En un contexto de envejecimiento acelerado de la población a nivel global, la inclusión laboral de las personas mayores de 55 años se ha vuelto un tema central para los países, empresas y economías. La discusión política en distintos lugares del mundo hoy es la misma: qué hacer con los sistemas de pensiones, cómo asegurar su financiamiento y combatir el creciente envejecimiento de la población en países de Europa y Asia.
Panorama Internacional de la Edad de Jubilación
El Gobierno de Japón ha elevado la edad de jubilación para retener a su fuerza laboral de mayor edad, como respuesta a la caída de las tasas de natalidad y la escasez de mano de obra. Mientras en España la reforma enfrenta a los sindicatos con las “patronales”, en Francia todos los movimientos sociales se alinean contra la reforma del Presidente Emmanuel Macron, y en China se empieza a bosquejar un aumento en la edad de jubilación.
Ya en su campaña presidencial, Macron lo anunciaba: tarde o temprano su gobierno subiría la edad de jubilación. Hace unas semanas entró el proyecto de reforma en el Parlamento, y desde entonces las protestas no han parado. Y el 16 de marzo, luego de que el Ejecutivo impusiera por decreto el proyecto tras eludir el voto parlamentario con el artículo 49.3 de la Constitución, la mayor parte de las ciudades francesas fueron testigos de marchas, manifestaciones y hasta desmanes.
Esta reforma, que Macron considera urgente para equilibrar las cuentas en el sistema de pensiones, incluye varias medidas, siendo la más bullada el aumento de la edad de jubilación, de los 62 a los 64 años para 2030. Además, el proyecto de ley acaba con una serie de “regímenes especiales” de jubilación, que eran considerados victorias importantes de los movimientos de trabajadores, tanto en la empresa de ferrocarriles (SNCF) como en el Metro parisino (RATP) y la eléctrica (EDF), entre otras compañías públicas.
Para tener derecho a la pensión completa en Francia, es preciso haber trabajado 43 años, cosa que hasta 1993 era solo de 37 años. La pensión promedio es de 1.389 euros brutos al mes, en un país donde el sueldo mínimo está un poco más arriba, en los 1.530 euros.
Basado en un sistema de “solidaridad entre generaciones”, son los empleados de hoy los que cotizan para financiar las pensiones de los jubilados. Según la OCDE, Francia destina cerca de un 15% de todo su PIB a las pensiones.
En 2010, una gran reforma de pensiones había ocurrido, moviendo de 60 a 62 la edad de jubilación. Esa vez, sin embargo, había un consenso en la sociedad, asegura Gallard, sobre la inevitabilidad de tal cambio.
La Situación en España: Reforma de Pensiones y Edad de Jubilación
En tanto, en España se aprobó el 16 de marzo una nueva reforma de pensiones que, a diferencia del país vecino, no tuvo ninguna oposición por parte de la calle o las organizaciones sindicales. En miras a asegurar el financiamiento de las jubilaciones de hoy y las futuras, la reforma agregó una “cuota de solidaridad” dirigida a las rentas altas (partiendo de una cuota de un 1% en 2025, con un incremento de 0,25 puntos porcentuales al año hasta alcanzar el 6% en 2045), además de una “ampliación del período de cómputo”, o sea, se usarán los últimos 29 años del trabajador para calcular su futura pensión.
De todos modos, la edad de jubilación no cambiará en España, y seguirá dependiendo de la cantidad de años cotizados: si se ha trabajado durante 37 años y nueve meses (o más), se puede jubilar a los 65, y en caso de haber trabajado menos, el retiro es a los 66 años y cuatro meses.
La reforma nace de un acuerdo entre el gobierno español y la Comisión Europea, en miras a desbloquear para Madrid más recursos del fondo Next Generation EU, la respuesta económica del bloque a la crisis del Covid-19. Así, el proyecto recientemente aprobado se enfoca en asegurar la sostenibilidad del sistema.
En acuerdo con los principales sindicatos se estableció que la pensión mínima para los próximos cuatro años será de 1.200 euros. Quienes no se mostraron tan de acuerdo con la reforma, sin embargo, fueron las “patronales” u organizaciones empresariales, que aseguraron “no respaldar” la medida, ya que afectaría “al mercado laboral y la competencia”.
