El tono cordial habitual del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, desapareció inmediatamente después del discurso presidencial del 21 de mayo, cuando fustigó ante la prensa la decisión gubernamental de avanzar en la despenalización del aborto. Ezzati considera que el fin del lucro, del copago y de la selección de alumnos -los tres pilares del proyecto enviado al Congreso por el Ministerio de Educación-, puede ser una estocada a la libertad de enseñanza. Por lo mismo, ha convertido a la Iglesia Católica en el primer escudo protector de los sostenedores privados de colegios.
El cardenal ha aparecido en el papel de líder de una alianza entre los sostenedores católicos y los empresarios de la educación subvencionada, agrupados todos en la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE). El peso de la Iglesia Católica es relevante en el debate de la reforma educacional: es el mayor grupo de interés entre los sostenedores privados.
Financiamiento de Colegios Católicos
CIPER solicitó al Ministerio de Educación (Mineduc) la base de datos del año 2013 con los antecedentes de todos los colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana y pudo constatar que de los 2.076 colegios que reciben fondos estatales, 190 establecimientos (9,1 % del total) tiene un vínculo directo con un obispado, una congregación o una obra apostólica de laicos que se declara colaboradora de una diócesis u orden religiosa.
En 2013 estos 190 colegios católicos recibieron, en total, una suma de $94.806 millones correspondientes a subvención normal y otros $14.867 millones por subvención SEP (destinada a mejorar la educación de los alumnos vulnerables). Así, la cifra global del dinero público que percibieron se elevó a $109.673 millones, casi un quinto (18%) de los $604 mil millones que el Estado entregó a sostenedores privados en la región.
Si se agrega el copago de los apoderados -modalidad que sólo tienen algunos colegios-, el monto final asciende a $139.398 millones, ya que en 2013 el aporte de las familias a colegios católicos de la Región Metropolitana sumó $29.724 millones.
Para establecer el monto total que el Estado aporta a educación religiosa en la Región Metropolitana, es necesario incluir en los cálculos la subvención que se entrega a colegios vinculados a diferentes iglesias protestantes. Estos son 27 establecimientos, los que en 2013 recibieron $5.104 millones por concepto de subvención normal y otros $1.349 millones por subvención SEP. En suma, los aportes públicos a estos colegios protestantes alcanzaron a $6.454 millones.
La entidad católica de la Región Metropolitana que recibe más aportes del Estado para fines educacionales es el Arzobispado de Santiago. La Corporación Educacional del Arzobispado administra nueve colegios y la arquidiócesis gestiona otros 16 establecimientos a través de fundaciones. Le sigue la Fundación Educacional Belén (Belén Educa), cuyo directorio es presidido por el cardenal Ezzati. En tercer lugar se ubican los religiosos piamartinos (Congregación Sagrada Familia de Nazaret), la que gestiona dos colegios, con un total de 7.521 alumnos, y en 2013 recibió aportes públicos por $5.390 millones. Los jesuitas cierran el cuadro.
Aunque en la Región Metropolitana la orden sólo gestiona de manera directa un establecimiento (el Colegio Infocap, con una matrícula de apenas 73 alumnos), también controla dos fundaciones educacionales que gestionan otros tres colegios. No obstante, los jesuitas participan también en la orientación pastoral de los colegios agrupados en la organización Fe y Alegría, la que forma parte de la Red Educacional Ignaciana. Esto le permite a la orden tener influencia sobre otros nueve colegios, administrados por cinco fundaciones. La Compañía de Jesús tiene un proyecto educativo al que adscriben los colegios que integran la organización Fe y Alegría.
Postura de la Iglesia ante la Reforma Educacional
El cardenal Ezzati, que también preside el Comité Permanente del Episcopado, ha asumido un rol protagónico en los reparos a los proyectos de reforma educacional planteados por el gobierno. El mismo miércoles 21 de mayo, tras el discurso presidencial, el portal web del episcopado difundió declaraciones del prelado en defensa del copago y la selección de alumnos.
Respecto de los procesos de selección, Ezzati afirmó: “El hecho educativo es un hecho de confianza entre el alumno y el educador, entre el padre de familia y el proyecto educativo que ofrece el educador, y naturalmente la confianza supone conocimiento. El hecho de que se diga que no tiene que haber ninguna selección, creo que es equivocado.
El 22 de abril pasado, la Conferencia Episcopal difundió una declaración en la que también manifestó serias discrepancias con aspectos centrales de las reformas impulsadas por La Moneda. En ella abogó por la mantención de un sistema de selección, el que denomina “proceso de admisión”, que tendría por objeto “informar a los padres convenientemente acerca de las características del Proyecto Educativo según el cual van a ser educados sus hijos, y al que ellos, en caso de compartirlo, no solo deben adherir sino comprometerse activamente en su realización (…).
