La filtración de más de 86 mil registros del bufete ARIFA de Panamá revela cómo el ex comerciante de armas, Carlos Cardoen, constituyó en ese país una fundación y una red de sociedades offshore para manejar sus negocios. En marzo de 2006 se encendió una alarma en las oficinas del bufete Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA), una de las firmas más connotadas del mercado offshore en Panamá.
Entre varios de los servicios legales que ARIFA ofrece a corporaciones y grandes empresas en materias de regulación, está también el de la planificación tributaria a través de sociedades, fundaciones y fideicomisos para clientes de alto patrimonio en distintas jurisdicciones. Uno de esos selectos fue el empresario chileno y ex fabricante de armas Carlos Cardoen Cornejo.
La relación de Cardoen con ARIFA
La relación de Carlos Cardoen con ARIFA es de larga data y se remonta a la década de los ’80, cuando el empresario ya era un prominente comerciante de armas y le proveía de bombas de racimo a Irak en medio del conflicto con Irán. Estados Unidos, que sabía de ese negocio, no puso reparos hasta agosto de 1990. Fue entonces cuando Irak invadió Kuwait y el tablero geopolítico se dio vuelta. Antes de que eso ocurriera, el empresario vivía un auspicioso presente.
En diciembre de 1985, solicitó los servicios de ARIFA para constituir en Panamá Farkit Trading Corporation, sociedad que fue descubierta por CIPER en una investigación de 2019. Poco se sabe de ella. La primera se registró en 1985, cuando ya exportaba bombas a Irak.
Alarma en ARIFA y reconsideración
Fue recién en 2006 que los ejecutivos de ARIFA parecen haberse percatado del nutrido pasado de Cardoen y de sus líos con la justicia estadounidense. En marzo de ese año, uno de los socios del bufete panameño notificó por carta a un alto ejecutivo de Empresas Cardoen que “por motivos del giro de la empresa” no seguirían teniéndolo como cliente. ¿La razón? Ese documento forma parte de más de 86 mil registros filtrados de la firma ARIFA.
Los archivos fueron recibidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) tras la publicación de los Pandora Papers y compartidos con CIPER, LaBot y otros medios regionales. Tras un largo intercambio de comunicaciones ARIFA echó pie atrás en su decisión. Recién en 2006, los abogados de ARIFA se preocuparon del pasado de Cardoen y quisieron cortar la relación. Desistieron cuando se les informó que en Chile “sus asuntos con Estados Unidos” los conducía un estudio jurídico que tenía entre sus socios al ministro de Justicia de la época, Isidro Solís.
Nuevas sociedades y la Fundación Colchagua
Luego de que los abogados panameños decidieran conservar a Farkit Trading en su cartera de sociedades, se crearon nuevas entidades en Panamá vinculadas a Cardoen. A fines de 2006 y de la mano del mismo bufete, se constituyó una fundación de interés privado (FIP): la Fundación Colchagua, donde Carlos Cardoen aparece como principal beneficiario. La existencia de esta fundación fue dada a conocer en 2017 por un reportaje de The Clinic.
De acuerdo con un documento interno de ARIFA que promociona el uso de fundaciones de interés privado, estas se usan generalmente como vehículo de planificación patrimonial. Una de sus grandes ventajas, precisa el informe, es el secreto: “La fundación evita que los activos se mantengan directa o indirectamente a nombre del cliente” y en cualquier momento se pueden transferir a sus beneficiarios sin que ello genere “consecuencias fiscales en Panamá”. A fines de ese mismo año, el 7 de diciembre, la malla offshore de Cardoen creció. Ese día se registró la Fundación Colchagua.
En Panamá, las Fundaciones de Interés Privado (FIP) no funcionan -como sí lo hace la Fundación Cardoen en Chile, por ejemplo- como entidades dedicadas a la filantropía. Todas se rigen por un reglamento protegido por estrictas normas de confidencialidad. Carlos Cardoen figura allí como protector y primer beneficiario de la fundación. “Mientras viva, será la única persona con derecho a disfrutar del activo de la Fundación y de sus ingresos”, se lee en el documento.
