La discusión política en distintos lugares del mundo hoy es la misma: qué hacer con los sistemas de pensiones, cómo asegurar su financiamiento y combatir el creciente envejecimiento de la población en países de Europa y Asia.
En miras a asegurar el financiamiento de las jubilaciones de hoy y las futuras, la reforma agregó una “cuota de solidaridad” dirigida a las rentas altas (partiendo de una cuota de un 1% en 2025, con un incremento de 0,25 puntos porcentuales al año hasta alcanzar el 6% en 2045), además de una “ampliación del período de cómputo”, o sea, se usarán los últimos 29 años del trabajador para calcular su futura pensión.
De todos modos, la edad de jubilación no cambiará en España, y seguirá dependiendo de la cantidad de años cotizados: si se ha trabajado durante 37 años y nueve meses (o más), se puede jubilar a los 65, y en caso de haber trabajado menos, el retiro es a los 66 años y cuatro meses.
La reforma nace de un acuerdo entre el gobierno español y la Comisión Europea, en miras a desbloquear para Madrid más recursos del fondo Next Generation EU, la respuesta económica del bloque a la crisis del Covid-19. Así, el proyecto recientemente aprobado se enfoca en asegurar la sostenibilidad del sistema.
En acuerdo con los principales sindicatos se estableció que la pensión mínima para los próximos cuatro años será de 1.200 euros. Quienes no se mostraron tan de acuerdo con la reforma, sin embargo, fueron las “patronales” u organizaciones empresariales, que aseguraron “no respaldar” la medida, ya que afectaría “al mercado laboral y la competencia”.
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y principal promotor del texto, declaró respecto de su aprobación: “Damos a los jóvenes una referencia de mediano y largo plazo, porque no solamente hacemos el sistema robusto y sostenible, sino que, además, lo hacemos con mecanismos de equidad intergeneracional”.
Comparación con Reformas en Otros Países
Francia
Mientras en España la reforma enfrenta a los sindicatos con las “patronales”, en Francia todo los movimientos sociales se alinean contra la reforma del Presidente Emmanuel Macron, y en China se empieza a bosquejar un aumento en la edad de jubilación.
Ya en su campaña presidencial, Macron lo anunciaba: tarde o temprano su gobierno subiría la edad de jubilación. Hace unas semanas entró el proyecto de reforma en el Parlamento, y desde entonces las protestas no han parado.
Y el 16 de marzo, luego de que el Ejecutivo impusiera por decreto el proyecto tras eludir el voto parlamentario con el artículo 49.3 de la Constitución, la mayor parte de las ciudades francesas fueron testigos de marchas, manifestaciones y hasta desmanes.
En un décimo día nacional de huelgas y protestas, el gobierno de Macron rechazó este martes una nueva demanda de los sindicatos para reconsiderar la ley de pensiones. La Confederación General del Trabajo (CGT) contabilizó a cerca de 450.000 manifestantes durante la jornada, cifra que fue rebajada por las autoridades hasta las 93.000 personas.
Esta reforma, que Macron considera urgente para equilibrar las cuentas en el sistema de pensiones, incluye varias medidas, siendo la más bullada el aumento de la edad de jubilación, de los 62 a los 64 años para 2030. Además, el proyecto de ley acaba con una serie de “regímenes especiales” de jubilación, que eran considerados victorias importantes de los movimientos de trabajadores, tanto en la empresa de ferrocarriles (SNCF) como en el Metro parisino (RATP) y la eléctrica (EDF), entre otras compañías públicas.
Para tener derecho a la pensión completa en Francia, es preciso haber trabajado 43 años, cosa que hasta 1993 era solo de 37 años. La pensión promedio es de 1.389 euros brutos al mes, en un país donde el sueldo mínimo está un poco más arriba, en los 1.530 euros.
Basado en un sistema de “solidaridad entre generaciones”, son los empleados de hoy los que cotizan para financiar las pensiones de los jubilados. Según la OCDE, Francia destina cerca de un 15% de todo su PIB a las pensiones.
Alemania
Desde hace unos meses, en tanto, el gobierno alemán está intentado bosquejar una nueva reforma de pensiones, en un momento complejo para el país: una inflación alta, una posible recesión, cambios en la política económica y presiones demográficas.
Al igual que en el sistema francés, en el alemán la gente en edad laboral es la que financia las pensiones. Ahora bien, con el paso del tiempo cada vez hay más jubilados en comparación con los trabajadores, haciendo más caro este sistema: si en 1991 había cuatro trabajadores por cada pensionado, en 2020 ya eran menos de tres, y en 2030 serán menos de dos.
En miras a evitar bajar las pensiones o aumentar las contribuciones, en 2021 el gobierno alemán otorgó subsidios por casi el 30% del gasto en pensiones, 100 mil millones de euros: una cifra que irá creciendo a medida que la población envejezca. Ya en 2022, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Empleadores Alemanes, Rainer Dulger, aseguró que en cinco años tal sistema de pensiones no sería financieramente viable.
Buscando hacer frente a este desafío, Alemania está planteando invertir en Bolsa parte del fondo de pensiones para garantizar la jubilación en la década de los 2030.
China
En China, por su parte, se está planeando aumentar la edad de retiro gradualmente, en miras a poder lidiar con el rápido envejecimiento de la población. El 14 de marzo, el presidente de la Academia China de Ciencias del Trabajo y de la Seguridad Social, Jin Weigang, señaló que se estaba desarrollando un “camino progresivo, flexible y diferenciado para elevar la edad de jubilación”, apuntando a un aumento de unos pocos meses, en un principio, y que sería de a poco incrementado.
