Por primera vez, un tribunal reconoce que los fondos de pensiones perdieron dinero debido a las operaciones bursátiles que permitieron a Julio Ponce mantener el control de SQM. El 24° Juzgado Civil de Santiago estimó en US$8,2 millones el daño a los ahorros de los 3 millones de afiliados de AFP Provida.
El Fallo Judicial y el Peritaje Clave
El fallo echó por tierra tres sentencias anteriores que desestimaron sucesivamente la existencia de perjuicios a los ahorros previsionales de los trabajadores en las operaciones Cascadas, ejecutadas por el grupo de Julio Ponce en SQM. El peritaje del experto Matko Koljatic fue clave en el fallo de la jueza Patricia Ortiz: describió el mecanismo del fraude y cuantificó los daños.
Las complejas operaciones bursátiles que entre 2009 y 2011 le dieron forma a lo que se llamó después el “Caso Cascadas”, y que le permitieron a Julio Ponce Lerou mantener el control de Soquimich (SQM), sí dañaron los fondos de pensiones de los chilenos afiliados al sistema de AFP.
El tribunal acogió la demanda presentada en 2015 por Provida -la mayor AFP del país con 3 millones de afiliados-, en contra de Julio Ponce Lerou, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica, Roberto Guzmán Lyon; y también acusó a las corredoras de Leonidas Vial y Alberto Le Blanc de haber liderado esas transacciones.
El dictamen de la jueza del 24° Juzgado Civil se basó en la multa por US$164 millones que en 2014 la SVS le aplicó a los mismos personeros de SQM y a la corredora de bolsa Larraín Vial. Para arribar a ese cálculo, la Superintendencia de Pensiones también se basó en la multa de la SVS.
“Es una cifra referencial, pues es competencia de los tribunales de justicia determinar si efectivamente se produjeron perjuicios para los fondos de pensiones y, en tal caso, su cuantía”, afirmó el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, a La Tercera en esos días.
Detalles de la Multa de la SVS
La multa de la SVS, que hasta ahora era la mayor aplicada en el mercado local de valores, sancionó con UF 200 mil (US$ 8 millones) a la corredora LarrainVial y a su gerente general Manuel Bulnes; mientras que a Alberto Le Blanc (ex dueño de la corredora Transcorp) y a Felipe Errázuriz (gerente de Distribución de LarrainVial) los sancionó con UF 100 mil (US$4,1 millones) a cada uno.
Los cálculos y estudios de la SVS arrojaron que las sociedades que participaron en este esquema fraudulento transaron el 70,2% de las acciones A de Calichera en 2009, el 86,4% en 2010 y el 88,5% en 2011.
La SVS concluyó que la enorme cuantía de estas transacciones, efectuadas mediante fórmulas que al final beneficiaban directamente a Julio Ponce, afectaron el correcto funcionamiento del mercado, especialmente a dos de sus pilares básicos: confianza y transparencia.
Acciones Judiciales de las AFP
Pese a la postura inicial de las AFP de subestimar el daño a los fondos previsionales de los trabajadores, entre 2014 y 2015 las AFP Habitat, Provida, Cuprum y Capital presentaron acciones judiciales por perjuicios y demandaron indemnización. Todos ellos actuaron de manera coordinada en un esquema de negocios que le generó a las “sociedades cascadas” de SQM costos por US$300 millones, los que finalmente, debieron pagar todos sus accionistas.
El peritaje entregado por Koljatic prevaleció a todos los otros que entregaron argumentos coincidentes en favor de la defensa de Ponce Lerou y los otros inculpados. Koljatic cifró el perjuicio a los Fondos de Pensiones que administra Provida: UF 38.987 (US$1,7 millones) para el Fondo A; UF 54.468 (US$2,4 millones) para el Fondo B; UF 80.163 (US$3,5 millones) para el Fondo C y UF 13.336 (US$0,6 millón) para el Fondo D.
Aunque el perito judicial no cuantificó los perjuicios a los fondos previsionales, sí advirtió en su informe que la obtención de rentabilidades positivas por parte de éstos durante todo el período en que actuó el esquema fraudulento, no obsta para que hayan sufrido perjuicios. Y eso es efectivo.
De hecho, el fallo argumenta que como las pruebas presentadas tanto por Provida como por los demandados (informes y testigos) eran contradictorias, la multa de la SVS, más los informes de Koljatic y Aguilar, demuestran que las operaciones cuestionadas no se ajustaron ni a la Ley de Sociedades Anónimas ni a la del Mercado de Valores.
