Por un tema de transparencia, La Moneda debe hacer públicos todos los sueldos de las personas que trabajan ahí, en una lista que encabeza el Presidente de la República, Gabriel Boric.
El sueldo del Presidente Gabriel Boric
El sueldo que percibe el Presidente de la República, Gabriel Boric, es de $7.634.385.
Según datos de Transparencia, el presidente de Chile, Gabriel Boric, actualmente tiene una renta bruta de $5.742.240, cifra que no es la más alta en la administración pública, ya que hay funcionarios y asesores con salarios superiores.
Contrario a lo que se piensa, el mandatario no es la persona que recibe el mayor sueldo mensual.
El funcionario con el segundo sueldo más alto corresponde a la subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, con un monto de $7.742.660.
Después de Lobos, aparecen el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; la Secretaría General de Gobierno, Valeska Naranjo, y la subsecretaria de La Mujer y de Género, Luz Vidal, cada uno con un monto de $ 7.742.658.
Hace un año el analista político Pepe Auth comentó en el podcast de El Líbero, Política para Adultos, que “el PC es un partido al que le gusta el poder. ¿Y por qué no se va a ir nunca? De hecho, hay tres militantes PC que ganan más que el Presidente Gabriel Boric, quien en marzo tuvo una remuneración bruta de $8.038.024.
La Comisión Encargada de Fijar Remuneraciones decidió que a partir de 2026 el presidente siempre tendrá la remuneración más alta, llegando a $10.269.076 brutos, argumentando la importancia de sus funciones.
En contraste, otras autoridades como el vicepresidente de la Corfo y el director de Presupuestos verán reducidos sus ingresos.
La comisión, presidida por el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, cuenta con otros integrantes y fue creada como un organismo autónomo por una reforma constitucional.
Disparidad Salarial en el Estado Chileno
En el estudio “Desiguales”, publicado a fines de 2017 por el PNUD, los investigadores Matías Cociña, Raimundo Frei y Osvaldo Larrañaga sostienen que el Estado chileno replica en sus sueldos la disparidad de ingresos existente en la economía.
Mientras el aparato público paga a unas 400 personas de diversas reparticiones y entidades fiscales una remuneración mensual sobre $5,9 millones, el sueldo promedio de los 5,5 millones de trabajadores que cotizan en una AFP alcanza apenas a $753.477 mensuales.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) son claras: la mitad de los trabajadores chilenos recibe un ingreso mensual de $350 mil o menos y sólo el 1,2% alcanza un salario superior a los $3 millones cada mes.
CIPER revisó las remuneraciones mensuales brutas pagadas a los empleados de planta, contrata y honorarios de 19 ministerios y subsecretarías del gobierno central en diciembre de 2013 y junio de 2017, correspondientes al último año de las administraciones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, respectivamente.
Las cifras analizadas por CIPER revelan que, mientras en junio de 2017, en pleno gobierno de Bachelet, había 109 trabajadores del Estado recibiendo sueldos por $5,9 millones o más, en los últimos meses del primer gobierno de Piñera (diciembre de 2013) 119 funcionarios registraban un ingreso de ese monto o superior ($5,1 millones de entonces, dinero que a junio de 2017 equivale a $5,9 millones).
En 2017, 109 funcionarios del gobierno central percibieron sueldos iguales o superiores a $6 millones mensuales.
A la cabeza del grupo figuran profesionales y directivos de la Presidencia y de los ministerios Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, Educación, Secretaría General de Gobierno y Defensa.
Con esa medida, el gobierno de Bachelet le dio sustento a la fuerte crítica que desplegó la Nueva Mayoría durante la administración de Piñera a los altos sueldos pagados por su gobierno para lograr atraer personal altamente capacitado desde el sector privado, pero lo prometido se quedó en las intenciones.
Las cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que consideran sólo al gobierno central, muestran que mientras en 1995 el Estado empleaba a 130 mil personas, en 2010 la cifra había dado un salto a 203 mil y para 2018 se considera una planta de 250.664 funcionarios, casi el doble en 23 años.
“Este incremento corresponde principalmente al programa de traspaso de personal de honorarios a contrata, destacando además un importante aumento de la dotación (2.544 personas) asociado a la puesta en marcha de nuevos jardines infantiles”, se explica en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) incorporado en la Ley de Presupuestos de este año.
Cada año el número máximo total de empleados que tendrá cada ministerio, tanto en planta como contrata y honorarios, lo fija el Ministerio de Hacienda a través de la Dipres.
En la misma operación se determina la cuantía de bonos y asignaciones.
Según publicó La Tercera en noviembre de 2017 (ver artículo) entre enero y septiembre de 2017 la suma de los casi 50 incentivos de remuneraciones que existen para los distintos servicios del aparato público implicó un desembolso para el Estado de unos US$5.841 millones.