Respuesta de Empresas Cardoen
CIPER y LaBot le enviaron un extenso cuestionario por escrito al empresario sobre su fundación y sociedades en Panamá, los movimientos que pudieron tener, y el objetivo de informarle a ARIFA que el ministro de Justicia era socio del estudio de abogados que lo defendía. Desde Empresas Cardoen respondieron que “las estructuras financieras en Panamá son estructuras muy antiguas que obedecieron a los efectos de la alerta roja en 1993 (cuando se decretó la orden de captura internacional), donde se hacía muy difícil la actuación financiera”. Agregaron que estaban trabajando permanentemente para reducir aquella estructura y que “los flujos financieros de la familia Cardoen están en Chile”.
El pasado de Cardoen en Estados Unidos
Años antes de que se convirtiera en un enemigo para Estados Unidos -país donde obtuvo un doctorado en Metalúrgica de la Universidad de Utah-, Carlos Cardoen amasaba fortuna y reputación como un prominente fabricante y exportador de armas. En Miami, Cardoen se codeó con hombres de negocios y políticos. En 1986, por ejemplo, participó de una actividad de recaudación de fondos para la campaña senatorial del candidato demócrata Bob Graham, quien en ese entonces y desde 1979 ocupaba el puesto de gobernador de Florida.
Según el diario local St. Petersburg Times -hoy Tampa Bay Times- ambos se conocieron luego de que Graham y su esposa le vendieran al empresario chileno su casa de Miami Lakes en US$ 575 mil. Cardoen pasó a formar parte del comité de “Amigos de Bob Graham”.
El negocio armamentístico de Carlos Cardoen iba en alza y ya exportaba decenas de millones de dólares anuales a Irak. Fue a mediados de esa década que Carlos Cardoen abrió su primera sociedad en Panamá. Farkit Trading Corporation fue registrada por abogados de ARIFA el 13 de diciembre de 1985.
Problemas legales en Estados Unidos
Pero todo cambió cuando Estados Unidos lo acusó de haber comprado circonio en ese país ocultando que el material sería utilizado en la fabricación de armamento, lo que habría requerido de una autorización especial del Departamento de Estado. En total se le imputaron ocho delitos, entre ellos el de conspiración para exportar ilegalmente circonio para fines bélicos, lo que le habría permitido vender 24 mil bombas de racimo a Irak por US$ 150 millones entre 1982 y 1989.
Teledyne se declaró culpable y debió pagar una multa de US$3,9 millones, mientras que uno de sus ejecutivos fue condenado a 41 meses de prisión. Swissco -la empresa de Cardoen en Florida involucrada en el engranaje para la importación de circonio-, también fue condenada por dos delitos y multada con US$1,3 millones.
No fue todo. La Reserva Federal le confiscó cuentas corrientes e inversiones inmobiliarias -terrenos, complejos de oficinas y subdivisiones para un enorme proyecto habitacional- en Miami y Orlando, bajo la sospecha de lavado de activos.
Investigación por financiamiento de campaña
Aunque inesperado, al ex comerciante de armas se le abrió un tercer frente. En junio de 1992, el senador Bob Graham iba a la reelección y miembros del Partido Republicano lo acusaron de haber recibido dinero de Cardoen para financiar la campaña que le permitió en 1986 dar el salto desde la gobernación al senado. Se hablaba de que la suma llegaba a US$50 mil.
La Federal Election Comission (FEC), con sede en Washington, abrió una investigación. La FEC detectó depósitos por un total de US$12 mil en las cuentas asociadas a la campaña del senador demócrata. Las transferencias fueron realizadas por cercanos a Cardoen que conocían a Graham, según se acreditó, antes de que el empresario aterrizara en Miami.
Cambio de enfoque y situación actual
En años recientes Carlos Cardoen no solo ha estado enfocado en sus negocios y en actividades de filantropía a través de la fundación chilena que lleva su nombre. También en revertir la alerta de Interpol. Hoy Cardoen se encuentra a la espera de que la Cancillería se pronuncie sobre una solicitud presentada por los abogados del empresario para conseguir un amparo diplomático con el que buscan que el gobierno interceda para levantar la alerta roja que le impide moverse fuera del país.
La inédita petición tomó fuerza hace algunas semanas, luego de que tras una consulta de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores sobre cómo proceder, la Contraloría General de la República instruyera a esa repartición iniciar un proceso administrativo para resolver el requerimiento.
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