El mismo 22 de abril en que se difundió esta declaración, El Mercurio amplificó la ofensiva al publicar una nota informativa con las opiniones del presidente del Área Educación de la Conferencia Episcopal y obispo de Temuco, Héctor Vargas. En ese texto, Vargas acusó que “el Estado ha comenzado gradualmente a usar la subvención como un medio, o sea ‘te entrego la subvención, pero te pongo condiciones’, y al ponerte condiciones, te estoy diciendo en qué puedes gastar la plata y en qué no puedes. Esa no es la finalidad de la subvención”.
Diversidad de Opiniones dentro de la Iglesia
A pesar de las alarmas encendidas por Ezzati y Vargas, representantes de las principales entidades que administran colegios católicos no comparten ese tono. Por el contrario, apuntan a que las reformas propuestas pueden ser beneficiosas. -Creemos que sería muy beneficioso que se terminara el copago y se compensara ese monto por la vía de aumentar la subvención general. Es un escenario de mayor estabilidad en los flujos, pone normas claras frente a los padres y ayuda a emparejar a los colegios, de cara a la comunidad escolar.
Una posición similar exhibe el sacerdote Galvarino Jofré, responsable del área educacional de los salesianos. Según explica, hoy el copago es un “ingreso variable” y muchas veces no se alcanza la recaudación proyectada, debido a los problemas económicos de las familias: “Nosotros ocupamos la subvención prácticamente de manera íntegra para pagar sueldos. Los sueldos representan más del 90% de nuestros costos, por lo que el porcentaje restante se cubre con el aporte de las familias.
Para Jofré, lo ideal sería que entre los representantes de la Iglesia Católica que dialoguen con el Mineduc se incorporen profesionales de las congregaciones que manejan los números: “Si se está pensando en eliminar el copago y aumentar la subvención, esperamos que se escuche a los que saben cuánto se requiere para operar un colegio, para que el aumento de la subvención efectivamente compense”.
Selección de Alumnos
En cuanto a la selección de alumnos, desde septiembre de 2009 que la Ley General de Educación prohibió todo tipo de selección hasta sexto básico. Eso en el papel, porque en la práctica muchos colegios siguen aplicando filtros de ingreso. En 2011, un sondeo de Educación 2020 y La Tercera demostró que la mitad de estos colegios que recibían aportes estatales y estaban bien rankeados en el Simce seleccionaban de alguna forma a sus alumnos.
CIPER llamó a varios colegios ligados a la Iglesia Católica y confirmó que es habitual que se establezcan mecanismos de ingresos que pueden operar como una forma de selección, desde pruebas de admisión, pasando por informe de kínder y certificados de bautizo y matrimonio.
Una excepción entre los colegios consultados fue la red de colegios que administra la arquidiócesis que encabeza el propio Ezzati. La directora ejecutiva de la Corporación Educacional del Arzobispado de Santiago, Magdalena Aninat, explica: “Nuestros colegios no tienen selección de ningún tipo. No es necesaria porque tenemos más oferta que demanda, en general. Mucho menos tenemos requisitos religiosos, eso es imposible en sectores tan vulnerables como los que atendemos.
De acuerdo al mensaje del proyecto de ley enviado esta semana por el Ejecutivo, el 80% de las escuelas y liceos que reciben aportes estatales pide algún tipo de requisito de ingreso a los padres, lo que con la reforma quedará prohibido para todos los niveles de enseñanza. Eso incluye la presentación de antecedentes económicos de la familia. Ahora las postulaciones se harán a través de una plataforma única y los colegios deberán aceptar a todos los postulantes.
El Fin del Lucro
El proyecto de ley también prohíbe el lucro, lo que no debiese ser un punto alarmante para muchos administradores de colegios católicos, pues un número significativo de ellos ya han adoptado la figura de fundaciones o corporaciones que se declaran sin fines de lucro.
El director Ejecutivo de Belén Educa, Juan Enrique Guarachi, señala que “en nuestra definición no tenemos fines de lucro, cuando salimos a buscar recursos privados es porque creemos que es fundamental esta alianza con lo público, donde lo importante son nuestros niños y la capacidad de generar real movilidad social”. En 2013 esta fundación recibió $1.841 millones en donaciones y otros ingresos distintos a las subvenciones y copago.
Según indicó el gerente de Recursos Humanos de Belén Educa, Andrés Pérez, sus gastos se dividen en 82,8% remuneraciones, 9,6% costos formativos y 7,5% costos de administración. Lo mismo señala el sacerdote salesiano Galvarino Jofré: “Para invertir en infraestructura dependemos de las ‘procuras internacionales’, que son organizaciones católicas que distribuyen fondos de donaciones. Pero apoyan solo colegios en zonas de alta vulnerabilidad, como nuestros colegios de San Ramón o Alto Hospicio.
