El envejecimiento de la población española es un problema que lleva años agudizándose, y es altamente probable que en los próximos años esta situación genere tensiones en el sistema previsional. De hecho, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de España, en los próximos treinta años la cifra crecerá en cerca de siete millones hasta situarse en 16,45 millones.
Así lo advirtió el Banco de España en la última edición de su Informe Anual publicado esta semana, en el cual la institución señala que la evolución del gasto del sistema público de pensiones constituye la principal amenaza de futuro para las cuentas públicas, y alerta que, en ausencia de medidas para contener los costos, o generar nuevos ingresos, este puede llevar al Fisco a un nivel de deterioro sin precedentes. Esto, considerando que el número de jubilados en la nación europea ha aumentado en un millón durante la última década, hasta alcanzar los 10 millones.
Lo anterior ha implicado que el gasto anual en pensiones se multiplique por tres en los últimos veinticinco años, pasando de alrededor de 45 mil millones en 1996 a más de 150 mil millones en 2021.
Recomendaciones del Banco de España
Ante este escenario, el Banco de España entregó varias recomendaciones para hacer frente a los incrementos de gasto en pensiones que se originarán por el envejecimiento de la población, y entre ellas considera que "podría ser conveniente valorar la introducción de mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas".
Si bien no precisa qué herramientas serían las más apropiadas, destaca que podría ser de utilidad la modificación de la edad de jubilación o de la cuantía de las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida. También entrarían dentro de esta clasificación el factor de revalorización de las pensiones que limitaba su incremento a una horquilla en función del saneamiento de las cuentas del sistema, el cual fue sustituido por la revalorización automática de las pensiones según la inflación media anual.
Con esta sugerencia sobre la conveniencia de incluir mecanismos automáticos de ajuste, el banco defiende el modelo que fue derogado y sustituido recientemente por la reforma impulsada por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España.
Por otra parte, la entidad subraya que, de acuerdo con las estimaciones de la AIReF, reveladas en su Informe sobre el envejecimiento de la Comisión Europea, la derogación de los factores de revalorización y sostenibilidad suponen que el gasto en pensiones crecerá entre 4,1 y 4,3% del PIB entre 2019 y 2050. Según los cálculos, la mayoría de dicho incremento -entre el 55 y 65% de la alza adicional del gasto- se debería a la actualización de las pensiones con el IPC anual, otro 20% correspondería a la eliminación del factor sostenibilidad, y el resto -entre un 15 y 25%- estaría asociado al aumento natural por la evolución demográfica y macroeconómica.
Asimismo, el análisis llama la atención sobre el diseño de los incentivos fiscales al ahorro privado a los planes complementarios desarrollado por el Ejecutivo en el marco de su reforma, y plantea que pese a la utilidad de los planes colectivos que se busca fomentar, los aportes a los planes de previsión social -individuales, de empleo y asociados- cayeron más de un 30% en 2021. Y atribuye este retroceso a la disminución de los incentivos fiscales a los planes individuales en favor de los planes colectivos de empleo, que pese a la mejora de su tratamiento fiscal, apenas variaron.
Respuesta del Gobierno y el Factor de Sostenibilidad
En respuesta a estos cuestionamientos, el ministro Escrivá indicó que el informe del Banco de España adolece de consistencia técnica y no aporta al debate sobre pensiones. "Hay una falta de sofisticación en el análisis del Banco de España sobre las pensiones", dijo la autoridad, que también se manifestó sorprendido por la defensa que la institución hace de la reinstauración de un mecanismo similar al ya derogado Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013.
El Factor de Sostenibilidad era el mecanismo de ajuste a largo plazo del sistema público de pensiones instaurado en la reforma de 2013, cuyo objetivo principal era garantizar que la prestación inicial de los jubilados respondiera a la esperanza de vida vigente en cada momento para garantizar un cierto equilibrio intergeneracional, de modo que la inadecuación de la edad legal de jubilación a la esperanza de vida no se tradujera en una mayor prestación relativa de jubilación.
Igualmente, garantizaba que la pensión inicial recibida por los beneficiarios se recortara si la edad legal de jubilación no se incrementaba con arreglo a la mejora de la esperanza de vida. En ese sentido, Escriva asegura que el Mecanismo de Equidad es una versión más sofisticada del Factor de Sostenibilidad.