Inversiones Continuas en SQM
A pesar de la contundencia del fallo de la jueza Ortiz y de la reputación que tiene en el mercado Matko Koljatic, quien elaboró el informe principal en que se basó la jueza, las AFP no han dejado de invertir en las sociedades a través de las cuales Ponce Lerou controla SQM. El 1 de junio, luego de que la canadiense Nutrien subastara en US$990,6 millones el 7% que poseía en la propiedad de SQM, los fondos de pensiones compraron US$453 millones de acciones de SQM (B). Ese paquete equivale al 3,2% de la minera.
En medio del escándalo, que incluyó la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, la Superintendencia de Pensiones ofició a las AFP para que informaran si el retorno de los Ponce Lerou podría afectar la rentabilidad de los fondos previsionales de los trabajadores.
También les pidió que le comunicaran las medidas concretas que piensan adoptar para protegerse de eventuales cambios en el valor de esas acciones. Cumplido el plazo, ejecutivos de las AFP con inversión en acciones de SQM, informaron a CIPER que aunque la mayoría no hizo mención a un efecto monetario negativo ni positivo, sí advirtieron sobre el riesgo de “efectos reputacionales” en dos direcciones.
Pese a que las AFP finalmente recurrieron a tribunales por los perjuicios que les provocaron las operaciones bursátiles del “Caso Cascadas”, desde 2014 han seguido invirtiendo el ahorro previsional de los trabajadores en esas mismas sociedades que controlan SQM.
Poco importó que los controladores de SQM exhiban un largo historial de conflictos e irregularidades que los ha enfrentado con la justicia en Chile y en Estados Unidos. En Chile, a diferencia de otros países, las AFP no tienen limitaciones para invertir en empresas con ese prontuario.
CIPER revisó las carteras de inversión de las AFP y constató que en los años 2015, 2016 y 2017 y 2018, las AFP Capital, Cuprum y Habitat siguieron apostando por la minera de Ponce Lerou. En 2015 las AFP llegaron a tener el 5,5% de Nitratos (US$2,43 millones), el 5,6% de Norte Grande y el 10,7% de Oro Blanco, lo que representa una inversión total de US$85 millones en SQM. En 2016, la inversión total en esas mismas tres sociedades bajó, pero en 2017 volvió a recuperar su promedio anterior, alcanzando a US$83,48 millones.
Denuncias Adicionales y Controversias
El trabajo periodístico se basa en una denuncia de la Fundación Valídame, presentada en agosto de 2018 ante la Fiscalía Nacional económica. Según el escrito, los principales beneficiados con estas acciones son las compañías de seguro, las que logran mantener sus índices de siniestralidad artificialmente bajos.
Provida forma parte de la compañía de seguros Metlife, de capitales estadounidenses y controla el 25% de los ahorros previsionales, lo que equivale a $33,875 billones de pesos (millones de millones). Para la investigadora de Fundación SOL, estas denuncias muestran "cómo los intereses del capital están por sobre el bienestar de las personas."
"Hablamos de personas que han sufrido accidentes en el trabajo o que han tenido algún tipo de catástrofe y necesitan, para ellos y sus familias, un ingreso que ya no se puede obtener a través del trabajo. Estamos jugando con la vida de las personas y sus familias. "Cuando hablamos de que la organización es necesaria observamos que no solo estamos hablando de un sistema económico a nivel nacional, sino que estamos hablando de redes y vínculos económicos a nivel supranacional.
Secuestro en AFP Provida
La Fiscalía Metropolitana Oriente está pidiendo una pena de 15 años de cárcel para Marco Antonio Solís Castro, un ciudadano chileno que -en noviembre del año pasado- alcanzó infamia pública tras tomar como rehén a una ejecutiva de la AFP Provida en Las Condes.
Durante un periodo de seis horas, el individuo mantuvo amenazada con armas blancas a la mujer de iniciales D.A.C.R.D., exigiendo un pago correspondiente a la cuota mortuoria de su esposa fallecida. Después de conseguir dos pagos en efectivo: uno inicial de $1 millón y un segundo de $12 millones, finalmente el sujeto pudo ser aprehendido por los carabineros que adoptaron el procedimiento.
De cara al juicio, el Ministerio Público lo acusó por el delito de secuestro con la agravante de “premeditación conocida” y ofreció como prueba los testimonios de 32 testigos y una perito. De acuerdo con antecedentes contenidos en el expediente judicial, fue exactamente a las 12:20 horas del 11 de noviembre de [año] cuando el hombre llegó hasta la sucursal de AFP Provida en Apoquindo 4251, Las Condes.
No lo hizo con las manos vacías. Al interior de una bolsa que llevaba consigo iban tres armas blancas. De entrada al tomar contacto con la víctima, le solicitó el pago del dinero correspondiente a la cuota mortuoria de su esposa fallecida. Ante la negativa, procedió a utilizar los elementos de la bolsa para intimidarla. Fue entonces que Solís se levantó, tiró del pelo a la trabajadora y sacó un cuchillo cocinero de una bolsa de nylon.