El administrador de una de las principales congregaciones dedicadas a la educación, que pidió la reserva de su nombre, exhibe las cifras y balances de su gestión y dice que no ve cómo, con esos números, se puede entregar educación de calidad y lucrar al mismo tiempo. “No hay margen para el lucro, si no es con sacrificio de la calidad”, dice. Por eso, sostiene que no parece ser una buena estrategia que la jerarquía de la Iglesia Católica aparezca en una suerte de “santa alianza” con los sostenedores privados, en oposición a la reforma.
Esa crítica, dice, es extendida entre las congregaciones más grandes: “No estamos juzgando a los empresarios de la educación. Ellos juegan su rol dentro de las reglas que tiene el sistema. Pero los colegios católicos no se guían, o al menos no deben hacerlo, por criterios empresariales.
El vicerrector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Claudio Almonacid, dice que en la postura de la Iglesia Católica sobre la reforma “se ha confundido la libertad de enseñanza con la libertad de hacer negocios”. En este tema, Almonacid tiene autoridad. Almonacid señala que, desde los años en que hizo sus primeras investigaciones sobre esta materia, el cuadro ha variado bastante: “Muchos sostenedores religiosos se han reconvertido en fundaciones y corporaciones que declaran no tener fines de lucro”.
Fiscalización y Gastos Permitidos
Si la reforma que pone fin al lucro prospera y se convierte en ley, el Mineduc tendrá que disponer de un mecanismo para revisar y fiscalizar cada uno de los gastos que declaren los colegios subvencionados. La administración de los establecimientos será una verdadera “casa de cristal” expuesta al escrutinio público, a objeto de que no ocurra lo que ha pasado con las universidades privadas, que burlan la prohibición de lucro contratando servicios de empresas que pertenecen a los mismos controladores de los planteles.
Le reforma otorga a la Superintendencia de Educación facultades de fiscalización y auditoría. Para cumplir su función, la Superintendencia podrá exigir todo tipo de documentación a los sostenedores -boletas, facturas y contratos, entre otros comprobantes- para verificar que las compras y contrataciones no contravengan la prohibición de realizar negocios con personas y sociedades relacionadas.
Lo que no está claro aún es el reglamento que regulará ese sistema de fiscalización, el cual debiera estar listo a más tardar un año tras la eventual aprobación del proyecto. No se sabe si se le dotará de más recursos y personal a la estructura de la superintendencia para poder fiscalizar efectivamente, porque el proyecto no dice nada respecto a eso.
El proyecto establece una serie de gastos que estarán permitidos y que deben estar directamente relacionados con el desarrollo del “proyecto educativo” de cada colegio. En ese sentido, si un colegio confesional declara gastos por actividades pastorales, estarían permitidos si se relacionan con los objetivos del proyecto educacional declarado por el sostenedor y elegido libremente por los apoderados. Eso puede ser desde un retiro espiritual a alguna actividad religiosa con la comunidad escolar, por ejemplo.
Desafíos para las Congregaciones Religiosas
Si las nuevas normas considerarán como lucro el uso de recursos de los colegios para sostener a las congregaciones, esto plantea un problema para varias órdenes religiosas. Aún existen congregaciones pequeñas que administran colegios subvencionados y cuyas comunidades religiosas se mantienen gracias a los “retiros” de dinero que hacen en esos establecimientos.
Para dar continuidad a estos colegios, una posibilidad es que congregaciones mayores se hagan cargo de los establecimientos y se ocupen de la mantención de las religiosas que actuaban como sostenedoras. Una antigua experiencia de ese tipo se desarrolló en Puerto Montt, según cuenta el sacerdote Galvarino Jofré.
En todo caso, ya hay varias congregaciones que, enfrentadas a este problema, se han reorganizado, entregando la administración de los colegios a fundaciones o corporaciones que ellas controlan y asignando un sueldo a las monjas que prestan servicios dentro de los establecimientos. Esos sueldos luego son aportados a un fondo común para sostener a la comunidad. Con la nueva ley, esto podría ser interpretado como lucro encubierto, pues la contratación generalizada de religiosos que pertenecen a una congregación que controla una fundación sostenedora puede ser interpretada como contratos entre partes relacionadas.
