El acceso a la información sobre las remuneraciones en el sector público es un pilar fundamental de la transparencia gubernamental. En este contexto, el análisis de los sueldos en el Poder Judicial, a través de portales de Gobierno Transparente, ofrece una visión detallada de la distribución de ingresos entre los profesionales del derecho que desempeñan funciones en este ámbito.
Análisis de Sueldos de Abogados en el Sector Público
Estudios jurídicos, empresas, ministerios, instituciones públicas y fundaciones, son algunas de las alternativas por las que puede optar un abogado a la hora de elegir dónde trabajar. El campo laboral no se limita al ámbito estrictamente judicial -como juez o como litigante-, sino que cada vez surgen nuevas necesidades para distintos tipos de organizaciones que requieren una respuesta proveniente de un área jurídica especializada.
Los resultados muestran que quienes se encuentran contratados por planta perciben, en promedio, un sueldo que bordea los $6 millones, siendo los que más ganan en comparación con las otras dos categorías. En segundo lugar están aquellos que se encuentran trabajando a través del Código del Trabajo, quienes reciben una remuneración mensual que en promedio supera los $4 millones.
Siguiendo la clasificación anterior -según tipo de contrato-, también quisimos estudiar la distribución de estos abogados en el sector público. Los resultados muestran que la gran mayoría de ellos (un 85%) se encuentran contratados por planta -donde se perciben mayores sueldos-.
Si comparamos estos resultados con la distribución -por tipo de contrato- del total de los funcionarios públicos que hoy comprenden la administración del Estado, se pueden apreciar ciertos contrastes. Asimismo, en el caso de los funcionarios públicos, más de la mitad de ellos trabaja a contrata y no por planta como sucede con la gran mayoría de los abogados que trabajan como directivos en la administración estatal.
Para Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la U. de Chile, la profesión legal en Chile -y en buena parte de los países continentales- ha tenido una larga tradición de gestión pública. “La razón que explica eso es probablemente que el derecho es esencial en la adopción efectiva de medidas públicas.
Cordero sostiene que en el caso de los contratos por planta sería prudente distinguir si son puestos de carrera o de exclusiva confianza.
Es importante tener en cuenta que no se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). 1C JEFE SUP.
Transparencia y Rendición de Cuentas en el Poder Judicial
El alto magistrado encabezó la tradicional ceremonia -que se realiza desde 1919- de rendición de cuenta de la gestión judicial de 2013 y planteó los desafíos para el año judicial 2014.
El presidente de la Corte Suprema informó que durante el año 2012 ingresaron a los tribunales de primera instancia 3.003.271 nuevos asuntos, cifra que no incluye los exhortos, lo que representa una disminución de un 14,2% respecto del año anterior. La reducción se explica por el menor ingreso de causas civiles en gestiones preparatorias de la vía ejecutiva y de las solicitudes de medidas prejudiciales que disminuyó a nivel nacional a 1.583.774, lo que significó una variación de un 23,3% en relación al ingreso del año 2011. Estas causas, sin embargo, constituyen el 53% del ingreso total nacional.
En las 17 cortes de apelaciones del país en el año 2012 ingresaron 126.219 asuntos de distinta naturaleza, cifra superior al ingreso del año anterior en un 20,5%. Se mantiene el incremento de los recursos de protección, que a nivel nacional alcanzaron 54.966, cifra que constituye un 71,5% más que la del período pasado y que en su mayoría corresponde a acciones contra las ISAPRES por las alzas en los precios de los planes de salud.
En la Corte Suprema ingresaron 9.699 recursos, representando una disminución de 23,7% respecto de los ingresos del año anterior. Las apelaciones en los recursos de protección alcanzaron un total de 2.740, es decir, un 48,2% menos que el año 2011.
Desafíos y Reformas en el Sistema Judicial
Ante la tramitación de la reforma procesal civil, el presidente de la Corte Suprema llamó al Senado a incorporar los aportes hechos por el máximo tribunal y que fueron desestimados por la Cámara de Diputados.
En relación al proyecto de ley de Reforma Procesal Civil, el presidente Ballesteros manifestó el respaldo a los cambios, y aseguró que el informe remitido a la Cámara de Diputados sobre el mencionado proyecto es sólo un primer paso y que se continuará trabajando de manera interna a través de comisiones de ministros del máximo tribunal.
"La Corte Suprema está preocupada de la implementación de la reforma al sistema procesal civil que cierra el círculo de las reformas procesal penal, de familia y laboral en la primera instancia. Luego será necesario resolver las adecuaciones a la segunda instancia y a la Corte Suprema para lo cual estaremos preparados. En el mes de enero de 2012 se designó una comisión para el estudio de la parte sustantiva y/o normativa, integrada por los ministros señores Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate y Haroldo Brito Cruz quienes han trabajado durante todo el año e incluso participaron en jornadas en el Ministerio de Justicia y en un viaje al extranjero a fin de proveerse de los mayores conocimientos y experiencias del derecho comparado sobre el proceso civil que se pretende instaurar en el país. El informe de la Corte Suprema remitido a la Cámara de Diputados en que comienza el estudio y análisis del anteproyecto ingresado por el Gobierno, es sólo el primero. La Comisión Normativa seguirá trabajando en atención a que se trata de una materia de la mayor trascendencia, de manera que en lo por venir seguirán emitiendo otros dictámenes", dijo.