De esa forma -reza la presentación de la fiscalía- consiguió mantenerla como rehén y bajo amenaza de muerte, solicitando en un primer momento la suma de $1 millón para liberarla. Esa primera suma le fue entregada de manos de uno de los carabineros que participó de las negociaciones. Una vez conforme con la cifra, procedió a soltar a la víctima a las 19:45 horas.
En ese momento, funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros que se mantenían a la espera del avanza de la negociación lo detuvieron en el acto. Según expuso el órgano persecutor, los hechos ocurridos constituyen el delito de secuestro sancionado en el artículo 144 del Código Penal.
En este caso, a Marco Antonio Solís Castro se le sindica como autor del ilícito cuyo grado de ejecución fue calificado, en criterio de la fiscalía, como consumado. Además, el Ministerio Público planteó al tribunal que -a la hora de definir la pena del acusado- correspondía tener en consideración la agravante por el hecho de que obró “con premeditación conocida”.
Eso sí, se indicó que también corresponde la aplicación de la atenuante de irreprochable conducta anterior. Con todo, este viernes se desarrolló ante el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago la primera jornada del juicio a Marco Antonio Solís Castro.
En caso de ser declarado culpable cuando culmine el proceso, el hombre de 56 años arriesga hasta 15 años de cárcel. Además, se solicitó que sea inhabilitado perpetuamente de sus derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos públicos durante el tiempo que dure su condena.
Se espera que a lo largo del juicio declare la mayoría de los 32 testigos ofrecidos por el Ministerio Público. Entre quienes podrían darse cita en el tribunal para entregar su testimonio están la víctima, varios de sus compañeras y compañeros de trabajo, además de los carabineros que participaron del procedimiento. Por último, se espera que también deponga una perito criminalístico del Labocar (Carabineros).
Solicitud de Suspensión de Nueva AFP y Críticas a la Superintendencia
El senador Navarro afirmó que mientras se desarrolla la investigación en Fiscalía y de la Comisión Investigadora de Cámara de Diputados por la operación Cuprum-Argentum debería suspenderse el resto de los procesos en curso. Un llamado a las autoridades fiscalizadoras realizó el senador Alejandro Navarro con el fin de suspender la creación de una nueva AFP, denominada "Acquisition y evitar así una eventual posterior fusión con AFP Provida".
Del mismo modo el parlamentario solicitó "se decrete la inhabilidad de la Superintendenta de pensiones, Tamara Agnic; para resolver la solicitud planteada por el grupo Metlife". "Al igual que AFP Cuprum con Argentum, la Administradora de Fondos de Pensiones (Provida) pretende evadir $183 mil millones en impuestos fusionándose con una AFP fantasma" advirtió el senador Alejandro Navarro ante la operación que desarrolla el grupo Metlife en la Superintendencia de Pensiones mediante la inminente creación de la AFP Acquisition y su posterior incorporación societaria con AFP Provida.
Ante este escenario el parlamentario solicitó que "de acuerdo con los artículos 3° inciso 2°; 5°; 52; 53; 62 número 6° incisos 2° y 3° de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado y artículos 4° y 11 de la Ley 19.880 sobre Bases de Los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de La Administración del Estado "la Superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic se abstenga de intervenir y/o resolver en los antecedentes formados a propósito de la solicitud planteada por el grupo Metlife para la creación de la AFP denominada Acquisition y su posterior proceso de fusión con Provida".
Asimismo en un apartado del escrito ingresado ante la Superintendencia, el parlamentario demandó que "mientras se resuelve esta solicitud y todo proceso de investigación administrativo o judicial al respecto, se decrete la suspensión del procedimiento".
El senador Navarro indicó que "es necesario aplicar criterio precautorio mientras la Fiscalía de Alta Complejidad y la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados investigan"-esto ya que a juicio del parlamentario- "al igual que Argentum, esta es una nueva AFP fantasma que tiene como único objetivo la elusión tributaria".
El legislador recordó que "si bien, un artículo transitorio de la Reforma Tributaria autorizó a las empresas que habían iniciado el denominado `goodwill¿ bajo la antigua ley, puedan terminarlo antes del 31 de diciembre de 2015, la Superintendencia de Pensiones tiene la obligación de velar por que no se creen AFPs meramente instrumentales, de acuerdo a lo señalado en el artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas".
Explicó que "la única fórmula para que una empresa se fusione con una AFP es que también sea una AFP. Por eso Metlife inició un proceso para cambiar sus estatutos y solicitó a la Superintendencia de Pensiones transformarse en una aseguradora que se llamaría Acquisition Co.
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