La reforma española está motivada por la percepción de que la legislación laboral española ha generado una falta total de competitividad desde el punto de vista laboral. El discurso que acompaña esta reforma es que los trabajadores españoles reciben mucho más de lo que son capaces de producir, generando un problema de competitividad.
Los cambios que se proponen buscan abaratar el costo del despido, rebajando las indemnizaciones, y aumentar las posibles causales. Se basa en la lógica de que mientras más barato sea despedir, más posibilidades hay de contratar.
Sin embargo, este enfoque, que apunta a aumentar la flexibilidad en la salida del trabajo, no necesariamente va a tener efectos positivos en el crecimiento del empleo.
Se puede decir que la reforma va a ser insuficiente desde dos perspectivas: la neoliberal y la más de izquierda. Los neoliberales argumentan que esta reforma no va a producir resultados porque sigue siendo demasiado moderada. Desde esta perspectiva, el problema del caso español no es el despido sino la negociación colectiva, que establece costos salariales muy altos por sobre la competitividad.
La otra crítica, desde una perspectiva más de izquierda, es que el problema español es la calificación de su fuerza laboral. El problema del caso español es que sus trabajadores no son competitivos, porque su sistema educacional parece más de tercer mundo que de primer mundo.
Tú no puedes tener trabajadores competitivos solo con precariedad, que es el discurso neoliberal. Se necesitan políticas de educación, políticas de incorporación a la empresa, etc. El problema del caso español, que se puede replicar a otros países, es que es una economía que no produce conocimiento.
El derecho termina siendo bastante menos relevante de lo que se suele creer en términos de generación de riqueza, pero sí es muy importante en la distribución de ésta. Al momento de generar el PIB de un país, el derecho laboral es sustancialmente irrelevante. Al momento de decidir cuál va a ser el nivel de igualdad de la sociedad, el dato del derecho laboral es clave.
En la década de los ’80, el gobierno de Felipe Gonzalez creó los contratos precarios, o contratos “basura”, porque se suponía que con esto se iban a crear muchos empleos e iba a disminuir la temporalidad. No tuvo ningún efecto. En el caso chileno, también se ha comprado esa idea y se han incorporado normas sobre jornada parcial, sobre teletrabajo, etc. Eso no tiene ninguna importancia en la creación de empleo.
Los trabajadores españoles van a una “huelga general”, es decir, van a parar sus faenas en protesta contra las reformas del gobierno. En Chile esto no es posible.
Si uno tuviera que buscar el corazón de las relaciones laborales, ese está en la huelga. La huelga sólo se puede ejercer, jurídicamente hablando, en el marco de una negociación de un contrato.
Uno puede debatir si la huelga puede ser política-partidista. No sería razonable que un sindicato se vaya a huelga para apoyar a un candidato presidencial o un partido político. Pero sí es razonable una huelga “político-profesional”, como la huelga española. Una huelga que no está motivada por mis condiciones laborales si no por la situación general del país, por los cambios legales. O sí son razonables huelgas de solidaridad, porque otros están en problemas, como, por ejemplo, los mineros del norte. En fin, el tema es desvincular la huelga de la negociación colectiva.
En España, por ejemplo, tenemos un gobierno progresista, como el de Zapatero, que promueve reformas laborales neoliberales.
En el fondo hay un desconocimiento total acerca de hacia dónde ir. Creo que en España, como en Chile, los sectores progresistas, por llamarlos de alguna manera, no tienen claro hacia dónde ir con el modelo de relaciones laborales. Esto, a diferencia del mundo neoliberal, que lo tiene muy claro. Para ellos, por ejemplo, la negociación colectiva es un aumento de costos necesaria e indefectiblemente.
Hay que tener claro el modelo de relaciones laborales que uno quiere y debatirlo. Por ejemplo si traemos a Chile el debate, en el mundo pro-laboral, pro-trabajadores, tú te encuentras con personas que creen que lo mejor sería que todo el mundo se metiera a los sindicatos, el “sindicalismo obligatorio”. No creo en el sindicalismo obligatorio tipo Brasil. O el “sindicalismo fuerte”, tomando de modelo lo que pasa en Argentina, que es un sindicalismo fuerte, claro, pero completamente cooptado por los partidos políticos. Para Chile yo no copiaría ni el modelo italiano, ni el español, ni el argentino. Uno tiene que tener un modelo mucho más complejo y articulado y, sobretodo, mucho más democrático, que es mi opción. Pero eso significa hacer sacrificios.
El artículo 369 del Código del Trabajo chileno le permite al sindicato que está negociando, cuando ya la negociación se les está yendo a pique, obligar a concelebrar el contrato anterior. Esa es una norma que yo derogaría, pues me parece que los sindicatos que no tienen la capacidad de acumular poder y negociar en equilibrio, no tienen derecho a tener un contrato y deberían caer en la nada, pues eso nos permitiría fortalecer y vigorizar los sindicatos. En caso contrario, tenemos a estos puros 369, que es un remedio que nos deja un sindicalismo “de caricatura” pues, en el fondo, al muerto lo tienen con respirador artificial.
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