Además informó que ya se está trabajando en establecer mecanismos en los actuales tribunales civiles para evitar que el retraso que experimenta este tipo de proceso afecte las futuras reformas con cargas de trabajo excesivas para jueces y funcionarios.
"Los Ministros encargados de la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles señor Sergio Muñoz Gajardo y señora Rosa Egnem Saldías, adelantándose a los acontecimientos y ante la situación de retraso que advierten, han propuesto un conjunto de medidas para producir un significativo avance en la tramitación de las causas en estos tribunales que permitan que los esfuerzos que deba hacerse para la implementación de la reforma civil no se vean obstaculizados por la existencia de una carga de trabajo no atendida completamente, como ocurrió con las otras reformas. Entre las medidas que se sugieren y que están en etapa de planificación y ejecución, se contempla la confección de un inventario nacional de las causas y su estado de tramitación; la ejecución de una planificación por cada Ministro Visitador de las distintas Cortes de Apelaciones a fin de resolver los procedimientos y acciones necesarias para el avance de los procesos en tramitación; el apoyo computacional a través del Escritorio del Juez, centro de escaneado, digitalización de expedientes, pistola digital; el ejercicio de la facultad de destinar jueces para resolver situaciones de cargas de trabajo muy complejas; la aplicación del artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales; la asignación de asesores letrados y, otras, con el fin ya expuesto.
Derechos Humanos y Justicia
Además, la autoridad destacó la declaración de la Corte Suprema con motivo de los 40 años del 11 de septiembre de 1973, y reiteró que en el aquel momento se reconoció que no se ejerció ningún liderazgo para representar las actividades ilícitas que violentaron las garantías fundamentales de los ciudadanos, circunstancia que constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales; que los jueces de la época no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de las acciones delictuosas denunciadas. En la materia, Muñoz informó que, actualmente, existen 1.022 procesos abiertos; de ellos, 72 se refieren a torturas.
Respecto de las causas por violaciones a los derechos humanos en el país el presidente Ballesteros informó que actualmente se tramitaron un total de 1.104 procesos a cargo de 32 ministros de Cortes de Apelaciones designados para el efecto de acuerdo al informe entregado por el ministro Hugo Dolmestch Urra.
El magistrado recordó que en una visita realizada al país en agosto pasado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas valoró lo avances que ha hecho la Corte Suprema en la investigación de este tipo de hecho y reiteró que la sustanciación de causa s no se encuentra sometida a ningún tipo de plazo.
"Reiteramos que el término de estos procesos no está sujeto a ningún plazo. Son sus representantes quienes deberán proponer y estudiar las rectificaciones y modificaciones que sea menester, sin afectar los principios de persecución penal pública, de investigación por una órgano profesional independiente, de separación de las funciones de investigación, acusación y enjuiciamiento, de oportunidad reglada, de inmediación, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el derecho a juicio previo, oral y público, entre otros, que son el fundamento del sistema procesal penal", dijo Ballesteros.
"Situando a la persona en el centro de nuestras preocupaciones, hay que dar especial amparo a las víctimas, con énfasis en los menores. Ellas han sufrido una agresión ilegítima en sus derechos. Sin embargo, lo que hoy se reclama y reclamo, es que simplemente estén acogidos sus derechos a la misma altura y con los mismos énfasis que los de sus victimarios. Estoy de acuerdo en que corresponde desterrar la impunidad. Política y principio que debe movernos a todos a colaborar en el Estado.
Críticas a la Labor de los Jueces
Asimismo, el presidente Muñoz planteó que se debe resguardar la independencia de la labor de los magistrados de todo el país, destacando que el Poder Judicial está abierto a las críticas de parte de todos los actores de la opinión publica, siempre y cuando se mantengan en el debido marco de respeto: "A los jueces se les debe defender, cuidar y salir a afrontar las descalificaciones derivadas del ejercicio de la función jurisdiccional, pero dejando en claro que puede existir la posibilidad que se equivoquen, para ello están los recursos legales en manos de las partes. Todas las personas tienen derecho a expresar su opinión en torno a la forma como se administra justicia, solamente procede reclamar los modos y pedir que se eviten las descalificaciones. Cuando la opinión viene de otras autoridades estatales el tema es más sensible, puesto que es posible que ello redunde en respuesta de parte de los jueces en los mismos términos e intensidades que las críticas, con lo cual se produce un espectáculo indecoroso en el Estado.
"La magistratura ha dejado de ser, desde hace muchos años, un espectador de las contiendas, es un árbitro activo de las mismas.
Cooperación Internacional
El presidente de la Corte Suprema destacó el establecimiento de nuevos mecanismos de cooperación internacional con poderes judiciales de la región y de Europa, resaltando la reciente celebración en Chile de la I Cumbre Judicial de la Comunidad de Estados de Latinoamerica y el Caribe (Celac) y la Unión Europea y la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizará en el país en el año 2014.
TAG: #Sueldo