Usualmente, el fichaje de personal a contrata y a honorarios permite a cada gobierno incorporar su sello ideológico al aparato estatal.
Si se cotejan esas cifras con el sector privado, un estudio de la consultora Mercer informó en 2016 que su última encuesta de remuneraciones arrojó que el sueldo base de un gerente en Chile es de al menos $6 millones mensuales.
Al analizar los mejores sueldos de la administración central reportados por Transparencia, CIPER constató que en 2013 estos corrieron por cuenta de los ministerios Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y Energía, además del área de la Presidencia.
Otro factor que es necesario incorporar en este análisis es si esos sueldos corresponden a funcionarios pagados por planta, contrata o a honorarios.
En 2013, el 52,1% de los sueldos altos correspondía a personal de planta.
En promedio fueron 62 funcionarios que percibieron un sueldo equivalente a $6,6 millones (llevado a valor actual).
Respecto de los funcionarios mejor pagados bajo la modalidad “honorarios”, en la administración Piñera (2013) encontramos a 41 personas repartidas entre los ministerios de Economía, Hacienda y Educación (34,45%), recibiendo un ingreso mensual promedio de $6,3 millones (unos $7,1 millones de junio de 2017).
A contrata, en tanto, había 16 personas en 2013 con “súper sueldos”, ganando en promedio $5,6 millones (unos $6,3 millones actuales) y se les podía encontrar mayoritariamente en los ministerios de Agricultura, Educación y Energía.
Si se analiza por profesión, los datos de Transparencia arrojan que en ambos períodos los abogados lideraron el ranking de los mejor pagados.
No sólo en número, sino que también en montos: en 2013 hubo 38 abogados entre los “súper sueldos” de la función pública, cobrando en promedio $7 millones mensuales (valor actual).
La discriminación de la que son víctimas las mujeres en sus remuneraciones también se evidencia en este análisis que hizo CIPER de los “súper sueldos” que paga el gobierno de turno.
El análisis realizado por CIPER es solo una muestra de los “súper sueldos” que paga el gobierno, pero el fenómeno se extiende a toda la administración del Estado.
En su estudio “Desiguales”, Cociña, Frei y Larrañaga sostienen que existen al menos 400 funcionarios del sector público que reciben más de $5,9 millones mensuales.
“Desiguales” también considera en su análisis los ingresos establecidos por ley para los 21 jueces de la Corte Suprema ($9,1 millones), los parlamentarios ($9,1 millones los senadores y $8,6 millones los diputados); treinta empleados del Banco Central, incluyendo a sus consejeros ($8,7 millones o más cada uno) y algunos funcionarios de las universidades estatales.
La investigación de Matías Cociña, Raimundo Frei y Osvaldo Larrañaga detalla un segundo grupo de altos ingresos con $5,9 millones mensuales bruto en promedio.
En este segmento se ubican médicos y directivos de hospitales; los presidentes de las Cortes de Apelaciones ($6,7 millones) y los 169 jueces y fiscales de las Cortes de Apelaciones ($6,3 millones).
En los sueldos de este segmento no se contabilizaron las asignaciones complementarias.
“En este rango de remuneraciones se ubica la mayoría de los jefes de división ministerial, y algunos altos funcionarios del gobierno central, como fiscales, asesores de primera línea y otros.
Otro cálculo realizado por El Mercurio con cifras de Transparencia a diciembre de 2016, indicó que los funcionarios que reciben una remuneración bruta igual o superior a los $5 millones en la administración central son 600.
Señala además, que seis autoridades de gobierno registraron ese año un salario mayor al de Bachelet: la ministra de Educación, Adriana Delpiano ($11,4 millones, monto que incluye un bono por modernización) y los subsecretarios Francisco Díaz (Trabajo) y Valentina Quiroga (Educación), con $10,6 millones al mes cada uno.
Distinta es la conclusión que hacen en las empresas “cazatalentos”.
Desde allí se advierte que no siempre los funcionarios públicos ganan más que sus pares en el sector privado, porque lo que no se contabiliza a la hora de sacar cuentas es la confianza y el compromiso que significa el trabajo público.
Un ejemplo claro de ello son las horas extraordinarias que un profesional debe estar a disponibilidad del gobierno.
Otro sector que se equipara al menos en el nivel de sueldos con su símil en el sector privado, es Salud.
En las próximas semanas, los ministros, subsecretarios e intendentes recién nombrados por Sebastián Piñera seguirán conformando sus equipos de trabajo con gente de su extrema confianza política.
Cada uno de esos movimientos se hará bajo el atento escrutinio de los partidos del nuevo oficialismo.
Está por verse si la instrucción de Piñera será cumplida.
De ser así, se estaría poniendo freno al aumento sin control de los sueldos de los principales cargos de confianza en el gobierno y en la administración pública en general.