El gigante asiático estaría pronto a anunciar este cambio en la edad de retiro, que es uno de los más bajos en el mundo: 60 años para los hombres, 55 años para las mujeres en trabajos de oficina y 50 para las mujeres que trabajan en fábricas. Con la población china declinando y envejeciendo, en parte debido a la política de un solo hijo que estuvo vigente entre 1980 y 2015, la presión en los presupuestos aumenta, haciendo urgente entre los legisladores una reforma.
La esperanza de vida en el país ha aumentado considerablemente, y si en 1960 estaba en los 44 años, ya en 2021 llegó a los 78, y se espera que supere los 80 en 2050.
El Caso de Chile: Un Ejemplo de Reforma en América Latina
El Congreso chileno ha aprobado la tarde de este miércoles por 110 votos y 38 en contra la reforma de pensiones, la mayor transformación a un sistema que se implementó en la dictadura de Augusto Pinochet, en 1981, basado en la capitalización individual, es decir, en el ahorro obligatorio de los trabajadores manejados por administradoras privadas. Era una de las principales promesas electorales del mandatario de izquierdas, Gabriel Boric, que logra sacar adelante una reforma menor a la que su Gobierno aspiraba, pero que mejora la situación actual y futura de los pensionados.
Entre los principales cambios está que, tras cuatro décadas, los empleadores volverán a aportar a las pensiones de los trabajadores. “Este es un imperativo ético y un acto de justicia”, dijo Boric tras la aprobación.
El proyecto del Ejecutivo, que se transformará en ley, no solo ha sido intensamente debatido en esta Administración, que comenzó en marzo de 2022, sino hace al menos 15 años. Gobiernos de distinto signo, como los de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, intentaron reformar el sistema ante la demanda social por los bajos montos de las jubilaciones, pero los presidentes solo lograron mejoras acotadas.
Considerada la mayor modificación al sistema previsional desde el retorno a la democracia en Chile, la iniciativa contempla un alza gradual de la cotización: de un 10% que ahorran ahora todos los trabajadores del país, se subirá a un 17%, para estrechar la gran brecha que hoy existe entre lo que ganan mientras están activos y lo que reciben cuando jubilan. De la diferencia -un 8,5%-, un 7% deberá pagarla el empleador.
La nueva ley supondrá, además, un incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) -un beneficio aprobado en el Gobierno de Piñera que consiste en la ayuda del Estado para las más bajas jubilaciones-, y, entre otros elementos, considera una compensación a las mujeres por las mayores expectativas de vida. Era uno de los grandes problemas del sistema que ahora se supera: la brecha de género entre los pensionados hombres y mujeres, que ganan menos a lo largo de su vida y tienen más vacíos por las labores de cuidados no remuneradas que desempeñan en sus hogares.
Pese a los distintos énfasis, ya existe el diagnóstico compartido, entre la izquierda y la derecha tradicional, de que el sistema hay que reformarlo. Y que la clase política necesita dar una respuesta a la gente. En Chile, por ejemplo, un 72% de las personas recibe pensiones inferiores al salario mínimo, que se ubica en unos 504 dólares mensuales.
El Gobierno no ha conseguido sacar de la ecuación a las Administradoras de Fondos de pensiones, AFP, las empresas privadas que surgieron en los años 80 y que se encargan de realizar inversiones con los aportes de los afiliados para obtener rentabilidad y aumentar el fondo de la pensión. Eliminarlas era lo que se buscaba con el proyecto de ley original. Pero la enmienda permite la incorporación de nuevos actores en esta industria y abre las puertas a una mayor competencia en este negocio.
En este sentido, lo que se establece es un sistema mixto de administración. Los cambios, que deberán ser promulgados por el presidente Boric, representan una buena noticia para la Administración de izquierdas.
Una de las grandes promesas de Boric: Un cambio radical al sistema de pensiones fue una de las principales demandas durante la revuelta social que se inició el 18 de octubre de 2019. Y, luego, se convirtió en una de las mayores promesas de campaña presidencial de Boric y de su partido político, el Frente Amplio (FA).
Pero sacar adelante esta reforma ha estado precedido por un largo proceso de negociaciones, encabezados por los ministros Jara y Marcel. En este camino, el Gobierno ha debido ceder debido a que no cuenta con mayoría en el Congreso, donde ya han sido rechazados otros de sus proyectos emblemáticos, como la reforma tributaria.
La reforma de pensiones aprobada por el Congreso este miércoles dista de lo anhelado inicialmente por el mandatario. Además de la eliminación de las AFP, el diseño original proponía una redistribución relevante de los fondos: buscaba un sistema solidario donde los ahorros de los cotizantes ayudaran a las pensiones de los actuales jubilados, un aspecto resistido por la propia ciudadanía, de acuerdo a las encuestas. Pero el Gobierno ha debido ceder en este y otros aspectos clave de su idea original para llegar a acuerdos con la oposición.
Segundo, un 20% de aumento en el Aporte Previsional Solidario, que es el complemento que el Estado hace las pensiones que son las más bajas de nuestro país.
Tercero, también el proyecto contempla que el Estado haga algo que nunca ha hecho: aportar recursos públicos al ahorro previsional de dos grupos muy importantes, la clase media y las mujeres que han estado muy postergadas en nuestro sistema previsional. Eso va a beneficiar a 500 mil personas, ustedes ven que este proyecto va a mejorarles la vida a más de 3 millones de chilenas y chilenos.
Cuarto, un aporte fiscal para financiar mejores pensiones para los adultos mayores no valentes, que son los que tienen dependencia severa o están postrados y, que muchas veces, necesitan una persona que los acompañe permanentemente.
Quinto, incorporar más solidaridad al sistema de pensiones. Por eso además del 4% de mayor aporte al ahorro previsional de los trabajadores, que es de cargo del empleador, vamos a agregar 1 punto adicional, también de cargo del empleador, para financiar seguros sociales.
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