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y principal promotor del texto, declaró respecto de su aprobación: “Damos a los jóvenes una referencia de mediano y largo plazo, porque no solamente hacemos el sistema robusto y sostenible, sino que, además, lo hacemos con mecanismos de equidad intergeneracional”.
El Caso de Alemania y China
Desde hace unos meses, en tanto, el gobierno alemán está intentado bosquejar una nueva reforma de pensiones, en un momento complejo para el país: una inflación alta, una posible recesión, cambios en la política económica y presiones demográficas.
Al igual que en el sistema francés, en el alemán la gente en edad laboral es la que financia las pensiones. Ahora bien, con el paso del tiempo cada vez hay más jubilados en comparación con los trabajadores, haciendo más caro este sistema: si en 1991 había cuatro trabajadores por cada pensionado, en 2020 ya eran menos de tres, y en 2030 serán menos de dos.
En China, por su parte, se está planeando aumentar la edad de retiro gradualmente, en miras a poder lidiar con el rápido envejecimiento de la población. El 14 de marzo, el presidente de la Academia China de Ciencias del Trabajo y de la Seguridad Social, Jin Weigang, señaló que se estaba desarrollando un “camino progresivo, flexible y diferenciado para elevar la edad de jubilación”, apuntando a un aumento de unos pocos meses, en un principio, y que sería de a poco incrementado.
El gigante asiático estaría pronto a anunciar este cambio en la edad de retiro, que es uno de los más bajos en el mundo: 60 años para los hombres, 55 años para las mujeres en trabajos de oficina y 50 para las mujeres que trabajan en fábricas. Con la población china declinando y envejeciendo, en parte debido a la política de un solo hijo que estuvo vigente entre 1980 y 2015, la presión en los presupuestos aumenta, haciendo urgente entre los legisladores una reforma.
La Realidad de la Jubilación Forzosa en España
En España, cientos de profesionales con décadas de experiencia se han visto forzados a abandonar el mundo laboral al cumplir los 65 años, pese a contar con plenas capacidades y deseos de seguir contribuyendo. El marco normativo español establece dos realidades muy distintas según el tipo de contrato. En contraste, los funcionarios públicos sí están sujetos a la jubilación obligatoria a los 65 años, aunque con algunas excepciones. En ciertas profesiones, como la medicina o la magistratura, puede solicitarse la extensión de la actividad laboral hasta los 70 o incluso los 72 años.
Más allá de lo legal, la jubilación impuesta afecta profundamente el bienestar psicológico de quienes la experimentan. El consejo del especialista es claro: mantenerse activo intelectual, social y físicamente.
El Caso del Profesorado Universitario
En España la edad de jubilación forzosa en la universidad pública es de 70 años para los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios. Es por ello fácilmente entendible que un amplio colectivo de nuestro profesorado universitario haya venido solicitando con argumentos claros de interés social, académico y de no discriminación, que se pueda ampliar su edad de jubilación forzosa a los 72 años.
Como ya hemos señalado, en algunos casos el profesorado no funcionario ya cuenta con esta posibilidad lo que supone una discriminación clara, injusta e inexplicable, y que es perjudicial para el profesorado funcionario que ve más limitados sus derechos en cuanto a su edad de jubilación, cuando se trata de cuerpos docentes universitarios que realizan idéntico trabajo y función.
El Desafío Demográfico y la Sostenibilidad del Sistema
Según las estadísticas españolas, en 40 años, habrá 10 trabajadores activos por cada nueve personas dependientes. El gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero aprobó hoy elevar la edad de jubilación de los españoles de los 65 años actuales a los 67 años, en un controvertido intento por salvar el sistema de pensiones y de seguridad social del país, que según las previsiones, la mitad de su población será dependiente en 2049.
Aunque la seguridad social española cuenta actualmente con un superávit, España se enfrenta al inminente problema del envejecimiento de su población. Según las proyecciones publicadas el jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de aquí a 2049 se duplicará la población mayor de 64 años, que representará el 31,9 por ciento del total del país. Si se une este porcentaje al de menores de 16 años, la edad legal a partir de la cual se puede comenzar a trabajar en el país, dentro de 40 años la población dependiente será casi el 50 por ciento, lo que significa que habrá 10 trabajadores activos por cada nueve personas dependientes.
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