El gobierno ha anunciado una propuesta que busca transformar el sistema de pensiones actual, administrado por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), hacia un sistema mixto con control tanto público como privado, ofreciendo a los cotizantes la opción de elegir.
Este tema fue central en una edición reciente de los Encuentros UCN, organizada por la Universidad Católica del Norte (UCN), con la participación de Camila Cortés, seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Antofagasta, y Dusan Paredes, economista y académico de la Facultad de Economía y Administración (FACEA) de la UCN.
La propuesta incluye un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, el mantenimiento de la cotización individual del 10,5% a cargo del trabajador, y un incremento del 6% en la cotización que será responsabilidad del empleador.
Características Generales del Nuevo Sistema
Tras el anuncio del gobierno, se ha puesto en marcha una campaña informativa para detallar las características de esta nueva forma de administrar las pensiones. Según la seremi Camila Cortés, el objetivo principal del gobierno es mejorar las pensiones, reconociendo una deuda con los pensionados actuales. Esta reforma busca prevenir el riesgo de pobreza en la vejez y mantener la continuidad de ingresos entre el empleo y la jubilación.
La reforma se basa en experiencias de gobiernos anteriores y se ha fortalecido mediante diálogos sociales en todo el país.
Análisis Técnico y Perspectivas Académicas
El académico Dusan Paredes señaló que en políticas públicas, es fundamental comprender que las decisiones se toman con información asimétrica, ya que es imposible prever todas las consecuencias de una política pública y su impacto en el comportamiento de las personas. Además, el contexto del país es crucial para determinar las necesidades a abordar.
Paredes agregó que la única manera de evaluar esta política es analizarla técnicamente, un paso importante que la sociedad debe dar. Existe un consenso en cuanto al objetivo de mejorar las pensiones.
Modalidad del Nuevo Sistema
La seremi Cortés enfatizó que el nuevo sistema propuesto por el gobierno no contempla la figura de las AFP, argumentando que estas han fallado. En su lugar, habrá gestores de inversiones, tanto públicos como privados, que deberán cumplir con los requisitos de la Superintendencia de Pensiones. Los ciudadanos podrán elegir quién administra su dinero y observar la rentabilidad de los inversores privados y públicos, pudiendo cambiarse una vez al año.
En cuanto al 6% del dinero destinado a un fondo común solidario, la autoridad explicó que busca generar un seguro social para mejorar la pensión de todos, especialmente para personas con ingresos mínimos que no tienen una pensión digna. De ese 6%, el 70% se destinará a la cuenta de cada trabajador, y el 30% se sumará a un fondo común.
Sector Privado vs. Sector Público en la Administración de Recursos
El economista de la Universidad Católica del Norte opinó que, aunque los estados no siempre han demostrado ser tan competentes como los privados en la administración de recursos, se les debe dar una oportunidad. Reconoció que uno de los problemas con las AFP es la falta de credibilidad y la percepción negativa que tienen las personas sobre ellas. Sin embargo, considera que se reconoce la necesidad de que el sector privado siga administrando un porcentaje de los fondos.
Según Carlos Huneeus, "El Presidente se queda a mitad de camino: no enfrenta las fallas estructurales de la privatización del sistema de pensiones que impulsó su hermano".
Huneeus advierte que también se debe sincerar que el sistema falla por deficiencias estructurales del mercado del trabajo, como inestabilidad laboral y bajos sueldos: "Ha habido una inercia institucional de parte de los sucesivos gobiernos, el Congreso, las AFP y el sistema financiero, al no enfrentar esas fallas".
Críticas al Sistema Actual de AFP
Las AFP no cumplen la función y promesa para la cual fueron creadas: entregar mejores pensiones que las del sistema de reparto. En efecto, ellas son bajísimas, sin cubrir las necesidades mínimas de un trabajador que jubila a la edad que le permite la ley; perjudica a las mujeres, un sector de los trabajadores no está integrado al sistema, etc. (Solimano, 2017).
El sistema privado de pensiones tiene fallas estructurales, las cuales se encuentran en el mercado del trabajo. Ahí está la raíz de su incapacidad para cumplir su función. Los empresarios, por tanto, tienen una cuota de responsabilidad en esta incapacidad de las AFP. Este mercado se caracteriza por la inestabilidad laboral, los bajos sueldos, el rechazo al trabajo de las mujeres, etc. Estos problemas han sido silenciados por las AFP y por sus partidarios.
El fracaso de las AFP para cumplir su función propia no es el único problema que enfrenta el sistema privado de pensiones. Además, tiene una débil legitimidad ante la sociedad, porque reciben una baja confianza de la ciudadanía. Peor aún, las AFP se ubican entre las instituciones que reciben la menor confianza ciudadana.
Las AFP tienen un tercer problema político: administran con amplia autonomía los fondos de pensiones, que han alcanzado una gigantesca dimensión, superior al PIB. Ante esta ausencia del Estado, se ha consolidado un enorme poder económico y político en una industria altamente concentrada en solo seis AFP: Habitat, Provida, Cuprum, Capital, Planvital y Modelo.
“Ha habido una inercia institucional de parte de los sucesivos gobiernos, el Congreso Nacional, las AFP y las instituciones del sistema financiero, al no enfrentar esas fallas”.
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