Las últimas décadas del período colonial constituyen un período de vital interés para el estudio de la institucionalidad militar, no sólo para la frontera hispano-mapuche, sino para toda la América española. Desde principios del siglo XVIII, varias expediciones científicas y militares ya habían considerado detenidamente la cuestión de la defensa. Sin embargo, no fue sino hasta después de la Guerra de los Siete Años (1756-1763) cuando esta necesidad se hizo patente.
A partir de entonces, y en el marco de un amplio plan de reformas para todo el continente, la corona impulsó una serie de proyectos y experimentos de distinta índole, destinados a dotar a sus colonias de una nueva institucionalidad castrense. Básicamente, se trató de imitar el proceso de profesionalización militar implementado en Inglaterra y Francia, aunque en un grado muy inferior y enfocado casi exclusivamente hacia la defensa de los territorios ultramarinos. De ahí que entre las medidas más importantes destacan la fortificación de ciudades y los puertos, así como la ocupación de zonas estratégicas, particularmente en el Caribe.
Con todo, muchas de estas iniciativas estuvieron muy lejos de hacer frente a las necesidades del momento. Por un lado, resultaba virtualmente imposible salvar los elevados costos que implicaba la dotación de un ejército regular para todo el imperio. Tampoco se tenían las suficientes fuerzas para ello y, de haberlas tenido, habría sido una enorme odisea trasladarlas regularmente a través del Atlántico. Otro punto insalvable fue la dura oposición de los contingentes peninsulares a la hora de ser movilizados al Nuevo Mundo, bien la resistencia a cumplir con sus obligaciones una vez instalados en el continente. De ahí que las escazas fuerzas que alcanzaron a cruzar el Atlántico antes de 1780 pronto dejaron de tener un papel operativo.
A partir de lo anterior, es posible hablar de un fortalecimiento de las lógicas del mundo criollo en desmedro de los planes de reforma, que contrariamente buscaban una centralización del poder y la supresión de los viejos fueros y privilegios de las élites locales. Dicho proceso adquirió mayor importancia en los primeros años del siglo XIX, cuando a la crisis militar se le sumó la crisis fiscal. Cómo operó la negociación entre la corona y las élites locales durante aquellas décadas es, ciertamente, una de las interrogantes centrales para poder comprender muchas de las lógicas de este periodo.
Lo que sí sabemos, es que la monarquía no echó pie atrás a las reformas. Sin duda, las viejas preocupaciones de índole estratégico se entremezclaban con las nuevas coyunturas que planteaba la reforma institucional y la emergencia de las guerras imperiales. Y es que, durante las últimas décadas del siglo XVIII, tanto la corona como las autoridades virreinales dirigieron sus propósitos a mejorar la capacidad defensiva del continente, en consonancia con un mayor control de las periferias y una ampliación de las formas de control social. De ahí la importancia que a nuestro juicio comienza a adquirir el ejército, a modo de intermediario entre la autoridad central y los intereses criollos.
En las páginas que siguen, intentaremos dilucidar las principales características que asumió el nuevo ejército fronterizo inaugurado en la década de los setenta, sobre la base un análisis prosopográfico que dé cuenta de su origen geográfico, rangos de edad, calidades sociales y niveles de profesionalización, entre otros muchos factores. Ya, en un segundo apartado, nos abocaremos a analizar la dimensión social de este mismo ejército, en el sentido de poder determinar el grado de inserción e interacción de los miembros de la oficialidad en las redes familiares de la vieja élite fronteriza.
Desde su descubrimiento, a mediados del siglo XVI, la zona centro sur de Chile -conocida tradicionalmente como “la frontera”- se había convertido en una de las regiones más conflictivas y marginales del imperio español. Por un lado, la enconada resistencia que ofrecieron las comunidades mapuches, hasta mediados del siglo XVII, impuso un poderoso freno a la exploración y conquista de los territorios australes, lo cual se tradujo en un pobre y costoso proceso de colonización que acentuó aún más el carácter ya periférico de aquellas latitudes.
Paralelamente, la carrera imperial hacia las Indias Orientales, a través del Estrecho de Magallanes, se tornó también en un rotundo fracaso. Por el contrario, durante siglos la ruta por el Estrecho se transformó en un profundo dolor de cabeza para la corona, en la medida en la que fue explotada por otras potencias, ya sea en la expansión a Oriente, la explotación de recursos naturales o la conquista de nuevos territorios.
Con todo, y al igual que en muchas otras regiones del continente, las llamadas reformas borbónicas supusieron un grave desafío a la mantención de aquel modelo de frontera. Ya para mediados del siglo XVIII, la guerra mapuche no era más que un recuerdo lejano. Un siglo y medio de evangelización y mestizaje habían dado lugar a lo que hoy se conoce como relaciones fronterizas, caracterizadas por un progresivo aumento del tráfico comercial y el mantenimiento sistemas de trabajo semi-esclavistas. Estas últimas, cristalizaron en un conjunto de negociaciones políticas, mismas que finalmente garantizaron la idea del pacto entre las comunidades indígenas y el rey católico.