Eso complicaría algunos de los mecanismos que han usado ciertas congregaciones para adaptarse a los cambios que se vienen. Por ejemplo, las Hijas de San José Protectoras de la Infancia, una comunidad sostenedora de cuatro colegios que inició un proceso de transformación en su modelo de gestión. Uno de sus establecimientos en Maipú (Colegio San José) se administra ahora bajo la Fundación Educacional Sofía Infante Hurtado, que es de la congregación y tiene personalidad jurídica del Ministerio de Justicia.
Financiamiento Directo a la Iglesia
La donación del 1% del sueldo de los feligreses al Arzobispado de Santiago registró un alza entre 2011 y este año, hasta alcanzar los US$ 12 millones durante 2012. Así lo revelaron cifras entregadas por la Iglesia de Santiago, que mostraron que durante estos 12 meses fueron percibidos cerca de 250 mil Unidades de Fomento (U.F.) por este concepto, lo que equivale a $ 5.717 millones. Esta cifra superó en un 6% lo recaudado en 2011 en este ítem.
"Con estos fondos se financian las actividades de evangelización, la mantención de las parroquias (hay 210 en la zona metropolitana) y el sostenimiento de los sacerdotes, lo que incluye su seguro de salud y una ayuda mensual de $ 180 mil", explica el administrador de los bienes de la Iglesia, Julio Poblete.
Aun cuando este año los aportes aumentaron respecto de 2011, Poblete afirma que "en la última década no ha sido posible crecer al ritmo del país". Añade que "frente a un crecimiento del PIB de casi 60% (2000 a 2012), el incremento real de la recaudación del 1% de contribución a la Iglesia, en igual período, ha aumentado sólo el 36% (...) Aquí hay un desafío pendiente".
Sin embargo, valora que "a pesar de los tiempos que vivimos, los fieles católicos siguen acompañando con su compromiso de corresponsabilidad a la Iglesia, muestra de adhesión que debe enorgullecernos".
Respecto de la distribución del 1%, plantea que cada parroquia retiene un porcentaje de esta cantidad para sus costos de mantención, lo cual puede abarcar desde un 10% a un 90% del total. El dinero restante se envía al arzobispado, donde se distribuyen los pagos correspondientes al clero y, además, se destina una proporción para cubrir los gastos generados de acciones de evangelización.
Los montos percibidos por la Iglesia no se restringen al 1%. A estos se suman herencias y donaciones particulares, efectuadas generalmente con fines específicos, explican fuentes eclesiásticas.
El administrador de bienes del arzobispado también se refirió a la acción civil que enfrenta el Arzobispado de Santiago por parte de los denunciantes del ex párroco Fernando Karadima, condenado por abusos por el Vaticano. Se trata de una acción que busca obtener una reparación económica. Al respecto, sostuvo que "la Iglesia respeta y participa del marco jurídico institucional de nuestro país".
Obligación del 1%
"La contribución a la Iglesia en la campaña del 1% tiene como principal motivación pastoral que cada bautizado se sienta corresponsable del sostenimiento económico de la Iglesia. Es decir, todos somos responsables de financiar su vida pastoral, espiritual y litúrgica", afirma el vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro.
En cuanto al origen de este aporte, Coiro plantea que el deber del 1% es uno de los mandatos de la Iglesia, mucho anterior a la existencia de una campaña. "Como es un mandamiento el ayudar a las personas necesitadas, también lo es aportar en el sostenimiento de la Iglesia".
Una opinión similar tiene Andrea Valdivieso, perteneciente al grupo Voces Católicas: "en Chile hay 937 parroquias y 3.346 capillas. ¿Cómo se mantienen estos lugares? ¿Quién paga la luz, el agua, la calefacción?
Ingresos de Religiosos en Otras Denominaciones
Un cura chileno gana 600 mil y si ha estudiado, un millón y medio. El sacerdote común y corriente, poco mas de 500 mil pesos y cobertura de salud. Indirectamente se le remiten invitaciones a casas de las familias de la comunidad.
Un gran rabino en España, 5 mil euros, el resto 4 mil (3 millones seis): la recaudación de los sueldos los realiza el gran rabinato.
En la religión musulmana también las comunidades asumen los gastos. Se les brinda alojamiento y la máxima exigencia es de cumplir con todos los rituales. No hay, trabajo fuera de seminarios instrucción del Sagrado Corán. Ellos trabajan y mantienen la mezquita, salvo las turísticas.
Y las monjitas, de un fondo para cada orden que dispensa la Iglesia, a cargo de un sacerdote contador.
Tabla Resumen del Financiamiento de Colegios Católicos en la Región Metropolitana (2013)
| Concepto | Monto (millones de pesos) |
|---|---|
| Subvención Normal | 94.806 |
| Subvención SEP | 14.867 |
| Aporte Total Público | 109.673 |
| Copago de Apoderados | 29.724 |
| Monto Final Total | 139.398 |
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