Con 25 sucursales desde Arica a Punta Arenas y más de 694 funcionarios, nació la necesidad de modernizar el sistema de soporte a través de una herramienta como LANDesk.

Luego de analizar diversas herramientas de gestión de red, Summa Bansander eligió a E-Money Chile para la implementación de LAN-Desk. “Analizamos diversas alternativas antes de decidirnos por la implementación de una de ellas y en este proceso las variables que consideramos fueron: plataformas, manejo de ancho de banda, eficiencia en la toma del control remoto, reportes y precio. Además, también estudiamos funcionalidades como control de inventario de hardware y software, seguridad y distribución de software, distribución de sistemas operativos, migración de perfiles, monitoreo de software y reparación automática de aplicaciones. En cada una de estas variables de evaluación, LANDesk demostró ser una herramienta muy poderosa, además de las ventajas que E-Money nos provee en soporte de implementación y capacitación”, señaló Roberto Castillo, Jefe de Explotación y Soporte de AFP Summa Bansander.

Diez meses han pasado desde que E-Money instaló LANDesk en Summa Bansander y los resultados han sido, según cuenta el cliente, notables. “Cualquier herramienta que permita tomar el control remoto significa ahorro, porque ya no es necesario viajar al lugar o hacer un traslado y eso tiene un costo económico. LANDesk nos ha permitido disminuir el tiempo de resolución de problemas, tener menos llamados y gastos y un área de soporte más pequeña pero más eficiente. De esta manera, podemos destinar recursos para otros proyectos. Adicionalmente, hemos logrado una mayor eficiencia en el uso de los recursos tecnológicos”, asegura Roberto Castillo. En cuanto a la prestación de servicios de E-Money, la opinión del ejecutivo es muy positiva, ya que ha sentido apoyo en todo momento. “Desde la etapa de implementación, los ingenieros y ejecutivos de E-Money han estado presentes, incluso más allá de lo que estaba estipulado en el proyecto.

AFP Participación Accionaria en Chilgener (Gener) a fines de 2000 Participación Accionaria en Soquimich (30 de junio de 2000) Participación Accionaria en Iansa
Provida 9% 17.7% 11.1%
Habitat 6.97% 6.9% 6.71%
Cuprum 6.63% 4.8% N/A
Santa María 4.45% 3.9% 4.5%
Summa Bansander 3.8% 3.7% N/A
Planvital N/A N/A N/A
Magister N/A N/A ~1%

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