Bajo estos nuevos auspicios, la corona inició de este modo la prematura apertura de la frontera. En este sentido, en 1777 el gobernador de Chile -y futuro virrey del Perú- Agustín Jáuregui, constituyó oficialmente 2 cuerpos de infantería regular con base en el sur: el Batallón de Infantería Chile, cuyo grueso había llegado en el verano de 1770, y el Batallón Valdivia, conformado por distintas partidas del fallido ejército de refuerzo. Paralelamente, se conformó un cuerpo de caballería, el Regimiento de Dragones de Chile, conocido también como Dragones de la Frontera, integrado por el grueso de los viejos tercios de la Araucanía.
Como hemos venido recalcando, una de las transformaciones más significativas que debieron experimentar los cuerpos veteranos hacia finales del siglo XVIII fue el proceso de criollización. ¿Cómo entender este fenómeno? Algunos autores clásicos de la historiografía americanista vieron en el mundo criollo una fuente de prematuros conflictos y antagonismos para con el predominio político y social de los peninsulares, de cuya pugna habrían surgido luego las bases ideológicas de los movimientos independentistas.
Si bien, muchos de estos modelos son bastante sugerentes y entregan, así mismo, importantes reflexiones en torno a este periodo, convendría destacar la importancia que hoy ha adquirido la noción de crisis para explicar el estallido de las independencias. De ahí que, siguiendo a autores como Francois-Xavier Guerra (1992) y Jaime Rodríguez (2005), habría que rescatar la importancia de la crisis política de 1808, como punto de partida al surgimiento de estados independientes, restando así valor a las explicaciones de un protonacionalismo dieciochesco. Incluso para análisis enfocados en el propio estamento militar, no ha sido posible aplicar este tipo de interpretaciones, por lo que convendría descartarlas o aplicarlas a las coyunturas particulares sobre las cuales fueron diseñadas.
De hecho, la mayoría de los trabajos que aplican el enfoque protonacionalista fueron desarrollados en base a experiencias de fuerte presión fiscal y burocratización -como la de Nueva España- sin tomar en cuenta lo acaecido en otras regiones del continente. Para Chile, por ejemplo, Jacques Barbier (1972) comprobó que, en ningún caso, las élites criollas se vieron asoladas por la presión de la nueva burocracia peninsular. De ahí, entonces, la necesidad de utilizar otras perspectivas a la hora de analizar el proceso de criollización del ejército.
Tal y como apunta Ossa Santa Cruz (2010: 432-433) en un sugerente estudio sobre el ejército colonial chileno, una primera propuesta, parte de la base de entender lo criollo como una esfera estrechamente asociada al mundo de las élites, ya que, como sostiene McFarlane (1998: 309-335), ni los mestizos, ni otras castas se identificaron con aquel tipo de representación. Las principales fuentes para analizar estos procesos las podemos hallar en la abundantísima documentación existente en la Secretaría de Despacho de Guerra, del Archivo General de Simancas, así como en los propios archivos nacionales de cada país.
En estos últimos, la información ha de resultar mucho más completa, en la medida en la que sus registros llegan hasta el periodo independentista. En nuestro caso, y por motivos de fuerza mayor, hemos tenido que recurrir exclusivamente en el primero de estos depósitos, a partir del análisis de las hojas de servicio, las cuales constituyen una verdadera veta para el estudio de la oficialidad americana, especialmente durante las últimas décadas del siglo XVIII. En general, se trata de fichas personales con información relativa a la edad, origen geográfico, calidad social, estado marital, grados militares, así como una relación de sus principales acciones y méritos, todo lo cual debía ser actualizado y despachado anualmente a la Península.
Complementariamente, también hemos revisado el clásico trabajo de Jorge Allende Salazar (1963) en donde, por primera vez, se hizo una recopilación de este tipo para estudiar el desarrollo del ejército colonial chileno. Las imágenes que siguen (Gráfica 1) muestran el origen geográfico de la oficialidad fronteriza, correspondiente al Batallón de Infantería Chile y al Regimiento de Dragones de la Frontera.
