Los empleados públicos en Chile se rigen por una regulación laboral específica, establecida en el Estatuto Administrativo, que difiere del Código del Trabajo. Este marco legal, integrado en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley 18.575), sistematizado en el DFL 1-19653, detalla las normas y leyes que regulan la relación entre el Estado y los funcionarios públicos, definiendo los derechos, deberes y obligaciones de ambas partes.
El Estatuto Administrativo busca asegurar el correcto funcionamiento de los organismos públicos. La administración pública establece un sistema de calificaciones para evaluar el rendimiento de estos profesionales. Los empleados del sector público se rigen bajo los principios de probidad administrativa, transparencia y declaración de patrimonio e intereses, bases legales que buscan resguardar el correcto actuar de quienes trabajan para el Estado.
Según cifras de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), hasta marzo de 2024, el personal disponible total del Gobierno Central alcanzó los 488.153 puestos.
Críticas y Desafíos del Estatuto Administrativo
Más allá de los hechos mencionados, el Estatuto Administrativo chileno ha sido por años objeto de múltiples críticas por diversas razones. Los autores de esta columna escrita para CIPER analizan el escándalo de las licencias médicas apuntando que el actual Estatuto Administrativo rigidiza la carrera funcionaria, hace ineficiente el sistema de evaluación de desempeño y permite la proliferación del régimen a contrata.
El reciente escándalo de licencias médicas solicitadas por funcionarios públicos para viajar al extranjero, termina de poner evidencia la profundidad de la crisis que viene viviendo hace tiempo la función pública. De acuerdo al informe de la Contraloría General de la República, más de 25 mil funcionarios habrían salido del país estando con permiso por razones de salud. El escándalo ha dejado una herida profunda y dolorosa en varios aspectos, principalmente en la efectividad de los mecanismos de control, en el rol de las asociaciones funcionarias, en la relación de la ciudadanía con una institucionalidad que se supone debe estar para ayudarla y no defraudarla.
Desde las caricaturas ochenteras de Hermosilla y Quintanilla, hasta las burlas en comerciales, la imagen y reputación de los funcionarios públicos como personas poco comprometidas, con muchos beneficios, y abusadoras de su poder, está muy instalada en la realidad chilena. Robustas agendas en contra de la corrupción se fueron implementando, desde la creación de Chile Compra, hasta la Ley de Probidad; pasando por la Ley de Acceso a Información Pública y de Lobby. Sin embargo, la creencia de que las leyes por sí solas generan cambios, nunca se ha visto confirmada.
Por largos años el Estatuto Administrativo se ha convertido en una suerte de elefante en la habitación al cual sucesivos gobiernos han hecho lo posible por no mirar. El actual Estatuto Administrativo fue creado en 1989 cuyo propósito principal fue el de dotar de estabilidad a los empleados públicos con el afán de no ser removidos por razones políticas, especialmente en el personal de planta. Durante su implementación, la normativa ha acarreado una serie de rigideces, una de ellas guarda relación con la desvinculación.
Rigideces y Desafíos en la Evaluación y Desvinculación
En la práctica, un funcionario podría ser despedido por bajo desempeño en el ejercicio de su cargo, sea por caer dos años consecutivos en lista 3 o durante un año el caer en lista 4. Si observamos en profundidad esta realidad, encontramos que los procesos de evaluación no están estandarizados a nivel central, ya que estos dependen de las definiciones establecidas por cada institución pública.
Por otro lado, la junta calificadora está encabezada por la jefatura superior del servicio, un representante del jefe directo de la persona calificada, un representante del personal designado por la jefatura superior y un representante escogido por los funcionarios. Otro aspecto que ha sido objeto de crítica es la segunda vía de desvinculación, siendo esta la del sumario administrativo, el cual funciona como procedimiento disciplinario interno y que permite investigar potenciales infracciones funcionarias cuyas sanciones pueden ir desde la amonestación hasta la destitución (en caso de infracciones graves).
Los sumarios no están sujetos a límites de tiempo, por lo que en la práctica pueden durar un año o más.
Necesidad de Reforma
Reformar el Estatuto Administrativo es clave para modernizar el empleo público en Chile, ya que el marco actual presenta serias falencias que afectan la eficiencia del Estado. La rigidez de la carrera funcionaria, la falta de estandarización en las evaluaciones de desempeño, la dificultad para desvincular por bajo desempeño, y la proliferación de trabajadores a contrata han generado un sistema donde el mérito y la gestión de resultados quedan debilitados.
Además, la duración excesiva de los sumarios y el ajuste de perfiles en concursos públicos agravan la desconfianza ciudadana. A ello se suma el problema de las vacancias, donde cargos de planta permanecen sin ser provistos durante largos períodos, ya sea por ausencia de concursos o por decisiones políticas, afectando la continuidad y eficiencia del servicio público.
Entre ellas, la rigidez de la carrera funcionaria, que limita la movilidad y dificulta que el mérito incida efectivamente en los ascensos; la ineficacia del sistema de evaluación de desempeño, en el que la mayoría de los funcionarios obtiene calificaciones altas sin una distinción real; y la proliferación del régimen a contrata sin criterios objetivos.
Una reforma permitiría fortalecer la probidad, profesionalizar el servicio civil y mejorar la calidad de los servicios que el Estado entrega a la población.
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