Desde fines del siglo XIX e inicios del XX, el Estado chileno concentró gran parte de sus esfuerzos en diseñar un sistema de previsión que asegurara una mejor calidad de vida durante el período laboral y el retiro de los trabajadores. En este sentido, las leyes sociales fueron pioneras con normativas como la ley de descanso dominical, accidentes del trabajo y jornada laboral.
El Sistema de Cajas de Previsión
Este escenario se mantuvo estable hasta 1924, año en el que comenzaron a funcionar la Caja del Seguro Obrero Obligatorio y la Caja de Previsión de Empleados Particulares, seguidas muy prontamente por la Caja de Empleados Públicos.
Estas instituciones se nutrían de las cotizaciones obligatorias que realizaban los trabajadores, empleadores y el Estado, lo que aseguraba al beneficiario atención médica, pensión de invalidez y una jubilación a partir de los 65 años de edad.
Funcionamiento de las Cajas de Empleados
Las cajas de empleados particulares y públicos funcionaban de manera similar. Los fondos se reunían a partir de las cotizaciones individuales y los aportes del empleador, en el caso de la Caja de empleados particulares, y con el auxilio complementario del Estado, en el caso de los públicos.
Ambas instituciones otorgaban una pensión de retiro a los 30 años de servicio o a los 50 años de edad, así como préstamos en dinero deducibles de la cuenta que cada empleado mantenía en la caja.
Beneficios Adicionales
A partir de 1937 se instauró una asignación familiar que se pagaba directamente al cotizante por cada miembro de su familia que dependiese de él.
Para los antiguos miembros del Seguro Obrero, esto significó la adquisición de nuevos beneficios, como la pensión de sobrevivencia, el subsidio a la maternidad, la mejora en las pensiones de invalidez y la ampliación a toda la familia de la cobertura en salud.
Transición al Nuevo Sistema
Muchos trabajadores entraron al nuevo sistema por su falta de confianza en la administración del sistema antiguo. Además, el nivel general de beneficios bajo el antiguo sistema era, por lo general, bajo, ya que sólo se pagaban pensiones mínimas en muchos casos.
La principal característica del nuevo programa es un sistema de cotizaciones definidas para pensiones basado en cotizaciones obligatorias del 10% de los ingresos de todas las categorías de los empleados, excepto las Fuerzas Armadas.
Podría parecer injusto que el nuevo sistema requiera a los afiliados pagar el costo total, considerando que en el antiguo sistema los empleadores y los trabajadores compartían el costo (no igualmente, porque el empleador generalmente pagaba más de la mitad).
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