En ambas sobresale el elemento criollo, con un 60 y un 71 por ciento, respectivamente, frente a los oficiales peninsulares que sólo alcanzan un 34 y un 21 por ciento. Las fluctuaciones, en ambos casos, obedecen a diversas variables. Por un lado, el mayor porcentaje de peninsulares al interior del Batallón Chile responde al propio proceso fundacional de este cuerpo, formado por la ya mencionada expedición de 1770. Por el contrario, la superioridad del elemento criollo en los Dragones de la Frontera, se debe a que, a diferencia del anterior, este cuerpo fue formado sobre la base del viejo ejército fronterizo, por lo que aquel 21% de peninsulares corresponde, en su mayoría, a oficiales instructores, así como a algunos miembros del escalafón superior. El resto de la oficialidad, para ambas unidades, corresponde a europeos y americanos, los cuales no superan el 8%. Sobresalen, en esta pequeña categoría, algunos oficiales irlandeses, franceses e italianos, llegados en el curso de la década del noventa, aunque cabe destacar que otros tantos habían hecho carrera en Chile como “soldados de fortuna”.
Un análisis similar se desprende a la hora de observar las diferencias generacionales de la oficialidad fronteriza (Gráfica 2). Para el caso del Batallón Chile, el peso generacional descansaba en el grupo de oficiales jóvenes -los nacidos después de 1760- y que reunían alrededor del 55%. Fundamentalmente, se trataba de jóvenes cadetes nacidos en Chile, los que poco a poco comenzaron a desplazar a aquel componente original de peninsulares llegado a principios de los setenta. Estos últimos, aparecen claramente identificados en el segundo grupo etario -los nacidos entre 1740 y 1760- que con suerte llegan a un 29%. Finalmente, y con un 13%, figura un pequeño grupo de veteranos nacidos a principios del siglo XVIII, generalmente vinculados a antiguos cuerpos peninsulares agregados a la frontera.
Sin duda, el caso más llamativo es el de Juan Bautista Rueda quien, luego de haber sobrevivido al naufragio de la expedición de Pizarro (1740), permaneció más de cincuenta años en la región, alcanzando el grado de capitán en 1785. La situación de los Dragones de la Frontera es diametralmente distinta al caso anterior. Su base descansaba en la segunda generación (51%), lo cual reafirma nuestra idea de que este cuerpo nació de los restos del viejo ejército de fronterizo.
Lo anterior, se entiende por la “vocación” de este último la caballería, sumado al mayor prestigio social que brindaba esta arma respecto a la infantería. Si contrastamos estos factores con los niveles de profesionalización alcanzados en ambos cuerpos, lograremos adquirir una idea más clara en torno a esta fuerte distinción. La gráfica 3 muestra el historial de acceso de la oficialidad a los distintos rangos del escalafón militar. En primer lugar, sobresale el componente fundacional de ambas unidades, claramente identificable por su origen no profesional, lo que quiere decir que una buena parte de aquellos individuos ingresaron al ejército como soldados o cabos. Con todo, parece ser que, en un primer momento, no existieron fuertes trabas para el ingreso de estos individuos a los cuadros de la oficialidad.
Por el contrario, y como revelan las gráficas 4 y 5, la profesionalización se impuso fuertemente a partir de la década de los noventa. Dicho fenómeno fue mucho más plausible en el caso del Batallón Chile, cuya base fundacional acabó siendo desplazada por los cadetes (54%), para luego caer ostensiblemente en los niveles superiores. Por el contrario, los Dragones muestran menores niveles de profesionalización, por lo menos hasta mediados de los noventa. Sin embargo, esta misma característica les permitió gozar de una mayor estabilidad al interior de los escalafones intermedios. Las diferencias de acceso entre cadetes, alférez, tenientes y capitanes no sobrepasaban el 10%, a diferencia de los infantes, cuyas fluctuaciones alcanzaban más de un 25%. En otras palabras, un cadete de Dragones tenía muchas más posibilidades de ascender hasta el grado de capitán, que uno de infantería, precisamente, a raíz de los elevados índices de acceso que enfrentaba esta última unidad, respecto al ingreso más restringido -y exclusivo- que imponía la caballería.
Todo parece indicar que se trataba de un problema importante, especialmente si consideramos los progresivos intentos, desde mediados de los noventa, por limitar el ingreso de nuevos cadetes, así como de ampliar los niveles de acceso a los escalafones intermedios. Más marcada parece ser la relación de ascensos a nivel de la alta oficialidad lo que, a primera vista, confirmaría la tesis clásica de una presión de las autoridades centrales por el control peninsular de la jefatura militar. De un total de 173 oficiales, sólo un 6% de ellos alcanzó un puesto en la alta jerarquía. Sin embargo, de aquella docena de oficiales, sólo un 66% era europea. De los cuatro oficiales restantes, 3 habían nacido en Chile y 1 en Panamá.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que, ante el mismo fracaso estructural del ejército regula...
| Grupo | Batallón de Infantería Chile (%) | Regimiento de Dragones de la Frontera (%) |
|---|---|---|
| Criollos | 60 | 71 |
| Peninsulares | 34 | 21 |
| Europeos y Americanos | 6 | 8 |
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