El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, mostró su desacuerdo con la decisión gubernamental de avanzar en la despenalización del aborto tras el discurso presidencial del 21 de mayo.
Ezzati considera que el fin del lucro, del copago y de la selección de alumnos puede ser una estocada a la libertad de enseñanza, convirtiendo a la Iglesia Católica en el primer escudo protector de los sostenedores privados de colegios.
El cardenal ha aparecido como líder de una alianza entre los sostenedores católicos y los empresarios de la educación subvencionada, agrupados en la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE).
El peso de la Iglesia Católica es relevante en el debate de la reforma educacional, siendo el mayor grupo de interés entre los sostenedores privados.
De los 2.076 colegios que reciben fondos estatales en la Región Metropolitana, 190 establecimientos (9,1% del total) tienen un vínculo directo con un obispado, una congregación o una obra apostólica de laicos que se declara colaboradora de una diócesis u orden religiosa.
En 2013 estos 190 colegios católicos recibieron $94.806 millones correspondientes a subvención normal y $14.867 millones por subvención SEP, elevando la cifra global del dinero público a $109.673 millones, casi un quinto (18%) de los $604 mil millones que el Estado entregó a sostenedores privados en la región.
Si se agrega el copago de los apoderados, el monto final asciende a $139.398 millones, ya que en 2013 el aporte de las familias a colegios católicos de la Región Metropolitana sumó $29.724 millones.
Para establecer el monto total que el Estado aporta a educación religiosa en la Región Metropolitana, es necesario incluir la subvención que se entrega a colegios vinculados a diferentes iglesias protestantes.
Estos son 27 establecimientos, los que en 2013 recibieron $5.104 millones por concepto de subvención normal y otros $1.349 millones por subvención SEP. En suma, los aportes públicos a estos colegios protestantes alcanzaron a $6.454 millones.
La entidad católica de la Región Metropolitana que recibe más aportes del Estado para fines educacionales es el Arzobispado de Santiago, administrando nueve colegios directamente y gestionando otros 16 a través de fundaciones.
Le sigue la Fundación Educacional Belén (Belén Educa), cuyo directorio es presidido por el cardenal Ezzati. En tercer lugar se ubican los religiosos piamartinos (Congregación Sagrada Familia de Nazaret), quienes gestionan dos colegios y recibieron aportes públicos por $5.390 millones en 2013.
Aunque en la Región Metropolitana la orden solo gestiona de manera directa un establecimiento (el Colegio Infocap), también controla dos fundaciones educacionales que gestionan otros tres colegios. No obstante, los jesuitas participan también en la orientación pastoral de los colegios agrupados en la organización Fe y Alegría, lo que le permite a la orden tener influencia sobre otros nueve colegios, administrados por cinco fundaciones.
El cardenal Ezzati ha asumido un rol protagónico en los reparos a los proyectos de reforma educacional planteados por el gobierno, defendiendo el copago y la selección de alumnos.
La Conferencia Episcopal manifestó serias discrepancias con aspectos centrales de las reformas impulsadas por La Moneda, abogando por la mantención de un sistema de selección.
El presidente del Área Educación de la Conferencia Episcopal y obispo de Temuco, Héctor Vargas, acusó que “el Estado ha comenzado gradualmente a usar la subvención como un medio, o sea ‘te entrego la subvención, pero te pongo condiciones’, y al ponerte condiciones, te estoy diciendo en qué puedes gastar la plata y en qué no puedes. Esa no es la finalidad de la subvención”.
Representantes de las principales entidades que administran colegios católicos no comparten ese tono, apuntando a que las reformas propuestas pueden ser beneficiosas, como el fin del copago compensado con un aumento de la subvención general.
Según el sacerdote Galvarino Jofré, responsable del área educacional de los salesianos, lo ideal sería que entre los representantes de la Iglesia Católica que dialoguen con el Mineduc se incorporen profesionales de las congregaciones que manejan los números.
En cuanto a la selección de alumnos, muchos colegios siguen aplicando filtros de ingreso, desde pruebas de admisión hasta certificados de bautizo y matrimonio.
Una excepción entre los colegios consultados fue la red de colegios que administra la arquidiócesis que encabeza el propio Ezzati, donde no tienen selección de ningún tipo ni requisitos religiosos.
El proyecto de ley prohíbe el lucro, lo que no debiese ser un punto alarmante para muchos administradores de colegios católicos, pues un número significativo de ellos ya han adoptado la figura de fundaciones o corporaciones que se declaran sin fines de lucro.
El director Ejecutivo de Belén Educa, Juan Enrique Guarachi, señala que “en nuestra definición no tenemos fines de lucro, cuando salimos a buscar recursos privados es porque creemos que es fundamental esta alianza con lo público, donde lo importante son nuestros niños y la capacidad de generar real movilidad social”.