Esta vez habrá un manual presidencial sobre la mesa: el instructivo “Criterios para la contratación de personal a honorario en ministerios”.
En la minuta, Piñera pidió a sus ministros tener una “especial consideración” respecto de las ofertas salariales a jefes o encargados de prensa o comunicaciones, periodistas o asesores comunicacionales, jefes de gabinete, asesores de gabinete de ministros o subsecretarios, coordinadores de asesores o áreas, asesores legislativos, asesores en general y directores de programas.
En el documento de página y media, el presidente electo instruyó a sus ministros a rebajar hasta en 10% el gasto en contratación de personal a honorarios.
El caso de los ex presidentes
La siguiente iniciativa legal, es una moción que pretende modificar el artículo 30 de la constitución política de Chile; que se refiere a la renta vitalicia otorgada a un ex presidente, en cuanto este termina de desempeñar sus años correspondientes de mandato.
No la alcanzará el ciudadano que llegue a ocupar el cargo de Presidente de la República por vacancia del mismo ni quien haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra.
El ex presidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos, dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta, manteniendo, en todo caso, el fuero.
El problema que se presenta en el citado artículo de la constitución, fue modificado por la ley Nº 19.672, del año 2000, es que deja de manera manifiesta una gran desigualdad con respecto a los demás ciudadanos del país, puesto que ellos deben de trabajar para así tener derecho a su salario, en el caso de los ex presidentes siguen manteniendo su dieta y gastos asociados de manera vitalicia, con cargo a los impuestos de todos los chilenos, aun cuando no esté realizando el trabajo que por soberanía popular ejerció durante cuatro o seis años como es el caso del ex presidente Lagos.
La dieta de los ex presidentes es de $9.349.851 pesos, debiéndose restar los impuestos y las cotizaciones de salud y previsión, las cuales varían respecto a cada uno de los ex mandatarios, pero que dejan un saldo aproximado de $6.500.000.
Por otro lado, respecto la asignación por gastos de traslación y funcionamiento de oficinas, la suma alcanza los $7.700.000 pesos aproximadamente.
Esto no se corresponde con el objetivo número 10 de la ODS que señala a pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido reducirse, dentro de los propios países ha aumentado.
Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.
A modo de ejemplo si realizamos una equivalencia de las pensiones básicas asistenciales que recibe un pensionado, dicha pensión alcanza los $104.646 pesos al mes, mientras que un ex presidente, recibe el salario que se adecúa al de un senador de la república, que actualmente corresponde a $9.349.851 pesos, lo que equivale a 89 pensiones promedio, y 34 sueldos mínimos (276.000).
Esto mismo, al año significa un costo de $112.198.212 pesos, por cada ex presidente.
Considerando que actualmente se otorga esta dieta a tres ex presidentes, el costo equivale a $336.594.636 por año.
Para las finanzas públicas, esto representaría un costo demasiado elevado para un cargo que se delegó por un periodo de tiempo correspondiente a cuatro años.
Visto de otra manera, los presidentes ejercen su función como algo favorable al país.
Sin embargo, estos mismos al dejar de ser mandatarios, se dedican a actividades para su conveniencia, como puede ser realizar inversiones para incrementar su patrimonio.
Esto no genera utilidad en lo referente al país; por lo cual no es justificable el hecho de otorgar una dieta vitalicia tan exagerada.
En conjunto con esto, Chile es el país latinoamericano que tiene un mayor costo por dieta a sus ex presidentes ($9.349.851), seguido por Colombia con 27.929 pesos colombianos, un equivalente a $6.094.659 pesos chilenos, y luego por Argentina, con $5.306.349 pesos chilenos.
Por otra parte, en Europa, Alemania invierte 217.000 euros anuales brutos. Un equivalente a 162 millones de pesos aproximadamente, que se traducirían a $13.500.000 al mes.
Estas diferencias presentadas nos hace plantear dos preguntas: ¿Se justifican la dieta y las asignaciones que reciben los ex presidentes en razón de las funciones que ellos desempeñan?
La conveniencia de reducir los gastos correspondientes a los ex presidentes no sólo se justifica en razones de justicia, sino que, principalmente en el contexto presupuestario actual, en razones de eficiencia y eficacia del gasto fiscal.
Modifíquese el artículo 30, perteneciente a la constitución política de la república de Chile.
Tabla comparativa de sueldos mensuales
| Cargo | Sueldo Mensual (aproximado) |
|---|---|
| Presidente de la República | $7.634.385 |
| Subsecretaria General de la Presidencia | $7.742.660 |
| Ex Presidentes (dieta) | $9.349.851 |
| Jueces de la Corte Suprema | $9.100.000 |
| Senadores | $9.100.000 |
| Diputados | $8.600.000 |
| Trabajador Promedio (AFP) | $753.477 |
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