La medida, que parte de una subida de cotizaciones a trabajadores y empresas del 0,6% durante un periodo inicial de diez años, y que podría llegar a acumular hasta 25.000 millones de euros extra al final del periodo en Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
En concreto, el secretario de Estado sostuvo que este nuevo mecanismo es una medida "sofisticada", consistente en una "función de reacción" y "en una regla de decisión", aunque no automática. Recordó además que, en función de las proyecciones de gasto de Europa cada tres años, si hacia 2030 se produce una brecha con respecto a las previsiones, es cuando deben tomarse decisiones, ya sea sobre los ingresos, los gastos o ambos.
"No tiene sentido hacer una regla automática a diez años vista (...). Sabemos mucho de reglas, fui presidente de la Airef durante seis años, era el responsable del cumplimiento de las reglas fiscales en España. Por tanto, que me hablen a mí de reglas.
Préstamos al Sistema de Pensiones
Crisis del Sistema de Reparto en España: Fisco se ve obligado a prestarle 10 mil millones de euros adicionales a su sistema para pagar pensiones en 2023. El Comité de Ministros de España anunció este nuevo préstamo a fines de octubre y, en total, el Fisco español traspasará casi 39 mil millones de euros a su sistema de pensiones en 2023, esto en adición a lo que ya contribuyen los trabajadores.
Esto se puede desprender de las últimas publicaciones de medios de prensa de aquel país que dan cuenta de cómo el 31 de octubre pasado el Consejo de Ministros de España decidió hacerle un préstamo de 10 mil millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social, el ente encargado de pagar las pensiones y otros beneficios y bonos presentes en el sistema previsional español.
Este aporte se suma a los 19 mil 888 millones de euros (19,8 billones) que el Estado español ya le entrega año a año al ente público que administra el sistema de reparto para pagar los denominados “gastos impropios”, o partidas no-pensiones, tales como bonos, el llamado Ingreso Mínimo Vital, prestaciones de protección familiar o dependencia y otro tipo de ayudas, todos compromisos adquiridos en un acuerdo parlamentario de 2012 (Pacto de Toledo).
En total, esto implica que, sólo para 2023, el Fisco español transferirá 39 mil millones de euros a la seguridad social. Según los datos presupuestarios de los últimos años las aportaciones del Estado al sistema de reparto se han cuadriplicado: en 2012, las transferencias fueron de sólo 9 mil millones de euros; en 2019, llegaron a 15 mil 600 millones de euros; pero en sólo cuatro años (2023) la cifra ya se duplicó.
Al momento de informar el préstamo para este año, el Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, señaló que “la concesión del préstamo realizada hoy asegura el pago puntual de las pensiones y permite a la Seguridad Social planificar con suficiente antelación la disposición de los recursos necesarios para hacer frente a estos desembolsos extraordinarios”.
Pero para algunos medios de prensa, estos préstamos sólo sirven para “dopar el sistema, restarle contributividad, además de ofrecer una imagen de equilibrio presupuestario que no es real”. En otros artículos, medios como El Mundo recordaron además que los préstamos adicionales del Estado al sistema de reparto español realizados en 2020 y 2021 habían superado los 13 mil millones de euros cada año. También hicieron hincapié en que en 2022 las autoridades de gobierno “celebraron” que el préstamo “sólo” había sido de casi 7 mil millones de euros.
Pero la cruda realidad muestra que, en los últimos 4 años, el Estado español ha desembolsado extraordinariamente casi 43 mil millones de euros para hacer frente a los déficits de su sistema de reparto.
Este escenario se da pese a que el número de cotizaciones totales (es decir, lo que ingresan mes a mes los trabajadores y las empresas formalizadas) que han ingresado a las arcas fiscales en 2023 creció 9,9%.
Tabla resumen de las aportaciones del estado al sistema de pensiones
| Año | Aportaciones del Estado (millones de euros) |
|---|---|
| 2012 | 9,000 |
| 2019 | 15,600 |
| 2020 | >13,000 (préstamo adicional) |
| 2021 | >13,000 (préstamo adicional) |
| 2022 | ~7,000 (préstamo adicional) |
| 2023 | 39,000 (incluye préstamo de 10,000) |
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