Según el gerente de Recursos Humanos de Belén Educa, Andrés Pérez, sus gastos se dividen en 82,8% remuneraciones, 9,6% costos formativos y 7,5% costos de administración.
Según el sacerdote salesiano Galvarino Jofré: “Para invertir en infraestructura dependemos de las ‘procuras internacionales’, que son organizaciones católicas que distribuyen fondos de donaciones".
El administrador de una de las principales congregaciones dedicadas a la educación dice que no ve cómo, con esos números, se puede entregar educación de calidad y lucrar al mismo tiempo. “No hay margen para el lucro, si no es con sacrificio de la calidad”, dice.
El vicerrector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Claudio Almonacid, dice que en la postura de la Iglesia Católica sobre la reforma “se ha confundido la libertad de enseñanza con la libertad de hacer negocios”.
Si la reforma que pone fin al lucro prospera y se convierte en ley, el Mineduc tendrá que disponer de un mecanismo para revisar y fiscalizar cada uno de los gastos que declaren los colegios subvencionados.
La administración de los establecimientos será una verdadera “casa de cristal” expuesta al escrutinio público, a objeto de que no ocurra lo que ha pasado con las universidades privadas, que burlan la prohibición de lucro contratando servicios de empresas que pertenecen a los mismos controladores de los planteles.
Para cumplir su función, la Superintendencia podrá exigir todo tipo de documentación a los sostenedores para verificar que las compras y contrataciones no contravengan la prohibición de realizar negocios con personas y sociedades relacionadas.
En ese sentido, si un colegio confesional declara gastos por actividades pastorales, estarían permitidos si se relacionan con los objetivos del proyecto educacional declarado por el sostenedor y elegido libremente por los apoderados.
Si las nuevas normas considerarán como lucro el uso de recursos de los colegios para sostener a las congregaciones, esto plantea un problema para varias órdenes religiosas.
Para dar continuidad a estos colegios, una posibilidad es que congregaciones mayores se hagan cargo de los establecimientos y se ocupen de la mantención de las religiosas que actuaban como sostenedoras.
Ya hay varias congregaciones que, enfrentadas a este problema, se han reorganizado, entregando la administración de los colegios a fundaciones o corporaciones que ellas controlan y asignando un sueldo a las monjas que prestan servicios dentro de los establecimientos.
Uno de sus establecimientos en Maipú (Colegio San José) se administra ahora bajo la Fundación Educacional Sofía Infante Hurtado, que es de la congregación y tiene personalidad jurídica del Ministerio de Justicia.
De lunes a domingo al mediodía, la iglesia Nuestra Señora del Carmen realiza una misa normalmente oficiada por el cura Jaime Casals Cidier o por el obispo Santiago Silva Retamales.
Santiago Silva lidera este obispado destinado a “dar atención espiritual” a los distintos miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, similar al rol que cumplen los distintos obispados católicos a lo largo del país, aunque con una notoria diferencia.
Como cualquier otro alto cargo de las FF.AA., los curas castrenses reciben altos sueldos y tienen acceso a diversos beneficios como salud, pensiones, propiedades fiscales y vehículos con chofer.
El propio Silva ostenta el grado de general de Brigada de Ejército, por lo que le corresponde una remuneración bruta mensual de $4.091.671.
Jerárquicamente, bajo el cargo de obispo castrense se encuentra el vicario general, Claudio Verdugo Cavieres, quien ostenta el grado de mayor de Ejército con una remuneración bruta de $2.205.184.
Hoy, el financiamiento el Obispado Castrense depende del Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. “Nada lo financia el Vaticano”, explicaron a El Dínamo desde el obispado.
En el caso de la Armada, quien encabeza la institución es el capitán de fragata Ricardo Burgos Ffrench-Davis, quien recibe un sueldo de $2.784.307.
En el Ejército, Teddy Simonsen Acuña es el jefe de servicio, ostentando el grado de mayor con una remuneración de $2.205.184. También recibe un vehículo institucional.
En la Fuerza Aérea, el jefe de servicio es el sacerdote Juan Carlos Fuentes, quien tiene el grado de comandante de grupo. Su sueldo es de $3.086.092 bruto y vive en una propiedad fiscal por la que paga un arriendo, según confirmaron en el obispado.
En el caso de Carabineros, el jefe del servicio religioso es el presbítero Eduardo Heredia, cuyo rango es de coronel con un sueldo bruto de $3.393.428. Todos los restantes sacerdotes de la repartición son oficiales, con sueldos que parten desde el millón de pesos bruto, dependiendo de su grado.
Por otra parte, el “alto mando” del Obispado Castrense y sus cuatro servicios religiosos se acoge al sistema de salud y previsión de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
De acuerdo a información solicitada vía Transparencia, en 2014 el erario de la institución era de $18.743.000, destinado al pago de servicios básicos, materiales de oficina, insumos, telefonía, internet, impresión, servicios generales y varios otros puntos.
