En los últimos días, la idea de retirar el 10% de los ahorros previsionales se ha vuelto cada vez más popular. A pesar de que el retiro de los ahorros no sea una petición nueva, lo particular del momento actual es que políticos pertenecientes a partidos del oficialismo se han sumado al canto que exige que las personas puedan retirar parte de sus ahorros en contexto de pandemia. El Gobierno, en tanto, se ha opuesto a la medida. Y con justa razón.
Permitir el retiro de los ahorros previsionales no es una buena idea por distintos motivos. El primero de ellos es que profundiza el problema de la baja densidad de las cotizaciones. El segundo es que implica incrementar aún más el gasto y deuda fiscal en el mediano y largo plazo. Y, tercero, se trata de una política que corrompe el fin de los ahorros previsionales y no resuelve ningún problema que no pueda solucionar otro instrumento de política pública.
En efecto, entre los defectos más evidentes que posee nuestro sistema previsional se encuentra el porcentaje de cotización y la densidad de las cotizaciones (la frecuencia con que las personas ahorran). Al respecto, en Chile aproximadamente el 70% de los afiliados cotiza el 10% de su sueldo por menos de 25 años, para financiar una pensión que debe cubrir una expectativa de vida superior a los 20 y 30 años a la edad de jubilar, dependiendo de si se es hombre o mujer. Así, con las condiciones actuales, las pensiones ya son bajas, y en gran parte dependientes del Pilar Solidario.
Para enfrentar este fenómeno, distintos gobiernos, de forma transversal, han buscado maneras de hacer que las personas puedan aumentar sus ahorros; no reducirlos. Esto lleva al segundo punto, que consiste en que permitir el retiro de los ahorros previsionales compromete el gasto público permanentemente en un contexto de escasez de recursos.
Actualmente, el Pilar Solidario cubre a aproximadamente 1,6 millones de pensionados. Se estima que dicha cifra seguirá aumentando a causa del fenómeno del envejecimiento de la población y la crisis económica generada por el COVID-19. A ello se debe sumar el incremento en los beneficios comprometidos en la Agenda Social.
En consecuencia, permitir el retiro de ahorros se trata de una política irresponsable fiscalmente, ya que no conversa con el contexto económico por el que atraviesa el país. Por último, cuando se trata de disminuir el costo de la vida o de aumentar los ingresos de las personas, existen otras políticas que no implican deteriorar aún más un sistema previsional que urge perfeccionar.
Diseñar estas políticas es complejo, ya que exigen identificar qué elementos modificar para que se genere el mayor beneficio al menor costo, tanto en términos económicos como sociales. El Gobierno ha llevado adelante algunas que le han permitido abordar, no sin dificultades, la diversidad de problemas que el virus ha generado.
La Reforma al Sistema Previsional
La reforma al sistema previsional es una de las políticas públicas más importantes de este gobierno, ya que las bajas pensiones son una de las grandes causas del descontento e indignación ciudadana generalizada. Y así, tal como se encuentra, el proyecto de ley se hace cargo de muchos problemas: aumenta la tasa de cotización, incrementa la eficiencia facilitando la división de servicios que realizan las AFP, disminuye las barreras de entrada, permite que más actores puedan administrar ahorros (incluyendo organizaciones sin fines de lucro), crea nuevos seguros, premia la cotización y aumenta considerablemente los beneficios estatales incluidos en el pilar solidario, de tal forma que, una vez aprobada la reforma, ningún pensionado se ubique debajo de la línea de la pobreza. Todo esto es positivo y necesario.
Sin embargo, dado el contexto de crisis política, polarización y minoría oficialista en ambas cámaras, es decir, dada la política de las políticas públicas, la reforma se ha ido transformando rápidamente en un monstruo que, pudiendo tener vida, tendría que ser operado tempranamente por problemas de nacimiento.
La propuesta del Ejecutivo, tal como está, se enreda en lo que a la cotización se refiere, que es donde por cierto se encuentra la materia prima del funcionamiento del sistema de pensiones. Como muchos saben, en el proyecto de ley se establece que, del 6% adicional de cotización, las AFP no podrán administrar ni el 3% que va a la cuenta de ahorro individual, ni el otro casi 3%, que será dirigido a una cuenta colectiva (reparto). De hecho, el 6% adicional sólo podrá ser administrado por un organismo técnico estatal.
Es importante señalar que nuestro sistema de pensiones falló en su pilar de ahorro individual producto de la falta de políticas públicas que se hicieran cargo de cuatro problemas evidentes: baja tasa de cotización, aumento en la expectativa de vida, grandes lagunas previsionales y alta informalidad laboral.
Así, si bien es importante que necesariamente aumente la tasa de cotización para asegurar mayores tasas de reemplazo futuras, es probable que dicha política también aumente el desempleo y la informalidad, perjudicado así el ahorro de los sectores más vulnerables, que son los que tienden a verse afectados por este tipo de medidas. En este sentido, es poco razonable crear un fondo de reparto financiado en la práctica por el sueldo de los mismos trabajadores.
La reforma al sistema de pensiones es tan importante que debiese ser una política pública de excelencia, y para lograr aquello es necesaria una discusión racional y sincera, con miras a aumentar las pensiones de los jubilados y dar protección a aquellos que no se la pueden proveer a sí mismos, de la forma más eficiente.
Perspectivas Internacionales
Las presentaciones estuvieron a cargo de destacados investigadores internacionales expertos en el tema, quienes presentaron sus diferentes perspectivas sobre los sistemas de pensiones vigentes en sus respectivos países (Uruguay, Brasil, España -y el panorama europeo- y Canadá).
En este sentido, el investigador y abogado Kevin Skerrett (Canadá), explicó que el sistema chileno “es uno de los sistemas privatizadores más extremos al convertirse a la capitalización individual, cuando lo sustancial debe estar en el sistema público, o al menos que exista un equilibrio entre ambos. En tanto Guillermo Montt, investigador de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló tajantemente que “lo que existe en Chile no es un sistema mixto, sino más bien un sistema de capitalización individual con piso de protección social (y piso no universal)”.
Por su parte, José Adelantado, investigador español de la Universidad de Barcelona, sentenció que “la definición de los sistemas de Seguridad Social y de pensiones es esencialmente de naturaleza política y no técnica”, reflexión que fue compartida por todos los panelistas del seminario. Y agregó “por ello, los distintos modelos (y su transformación) se explican por correlaciones de fuerza entre actores con distintos intereses, discursos y capacidad de influencia en las instituciones. El centro del debate político también estuvo cruzado por las reflexiones en torno a los “mitos” instalados en Chile sobre los sistemas de reparto.
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