En 2017, los viáticos llegaron a 78 solicitudes, aunque por viajes cortos a distintos puntos de la región de Valparaíso y de O’Higgins, con un total de $1.515.345.
Así lo evidencian los 11.648 millones de pesos de ingresos que tuvo el Arzobispado en 2018 que superan con creces los de años anteriores, con 11.074 un año antes o los 10.337 en 2016. La distribución de los ingresos según El Mercurio corresponden a ingresaron mediante proyectos pastorales (42%), que incluye donaciones privadas y la campaña de Cuaresma, arriendos (31%), y otro 27% que provino de la recaudación del 1%.
Pero lo interesante es ver que los egresos, de 11.644 millones en 2018, van destinados a dos actividades: las pastorales y las de “solidaridad”. Dentro de las primeras se encuentran destacados los gastos de indemnización a víctimas de abuso sexual.
Ejemplo de esto son las indemnizaciones a las víctimas Karadima equivalente a 440 millones de pesos.
Para mantener sus sumas exorbitantes de dinero la Iglesia Católica no solo recibe los millonarios aportes de privados o el aporte de las familias trabajadoras que aún confían en esta institución y aportan un porcentaje de sus sueldos mensuales, si no que, también se relacionan directamente con empresas.
Tal como el caso del Arzobispado de Santiago quien hasta septiembre del año pasado era dueño del 15% de la automotora Coseche junto con la Corporación de Beneficencia Cáritas Chile y la Orden de la Madre de Dios, quienes poseían el 30% de la empresa.
O como los millonarios costos en curas de las FF.AA. que son financiados directamente por el Estado.
La institución militar desembolsó, solo en octubre, cerca de 53 millones de pesos en salarios de capellanes católicos que tienen como misión “orientar y apoyar espiritualmente al personal de planta, familiares y trabajadores civiles” vinculados a distintos regimientos.
Son recursos que provienen del presupuesto anual y van destinados a religiosos que prestan servicios en el obispado castrense.
Vía Ley de Transparencia, el Ejército explicó que pagó un total de $52.935.333 a 24 personas en octubre, sueldos que en algunos casos superan al de un sacerdote o un obispo común y corriente.
Hay que recordar que ante cada allanamiento los religiosos castrenses cuentan con un estatus diferente al resto de los sacerdotes y órdenes religiosas, por el mismo hecho de depender de un organismo del Estado y tener calidad de funcionarios públicos.
Pese a que El Mostrador preguntó, vía Transparencia, a todas las ramas de las Fuerzas Armadas por los sueldos de los capellanes, solo respondieron el Ejército y la Fuerza Aérea.
El Decreto Ley Nº 21.950 de la dictadura dice que “los Arzobispos y Obispos tienen un sueldo equivalente al 80% de la remuneración fijada para un Juez Nacional de Primera Instancia” y explicita que “Los fondos para el pago de estos beneficios provienen del Presupuesto nacional, que sanciona cada año el Parlamento”.
Pero no son los únicos recursos que recibe del Estado: los obispos tienen un régimen especial de jubilaciones, exenciones impositivas, se subsidia a la educación privada religiosa, entre otros beneficios.
Más del 80 % de los 250 millones que recibe la Iglesia de esta Asignación Tributaria a través de la casilla de la X va destinado a financiar las 70 diócesis que la Iglesia tiene en España, como sueldos de sacerdotes y obispos, rehabilitar parroquias o pagar universidades privadas católicas, excepto los capellanes castrenses que son personal militar a sueldo del Estado.
Madrid es la diócesis más beneficiada, con más de 14 millones de euros, seguida por Valencia (8,7), Toledo (5,4) o Santiago de Compostela (5,2), mientas que el Arzobispado Castrense, con 129.000 euros, es el que menos recibe, aunque hay que añadir que, en este caso, el sueldo de sus sacerdotes es asumido por Defensa (.
Parte del importe restante se destina a pagar la Seguridad Social de los sacerdotes (6,5 %), financiar proyectos de rehabilitación y construcción de los templos (1,9 %), realizar actividades pastorales (3,1 %) u ofrecer una aportación extraordinaria a Cáritas (2,4 %,) que es sin duda la actividad social de la Iglesia más valorada por la sociedad y especialmente por los pobres y sin embargo los Obispos solo le conceden unos 6 millones de euros.
Es justo y necesario pagar impuestos para sostener y potenciar lo más posible la educación, la sanidad, las comunicaciones, la discapacidad, los servicios sociales, etc. de personas que no tienen medios para costearlos por si mismas.
El Gobierno recortó, por ejemplo en 2015, un 15% el gasto en prestaciones por desempleo, y recortó, y mucho, en sanidad, en educación, en servicios sociales, pero no recortó para nada el dinero destinado a la Iglesia católica.
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